En el presente artículo ensayamos una interpretación marxista de la revolución mexicana de 1910-1917, apuntando a destacar las líneas fundamentales de la dinámica que se desplegó durante esos años, y que arrastró al conjunto de las clases sociales del México de entonces.

Insurgencia ocurrida en un verdadero cruce de épocas, la revolución de 1910-1917 no sólo es un obligado punto de referencia histórico, sino que plantea múltiples lecciones para las tareas por venir de la futura revolución obrera y socialista en México, y en particular de la alianza entre los explotados y oprimidos de la ciudad y del campo y su actitud frente a las distintas variantes burguesas. Cuando se mantiene y retoma el discurso “historiográfico” del viejo priato –que presentaba como pares a quienes se enfrentaron en el campo de batalla–, la tarea de desmitificar la historia oficial y presentar las causas, tendencias y dinámicas de la revolución sigue vigente.

En el presente trabajo discutimos además con algunos de los postulados sostenidos por Adolfo Gilly, en el entendido que el debate a fondo y sin cortapisas es necesario para profundizar en los problemas de una interpretación marxista de la revolución, y aportar elementos para las tareas por venir.

Introducción

La revolución mexicana iniciada en 1910 fue la primera revolución contemporánea en América Latina. La explosiva aparición de los ejércitos campesinos, la rápida delineación de fracciones opuestas al interior del bloque insurgente y la ruptura del orden capitalista imperante bajo el porfiriato, fueron el temprano anticipo de que la región entraba a vela desplegada en el torrente caudaloso del siglo XX. Y fue distinta de los movimientos insurgentes que se dieron en el continente a inicios del siglo XIX, signados por el enfrentamiento de amplios sectores de las sociedades criollas con los ejércitos y representantes políticos de las metrópolis dominantes, en los que el conflicto de clase sólo pudo emerger incipientemente debido al escaso desarrollo del capitalismo en las formaciones económico-sociales existentes [1].

Si el siglo XX –entendido como centuria de grandes tormentas políticas y sociales– comenzó con la revolución rusa de 1905, con el ascenso del imperialismo como fase específica del capitalismo y con el estallido de la Primera Guerra Mundial [2], la historia contemporánea de América Latina inició, en cierta medida, con la irrupción del torbellino campesino liderado por Francisco Villa y Emiliano Zapata y la crisis general del atrasado capitalismo mexicano que, en su dinámica, mostró algunas de las particularidades que se verían, en las décadas siguientes, en la lucha de clases de la región.

En ese sentido, el derrotero del proceso revolucionario que duró casi una década y los alineamientos de clases que allí se dieron, no pueden comprenderse sin considerar los acontecimientos internacionales y las tendencias profundas que se desplegaban impetuosamente más allá de las fronteras de México.

Desde las últimas décadas del siglo XIX, la extensión de las relaciones de producción e intercambio capitalista desde Europa y EE.UU. incorporó a los países de desarrollo atrasado al mercado mundial. En este período de transición entre el capitalismo de libre competencia y la fase imperialista, se desplegaron las tendencias fundamentales que animarían la economía mundial capitalista durante el siglo siguiente [3].

El desarrollo abrupto de modernas relaciones de producción en los países que no habían realizado previamente su revolución democrático-burguesa, posibilitó que incorporasen elementos técnicos y tecnológicos avanzadísimos y también sus consecuencias sociales, absteniéndose de repetir determinadas etapas históricas, pero sin acercarse a concretar tareas como la reforma agraria y la liquidación íntegra y efectiva del latifundio.

Esto resultó una expresión de lo que León Trotsky denominó la ley del desarrollo desigual y combinado del proceso histórico bajo el capitalismo, la cual implicaba –para decirlo resumidamente– que, al calor de la extensión e internacionalización de las relaciones capitalistas y de la temprana llegada del capital extranjero, se preservaban las formas precapitalistas de producción (que en el caso de América Latina fueron denominadas por muchos historiadores como “feudales” o “semifeudales”) subsumidas a la incorporación de elementos propios de la modernización capitalista, como fue –por ejemplo– el desarrollo industrial acelerado e importantes avances técnicos como el ferrocarril y el telégrafo, integrando en una misma estructura económico-social nacional a varias subestructuras, que mantuvieron entre sí una relación compleja y contradictoria. Esto tuvo su correlato en la adecuación de las estructuras de clases, necesaria para insertar a los países en la división internacional del trabajo; de esta forma, por ejemplo, los países latinoamericanos más importantes (como México o Argentina) se convirtieron en exportadores de materias primas, al mismo tiempo que se instalaban industrias, se extendían las vías de comunicaciones, y surgían nuevas clases sociales [4].

