I. La lucha por el petróleo, el gas y el conjunto de los recursos naturales y estratégicos vuelve a plantearse en América Latina. Frente a la medida dictada por el gobierno de Evo Morales de realizar una semi-nacionalización del gas y el petróleo, se ha lanzado una fuerte campaña destinada no sólo a mitigar los efectos de esta medida (de por sí limitada) sobre el capital imperialista sino a desacreditar toda idea de nacionalización de los recursos estratégicos como son los hidrocarburos.

II. El decreto 28.701 del gobierno boliviano encabezado por Evo Morales no define una nacionalización integral ni expropia a las transnacionales, sino que impone su asociación con el Estado buscando constituir empresas mixtas (49% privados, 51% estatales, de manera similar a un modelo ya adoptado en Venezuela por Chávez en las áreas en que la estatal PDVSA no tenía control mayoritario anteriormente) y bajo control de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB). Esta medida no es revolucionaria, ni siquiera consecuentemente antiimperialista, sino limitadamente nacionalista. Se mantiene por completo dentro de la legalidad burguesa para permitir que las transnacionales sigan operando, a pesar de la ilegalidad de los contratos con que se apoderaron de los hidrocarburos (nunca ratificados en el Parlamento) e innumerables delitos como contrabando, fraudes fiscales, daños al medioambiente, etc., que por sí solos justifican su expulsión del país. Es una medida que está por detrás de las dos nacionalizaciones ocurridas anteriormente en la historia de Bolivia, la de la Standard Oil en 1938 y la de la Gulf en 1969. Su principal efecto es tratar de aumentar la renta que se apropia el estado boliviano por la explotación de estos recursos, en una cifra final que resultará de las negociaciones encaradas en los próximos seis meses, pero que distintos analistas señalan entre 700 y 800 millones de dólares de una renta total de 3.500 millones.

III. La medida tomada por Evo Morales sólo puede entenderse en el marco del continuado proceso de rebeliones populares que vive Bolivia desde comienzos de 2000, cuando se desarrolló la llamada “guerra del agua” en Cochabamba, y cuyas dos últimas grandes acciones tuvieron como centro el reclamo por la nacionalización del gas y el petróleo, tanto el levantamiento de octubre de 2003 que terminó con el gobierno de Sánchez de Losada como el de junio de 2005 que llevó a su fin al gobierno de su sucesor, Carlos Mesa. Levantamientos que no han sido una exclusividad de Bolivia, sino que han abarcado a distintos países latinoamericanos, como Ecuador y Argentina, y que han sido las principales expresiones del rechazo de los trabajadores y el conjunto de los explotados de la región a las políticas neoliberales que durante la década de los noventa entregaron los recursos naturales y estratégicos al control de un puñado de monopolios e impusieron a través de todo tipo de leyes y decretos “flexibilizadores” condiciones de mayor explotación y sojuzgamiento a la clase trabajadora.

IV. Aún con los límites que hemos señalado, la medida tomada por el gobierno boliviano ha concitado rechazo y preocupación entre los personeros del capital imperialista y entre los gobiernos cuyas empresas quedan directamente involucradas por la semi-nacionalización, como Brasil (Petrobras), Estado Español (Repsol-YPF) y, en menor medida, los países cuyas petroleras tienen una participación menor en Bolivia, como la francesa Total. Ni bien se conoció la medida, Lula y Kirchner realizaron una cumbre de emergencia con Morales y con Hugo Chávez, en la cual los dos primeros se esforzaron por fijar los límites a la medida tomada por el gobierno boliviano. Chávez, por su parte, intentó demostrar que la medida tomada por Bolivia no era preocupante y que la construcción del previsto “gasoducto del sur” garantizaba nuevos negocios para todos.

Aunque es administrada por el estado brasileño, en Petrobras existe una participación creciente de los fondos de inversiones estadounidenses y británicos: si bien el Estado mantiene la propiedad de una mayoría de las acciones con derecho a voto, un 60% de su capital ya es privado y al menos la mitad de sus acciones están en manos extrajeras. Con la española Repsol, que se transformó en una petrolera de importancia mediana a partir de obtener a precio de remate la muy rentable empresa argentina, hasta entonces estatal, YPF (recordemos que el Estado Español no cuenta con reservas petrolíferas propias), ocurre algo similar, ya que en su control accionario han ido creciendo progresivamente los inversores estaodunidenses. En Argentina, Kirchner mantiene muy buenas relaciones con Repsol desde los tiempos en que era gobernador de la sureña provincia de Santa Cruz, cuando apoyó abiertamente la privatización de YPF realizada por el gobierno de Menem.

Cabe señalar que el conjunto de las concesiones gasíferas y petrolíferas realizadas en Bolivia son ilegales, ya que los decretos que las otorgan nunca fueron aprobados por el Parlamento, como indica la Constitución boliviana. El propio Tribunal Constitucional boliviano ya se había expedido sobre la ilegalidad de todos los contratos.

