La (A) cuña

Julio Hernández López, La Jornada

El lunes por la tarde, al término de una conferencia de prensa en la colonia Roma, Flavio Sosa abordó un taxi para dirigirse al sur del Distrito Federal, donde posteriormente fue detenido y luego trasladado al penal de La Palma Foto: Notimex Para quinazo fue muy chiquito y para acuñazo resultó proporcionalmente opaco (pa’ que el Acuña apriete ha de ser del mismo Paco: breviario por cortesía del toletifílico licenciado Ramírez). Golpe nocturno traicionero para advertir a cualquier convocado a negociaciones en Bucareli que horas antes de las pláticas de avenimiento puede ser oportunamente detenido. Economía procesal por inauguración de changarro: citatorio a pláticas y orden de aprehensión emitidas en un solo paso (¡guau, este cambio de gobierno sí se ve!)

Flavio Sosa como ejemplo de la continuidad foxista-calderonista en la ignorancia respecto a los movimientos sociales. Por más que Sosa sea por razones físicas el más notable de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca no es él quien manda y guía, sino apenas uno más de quienes discuten y acuerdan e, incluso, uno de quienes más sufren malos entendidos y reproches dentro de esa asamblea porque la prensa acude a él en busca de declaraciones como si la APPO fuese un organismo tradicional de liderazgos individuales. Sostenida ignorancia FóxiCa (Fox-Calderón) que sigue sin entender que las fuerzas públicas podrían detener a toda la dirección colectiva de la APPO y aún así el movimiento continuaría, pues hay decenas de dirigentes con formación política y base social que podrían sustituir a los detenidos sin mella grave en los propósitos y el actuar de la organización.

Pero la gobernanza FóxiCa necesita pagar las deudas correspondientes al primero de diciembre (pobre patria nuestra: ahora sale el diputado Emilio Gamboa con que los priístas "salvaron" al país) y por ello los agentes federales detuvieron en la ciudad de México a Flavio, su hermano y dos acompañantes, mientras en algún lugar desconocido del Oaxaca virtual el presunto gobernador sobreviviente, Uno Ruiz de Diciembre, hacía como que pronunciaba ante masas embelesadas una propuesta de reforma de Estado e instalaba una fantasmal comisión encargada de tan noble tarea. Sin embargo, el pago de favores al priísmo no ha de consistir necesariamente en el mantenimiento del cadáver socialmente mal oliente llamado Ulises. La opción de sostenerlo es inviable, pero Ruiz Ortiz quiere irse luego de haber fabricado la ilusión para sí mismo de que ya estaba en pleno control del estado cuando por un arranque tardío de patriotismo decidiera renunciar a lo que ya había vuelto a ser suyo (tuya, mía; mía, tuya). Y, desde luego, Ulises y el gobierno FoxyCal desean que el difunto Ruiz Ortiz se lleve entre las fúnebres extremidades inferiores a la APPO y a sus dirigentes más conocidos, como Flavio, que por un tiempo pareció a los jefes oaxaqueños (Murat y Ruiz), y al propio foxismo, que era suyo, que lo prestaban, que lo perdían: tuya, mía, narraban su partido futbolero de pelota caliente los priístas y panistas que cuando vieron a Sosa entrarle de lleno al asunto de la APPO lo colocaron en la lista de las venganzas necesarias.

Tan importante fue el microquinazo que Las mangas del chaleco del noticiero nocturno de Televisa interrumpieron su trivialización de la política para dar paso a las imágenes del traslado de Sosa de una delegación metropolitana policial a un penal de alta seguridad. Pero eso no es lo más importante ni lo único a lo que debe ponerse atención. Diariamente, a lo largo de semanas, se han practicado en Oaxaca peores detenciones en circunstancias que no logran difusión ni insistencia mayores. Diariamente (es probable que en este momento, mientras estas líneas son indignadamente degustadas) ciudadanos sin fama ni renombre son sometidos a tortura en cárceles clandestinas o son maltratados en penales a centenares de kilómetros de sus casas, adonde fueron trasladados con sentido de castigo extremo como hacía el porfirismo con sus opositores, entre esos casos el de los rebeldes yaquis también exiliados.

