Nuevamente la discusión política nacional se polariza entre el gobierno y la oposición de derecha, esta vez alrededor de la recién promulgada Ley Orgánica de Educación (LOE). Por un lado, el gobierno habla de una suerte de “justicia social” para la educación, y por el otro lado, la oposición de derecha, se opone defendiendo el carácter mercantil de la educación. En este texto queremos dejar sentada nuestra posición sobre la nueva Ley promulgada en plena época de vacaciones estudiantiles, tomando en cuenta los elementos más resaltantes de la misma, dejando claro como punto de partida que se trata de una polarización de la cual, como veremos, los trabajadores y el pueblo pobre no podemos quedar presos sino que es necesario construir una opción propia.

“Formar para la emancipación”… ¿en una sociedad de explotación?

El gobierno coloca entre los principios de la educación, pomposamente, que se formará para la “emancipación” y la “justicia social” (Art. 3), así como llena todo el texto de otras frases por el estilo: “trabajo liberador”, “valoración ética y social del trabajo”, etc. No puede haber más demagogia en esto, pues no hay ninguna educación para la liberación social en manos de un Estado que reivindica y sostiene la sociedad de clases y la explotación de la mayoría por una minoría de capitalistas, terratenientes y burócratas: el capitalismo. La educación, no es “neutral”, no está por fuera de las luchas concretas que se desarrollan en la sociedad, entre las clases sociales, enfrentando a patrones, gobiernos, regímenes políticos. En una sociedad de clases, la educación es una educación de clase.

Como toda ley burguesa, hace abstracción de las relaciones y situaciones de explotación de la sociedad en la que vivimos, y habla así de una educación para beneficio “del país” o de “la sociedad” como si se tratara esta de un todo homogéneo, donde todos disfrutan o se sacrifican por igual. La realidad es que el hecho educativo en la actualidad se produce en la sociedad capitalista venezolana, la cual sostienen tanto el gobierno como la oposición, y por tanto la formación de “nuevos republicanos” (Art. 14) será en función de ese modelo de sociedad, nada “igualitario”, “justo” ni “emancipador”.

La educación está supeditada a los postulados de la Constitución, y sus fines están puestos en formar para “alcanzar la suprema felicidad social a través de una estructura socioeconómica incluyente y un nuevo modelo productivo social, humanista y endógeno” (Art. 15), por lo que sus contenidos se regirán por lo establecido también en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Art. 34). ¿Y cuál es esa “estructura económica” o “modelo productivo” establecido en la Constitución y en los planes del gobierno? “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”, establece la Constitución en su artículo 115, y en el 112 dice que “El Estado promoverá la iniciativa privada… la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria”. Ni más ni menos que los fundamentos del capitalismo, de la explotación del trabajo asalariado y la apropiación del trabajo social por unos pocos, es decir, la causa de la pobreza y carencias de nuestro pueblo, tanto materiales como culturales.

Por eso no puede ser sino un chiste de mal gusto que se diga que se busca “Formar en, por y para el trabajo social liberador” (Art. 15). Un chiste difícil de causar risa a los millones de trabajadores y trabajadoras que padecen la explotación y el despotismo de sus patrones, bien sean empresarios, banqueros, terratenientes o burócratas de las empresas del Estado y la administración pública, difícil de parecer gracioso a los millones que por su trabajo reciben salarios miserables o precarios, a los que padecen la superexplotación tercerizados, a los que trabajan bajo condiciones extenuantes y riesgosas por desidia patronal, a los que despiden, enjuician o reprimen por luchar por sus derechos laborales, etc. En 2007, el dato más reciente que muestra el gobierno, el 20% más rico del país se quedaba con el 47,7% de los ingresos nacionales, mientras el 20% más pobre le tocaba apenas el 5,1%: he allí la “justicia social” del “desarrollo endógeno” capitalista para el cual está pensada esta ley. La “libertad de cátedra”, por supuesto, también está supeditada a estos “principios establecidos en la Constitución” (Art. 36).

Por eso es una ley que no es revolucionaria ni mucho menos socialista, sino que busca ordenar un sistema educativo funcional a la “siembra del petróleo”, es decir, al aprovechamiento en sentido capitalista y “productivo”, “nacionalista”, de la renta petrolera. En función de eso está planteado el “Estado docente” (Arts. 5 y 6), para garantizar este curso del “desarrollo” nacional en el plano educativo, tal como el “Estado desarrollista” se propone hacerlo en el terreno económico; de allí su pelea con la oposición, que representa al sector mayoritario de las clases dominantes del país, a la vez que el más reaccionario, conservador y proimperialista.

