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De Sucre a Oruro

El 8 de diciembre en Oruro, el MAS logró aprobar “en detalle” la nueva Constitución Política del Estado (CPE), con la asistencia de unos 160 representantes (sobre el total de 255) pese a la ausencia y boicot de la mayor parte de la oposición [1].

Esto, en medio de la más extrema tensión en la crisis política nacional, que en los días previos vio los enfrentamientos de Sucre y Pando promovidos por la derecha regional “amotinada”.

Estamos ante importantes giros en la situación nacional, que caracterizan un cambio de escenario político. Si hasta ahora predominó el forcejeo en torno a los términos de un “consenso” entre gobierno y oposición, que la derecha quería someter a la lógica pactista de los “dos tercios” para diluir el proyecto de tibias reformas del MAS sin ceder nada o casi nada a cambio; ahora para la derecha se trata de oponer la mayor y más dura resistencia al avance político del MAS, mientras éste insinúa utilizar su fuerza, jugando sobre el filo de la extrema polarización social y política, con el objetivo de forzar una concertación en mejores términos.

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Un giro en la política del MAS

Ante la disyuntiva de dejar hundirse la Asamblea o renunciar a sus propias posiciones políticas para allanarse a las exigencias de la derecha, el MAS prefirió variar de táctica “golpeando para negociar”.

Hasta ahora, durante casi dos años de gestión gubernamental y poco más de 16 meses de funcionamiento de la Constituyente [2], el MAS se jugó a lograr un “gran acuerdo nacional” con los representantes de la oposición neoliberal y regionalista, que viabilizara el “pacto social” de la nueva CPE. Concretó varios pactos parciales (como la Ley de Convocatoria a la Constituyente y Referéndum Autonómico, nuevos contratos petroleros, reforma de la Ley INRA [3], Ley de ampliación del plazo para la Constituyente [4], etc.) y ofreció enormes concesiones, en una política que sólo sirvió para que la reacción recuperara fuerzas y multiplicara su presión.

Ahora, ante el fracaso en los esfuerzos de García Linera y otros jefes masistas para lograr consenso, y sin dejar de hacer grandes concesiones de contenido a la derecha, Evo Morales opta por hacer pesar el poder gubernamental y el apoyo de los “movimientos sociales”para imponer las condiciones de la negociación.

En acciones sucesivas recortó con una nueva Ley el poder económico de las prefecturas modificando la distribución del IDH (Impuesto a los Hidrocarburos [5]), denegó la exigencia de traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre y con su innegable mayoría en la Asamblea aprobó la nueva Constitución. Al mismo tiempo, promovió algunas demostraciones de masas en su respaldo (en apoyo a la asamblea y la anunciada concentración en La Paz para celebrar la nueva CPE).

Además, y ante la escalada en la resistencia de la derecha burguesa, Evo impulsa un “referéndum revocatorio” de los mandatos presidencial y prefecturales, como forma de encauzar la confrontación a un nuevo escenario de concertación en marcos institucionales, socavar a los prefectos derechistas y plebiscitar el “proyecto de cambio”.

Este giro táctico del gobierno de Evo Morales se da en medio de una coyuntura de aguda crisis política y con fuertes rasgos reaccionarios, (preparada por toda la gestión de contención, desmovilizadora y conciliadora del MAS); no significa un abandono de la estrategia de conciliación de clases sino una adecuación a las circunstancias, haciendo una jugada ofensiva para “rayar de nuevo la cancha” sobre hechos consumados en la negociación con los representantes de los empresarios, terratenientes y transnacionales.

Evo Morales intenta consolidar su gobierno sobre la base de concentrar fuerzas en el Poder Ejecutivo, reafirmar el apoyo del movimiento de masas, especialmente campesino e indígena, y consolidar relaciones con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mientras con los referéndum polariza la escena “a favor o en contra del cambio” apostando a encauzar la confrontación por vía institucional.

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La nueva Constitución

Tanto la voluntad de concertación como el intento de fortalecer el rol centralizador del Estado y al Poder Ejecutivo se expresan en el nuevo texto constitucional, que se mantiene “100%” en los marcos del respeto a la propiedad privada y la adscripción al orden burgués y expresa la lógica de conciliación de clases con los capitalistas.