Grave, ominosa, ofensiva la detención de Flavio Sosa, pero los paladines del estado de derecho llevan largos días sometiendo a tortura a las presuntamente veneradas leyes (oficialmente esos campeones de la legalidad han tomado posesión de la barandilla constitucional de la República apenas el pasado día primero, pero desde el 25 de noviembre oaxaqueño detentan el poder represor). Como en los peores momentos del diazordacismo y el echeverrismo, la entrante administración federal encabezada por el abogado Calderón está retorciendo las normas jurídicas para acomodarlas a tiempos y ánimos políticos, y está permitiendo la reproducción de prácticas de terrorismo de Estado que consideraron erradicadas los ilusos que creyeron en cambios profundos en México porque en 2000 a Estados Unidos le combino cambiar del PRI al PAN. Hoy mismo, en este momento, en Oaxaca hay vehículos particulares sin placas ni identificación que rondan la ciudad en busca de "sospechosos" a los cuales secuestrar, golpear y, en el mejor de los casos, presentar ante autoridades judiciales de consigna. Hoy mismo, en este momento, en Oaxaca, hay centenares de familias que buscan a alguien desaparecido o que juntan dinero para tratar de emprender la terrible travesía que las lleve a tierras desconocidas en las que "peligrosos" ciudadanos han sido confinados en cárceles de alta seguridad como castigo a sus osadías cívicas o, peor aún, por mala suerte que les hizo ser tomados por los federales en las redadas pasadas por gases lacrimógenos o en las que en seco se siguen realizando todos los días, hoy, en este momento.

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Arresto de appistas, agravará conflicto

Sosa y otros venían al DF a "dialogar"

Francisco Cárdenas Cruz, El Universal

La aprehensión de cuatro dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, entre ellos Flavio Sosa, que llegaron a la ciudad de México para participar en un diálogo en la Secretaría de Gobernación y que de inmediato fueron trasladados al penal mexiquense de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, lejos de resolverlo, agravará el conflicto que desde hace más de seis meses mantiene a ese estado en la ingobernabilidad por la reacción que originará de parte de militantes de aquella organización y de los grupos armados que han amenazado con responder a la represión del gobierno del presidente Felipe Calderón.

En la capital oaxaqueña, el pintor Francisco Toledo -a quien esa captura le dio la razón después de haber declarado que el gobierno federal aplica mano dura sin voluntad de diálogo- anunció la creación del Comité de Liberación 25 de Noviembre, que apoyará las gestiones de las personas cuyos familiares están presos en el estado o que fueron trasladados a Nayarit. Entre los integrantes de ese comité figuran, además de Toledo, los escritores Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y Carlos Montemayor, la Comisión Diocesana Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Oaxaca, varios abogados y pintores oaxaqueños, que a mediados del mes próximo pondrán a subasta sus obras para recaudar fondos para defender a los detenidos.

Y en la ciudad de México, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática anunció que una delegación encabezada por su líder Leonel Cota Montaño estará el próximo domingo en Oaxaca para sumarse a las movilizaciones de protesta que habrá ese día para exigir la libertad de los detenidos. Gerardo Fernández Noroña, vocero del sol azteca, calificó de "canallada" la aprehensión de los líderes de la APPO que vinieron a esta capital a sostener un diálogo y que fueron detenidos por agentes federales, y desafió al gobierno federal a que también lo detengan a él y a otros dirigentes que han expresado su solidaridad con el movimiento popular de Oaxaca. Al mismo tiempo informó que el PRD asumirá la defensa de Sosa.

El caso llegó a la tribuna de San Lázaro en la que el perredista Juan Guerra preguntó, aludiendo a Francisco Ramírez Acuña: "¿Con qué validez puede un secretario de Gobernación decir que va a construir el diálogo y acuerdos, si lo que hace cuando manda citar a los dirigentes y a una comisión es simple y sencillamente meterlos a la cárcel? ¿Quién puede creerle a ese secretario de Gobernación, con ese garrote, con esa política que creen que el asunto hoy del país es la mano dura, mano dictatorial, fascistoide incluso?". Y Gustavo Pedro Cortés, del PT, planteó: "¿Acaso Felipe Calderón piensa que reprimiendo y rindiendo al pueblo es como va a solucionar los grandes problemas nacionales? ¿Cuántos militantes del gabinete de Ulises (Ruiz) están presos por los delitos que han cometido? ¿Por qué para ellos no hay justicia?".