Las empresas capitalistas intervienen en la “formación para el trabajo liberador”

La Ley ahonda en flagrante demagogia cuando, no solo insiste en que las empresas capitalistas hagan parte del quehacer investigativo y de formación de las instituciones educativas, “dentro de los planes y programas de desarrollo” (Art. 22), lo que es un mecanismo por el cual las empresas garantizan más directamente que la producción de conocimiento y la formación de profesionales esté al servicio de sus particulares necesidades de lucro, sino que llega a afirmar que esta participación de las empresas será para “la ejecución y desarrollo de programas en las áreas de formación para el trabajo liberador”(!) (Art. 22).

Es el colmo del insulto al pueblo trabajador, decirle que los explotadores van a intervenir en el proceso educativo para formar para la liberación del trabajo. Es simplemente detestable que se le venda tan groseramente al pueblo como “formación para el trabajo liberador”, lo que es exactamente lo contrario: la legalización de la intervención directa de las empresas, no ya solo del Estado burgués, en la educación para preparar a los niños/as y jóvenes para la esclavitud asalariada.

Se mantiene en pie la educación privada

Una vez despejado lo más central de esta Ley, en cuanto al tipo de sociedad y de educación que persigue, debemos hacer notar que, además, deja en pie elementos claves del carácter antidemocrático del acceso a la educación, como por ejemplo la educación privada, apenas aumentando las regulaciones al negocio. La derecha se opone defendiendo descaradamente el carácter transable de la educación: hay una “estrategia de asfixiar la educación privada como negocio, como iniciativa privada”, dicen, “y como en cualquier negocio, aplicando los criterios básicos de economía, si los dividendos son menores que los costos, pues el negocio simplemente no es sustentable ni rentable” [1].

La derecha sostiene la posición neoliberal, quiere total libertad para hacer de la educación y cualquier necesidad pública un negocio, así como en general, que las empresas puedan hacer lo que les venga en gana en cualquier lugar y hora, “sin intervención del Estado”. El gobierno, así como en la economía en general, quiere “regular” la actividad privada, también en el negocio educativo, así como sus contenidos, más no suprimirla ni abolirla. Por eso no es capaz siquiera de dar un paso central en el camino de democratizar radicalmente el acceso a la educación y hacerla realmente un “derecho humano universal, inalienable”, como lo es acabar con el hecho de que una gran parte de esta esté en manos privadas, funcionando bajo los más burdos parámetros mercantiles y sirviendo de fuente de riquezas para unos cuantos.

El cese de cualquier tipo de subsidio estatal a la educación privada y la estatización total de las escuelas, liceos, tecnológicos, institutos universitarios y universidades privadas, es un primer paso, elemental, para hacer realidad un acceso masivo, gratuito y de calidad a la educación, que el gobierno está muy lejos de plantear en su Ley, y en su política. Junto a esto es imprescindible un gran aumento del presupuesto para la educación en base al no pago de la deuda externa, y fuertes y progresivos impuestos a la ganancia capitalista. Lo que no significa, sin embargo, dejarle el control de la educación al Estado que defiende los intereses de los capitalistas, sino que hay que arrancar de sus manos el control de los planes de estudio y de los pensum, y del presupuesto, para ponerlos en manos de madres y padres, docentes, alumnos, organizaciones sociales y de la clase trabajadora, los verdaderos interesados en la educación de las nuevas generaciones.

Del ingreso libre e irrestricto a la educación universitaria, nada de nada

En ese mismo sentido, hay un aspecto democrático fundamental, como lo es el acceso libre e irrestricto a la educación universitaria, que el gobierno ha esquivado en estos diez años, y que una vez más niega en la Ley. Apenas establece que en una ley especial del sector universitario se determinará “un régimen que garantice la equidad en el ingreso, la permanencia y la prosecución” de los estudios universitarios (Art. 35).