En México, las bases preparatorias de la entrada del país al mundo capitalista fueron dadas por las guerras de Reforma [5]. El resultado no sólo afectó a la Iglesia, sino también a las tierras comunales consideradas como tierras muertas; bajo las leyes de Juárez, lejos de algún tipo de reforma agraria, se propició una nueva concentración del latifundio, en torno a la hacienda [6].

Bajo el porfiriato (1876-1910) este proceso maduró en una dinámica motorizada por un formidable proceso de expropiación de tierras comunales en el campo y una readecuación violenta de la estructura de clases, que expulsó a los antiguos propietarios, que se transformaron en peones acasillados o en trabajadores manufactureros. México –sin haber concretado la revolución agraria–, entró a la esfera del capitalismo mundial combinando formas y relaciones sociales arcaicas en el campo, con los adelantos de la producción capitalista, que se expresaron fundamentalmente en el desarrollo de determinadas ramas de la industria manufacturera y extractiva. En este proceso jugó un rol determinante el capital extranjero, fundamentalmente norteamericano, británico y francés (en ese orden de importancia).

La hacienda, lejos de implicar una moderna agricultura capitalista, mostraba en la figura emblemática del peón acasillado (o por endeudamiento), la utilización de formas atrasadas de explotación como la base de las relaciones de dependencia salarial.

Mientras de los campesinos desposeídos surgió incipientemente una nueva clase obrera en áreas como la minería, los ferrocarriles y la industria textil [7] , y en cuyos sectores más avanzados hicieron pie ideas anarquistas y socialistas utópicas; en cambio, la burguesía mexicana surgió atrofiada y vinculada al régimen político porfiriano y a la propiedad terrateniente. El desarrollo capitalista se basó fundamentalmente en el rol mayoritario del capital extranjero, y los capitales mexicanos se orientaron fundamentalmente hacia la producción ganadera, algodonera, henequenera, etc., basados por ende en el profundo proceso de expropiación de tierras [8] . De esta forma, el porfiriato garantizó, durante varias décadas y con mano férrea y métodos dictatoriales, la modernización económica y la opresión y explotación de las grandes mayorías.

Sin embargo, desde 1906, se gestaron las condiciones que trastocaron la estabilidad porfiriana, y que coincidieron con nuevas tendencias a la inestabilidad fronteras afuera de México. Por una parte, la crisis económica internacional de 1907 tuvo consecuencias importantes en el país, particularmente con la caída de las exportaciones mineras y agrícolas y el crecimiento del desempleo. Junto a esto, la nueva clase obrera, todavía muy minoritaria en un país mayormente agrario, y dispersa geográficamente (la Ciudad de México era, aún en 1910, un centro esencialmente administrativo con escasa concentración proletaria) protagonizó en 1906 y 1907 las luchas de Cananea (mineros) y de Río Blanco (textiles), bajo la influencia del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón (que fueron el principal referente del anarquismo nativo). En el campo, décadas de avasallamiento contra los derechos de los pueblos provocaban numerosas rebeliones, sofocadas una y otra vez por los “rurales”; fue de allí de donde provino la chispa que durante casi diez años incendiaría la pradera y fue esa la base de la capacidad de Villa y de Zapata para organizar sus ejércitos revolucionarios. En ese contexto económico-social, las disputas al interior de la burguesía crecieron, y Francisco I. Madero se convirtió en el representante de los antireeleccionistas; sobre estas fricciones operaban las contradicciones interimperialistas, siendo el maderismo apoyado por los capitales del ascendente imperialismo norteamericano contra los representantes del capital inglés y francés, en los últimos tiempos más vinculados a Díaz; todo esto en un contexto donde las potencias imperialistas se acercaban aceleradamente a la Primera Guerra Mundial.

La creciente entrada del capital extranjero y la cercanía a la pujante potencia norteamericana; la estructura económica que combinó la modernización con el mantenimiento de relaciones arcaicas en el campo; un régimen despótico y reelegido una y otra vez; y la emergencia de poderosas fuerzas sociales en el campo y en las ciudades, fueron el trasfondo del proceso revolucionario.

Ocurrido en una verdadera encrucijada histórica, signada por el cambio epocal (esto es el pasaje a la etapa imperialista del capitalismo), el proceso iniciado en 1910 se dio en el interregno entre la vieja revolución burguesa y la revolución proletaria. La imbricación con el capital imperialista y la necesidad de preservar el orden capitalista (basado en la importancia de la propiedad terrateniente), condicionaron a los principales líderes burgueses y pequeño burgueses y su actitud reaccionaria ante las demandas campesinas. Al mismo tiempo, la relativa inmadurez del desarrollo económico-social del capitalismo, se expresó en la dificultad para que emergieran las condiciones políticas y los sujetos capaces de resolver las tareas que las clases poseedoras no resolverían.