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Huele mal, huele a traición

Ciro Gómez Leiva, Milenio

Si alguien es invitado a negociar y unas horas antes es apresado por quien lo invitó, ese alguien ha sido traicionado. El gobierno de Felipe Calderón abrió una cita en Bucareli para encontrarse el martes en la mañana con una comisión de la APPO. Pero en la tarde y noche del lunes capturó a cuatro líderes del movimiento que se encontraban en un virtual exilio en la Ciudad de México. Al más famoso de ellos, Flavio Sosa, lo mandó al penal de alta seguridad de Almoloya.

El gobierno dice ahora que no había cita, aunque todo parece indicar lo contrario. Todo parece indicar, pues, que el gobierno quebrantó la lealtad que debía guardar. Que traicionó a la APPO.

Será una pena que el primer sello del nuevo gobierno sea un engaño artificioso a una APPO que estaba prácticamente vencida y en fuga, pidiendo piedad. Así nos lo dijo Flavio Sosa unos minutos antes de ser detenido: “Vamos a mostrar una disposición mayor a encontrar acuerdos; tenemos que reconocer que en algunas ocasiones hemos pecado también de intransigentes”.

Que los líderes de la APPO cometieron delitos graves, no hay duda. ¿Pero
había que aplicarles la ley con esa velocidad? El encarcelamiento de Flavio Sosa y compañeros huele más bien a un “ya llegué y más vale que conmigo no te metas” de Calderón y el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña. Tiene el olor propio de las malas causas.

Antes de escucharlos y advertirles que las cosas no serían como en el foxismo, el nuevo gobierno los enrejó. Parece que para el calderonismo Oaxaca no fue una lucha social pervertida por acciones delincuenciales, sino una orgía de delincuentes disfrazados de luchadores sociales.

Eso parece, y huele mal. Mal.

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Los dos cabos de Oaxaca

Héctor Aguilar Camín, Milenio

Sólo el hábito de la ilegalidad consentida explica la sorpresa y la cobertura noticiosa que produjo la captura del dirigente de la APPO, Flavio Sosa. Tenía encima cinco órdenes de aprehensión por delitos que constan a todo el país. Pero su arresto fue inesperado. La sorpresa de la legalidad.

Abusando de la sorpresa, medios y autoridades han dado a Sosa un trato de enemigo público número uno. Es una exageración.

Flavio Sosa y los miembros de la APPO han hecho daños extraordinarios a su ciudad, a su movimiento y a ellos mismos. En cuanto les fue aplicada la ley, su liderato popular apareció como lo que es: una forma de exacción presupuestal y delincuencia social tolerada, no la más peligrosa para la República, ni la más difícil de reprimir, como se ha visto. Tampoco, creo, la que anuncia reacciones apocalípticas en el ánimo soliviantado del pueblo.

Hay quien ve en el vandalismo de la APPO una forma suprema de desobediencia civil. Salvo que la desobediencia civil se somete voluntariamente al castigo de la ley que viola y está dispuesta a pagar la pena prevista, no a eludirla con el discurso de la ilegalidad justiciera.

Flavio Sosa y la APPO no son los delincuentes que violan la ley para defender la justicia. Son sólo clientelas gubernamentales irregulares que han abusado de la impunidad negociada típica de esas prácticas en México.

Son también exponentes de la épica ilegal que baña tantos movimientos de ciudadanías organizadas para causas inciviles. El “lado oscuro del capital social”, lo llama José Antonio Aguilar: ciudadanos que se organizan no para mejorar su espacio público sino para atropellarlo y medrar de él. [1]

En Flavio Sosa y la APPO hay que ver sólo una forma extrema de clientelismo político enardecido por el incumplimiento de los tratos. Es una forma degenerativa de política a la mexicana, antes patrimonio de la habilidad “negociadora” del PRI, ahora patrimonio de la “movilización social” de la izquierda realmente existente.

Como en todo pacto mafioso de lealtad y protección, la ilegalidad que asoló Oaxaca tiene dos cabos cómplices: uno termina en manos de la APPO, el otro en los gobiernos de Oaxaca. Se ha cortado uno de los cabos infractores. Falta sorprender al público con la insólita noticia de que el otro delincuente cayó también.