Recordemos que el último planteamiento “equitativo” del gobierno en ese sentido fue la ampliación parcial de los cupos universitarios para los liceos públicos en las universidades autónomas, a la vez que hacer una división entre estudiantes de primera y de segunda, al plantear el régimen presencial en los recintos para los mejores promedios y para los otros la “educación a distancia”. El gobierno, como hemos planteado muchas veces, no plantea el acceso libre e irrestricto de todas y todos las bachilleres a la educación universitaria, que es una medida elemental para hacer realidad a cientos de miles de las familias obreras, campesinas y populares el derecho democrático a la educación universitaria. No deja pues de ser palabrería hablar de acabar con la exclusión si no se plantean cuestiones elementales como esta.

Una “democracia universitaria” muy difusa y una autonomía muy restringida y conveniente

En la cuestión de la democracia interna en el régimen universitario, conseguimos algunos avances parciales, como lo es la novedad de considerar parte integrante de la “comunidad universitaria” a los/as empleados /as y obreros/as universitarios/as, así como la de plantear la elección de las autoridades universitarias “en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria”, y establecer el carácter revocable de esos cargos (Art. 34).

El primer aspecto es el más importante en cuanto a la democratización del aristocrático y excluyente régimen de gobierno de las universidades, pero se queda completamente a mitad de camino cuando al tratarse del mecanismo de elección plantea una generalidad, negando la cuestión elemental de la elección directa de las autoridades, mediante el voto universal, donde cada persona valga un voto, sin ponderaciones ni discriminaciones: la “igualdad” puede establecerse como una valoración por igual del voto de cada sector (docentes, estudiantes, trabajadores), cuando esto no se corresponde con el peso real en número de personas y mantiene la estructura de castas de las universidades.

Además de no plantear la elección directa, demanda de quienes luchamos por una radical y verdadera transformación democrática del gobierno de las universidades, menos aún plantea el derecho de cualquier miembro de la comunidad universitaria, sea docente, trabajador o estudiante, no solo elegir sino también a ser elegido como autoridad universitaria. El gobierno se llena la boca hablando de “superar… la atomización del saber y la separación entre las actividades manuales e intelectuales” (Art. 5), pero es incapaz de dar un paso real en este sentido, como es permitir que un trabajador o trabajadora pueda dirigir una universidad.

En cuanto a la administración de los recursos, propone la creación de un “consejo contralor” conformado por los y las integrantes de la comunidad, que ejercería la vigilancia interna, mientras el Estado haría la vigilancia externa, en función de una “justa distribución” del patrimonio (Art. 34). No deja de ser una versión universitaria de la “contraloría social”, donde el manejo real de los recursos, los criterios de ejecución y las decisiones fundamentales quedan en manos de los mismos de siempre, limitándose los “contralores” a verificar que no haya corrupción o, en este caso, “injusticias”. La verdad es que la única medida realista para garantizar un manejo democrático de los recursos universitarios, como lo hemos venido luchando, es arrancar de manos de las autoridades la administración, para pasarla a manos de comités tripartitos compuestos por delegados revocables elegidos en cada dependencia, que sean quienes administren los recursos de acuerdo a los criterios de ejecución que manden las discusiones y resoluciones de las asambleas de todos los miembros de la comunidad. La propuesta de la Ley, una vez más, no conduce a esto.

Pero peor aún, hay que resaltar que todas estas disposiciones, ya limitadas, valen apenas para un pequeño número de universidades, las nacionales que gozan de autonomía desde hace décadas, que no llegan a diez, pues no aplican para el resto. El gobierno se cuida de explicitar que se trata de “aquellas instituciones de educación universitaria que les sea aplicable, el principio de autonomía” (Art. 34), es decir, que en la mayoría de las universidades “experimentales” que existían antes de este gobierno, así como en aquellas que ha creado, no valen estas disposiciones, pues allí el gobierno se reserva, como hasta hoy, el derecho de intervenir en la forma que mejor le parezca. Esto quiere decir que, por ejemplo, universidades como la UBV o la UNEFA, donde el régimen de gobierno es incluso más antidemocrático que en las universidades autónomas, con autoridades nombradas a dedo por el Ejecutivo y sin espacios de co-gobierno, así como tampoco con una administración democrática de los recursos, seguirán sin ninguna democratización, siquiera limitada.