La proclamación de Bolivia como “Estado unitario, multinacional, social de derecho, etc.” inicia un largo texto de 408 artículos sembrado de fraseología comunitaria y nacionalista [6]. Se funda en el reconocimiento de la propiedad privada, legitima la entrega de recursos naturales a la actividad privada, etc.. Limita a débiles autonomías regionales y algunas concesiones democrático-formales las reivindicaciones indígenas, mientras que la aspiración de “tierra” de los campesinos pobres y desposeídos queda limitada por la protección a la explotación capitalista de la tierra (aunque se sometería a referéndum un límite de 10.000 hectáreas de extensión máxima). Fortalece al Poder Ejecutivo, reconoce las autonomías departamentales, trinchera del poder de las oligarquías locales, y mantiene al reaccionario Senado. Y a pesar de la profusa enunciación de derechos humanos y sociales, ni siquiera amplía consecuentemente las libertades políticas (por ejemplo, la forma de elección de legisladores por “circunscripción uninominal” hará extremadamente difícil que grupos de trabajadores o campesinos independientes del MAS logren representación parlamentaria).

Por todo ello, no representa la “refundación de Bolivia” dando cumplimiento a la “agenda de Octubre” como pretende la propaganda masista, sino su negación reformista, por lo que las reivindicaciones y expectativas de los trabajadores, campesinos y pueblos originarios se verán insatisfechas y frustradas.

Sin embargo, el nuevo texto constitucional es rechazado por la mayor parte de la oposición neoliberal y regionalista, pues aunque garantiza lo esencial de las posiciones económicas y sociales de la burguesía, se oponen al diseño del nuevo régimen y la reestructuración político-estatal planteada. Rechazan el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, incluida la reelección presidencial y la mayor intervención del Estado “centralista”. Las oligarquías de la “media luna” [7] insisten en la exigencia de la más amplia autonomía departamental, control sobre la tierra y los recursos naturales locales y limitar a lo decorativo las autonomías indígenas. Tampoco ocultan sus temores a cómo las masas pueden llegar a tomar las frases constitucionales (sobre todo, ante el problema de la tierra y los derechos de los pueblos originarios).

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La política de la oposición burguesa

Por todo ello, la respuesta de la derecha es una escalada brutal de rechazo, que se apoya en el giro reaccionario de la situación interna, e internacionalmente en la derrota política de Chávez en el referéndum venezolano del 2 de diciembre, lo que les hace creer que ha llegado su oportunidad para “frenar la oleada populista” en Latinoamérica.

Haciendo pie en las clases medias urbanas y avanzando en articularse (pese a sus diferencias internas, como las que separan a la burguesía cruceña y a la paceña), la derecha golpea con su cínica demagogia de denunciar la “ilegalidad y autoritarismo” y “defender la democracia”, para deslegitimar y resistir la iniciativa del MAS.

La línea mayoritaria en la oposición sigue siendo “defensiva-ofensiva”: “defensiva”, pues acuerdan en ejercer la máxima presión posible contra el gobierno, bloquear sus reformas o al menos hacerle pagar un alto costo político por las mismas y desgastarlo; “ofensiva”, pues endureciendo el discurso y deslegitimando las acciones gubernamentales y la nueva constitución abona el terreno para objetivos mayores: de profundizarse la crisis, algunos sectores no ocultan sus expectativas de buscar cómo desplazar a Evo Morales del Palacio Quemado.

PODEMOS [8] impugna la CPE y plantea su propia versión de referéndum revocatorio. La CEPB (empresarios privados) sumó su voz al rechazo.

Los prefectos derechistas que viajaron a Washington apelando a la OEA y la ONU, promueven una mayor ingerencia imperialista y de los “gobiernos amigos” de la región, y se disponen a avanzar en la declaración de las autonomías departamentales y en la imposición de sus propios “estatutos autonómicos” a partir del 15 de diciembre, en abierta contraposición a la nueva CPE; mientras la oligarquía cruceña y sus aliados lanzan medidas de presión a través de los Comités Cívicos –como la huelga de hambre-, amedrentan a los opositores y desatan una histeria regionalista, racista y anticomunista (como se vio en Sucre, Cobija, Riberalta, Trinidad, etc.) para abroquelar su propio poder y resistir desde posiciones de fuerza al gobierno.