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El frente frío tricolor

Marcela Gómez Zalee, Milenio

La embriaguez, mi estimado, es simplemente una locura voluntaria. Oaxaca es un peligroso foco rojo. Quien diga que la restauración del mentado Estado de Derecho y que la vida de sus habitantes está retornando a la normalidad y que todo lo pasado... pasado y a otra cosa mariposa básicamente, my friend, miente, simula, falsea y adultera la desgarrante realidad.

Oaxaca está al borde de volverse la estampa de un pasado que millones de mexicanos creíamos... en el pasado.

Las detenciones arbitrarias y el clima de hostigamiento permanente cuando se anuncia el ¿diálogo? en Bucareli, no llevan a ningún lado más que a (un callejón de enfrentamientos sin salida) enrarecer el explosivo caldo de crispación nacional que ya trastoca peligrosamente, querido lector, no sólo al Congreso federal sino a los locales.

Qué mejor que se aplique la ley sin distingos, apegados a la ordenanza, con plena transparencia y con irrefutables pruebas de todo lo que durante más de seis meses ha ocurrido de parte de los simpáticos revoltosos en el estado desgobernado por la megalacra de Ulises Ruiz.

La acción de la detención de Flavio Sosa -quien ahora saca la charola de ser parte del selecto club de las divertidas lacritas amarillas negando ser líder de la APPO (¿?)- envía señales de un pésimo doble discurso federal.

Las imputaciones en su contra deben estar plenamente sustentadas y con absoluto apego a la ley, porque lo hasta ahora visto esboza más bien un espectáculo mediático demasiado cuestionado y altamente volátil en un delicado escenario donde este tipo de ocurrentes medidas deben estar, forzosamente, acompañadas por la salida de la megalacra tricolor... que también deberá responder ante la ley por asesinatos, atropellos, desapariciones e ilegalidades cometidas, con su venia, por funcionarios de su oscuro gobierno.

Porque si Ulises siente, cree o percibe que ya la libró porque la pistolita educativa de Vázquez Mota -en su simpática negociación ocurrida a espaldas de Carlos Abascal y de Los Pinos, con pleno conocimiento, instrucciones y anuencia de Felipe Calderón- le prometió un cielo de impunidad, or whatever, está severamente atrofiado del cerebro.

Ulises Ruiz y su bola de oaxaqueños pasados de lanza van a pasar a la báscula.

La cuestión, my friend, es únicamente de tiempo.

Aunque con lo frágil de la situación, el tiempo no es, precisamente, un cómodo aliado.

Porque en el ameno fondo los mensajes de esta administración son bastante claros alrededor de los varios millones de pesos que no cuadran en unas cifras desde el gobierno del atentado al auto de José Murat. Y si le jalan a la millonaria cadenita, quién sabe qué tantas tepocatas oaxaqueñas y víboras prietas tabasqueñas tricolores terminen salpicadas de averiguaciones previas, graves acusaciones y uno que otro delito federal, pues.

Sumado a esto, el PRI envía originales señales de que si Ulises cae, la gobernabilidad y sus distintivas secuelas serán responsabilidad del régimen de Calderón... ya sabe, my friend, los priistas sí saben cómo vender caro su amor, cómo cobrar las facturas pendientes y cómo vengar la traición de un acuerdo.

Como particular ejemplo de esto último, ahí tiene el pacto quebrantado tricolor-blanquiazul sobre la ausencia de Vicente Fox en la accidentada sesión del pasado 1 de diciembre en San Lázaro. Y como éste andaba de terco queriendo hacer más difícil, perdón, divertida su jornada a Calderón, no hubo manera de dejarlo fuera del sugestivo reventón legislativo. Y esto ya está teniendo... costos.

O ¿cree que la embestida de ayer contra Jorge Zermeño es obra y gracia del espíritu navideño...?

¿Cree que las rígidas declaraciones de un experimentado priista -
más vivo que un dolor de muelas- como Manlio Fabio Beltrones sobre el anuncio presidencial de la reducción del 10 por ciento de los salarios son gratuitas...?

En política, my friend, no hay coincidencias... más vale que el Gymboree en Los Pinos prenda sus alertas esta temporada invernal por la llegada de un implacable frente frío... tricolor.

