Al cierre de esta edición el gobierno ya había logrado el dictamen para que el bloque oficial (con el apoyo de los ex ARI de Macaluse, Lozano y los radicales K) lleve al recinto su propio proyecto. A decir verdad, la debilidad del Ejecutivo, luego de su derrota en la votación por la Ley de retenciones móviles, le impuso modificaciones que distan bastante del objetivo inicial. Los artículos que ratificaban el acta-acuerdo entre Jaime y Marsans; la reprivatización y la eliminación para que el presupuesto fuera asignado mediante el mecanismo de los superpoderes fueron eliminados. Otra de las modificaciones es la que confiere al Congreso de la Nación la última palabra respecto al precio final. Ahora se crea una segunda etapa donde el Poder Legislativo tendría que aprobar el precio convenido. Mientras, mantiene vigencia el acta Jaime-Marsans, es decir que pese a los cambios se deja correr sus condiciones leoninas, que por “decoro” se negaron a ratificar en el bloque oficialista, principalmente en lo que concierne a que Marsans no será obligado a hacerse cargo de la deuda sino el Estado adquirente. Es decir que se insiste en el salvataje por vías más sutiles. Pese a los discursos “nacionales y populares” la propuesta de estatización aparece porque en manos de Marsans -con la complicidad del Estado argentino y español- la empresa estaba completamente destruida, sin fondos y endeudada, y no había ninguna patronal privada, sea local o extranjera, que quisiera hacerse cargo. Por su parte, la oposición, luego de hacer cuentas, desistió en su proyecto basado en la quiebra y que alentaba en los hechos el avance de empresas privadas en el mercado aerocomercial.
En el fondo y pese a la virulencia discursiva, ningún bando quiere enfrentarse con las patronales que conforman el poderoso lobby español.

La maraña de cruces entre oposición y gobierno acerca del destino de Aerolíneas Argentinas; así como la falta de sustento para que la oposición plantease una ley alternativa, se explica porque al final de cuentas, ninguno de los bandos atacaba la cuestión de fondo sobre el descalabro de Aerolíneas. A diferencia de la votación por la ley por las retenciones móviles donde oficialistas y opositores defendían intereses de uno u otro bando capitalista, en este caso, la efervescencia parlamentaria, se manifiesta centralmente por una puja entre camarillas políticas que omiten atacar al principal responsable: el Estado español.

El denominador común en tamaña omisión deja a las claras que el conjunto de los bloques intenta evitar que el asunto derive en un cuestionamiento a toda la política neoliberal, que no sólo llevó al colapso de la línea aérea, sino que dislocó al conjunto del transporte público.
La centroizquierda referenciada por Lozano, Solanas y los ex ARI encabezados por Macaluse, que habían atinado en un principio a plantear medidas más contundentes como la expropiación, aunque sin plantear el control obrero de la empresa, finalmente terminaron acoplados al gobierno justificándose en los cambios que operaron sobre el proyecto original, que como explicamos mantiene la esencia del salvataje a los vaciadores. Los mismos que ayer terminaron votando a favor de la patronal sojera, hoy giran hacia el gobierno, demostrando su carencia total de independencia para plantear una salida a favor de los trabajadores y el pueblo.

Los responsables de la destrucción de Aerolíneas

Ahora, ante la evidencia, tanto el gobierno como la oposición, se lanzan “sorprendidos” contra el grupo Marsans, quien fuera colocado en la dirección de la empresa por el gobierno de la Alianza y solventado por el kirchnerismo en los últimos años, mediante un derroche discrecional de subsidios, manipulados por funcionarios corruptos, como Jaime. Llama la atención que en el sinfín de declaraciones ninguno mencione que dicho grupo accionó y se financió a la vera del Estado español. El mismo acta-acuerdo fue redactado y pulido por la embajada española. A nadie escapa que el viejo imperio se alzó con una de las tajadas más suculentas de la era privatizadora, usufructuando empresas con mercados cautivos y dejando a su vera un tendal de despidos. En el caso de Aerolíneas la estafa se consumó en forma vergonzante. La línea aérea de bandera fue entregada a Iberia Líneas Aéreas de España SA, en el año 1990. En aquellos tiempos Iberia era una empresa estatal (fue privatizada nueve años después). Por lo tanto fueron los gobiernos españoles de Felipe González, Aznar y Rodríguez Zapatero como sus cómplices locales, desde Menem hasta los K, los responsables de la destrucción de Aerolíneas Argentinas. La SEPI, ente del Estado español, fue el instrumento del que se valieron para el desvió de fondos por más de 750 millones de dólares (establecidos contractualmente con el Estado argentino para capitalizar la empresa) en contra del patrimonio de Aerolíneas y Austral. Cuesta creer que semejantes maniobras no fueran advertidas por los funcionarios de ambos países.

Lamentable fue el rol de los gremios aeronáuticos, muchos de ellos cómplices de Marsans y luego promotores de la iniciativa oficial desde un principio, aún cuando el proyecto todavía dejaba abierta las puertas a una reprivatización. La paz social impuesta por las cúpulas sindicales impidió el accionar y la movilización independiente de los trabajadores quienes fueron, junto a los usuarios, las principales víctimas de la mafia de los Marsans.

Una salida de fondo

Desde el PTS, junto a los compañeros de la agrupación El Despegue, sostuvimos y difundimos en los distintos aeropuertos del país una postura independiente, llamando a la movilización de los trabajadores y usuarios para imponer una salida de fondo. Nuestro planteo es el de la expropiación sin pago de Aerolíneas y Austral, embargando las empresas de Marsans que operan en el país como Air Comet y sus filiales turísticas en nuestro país, como forma de indemnizar al pueblo argentino, porque no sólo son ellos quienes deben saldar la deuda sino que además deben devolver lo robado y vaciado. Exigimos también que sea el Estado español en su rol de socio, el que indemnice al Estado argentino y se haga cargo de los pagos contractuales que asumió y que finalmente fueron desviados por los Marsans y los altos funcionarios de la SEPI.

De estatizarse Aerolíneas y Austral, sería un despropósito que la misma sea manejada por los Jaime y De Vido, los mismos funcionarios gubernamentales que aprobaron balances y fueron cómplices del vaciamiento. Más allá del gobierno de turno tenemos que ser los trabajadores junto a los usuarios populares quienes tomemos en nuestras manos la dirección y gestión de la empresa. En fin, lo que hace falta es una Línea Aérea Estatal Unica que una los distintos puntos del país y no se rija por los criterios de rentabilidad empresaria y genere un servicio con acceso para toda la población. Entrelazando el sistema aéreo en un plan racional con el conjunto de las ramas del transporte automotor y ferroviario, planificando de manera eficiente y segura al servicio de las necesidades sociales de la mayoría trabajadora y popular.