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Entre el pacto y la confrontación

Mientras, tanto el gobierno, a través de Evo, García Linera y sus ministros, como voceros de la oposición neoliberal (como “Tuto” Quiroga –PODEMOS- y otros), los prefectos, así como la Iglesia, llaman a “volver al diálogo y buscar la concertación”, aunque todavía ninguno acepta rebajar sus condiciones, lo que hace prever duros forcejeos, la prolongación de la crisis y la posibilidad de una mayor confrontación en las próximas semanas.

Para el gobierno y la oposición más lúcida, se trata de canalizar la prueba de fuerzas a través del terreno institucional, aunque se discutan duramente los términos de los referéndum propuestos por el MAS, siguiendo la lógica política de que la confrontación salga del escenario de las calles y se encamine a las urnas, sin permitir que las masas populares intervengan.

En realidad, no sólo sigue abierta la crisis política y alcanza extrema tensión, sino que es de carácter crónico, reflejando la profundidad de las contradicciones nacionales, las diferencias en la clase dominante para “consensuar” la “visión de país” y la reorganización político-estatal que traduce la nueva CPE o el tipo de régimen planteado desde el gobierno, y al mismo tiempo, mantener la contención de las masas expectantes.

La anunciada puesta en marcha de procesos de autonomía departamental dibuja una situación de “régimen quebrado” con la autoridad del gobierno nacional cuestionada en medio país, y el fortalecimiento de las tendencias centrífugas. En este clima enrarecido, no pueden descartarse ni mayores zarpazos de la contrarrevolución, ni irrupciones de masas aprovechando las brechas en las alturas, aunque el esfuerzo del gobierno y de los sectores decisivos de la burguesía y el imperialismo es por ahora “moderar” al MAS y canalizar la crisis en los marcos de la institucionalidad burguesa, tratando de impedir una mayor desestabilización y el riesgo de nuevas erupciones de la lucha de clases .

Sin embargo, la magnitud de la crisis mantiene abiertas las posibilidades no sólo de avances reaccionarios, sino también, de que reemerjan las contradicciones más profundas que hacen a la etapa revolucionaria, como las de una intervención superior de las masas.

6
Las direcciones y el movimiento obrero y popular

A pesar de dos años de contención y cooptación desde el gobierno, las masas tienen enormes reservas de energía y capacidad de movilización como para volcar en su favor la balanza. Sin embargo, las direcciones de los “movimientos sociales” enroladas en el MAS o afines al mismo, han hecho todo lo posible por mantener a las masas fuera de escena, o permitirles ingresar de manera controlada, sólo en la medida en que no afecten la estrategia oficialista de concertación. Actuando como mecanismos de transmisión decisivos de la política de contención y conciliación del MAS, el rol de las direcciones mayoritarias es frenar y maniatar a las masas para impedir su intervención independiente en la crisis.

Así, la CSUTCB [9], las organizaciones de colonizadores, la COR y FEJUVE alteñas [10], etc. han hecho pronunciamientos y algunas demostraciones de apoyo al gobierno y a la nueva CPE, pero no han alentado ninguna gran lucha de masas por las demandas más elementales, han dejado aisladas las luchas que se dieron, y no han hecho nada para enfrentar con los propios métodos de los trabajadores a la derecha.
Por otra parte, la COB [11] dirigida por Pedro Montes ha quedado convertida en la “quinta rueda” del carro oficialista, negándose a organizar la lucha por el salario y las demandas laborales para no entorpecer sus buenas relaciones con Evo Morales, y sobre todo, negándose a permitir que los trabajadores discutieran una posición propia ante los grandes problemas nacionales e intervinieran como clase en la crisis.

Al mismo tiempo, al negarse a tomar en sus manos la lucha contra la carestía de la vida y la inflación, que afecta a los salarios y las condiciones de vida del pueblo pobre, para no perjudicar al gobierno que administra la política económica, le dejan el campo libre a la demagogia de la derecha.

7
¿Cómo derrotar a la derecha?