Por la Mirilla

Qué bueno que los tiempos de concordia, diálogo y trabajo conjunto llegaron para quedarse en el PRD. El oficioso argumento al rechazo de la tribu Nueva Izquierda a la oferta de Marcelo Ebrard demuestra que estas lacritas amarillas no entienden que no entienden... hay maderas, my friend, que nunca afianzan el barniz...

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Sumisión al Ejecutivo en San Lázaro

Editorial, La Jornada

El 29 de agosto pasado los diputados de la coalición gobernante, formada por Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, se pusieron de acuerdo para que sus partidos acapararan los dos principales cargos en San Lázaro: las presidencias de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva. Al hacerlo, no sólo violentaron el sentido de pluralidad que debiera caracterizar a un cuerpo parlamentario, sino que pasaron por encima de un acuerdo legislativo, que establecía que la fuerza más numerosa ocuparía la primera de esas posiciones, en tanto que a la segunda bancada correspondería la mesa directiva. Los panistas querían poner a toda costa a uno de los suyos en este cargo, desde el cual habría debido responderse el mensaje que Vicente Fox finalmente no pronunció ante el Congreso, el primero de septiembre, y presidir la ceremonia de toma de protesta presidencial a Felipe Calderón. Con tal de obtener el apoyo de los priístas, accedieron a entregarles la Junta de Coordinación Política, aunque para ello ambas bancadas tuvieron que alterar al vapor, y sin ninguna vergüenza, la Ley Orgánica del Congreso.

Esa maniobra, orientada a marginar a los diputados de la entonces coalición Por el Bien de Todos, hoy Frente Amplio Progresista, culminó con la colocación del panista Jorge Zermeño al frente de la mesa directiva. Cuando tomó posesión del cargo, el agraciado prometió que se desempeñaría como "un presidente para los 500 diputados; no seré un presidente para una fracción o para un partido". La falsedad de su propósito pudo apreciarse en los días previos al pasado primero de diciembre, cuando Zermeño orquestó el cerco policial y militar al Palacio de San Lázaro, permitió que su bancada tomara la tribuna del salón de plenos, dejó entrar libremente a los efectivos del Estado Mayor Presidencial al interior del recinto y colaboró con ellos para permitir el ingreso de los presidentes saliente y entrante, sus correligionarios Vicente Fox y Felipe Calderón, y en vez de defender la soberanía del Congreso se desempeñó como un elemento más de los guardias presidenciales.

Ayer Zermeño pudo constatar en carne propia la solidez y la calidad de sus alianzas con la diputación priísta. Tras validar con su presencia los desfiguros y los atropellos de la toma de protesta de Calderón, ahora los legisladores del tricolor, ansiosos por obtener nuevas cuotas de poder, descubren la indignidad y las actitudes facciosas -según palabras del coordinador de los priístas, Emilio Gamboa- del aún presidente de la mesa directiva, y amagan con promover su remoción del cargo.

Independientemente de lo que ocurra con el diputado panista y del resultado de las maquinaciones que Gamboa realiza en su contra, las instancias del Legislativo no deben ser dirigidas con posturas tan abiertamente sumisas al Ejecutivo como las que ha sostenido Zermeño. La Cámara de Diputados debe recuperar su decoro y su autonomía frente al poder presidencial. Está claro que la bancada priísta ha decidido sumarse a la panista para respaldar a un presidente débil -así lo corroboran los primeros actos autoritarios de este gobierno-, que acaba de asumir una institución profundamente desgastada y disminuida y que, para colmo, llega a ella con una credibilidad escasa y una legitimidad cuestionada. Pero la conformación de una coalición oficialista no debe traducirse en el sacrificio de la dignidad parlamentaria ni en la supeditación de los dirigentes legislativos al jefe del Ejecutivo, y menos a los designios del Estado Mayor Presidencial.

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Obstáculos a la gestión de Calderón

Eugenio Anguiano [2], El Universal

Felipe Calderón Hinojosa pudo finalmente rendir protesta como Presidente constitucional, en una turbulenta y breve sesión del Congreso de la Unión, donde el llamado operativo curul del Estado Mayor Presidencial, la colaboración del PRI, la tozudez de los legisladores panistas en cuanto a mantener los espacios de los que se habían apoderado horas antes en el recinto del plenario de la Cámara de Diputados y, sin duda, la cordura que finalmente prevaleció entre los legisladores perredistas y sus aliados de ocasión, que los llevó a incumplir la consigna de oponerse "a como diera lugar" a que Calderón tomara legalmente posesión de su cargo, hicieron posible que comenzara el sexenio 2006-2012 sin saldos trágicos.

