En el artículo "Estados Unidos aceleró su decadencia", decíamos que el 5° aniversario del 11/9 encontraba a EE.UU. en una decadencia acelerada de su hegemonía, mientras afirmábamos que esto no significa una retirada pacífica de Medio Oriente ni mucho menos. Muestra de esto es la nueva ofensiva reaccionaria de George W. Bush y la Casa Blanca con ley que legaliza la tortura y los interrogatorios coercitivos a cualquier “sospechoso” de terrorismo.

Hace algunos meses se abrió una crisis alrededor del reconocimiento de parte de EE.UU. de la existencia de cárceles secretas de la CIA y la desaparición forzada de personas, las denuncias sobre el tratamiento cruel e inhumano a los prisioneros en la base militar en Guantánamo (Cuba) y la negativa de la Corte Suprema norteamericana de reconocerle a Bush el derecho de juzgar en tribunales militares a los “sospechosos de terrorismo”. Todo esto se da en el marco de un creciente empantanamiento de la guerra en Irak, donde lejos estabilizarse la situación, crecen las tendencias a una compleja guerra civil, sumado al fracaso militar del protegido del imperialismo yanqui en la región, Israel, en la última guerra del Líbano.

La aprobación de la ley que legaliza la tortura, con 65 votos contra 34 en el Senado y 253 contra 168 en el Congreso, representa un nuevo escalón siniestro en la guerra imperialista “contra el terrorismo”. La ley de Bush establece que “será legal la detención de una persona por tiempo indefinido y sin presentación de cargos, será legal el uso de pruebas obtenidas mediante coerción y serán legales prácticas de interrogatorio como la privación de sueño por períodos prolongados o exponer a los interrogados a bajas temperaturas” (La Jornada, 29/9). La ley hasta desconoce las reglas “elementales” de la Cuarta Convención de Ginebra (1949), que los imperialistas diseñaron para sus guerras, que contiene el tratamiento de prisioneros de guerra. La misma da luz verde a métodos “no convencionales” (tortura) de prisioneros “terroristas” y le da la ventaja de mantener en secreto estas prácticas “para proteger” a los agentes de la CIA y el ejército yanqui. La ley niega el derecho de hábeas corpus, y deja en una nebulosa lo que es un trato “inhumano y cruel” hacia los interrogados.

Lejos del “sentido común” de la población estadounidense, sometida a la política del terror constante, esta nueva ley no hará más seguro a su país como asegura la propaganda “anti-terrorista”. Por el contrario, es un arma potencial contra cualquier crítico u opositor, fortaleciendo la fuerte restricción a las libertades civiles inaugurada con la nefasta Acta Patriótica de 2001. Aunque por ahora los principales blancos serán los extranjeros, en particular es una gran amenaza sobre los inmigrantes ilegales, y más temprano que tarde será usado contra los propios norteamericanos, en particular contra los trabajadores, la comunidad negra, latina y la juventud.

Durante varias semanas el nefasto proyecto mereció el rechazo de importantes senadores republicanos, como John McCain (potencial candidato a presidente para 2008). El enfrentamiento de los republicanos abonó la crisis que viene sufriendo el partido de gobierno, al mismo tiempo que dividió también a los demócratas. Sin embargo, se impuso la impronta reaccionaria de Bush y las alas más duras de ambos partidos, alimentando la política del terror sobre la población estadounidense que se opone mayoritariamente al desastre de Irak.

La votación se da un mes antes de las elecciones de noviembre que serán un referéndum del gobierno republicano, donde muchos pronostican la pérdida de la cámara baja y un debilitamiento republicano. Al complicado panorama de los republicanos se sumó el reciente escándalo desatado alrededor del diputado de ese partido, Mark Foley, por la filtración de e-mails sexuales que le enviara a los becarios que trabajaban en su oficina. Esto tocó la fibra de los valores y la moral, especialmente sensible entre la base social republicana.

Mientras se votaban las medidas antes del receso electoral se aprobó otra medida reaccionaria: la construcción de un muro en la frontera entre EE.UU. y México. Una de sus fanáticas impulsoras es la senadora demócrata Hillary Clinton (otra presidenciable para 2008), dejando claro a quienes depositan expectativas en una oposición demócrata para controlar las “barbaridades” de Bush podrán esperar sentados una alternativa. Esta es la respuesta a los millones de inmigrantes ilegales que sostienen sectores enteros de la economía yanqui, y se movilizaron masivamente este año exigiendo ser reconocidos como ciudadanos, derecho mínimo que esta “democracia” se niega a darles. Aunque algunos legisladores antepusieron objeciones sobre su financiamiento, se votó con un amplio apoyo de ambos partidos. La medida logró incluso el rechazo del presidente mexicano Vicente Fox (un insospechado antiimperialista), uno de los pocos defensores acérrimos de la política de EE.UU. en América Latina. El 4/10 Bush promulgó la ley para construir una muralla doble de alambre de 1.125 kilómetros, otorgando 1.200 millones de dólares para la seguridad fronteriza, como parte del paquete de 35.000 millones del Departamento de Seguridad Interior.

La promulgación de la ley del muro viene a cerrar una primera etapa del candente debate migratorio, donde Bush buscaba un programa más amplio que diera visas temporales a millones de trabajadores y trabajadoras inmigrantes que nutren importantes sectores como la agricultura y los servicios. Sin embargo, la oposición de los sectores republicanos más duros impidió tal proyecto, exigiendo mano dura y convertir el cruce ilegal de la frontera en un crimen. La medida fue recibida con satisfacción por los diputados y senadores que trabaron cualquier posibilidad de legalización (aún enormemente restringida). Al mismo tiempo provocó un gran rechazo de parte de los mismos inmigrantes, organizaciones sociales e incluso de varios gobiernos latinoamericanos. Cada años cruzan la frontera en forma ilegal cerca de un millón de personas, el 60% de los cuales son mexicanos.

El imperialismo yanqui no abandonará pacíficamente su curso guerrerista para imponer su hegemonía, incluso echará mano a medidas más duras como lo demuestran estas leyes, dando luz verde a la barbarie dentro y fuera de sus fronteras.