El camino de conciliación y pasividad que proponen el MAS y las burocracias sindicales que lo apoyan es el de la derrota para los trabajadores y el pueblo.
Por el contrario, el único camino para triunfar es el de la movilización general de los trabajadores y el pueblo. ¡Es urgente poner en pie de guerra al movimiento de masas a nivel nacional! ¡Hace falta el más amplio frente único de obreros, campesinos, estudiantes combativos, sectores populares y pueblos originarios para enfrentar a la derecha e imponer las demandas de los trabajadores y el pueblo y medidas de fondo frente a la crisis nacional!

Pero para ello, es necesario romper con la política de pactos y concertación del gobierno, que les ata las manos a los trabajadores, los campesinos e indígenas, mientras solivianta a la reacción.

Desde las bases es necesario luchar para que la COB, COR y FEJUVE de El Alto, las organizaciones campesinas, de cocaleros y de los pueblos originarios, rompan la subordinación a la política frenadora y conciliadora del MAS a que las someten las burocracias sindicales, preocupadas por prebendas y “espacios políticos” y no por las necesidades de la lucha obrera y popular.

¡Hay que imponerles la formación de comités de autodefensa de masas en todas las organizaciones, exigiendo al gobierno que entregue armas para enfrentar los ataques de los grupos de choque de la reacción, comenzando a sentar las bases para la construcción de milicias obreras y campesinas!

¡Por la reforma agraria radical e inmediata, expulsión de las transnacionales petroleras, reversión de las empresas “capitalizadas”, nacionalización de la agroindustria, la minería, la banca y las grandes empresas y servicios! ¡Por un salario a la altura de la canasta familiar, comités populares de abastecimiento y control de precios para enfrentar la especulación y la carestía de la vida!

Hasta ahora las direcciones se han limitado a hacer ampliados cupulares o reuniones al servicio de las necesidades políticas del MAS. ¡Hay que impulsar e imponer un gran Encuentro nacional de los trabajadores y el pueblo pobre del campo y la ciudad, con representantes de base y mandato de sus asambleas, para adoptar un plan de acción basado en medidas como las señaladas, para aplastar a la reacción con los métodos de las masas e imponer solución a las demandas impostergables de los trabajadores y el pueblo! Una gran reunión de estas características, podría ser el punto de partida para poner en pie una genuina Asamblea Popular, una representación democrática de las masas en lucha, inspirada en el ejemplo de la asamblea del ’70, que pueda concentrar la fuerza y decisión de las masas.

En un escenario de crisis, confrontación y búsqueda de pactos reaccionarios como el presente, es más urgente que nunca que los trabajadores no queden encerrados por sus direcciones en las luchas parciales y al margen de los grandes problemas nacionales, sino que puedan contar con una expresión política propia, de clase. La dirección de la COB enterró hace tiempo, en beneficio de sus acuerdos con el MAS, las resoluciones para impulsar un Instrumento Político de los Trabajadores [12]. Pese a las cúpulas aliadas al gobierno, es necesario retomar esa tarea e impulsar la construcción de una herramienta política de la clase obrera para dar la pelea en todos los terrenos, tarea en la que los trabajadores avanzados tienen que tomar la iniciativa.

8
¿Es la hora del fascismo?

Desde algunos sectores de izquierda se identifica el avance y acciones de la reacción, con el avance del fascismo. Algunos hablan del peligro fascista para justificar el frente con la burguesía y los militares “democráticos” y subordinar al mismo las demandas populares. Otros, simplemente demuestran su confucionismo, pues al meter bajo la misma etiqueta de “fascismo” a diversas corrientes políticas y fenómenos reaccionarios, impiden clarificar la situación real, los peligros decisivos y las tareas que deben asumir los trabajadores y campesinos.

En Sucre, Santa Cruz y la “media luna” tenemos una derecha ultrarreaccionaria que ha logrado base de masas –sobre todo en la pequeño burguesía urbana– agitando demagógicamente las banderas regionales –como la autonomía departamental o la “capitalidad plena” para Sucre–; con las que encubre la protección de latifundios y privilegios, y la aspiración a seguir controlando y explotando “sus” departamentos como si fueran sus fincas y haciendas.