La prensa brasileña ha lanzado una virulenta campaña instando al gobierno de Lula a ejercer represalias sobre Bolivia, expresando los intereses de la burguesía paulista, que se alimenta energéticamente en un 80% del gas conseguido a precio regalado de Bolivia. Aunque el tono de las controversias luego ha bajado, la tensión llegó incluso al punto que Brasil amenazó con retirar su embajador de este país. Lo mismo ocurre en el Estado Español con el gobierno de Rodríguez Zapatero, que rápidamente envió una misión a Bolivia y ha amenazado con represalias. Los diarios imperialistas, que ayer nomás festejaban el “hecho pintoresco” que para ellos significaba la presencia de un campesino indígena en la presidencia de Bolivia hoy lanzan todo tipo de diatribas contra lo que consideran una “inadmisible manifestación de populismo sudamericano”. Estos ataques buscan condicionar el elemental derecho que tiene Bolivia (y el conjunto de las naciones oprimidas por el imperialismo) a ejercer el control de sus recursos naturales y estratégicos, derecho que defendemos en forma incondicional. El carácter imperialista del Estado y el gobierno español vuelve a quedar claro con esta actitud frente a la medida tomada por Bolivia, como lo es su participación en la coalición imperialista encabezada por EE.UU. que ocupa actualmente Afganistán o en su control colonial de Ceuta y Melilla. Cabe especialmente a los trabajadores y al pueblo del Estado Español, cuya masiva movilización obligó al retiro de las tropas españolas en la ocupación de Irak, una particular responsabilidad en condenar los ataques y presiones lanzados sobre Bolivia.

V. Aunque busque ejercer un derecho elemental de soberanía nacional y es un golpe a las petroleras, la medida tomada por el gobierno boliviano es una acción insuficiente, que espera obligarlas a operar en sociedad y bajo control del Estado. Como antiimperialistas y socialistas decimos claramente que con ello no basta y que es preciso avanzar hacia la nacionalización integral de los hidrocarburos, sin indemnización y bajo gestión de los trabajadores, que permita no sólo la apropiación de la renta gasífera en beneficio de los trabajadores y campesinos bolivianos sino su utilización en un plan de industrialización y desarrollo que permita dar pasos en la superación del atraso de la nación. Esta perspectiva sólo puede materializarse con la intervención de la clase obrera y las masas campesinas, originarias y populares, junto con la activa solidaridad regional e internacional, ya que el gobierno del MAS, que sostiene el proyecto de un “capitalismo andino”, es incapaz de enfrentar consecuentemente al gran capital y el imperialismo, aun cuando ensaye giros como el actual. En mucha mayor medida podemos decir lo mismo del gobierno de Kirchner en Argentina, que a pesar de su retórica ha venido garantizando una rentabilidad récord a las grandes empresas imperialistas y nacionales, y ha pagado de una vez 10.000 millones de dólares al FMI y al Banco Mundial mientras se mantienen las condiciones de existencia de la clase trabajadora son peores al promedio de la “década neoliberal” de los ’90 pese a cuatro años de fuerte crecimiento económico. Y ni hablar en el caso de Lula, que ha mantenido una política favoreciendo al capital financiero en completa continuidad con la realizada por su antecesor Fernando Henrique Cardoso. La clase obrera y las masas populares de América Latina deben tomar en sus manos la lucha por la recuperación de los recursos naturales y estratégicos de la región, luchando por su nacionalización efectiva e integral bajo gestión de los trabajadores. Con los altos precios actuales de los recursos hidrocarburíferos y de otras materias primas que se producen localmente en el mercado mundial, estos recursos serían una herramienta formidable para la integración de los distintos países latinoamericanos, tarea que durante el siglo XX se han mostrado incapaces de realizar las burguesías locales. Toda la experiencia histórica muestra que en el siglo XXI la unidad latinoamericana será socialista y encabezada por la clase obrera o no será.

VI. Quienes firmamos este llamamiento somos organizaciones socialistas e internacionalistas de distintos países. Llamamos a la más amplia y activa unidad de acción en defensa del derecho de Bolivia a disponer de sus propios recursos y por la nacionalización bajo gestión de los trabajadores de los recursos naturales y estratégicos. Llamamos a realizar todo tipo de acciones para enfrentar a los pulpos petroleros, el imperialismo y sus agentes locales, como Lula en Brasil -abogado de Petrobras- y Kirchner en Argentina -defensor de Repsol-YPF-. Llamamos en especial a las organizaciones que se reivindican de la izquierda socialista, como el PSTU y el PSOL de Brasil, el PO, el MAS y los MST’s en Argentina, el POR y el MST en Bolivia, El Militante y el PRT en el Estado Español, la LCR, LO y la FLO en Francia, para que pongamos nuestra fuerza en común impulsando actos, movilizaciones y pronunciamientos por:

– Defensa del derecho de Bolivia a disponer de sus recursos naturales y estratégicos.

– ¡Nacionalización efectiva e integral del petróleo y el gas bajo gestión de los trabajadores! ¡Fuera las transnacionales y el imperialismo de Bolivia y América latina!

– Por la unidad de los trabajadores, campesinos y sectores populares oprimidos en la lucha por terminar con la opresión y expoliación imperialista.

Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI) de Bolivia; Liga Estratègia Revolucionaria - Quarta Internacional (LER-QI) de Brasil; Clase contra Clase del Estado Español; Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) de Argentina; Juventud de Izquierda Revolucionaria (JIR) en el PRS de Venezuela; Clase contra Clase de Chile; Liga de Trabajadores por el Socialismo-ContraCorriente (LTS-CC) de México.

18 de Mayo de 2006