Una supuesta “participación protagónica” muy peligrosa

El gobierno vende como un gran avance democrático la participación comunitaria en la gestión educativa, establecida en varios artículos (Arts. 5, 18, 19, 20). Por supuesto que una verdadera ampliación del campo de los corresponsables de la educación hacia las comunidades no puede significar sino un importante avance, pero la cuestión está en que el gobierno lo plantea como un mecanismo de control social de las luchas y exigencias de las trabajadoras y trabajadores docentes, así como de los propios estudiantes.

En primer lugar, el gobierno habla siempre de organizaciones “comunitarias”, que en boca del gobierno no son otra cosa sino los “Consejos Comunales” controlados por el Estado, más nunca de las organizaciones obreras, de las organizaciones de quienes producen la inmensa mayoría de las riquezas en el país, precisamente porque lo que busca con este guiño “democrático” es minimizar la capacidad de lucha de los trabajadores del sector, para lo cual impide cualquier participación de las organizaciones de los trabajadores del país en el hecho educativo. El gobierno pretende generar una falsa oposición entre las comunidades y los trabajadores de la educación, instalando la idea reaccionaria de que es a las y los docentes a quienes las comunidades deben “exigirle el cumplimiento del derecho a la educación”, independientemente de las condiciones de trabajo, salariales y de la infraestructura educativa, y no al gobierno y el Estado, quienes son los verdaderos responsables tanto de las carencias de las instituciones y de los trabajadores de la educación, como de las necesidades de las comunidades pobres. Esto no es solo intención, ya lo vimos hace pocos meses cuando el gobierno usó a varios Consejos Comunales para combatir el paro nacional de maestras y maestros por su contrato colectivo, amedrentando en las escuelas, y amenazando con criminalizar a los que se sumaran a la lucha.

Allí llegamos a la segunda cuestión, como lo es que el gobierno –el “Estado docente”– es quien podrá definir cuáles son las organizaciones validas para participar de la “gestión educativa”, así como sus modalidades. Por eso, lo que llaman “ejercicio del Poder Popular [en la] promoción y defensa de la educación” (Art. 18) busca en realidad colocar a las comunidades como ejecutoras de las disposiciones del Estado contra las exigencias y luchas de los trabajadores y trabajadoras de la educación.

En este mismo sentido se ubica la idea de los “consejos estudiantiles” como espacios de organización del estudiantado para su “participación protagónica y corresponsable” (Art. 21), pues lo que busca es, por un lado, destruir las actuales organizaciones del estudiantado, para sustituirlas, en la medida que pueda, por las que el gobierno regimentará a su antojo (“se regirán por la normativa que al efecto se dicte”) y reconocerá como interlocutoras válidas, y por el otro, embaucar al estudiantado en labores de cooperación con las autoridades y el Estado (“actuarán en conjunto con la comunidad educativa”), castrando el carácter independiente que deben tener las organizaciones estudiantiles en esta sociedad.

Mientras las actuales organizaciones estudiantiles, los Centros de Estudiantes y las Federaciones, en sus normas y su constitución no tienen ninguna dependencia formal con el Estado ni con las propias autoridades universitarias, en este caso se trata de socavar estas organizaciones por unas atadas al control directo del Estado. La tarea de combatir contra la burocratización de las actuales organizaciones estudiantiles, por llenarlas de vida, de contenido democrático real, o incluso de construir nuevas, poniendo a la organización estudiantil a tono con los intereses de las mayorías trabajadoras y pobres del país, es únicamente de los propios estudiantes, en alianza directa con las clases explotadas y con la más amplia libertad y democracia, sin ninguna injerencia ni reglamentación del Estado, las autoridades universitarias ni de los partidos patronales. Es decir, es una pelea que debe darse por liberar a las organizaciones estudiantiles no solo de la influencia de la oposición de derecha sino también del gobierno nacional.

Más medidas contra los derechos democráticos

Por si no bastara, hay otras disposiciones que atentan directamente contra los derechos democráticos y las libertades para la participación política, que caerán sobre todo contra la izquierda y las organizaciones de vanguardia de los trabajadores y estudiantes. Así, se establece la “prohibición de propaganda partidista” en las instituciones educativas (Art. 12), lo cual no es sino un limite a la libre lucha de los trabajadores y estudiantes por sus ideas, mientras las ideas de los partidos burgueses que están y estén en el gobierno se imponen como “no partidistas” sino como ideología “de Estado”. Así mismo se limita el contenido de cualquier medio de comunicación a la difusión de “la convivencia ciudadana”, “los principios y valores… establecidos en la Constitución, en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico vigente”, estando “obligados a prestar su cooperación… y ajustar su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la Constitución y en la presente Ley”, con la excusa de la “defensa de la salud mental y física de la población”, so pena de sufrir cierres o proscripciones (Art. 9 y Disposiciones Transitorias). Esto, sin duda, será usado para impedir la difusión de los reclamos, luchas y denuncias de parte de los trabajadores y trabajadores de la educación y los y las estudiantes, así como las posiciones críticas sobre el contenido mismo de la educación burguesa.