Con los Cabildos y paros cívicos, y en acciones callejeras y enfrentamientos como en Sucre, Cobija, Trinidad, Riberalta [13], han logrado hacer movilizaciones de masas reaccionarias con las que reafirmar el control regional y presionar al gobierno.

Sobre esta base política y social, las élites burguesas y terratenientes locales buscan establecer virtuales “minidictaduras departamentales” para impedir que emerja el incipiente movimiento de los trabajadores, campesinos pobres e indígenas secularmente explotados y oprimidos y negociar desde una posición de fuerza con el gobierno central.

Para esta tarea dejan correr grupos de choque, al estilo de la Unión Juvenil Cruceñista, los “Jóvenes por la Democracia” en Cochabamba, etc., que se nutren de la pequeño burguesía, sectores universitarios y el lumpen urbano, y son amparados por los aparatos prefecturales y los Comités Cívicos.

De hecho, hay un movimiento de masas reaccionario bajo banderas regionalistas y conservadoras, basado en las clases medias urbanas y al calor del cual se desarrollan bandas de corte fascistizante; pero no hay todavía un movimiento de masas fascista.

Lo que facilita el desarrollo de esos fenómenos es la política reformista del MAS, que al respetar la gran propiedad agraria y no romper con las transnacionales, no puede ofrecer ningún programa alternativo para socavar la base social ni el poder económico y político de las oligarquías regionales. Al mismo tiempo, el MAS impide que los trabajadores, campesinos e indígenas organicen su autodefensa y se armen para enfrentar a los grupos de acción de la derecha, y llama a confiar en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional –fuerzas represivas con múltiples lazos con la burguesía y las élites regionales– que ya en Sucre y Cobija mostraron su poca disposición de batir a la derecha.

Bastaría que se dicte una radical reforma agraria, se nacionalizen bajo control de los trabajadores los bancos, las grandes empresas y agroindustrias y se reconozcan plenos derechos laborales y un salario acorde a la canasta familiar, para que los trabajadores, campesinos, empleados y pueblo humilde del Oriente se liberen de la tutela de los Comités Cívicos y se pongan en pie de lucha. Si junto a ello, las organizaciones de masas organizan su autodefensa, exigen al gobierno la entrega de armas y centralizan milicias obreras y campesinas, dándoles algunas lecciones a las envalentonadas bandas de la reacción, la mayor parte de los jóvenes ricos y lúmpenes dispuestos a apalear “indios”, perdería todo valor combativo.

Además, en un país semicolonial e industrialmente atrasado como Bolivia, la forma más probable que asumirá la contrarrevolución, como lo muestra la historia misma, es la de los golpes militares y gobiernos bonapartistas de derecha, de los que los grupos fascistas serán a lo sumo auxiliares o “vanguardia de choque”. Nada es más criminal que la política del MAS de generar confianza y embellecer a las Fuerzas Armadas, masacradoras de Octubre, que en los momentos decisivos no dejarán de jugarse a reeditar el papel de los Barrientos, Banzer o García Meza para enfrentar el peligro de la revolución obrera y campesina... si el gobierno de frente popular y las trampas de la democracia burguesa no bastan para impedir su desarrollo. Por ello, no basta declamar contra el fascismo, sino que hay que levantar una política consecuente de autodefensa de masas y para ganar a la base del ejército contra la casta de oficiales reaccionaria y proburguesa hasta la médula, aunque a veces guste vestirse de “patriota” o “democrática”.

9
La guerra civil

En términos similares se plantea la discusión sobre las posibilidades de la secesión del Oriente y una guerra civil. Algunas voces en la derecha utilizan esa posibilidad para chantajear y presionar, algunos grupos ultrarregionalistas se preparan para ello, pero no es la política actual de ninguna fracción decisiva de la clase dominante y el imperialismo, que son conscientes de que ésa sería una apuesta muy arriesgada y al menos por ahora, prefieren jugar las cartas de la democracia y desgastar al MAS al mismo tiempo que aprovechan su rol de contención de las masas en la protección de sus intereses esenciales.

