FT-CI

Llamado urgente ante el asesinato de la compañera Marisela Escobedo Ortiz

Mexico: Campaña nacional contra los femicidios. Ni una muerta mas

25/12/2010

Publicamos a continuación la declaración de las compañeras de Pan y Rosas de México, publicada en conjunto con la Liga de Trabajadores por el Socialismo el 18 de diciembre frente al brutal asesinato de Marisela Escobedo, madre de una de las miles de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Este nuevo ataque contra una activista, que luchaba por el castigo para el asesino de su hija de solo 16 años, vuelve a poner sobre el tapete la impunidad garantizada por el silencio del gobierno que solo responde con militarización y más represión, mientras se lleva adelante un verdadero femicidio. Lea más declaraciones y novedades sobre la campaña, en www.panyrosasmex.blogspot.com.

Marisela fue una activista incansable en la lucha contra los femicidios y por el castigo al homicida de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, victimada por su pareja en Ciudad Juárez el 29 de agosto de 2008. El caso de Marisela llena de indignación ante la impunidad de los femicidios ignorados por el gobierno, que consolidó el Estado de México como el número uno del país. La militarización por parte del gobierno trajo consigo las violaciones a mujeres, el hostigamiento, los asesinatos a civiles en carreteras del país, los juvenicidios y más homicidios de mujeres.

Rubí Frayre tenía 16 años cuando fue asesinada por Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Cuando este fue arrestado aceptó haber cometido el crimen y llevó a la policía hasta el lugar donde prendió fuego al cuerpo de Rubí, en un criadero de cerdos. Sin embargo, durante el juicio las autoridades consideraron que faltaban pruebas de su culpabilidad y lo dejaron libre.

Marisela comenzó una caminata desde Ciudad Juárez hasta el DF como protesta, pero el entonces gobernador del PRI José Reyes Baeza, le pidió que la suspendiera y terminara su recorrido en auto, a lo cual accedió.

Hubo una apelación con Barraza prófugo y fue condenado en ausencia a 50 años de prisión. Lograron ubicarlo en Zacatecas gracias a la información otorgada por Marisela, quien sin embargo no recibió apoyo de las autoridades, y el asesino volvió a escapar. Luego fue detenido y permaneció preso por el delito de homicidio agravado y recluido hasta el pasado mes de abril cuando fue absuelto en Chihuahua por la jueza Catalina Ochoa Contreras, conocida por romper el récord en decisiones jurídicas deformadas, gracias a su amistad con el ex presidente del Tribunal de Justicia, José Chávez Aragón. La liberación de Sergio Barraza se anunció en medio de los gritos de dolor de Marisela, en uno de los juicios orales implementados por el estado. ¡A pesar de ser un asesino confeso y haber conducido a la policía al cuerpo de Rubí, el Tribunal consideró que la investigación carecía de evidencia!

Pero la madre de Rubí, una enfermera jubilada que cambió su vida para luchar por justicia para su hija y cuidar a su nieta, siguió peleando. Incansable, redobló las protestas realizadas dos años atrás, con marchas, conferencias, foros; hizo de investigadora, se organizó con madres de otras jóvenes asesinadas en el estado, llegó en caravana a la Ciudad de México exigiendo a Calderón justicia y cese de la impunidad en los femicidios. Pero en un acto más de impunidad, la noche del 16 de diciembre, Marisela Escobedo fue asesinada frente a Palacio de Gobierno por un hombre que le disparó con un arma de fuego en la cabeza, en el plantón que mantenía para exigir la detención de Barraza. “No me voy mover de aquí hasta que detengan al asesino de mi hija” fue lo que dijo al colocar su pequeño campamento, donde estaba dispuesta a pasar el fin de año y donde denunció hace 22 días los femicidios en el estado, que han cobrado 300 víctimas solamente en 2010. La principal demanda de Marisela era la pena máxima para el asesino de su hija, 60 años de cárcel.

El asesinato de Marisela es un escándalo internacional: la ONU emitió un comunicado donde condena su asesinato y la falta de protección en México a los luchadores sociales. Ante este escándalo el gobernador priista recién electo, César Duarte, responsabilizó a Rafael Barraza y ordenó la separación del cargo de los tres jueces implicados en la liberación del asesino y que les sea retirado el fuero, para responsabilizarlos por su decisión, y dijo que investigará a fondo la muerte de Marisela. Para nosotras esto no basta: los gobiernos federal y estatal no asumen su responsabilidad por negligencia e impunidad, y César Duarte es continuidad de 10 años de gobiernos priistas en Chihuahua, el más militarizado y donde más luchadores sociales han sido asesinados en 2010.

La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa se pronunció por el castigo a los responsables y no cesará su lucha contra los asesinatos de mujeres en todo el país. El 17 de diciembre salimos a las calles, junto con 200 compañeras, activistas de la Ciudad de México de diversas organizaciones de mujeres. Llegamos a la Gobernación y nos enfrentamos con el cerco policíaco federal para poder ingresar. Ahí gritamos, furiosas e indignadas, nuestro repudio por este asesinato. De allí partimos marchando hacia Reforma e Insurgentes, donde paramos la circulación y seguimos nuestro camino hacia la Procuraduría General. Pero antes de llegar fuimos reprimidas por la policía del GDF, cercadas por cientos de granaderos por más de una hora, y permanecimos gritando consignas como “Marisela tu lucha es nuestra lucha”, “Ni una muerta mas”, “Justicia, justicia”, entre otras, hasta que intervinieron algunos funcionarios que resolvieron abrir el cerco policial y logramos salir.

Como Pan y Rosas nos solidarizamos con Nuestras Hijas y con todas las activistas, feministas y luchadoras de Chihuahua. Exigimos cese de la represión y persecución en su contra.

Repudiamos el asesinato de Marisela Escobedo y exigimos juicio y castigo para los responsables y la detención inmediata y definitiva de Rafael Barraza.

Exigimos que el estado otorgue una pensión permanente para la hija de Rubí Marisol, nieta de Marisela.

Por una comisión independiente integrada por los familiares de las víctimas y personalidades de derechos humanos, que tome en sus manos el caso.

Apertura de todos los expedientes donde hay implicados asesinos de mujeres. Basta de feminicidios en todo el país. Basta de impunidad. Alto a la militarización del país.

Proponemos a todas las organizaciones de mujeres del país, feministas, activistas y organizaciones de derechos humanos implementar una campaña nacional.

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