Hay que luchar por una educación al servicio de las luchas y la liberación social de las clases explotadas

Como se desprende de lo que planteamos, la lucha por una radical transformación democrática de todo el sistema educativo y de la educación misma, no están resueltas por la Ley, sino que al contrario los elementos limitadamente progresivos –como los mencionados, y otros como el carácter laico (Art. 7), las promesas de “igualdad de género” (Art. 8), la “interculturalidad” (Art. 27)– están en el marco de una ley que mantiene en pie lo fundamental del actual sistema educativo y además por otro lado busca con particular énfasis escamotear derechos democráticos a los trabajadores de la educación y los estudiantes mismos.

Es así que la pelea por la democratización radical de la educación, así como la lucha por alcanzar una educación verdaderamente emancipadora, para la justicia social y la liberación social, no será cumplida por esta ley ni por este Estado, sino que queda en manos de la clase trabajadora y el estudiantado, pues son metas que están indisolublemente ligadas a la lucha contra la explotación capitalista, por una sociedad sin propiedad privada de los medios de producción y de vida, gobernada democráticamente por los propios productores, es decir, la sociedad socialista, que es la única manera de concebir una educación de esas características.

Por eso apostamos al triunfo de las luchas docentes y de toda la clase trabajadora, por un sistema nacional público único de educación financiado por el Estado, administrado y planificado por las trabajadoras y trabajadores de la educación, las organizaciones obreras y estudiantiles, y por las madres y los padres de los alumnos. Queremos la triplicación del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda externa y a los impuestos progresivos a las grandes fortunas, eliminando los subsidios a las escuelas y universidades privadas.

En las universidades, liceos y escuelas, debe abrirse paso una corriente de estudiantes, empleados, obreros y docentes que luche por esta perspectiva, tanto contra la derecha conservadora y reaccionaria, que quiere imponer la religión en las aulas, así como hacer de la educación un mera mercancía, como contra el gobierno que solo busca regimentar el hecho educativo y su dinámica en función de su proyecto de desarrollo nacional capitalista.

El derecho a manifestar

En medio de esta disputa por la Ley Orgánica de Educación, ha sobresalido nuevamente el cercenamiento del derecho a manifestar por parte del gobierno, que mientras le permitía plenamente a sus seguidores manifestarle apoyo en los alrededores de la Asamblea Nacional, le impide a quienes se le oponen el derecho de manifestarse de la misma manera, mediante la coacción y represión directa.

Independientemente de que se trata de la oposición de derecha, los socialistas revolucionarios no convalidamos el fortalecimiento de la autoridad y la capacidad represiva y criminalizadora de la protesta por parte del Estado burgués, pues ese mismo peso es el que cae siempre, con mucha mayor fuerza incluso, sobre las luchas del pueblo trabajador y pobre. Más aun cuando en los últimos años hemos visto un aumento de las disposiciones legales de este gobierno para cercenar y criminalizar el derecho a la protesta o a las huelgas, así como el enjuiciamiento de casi un centenar de trabajadores y miles de campesinos por luchar, y la represión directa a las luchas más firmes, llegando hasta el asesinato de dos obreros (en la Mitsubishi de Barcelona).

Chávez y su gobierno quieren imponer un nefasto sentido común de que solo aquellas manifestaciones que sean para apoyarlo, para alabar al presidente o que se ubiquen bajo el manto del chavismo pueden ser “permitidas” y “toleradas”. Desde la perspectiva de los intereses obreros, campesinos y populares, debemos oponernos tenazmente a esta pretensión y a cualquier aumento en la capacidad represiva del Estado, pues atenta directamente contra nuestras luchas. Reclamamos y exigimos el respeto del derecho a la protesta, a las manifestaciones y las huelgas.