El lunes 23 de octubre, la confederación patronal del transporte de carga junto a los propietarios de taxis y las cámaras empresarias agropecuarias, lanzaron un paro por tiempo indefinido contra la política del gobierno del Frente Amplio (FA) de Tabaré Vázquez de aumentar el gasoil para subsidiar una baja del boleto de pasajeros. Aunque entre los taxistas el paro duró sólo un día, el paro en el transporte de carga se extendió 48hs más y demostró la fuerte incidencia que tiene en la economía nacional. Unos 20.000 camiones en todo el país fueron paralizados y cientos se movilizaron a la casa de gobierno junto a los taxis. Se bloquearon dos de los tres ingresos al puerto de Montevideo con largas colas de camiones, amenazando con provocar problemas en el abastecimiento a la ciudad. La asociación patronal de estaciones de servicio amenazó con el desabastecimiento total para los días siguientes si persistía la medida de fuerza y distintos medios informaron que se sintió la falta de frutas y verduras en el Mercado Modelo (Mercado Central). El gobierno terminó decretando la “esencialidad” del servicio de transporte de carga y de la actividad portuaria para obligar a los empresarios a garantizar el abastecimiento, quienes finalmente depusieron la medida.

Además de imponer parte de sus pretensiones, de conjunto el lock-out empresario fue una importante demostración de fuerza de la derecha uruguaya al llevar adelante el paro más contundente que debió enfrentar el gobierno en sus 19 meses de gestión. El presidente de la Intergremial de Transportistas, Diego Valverde, lo expresó de esta manera “(la medida) fue histórica, ya que logramos completar una unidad en el sector... se nos dio un 8,2% (para deducir del IVA) que contempla de alguna manera la subvención que se le va a dar al boleto... se genera una diferencia de dinero a favor de la empresa. Pequeña, pero diferencia positiva al fin”. Y concluyó manifestando que “demostramos que el transporte de carga es muy importante para Uruguay ya que tiene un peso importante para la economía. De todo esto van a quedar experiencias y cicatrices” (Observa, 26/10).

Durante estos conflictivos días, el oficialismo apuntó contra “aquellos que perdieron el gobierno y añoran la torta”, como dijo José Mujica, Ministro de Ganadería y dirigente tupamaro (organización guerrillera en los 70s, integrante del FA y hoy su ala centro).

Desde el “progresista” diario La República, hoy devenido en boletín oficial, se habla incluso del “estilo venezolano” de la oposición que está crispando la situación política en el país. Mientras que algunos han llegado a hacer comparaciones con la caída de Salvador Allende en Chile en 1973.

La central obrera PIT-CNT convocó a un paro de medio día con movilización en apoyo al gobierno y contra el “paro golpista” de los empresarios que buscan “desestabilizar al gobierno y a la democracia”. La dirección del PIT-CNT se demostró completamente impotente para defender los intereses de los trabajadores ante la política neoliberal de Danilo Astorí (Ministro de Economía) que mantiene al país con un 30% de la población en la pobreza. Aunque presionada por la base ha tenido que convocar a dos paros parciales en lo que va del gobierno, ahora no dudó un segundo en defender a Tabaré de manera completamente acrítica, como si los intereses de los trabajadores y los del gobierno del FA fueran los mismos!!

Por su parte, la derecha política expresada en el ex presidente Julio María Sanguinetti [1], llegó a decir sobre Vázquez que “lo veo cediendo ante viejas visiones leninistas que le impidieron firmar un tratado comercial con EE.UU. como él quería”.

Este clima político se explica por un lado en que la derecha viene intentando imponer su programa político a un gobierno que, sin ser el suyo, le concede permanentemente y defiende sus intereses más profundos. Por otro lado, los trabajadores siguen dispuestos a enfrentar cualquier ofensiva patronal o del gobierno. Esta situación entre las masas se vio reflejada en el extendido rechazo popular a la firma de un leonino Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU. lo que provocó fisuras al interior del propio Frente Amplio. El gobierno ya tuvo que hacer frente a dos paros (aunque parciales) del PIT-CNT por aumento de salarios y contra el TLC en lo que va del año. En medio de las negociaciones del Consejo del salario, el país viene atravesando una creciente conflictividad laboral tanto en el sector estatal como privado. En las propias Botnia (donde las obras estuvieron paradas durante 15 días en septiembre) y Ence, las perlas del “desarrollo económico” que impulsa el FA, los obreros han protagonizando paros y piquetes en defensa de sus puestos de trabajo y por aumento salarial. Otros conflictos como el de la industria láctea y el de las bebidas, continúan sin solución.

En realidad, la rebaja del boleto es parte de la política de gestos de Vázquez que intenta ocultar el profundo contenido antiobrero y proimperialista de su gestión desde que asumió en marzo de 2005. Como se vio a lo largo de todo el conflicto por la instalación de las papeleras, defendió a capa y espada los intereses de los monopolios extranjeros en detrimento tanto de las condiciones laborales de los obreros uruguayos como del cuidado ambiental. Mientras mantiene su discurso “progresista” y descartó la “vía rápida” al TLC al estilo del que firmó Perú como pretendía EE.UU. y reclaman la patronal exportadora y la derecha, amplió el tratado de protección de inversiones (TIFA) con EE.UU. que rige desde 2003 [2]. En lo que va de su gestión, adelantó pagos por más de 1500 millones de dólares al FMI, BID y BM, aplicó normas de flexibilización laboral, tercerizaciones y despidos, y recortó el gasto e inversiones públicas.

Su política hacia las FFAA sigue el mismo estilo. El comandante en jefe del Ejército acaba de ser destituido por haber mantenido la semana pasada una reunión con Sanguinetti y otros dirigentes de la oposición sin avisar al presidente de la república. Esta reunión revelada a la luz pública por una filtración a la prensa, fue una clara provocación de los sectores de la derecha que no dejó más alternativa a Vázquez que cesar al general. Pero mientras remueve a los militares más desprestigiados como parte de una aparente “depuración” de las FFAA y da largas a las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura, como con el juicio al ex dictador Bordaberry (1973-1976), mantiene intacta la archireaccionaria Ley de Caducidad que preserva a todos los asesinos y represores que permanecen en funciones dentro de las FFAA y de seguridad. Más aún, el gobierno “progresista” del FA viene profundizando la colaboración militar con el imperialismo yanqui como lo muestra su participación en la “misión de paz” en Haití, o instalación de un complejo del Comando Sur de EE.UU. en el país.

Uruguay ha vivido unos días políticamente agitados. En esta situación, el FA enfrentará el 12 de noviembre sus elecciones internas. Un resultado adverso, como sería una baja participación, puede agravar la situación del gobierno. En este sentido el propio Mujica llamó en estos días a “votar por el que se le cante, pero vayan a votar y traten de llevar a la gente que puedan”.