Otras voces entre el populismo radical y la izquierda, magnifican el peligro de guerra civil y su inmediatez para justificar el “apoyo crítico” al gobierno y su Constitución, lavándole, de paso, la cara al MAS, diluyendo su responsabilidad política en la actual situación y justificando la necesidad de “moderación y no caer en la provocación”.

La etapa revolucionaria abierta en Bolivia con el levantamiento insurreccional de Octubre de 2003 se ha caracterizado –y no podía ser de otra forma– por las tendencias a la guerra civil; es decir, a que las luchas políticas no puedan ser reguladas a través de las instituciones normales, y estallen frecuentes enfrentamientos físicos entre las masas y las instituciones represivas, o entre partes enfrentadas de la población.

Sólo Evo Morales y García Linera pueden soñar con suprimir la tendencia histórica a mayores enfrentamientos entre revolución y contrarrevolución con ayuda de sus experimentos reformistas.

La guerra civil es la forma abierta y elevada de la lucha de clases y esta perspectiva está inscripta en las posibilidades de desarrollo del proceso nacional. Innegablemente, una escalada de confrontación plantea la posibilidad de que se reabra el sendero de la guerra civil, incluyendo nuevas explosiones a nivel local. De hecho, el accionar de los grupos de choque es un severo alerta de hasta qué extremos puede llegar la burguesía, que apelará sin duda al golpismo, la guerra civil y el fascismo como último recurso, si presienten que no les queda otro recurso y ven fallar los métodos del MAS de colaboración de clases.

Pero que estén planteadas tendencias a choques mayores entre las masas y la reacción proimperialista, no implica renunciar a un programa y una política revolucionarias, sino luchar con más fuerzas que nunca para liberar la energía de las masas, un programa para preparar a los trabajadores y el pueblo en esa perspectiva, y romper la subordinación política al gobierno del MAS que no hace sino atarles las manos a los obreros, campesinos y pueblos originarios.

10
Retomar el camino de Octubre

El camino de colaboración de clases con la burguesía que practica el MAS es ya conocido y sólo puede llevar a derrotas y frustraciones. Basta recordar que el MNR ahogó la revolución de 1952 apoyándose en reformas nacionalizadoras que no rompieron la dependencia del imperialismo. J.J. Torrez prometió “socialismo” en 1970 pero se negó a armar a los trabajadores permitiendo la preparación del golpe banzerista. La UDP en 1982-85 descargó la crisis económica sobre el pueblo y allanó el camino para el retorno democrático de la derecha al gobierno, al terrible costo de 20 años de “neoliberalismo”.

Es necesario reabrir el camino de Octubre, es decir, el de la lucha por una solución obrera y campesina, por vía revolucionaria, a la crisis nacional.

La única garantía para romper la sujeción al imperialismo y conquistar las demandas obreras, campesinas, indígenas y populares, es decir, para solucionar las grandes tareas nacionales, democráticas, agrarias y antiimperialistas, sin las cuáles es una mentirosa utopía hablar de “refundar al país” y acabar con la pobreza y la opresión, es avanzar hacia un gobierno obrero y campesino, basado en las organizaciones de lucha de las masas y defendido por el puño armado de los trabajadores.

Pero para sustentar esta perspectiva hace falta forjar un “tercer campo” independiente, el de la clase trabajadora, soldando en su torno la más amplia alianza con los explotados y oprimidos del campo y la ciudad.

Por eso, los socialistas revolucionarios, al mismo tiempo que impulsamos con todas nuestras fuerzas la movilización de las masas para derrotar y aplastar a la reacción burguesa y proimperialista, llamamos a no depositar ni un gramo de confianza política en Evo Morales y su proyecto político, a confiar sólo en las propias fuerzas y métodos de las masas y a seguir el consejo revolucionario de “golpear juntos, marchar separados” de Lenin, a denunciar la política de pactos y conciliación con la burguesía del MAS y la burocracia sindical. Ponemos nuestras modestas fuerzas al servicio de un reagrupamiento de la vanguardia detrás de una política y un programa de los trabajadores, única garantía del triunfo, en la convicción de que para asegurar ese triunfo, es necesario construir una poderosa herramienta: un partido de los trabajadores revolucionarios.

La Paz, 11 de diciembre de 2007