Aun así, el nuevo "primer mandatario" -la persona que recibe el mandato popular más relevante, expresado a través de las urnas, que es cumplir con la responsabilidad de encabezar al Estado mexicano- comienza su gestión en medio de señales y obstáculos ominosos. El más inmediato tiene que ver con la manera como asumió esa responsabilidad: en medio de un despliegue de fuerza sin precedente en nuestra historia política de, por lo menos, 1924 a la fecha, debido a que su opositor, al que derrotó en las elecciones por un margen mínimo, no acepta la legalidad de tal resultado.

Más allá de la simulación de Andrés Manuel López Obrador, de proclamarse "presidente legítimo" de México, el reto que él plantea es real, porque se apoya en una sociedad muy dividida en cuanto a preferencias electorales y en la particular visión que cientos de miles de mexicanos tienen sobre la clase de país al que aspiran, deformada o no por años de demagogia, poca memoria y escasa cultura cívica.

La conciliación política del nuevo gobierno con las fuerzas organizadas de oposición, que no sólo cuestionan la legitimidad del Presidente de la República sino tienen un proyecto de país distinto al de los conservadores, será una tarea mucho más compleja que el mero llamado de Calderón Hinojosa "a un diálogo que no tenga otro propósito que el de analizar y resolver los problemas que el pueblo de México está sufriendo y cuya solución es impostergable". Cabe señalar que a lo anterior el Presidente agregó que no esperaría a que tal diálogo se produjera, para ponerse a trabajar en su propio proyecto de gobierno.

Según el discurso inaugural que Calderón pronunció ante invitados suyos y fuera del recinto del Poder Legislativo, los objetivos prioritarios de ese proyecto son la seguridad, la superación de la pobreza y la creación de empleos. Estos propósitos no difieren mucho de los que la coalición Por el Bien de Todos planteó durante la contienda electoral, aunque los medios para alcanzarlos sean obviamente distintos y en algunos casos hasta opuestos, como en el caso del impulso al empleo.

Por ejemplo, a pesar de que en ambos casos el gasto público, en particular el de inversión, se considere como impulsor del empleo, es claro que para Calderón serán los productores privados, en especial las pequeñas y medianas empresas, los que generen la ocupación, aunque estén respaldados por acciones públicas apropiadas, tanto en cantidad y calidad de gasto, como buena administración y facilitación jurídica.

Volviendo a las prioridades del gobierno que recién empieza, quiero destacar algunos de los formidables retos, de orden distinto al estrictamente económico, a los que se enfrentarán Felipe Calderón y su equipo, que de no resolverse harán inalcanzables las metas fijadas. En lo referente a seguridad, la delincuencia organizada es cada vez más poderosa y constituye un poder de facto que los políticos nacionales se niegan a reconocer; combatir tal cáncer social requiere de mucho más que las instrucciones giradas por el Presidente a su gabinete de seguridad. Se necesita una política de Estado en materia de seguridad.

Otro obstáculo mayor para el éxito de la gestión del gobierno de Calderón es la presión que ejercen otros poderes fácticos, además del citado. Los monopolios nacionales en telefonía, telecomunicaciones, televisión y radio impedirán que se avance adecuadamente en materia de crecimiento y de generación de empleo, tanto o más que los monopolios de Estado (petróleo y electricidad), a los que enfocan su atención los "ideólogos" del PAN.

Una reforma estructural que apunte únicamente al sector público energético es insuficiente y políticamente sesgada si no va acompañada de cambios en las estructuras monopólicas privadas. Lo mismo ocurre con los sindicatos de educación, petróleo y electricidad, que son una rémora para el empleo y para el combate a la pobreza. ¿Podrá el gobierno de Calderón concertar alianzas políticas para acabar con el sindicalismo corporativo -en particular con el SNTE, que coadyuvó a su triunfo electoral-, al tiempo que fortalece la auténtica democracia sindical? Sin un programa de gobierno para el bienestar social integral este cambio será imposible.