Lejos de disolverse en el aire, esta contradicción (un atolladero histórico en el sentido más cabal de las palabras...), surgió de forma furiosa en un proceso revolucionario cuya forma fundamental y más álgida fue la guerra civil protagonizada por los ejércitos nacidos de la movilización revolucionaria que sacudió las haciendas, pueblos y ciudades desde 1910, y que encerró, en ese momento militar, los antagonismos de clase existentes y los programas políticos en juego.

Este atolladero histórico se expresó también en las formas que asumió el conflicto de clases donde, mientras se dio una verdadera guerra civil basada en la acción de las masas agrarias (la más violenta y cruenta que conoció América Latina durante el siglo pasado), al mismo tiempo hubo carencia de las formas características de los procesos revolucionarios del siglo XX, como la huelga política y la insurrección, las cuales necesariamente van vinculadas a la existencia de un movimiento obrero que tienda a la acción revolucionaria, un factor ausente en esos años [9].

Una periodización de la revolución

Primera fase: Del levantamiento contra Díaz, a la destrucción del Ejército del Estado burgués
El 20 de noviembre de 1910, siguiendo el llamamiento público formulado por Francisco I. Madero en su “Plan de San Luis”, se inició el levantamiento armado de las guerrillas campesinas, como las que se alzaron en Chihuahua, lideradas por los norteños Francisco Villa [10] y Pascual Orozco, o en Morelos, bajo el liderazgo de Emiliano Zapata. Durante las semanas siguientes, se dieron crecientes escaramuzas y enfrentamientos de insurgentes contra las partidas del ejército federal, y paulatinamente se fueron incorporando campesinos y pobladores a los primeros grupos rebeldes. Mientras tanto, en febrero de 1911 Madero regresó al país desde los EE.UU..

Había comenzado la revolución, impulsada en primera instancia por la disputa al interior de la clase dominante, en donde Madero representaba al bloque antireeleccionista que presionaba para obligar a una negociación al antiguo régimen. Y, tras la dirección política maderista, se articulaba un amplio frente o bloque policlasista, que iba desde sectores de la burguesía (el mismo Madero era un hacendado), la pequeño burguesía urbana, la clase obrera, así como los peones agrícolas y campesinos. Debilitado, con su apoyo social muy menguado y reducido, el régimen porfirista tenía los días contados.
El movimiento enlazó demandas democrático-políticas (como la renuncia de Porfirio Díaz y la consigna de “Sufragio efectivo, no reelección”) con otras de corte social, enarboladas fundamentalmente por el movimiento campesino, el cual se unió a la revolución persiguiendo sus propias reivindicaciones, expresadas por los zapatistas en la consigna de “Abajo haciendas, arriba pueblos”.
Esta primera fase (que se extiende desde noviembre de 1910 hasta junio de 1914, con la victoria de la División del Norte en Zacatecas), se caracterizó por el hecho de que la dirección burguesa antiporfirista logró que los explotados y oprimidos que se incorporan al movimiento revolucionario permanezcan bajo su égida política y alineados en un mismo bloque (a excepción del zapatismo, que mantendrá permanentemente su independencia política). Al mismo tiempo y a pesar de los cambios de gobierno, el Estado burgués mantendrá su continuidad. Sin embargo, con el correr de los meses se profundizará el ascenso de las masas campesinas y obreras y la masificación de su accionar, convirtiéndose en las verdaderas protagonistas y liquidando toda posibilidad de restringir el proceso revolucionario a meras reformas en el régimen político.

En ese sentido, durante los meses siguientes, con la clara aspiración de hacer propio y concretar el único punto social del Plan maderista [11] , se extendieron los levantamientos en distintos puntos del país. El 10 de mayo, Villa y Orozco atacaron Ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos; y el 20 y 21 de mayo de 1911 las sureñas ciudades de Cuautla y Cuernavaca fueron ocupadas por unos 4.000 hombres liderados por el morelense Emiliano Zapata.

Un primer intento de contener la revolución en ascenso fueron los acuerdos concertados en esa misma ciudad entre el gobierno federal y Madero. Mediante los mismos, se pactaba la renuncia de Díaz, un interinato hasta las nuevas elecciones y el desarme de los insurgentes: “Tanto Díaz como Madero comprendieron la doble advertencia del norte y del sur: había que llegar a un acuerdo, antes de que la guerra campesina pasara por encima de todos ellos” (Gilly, 1980: pág. 47).
La revolución obligó así a la renuncia de Porfirio Díaz, a pesar de estar todavía en sus fases iniciales y de que aún no había alcanzado un carácter masivo. Pero esto ya era testimonio contundente de la fuerza irresistible de las profundas y ancestrales aspiraciones motoras del levantamiento en el campo: el ansia de tierra, que –aunque se expresara con distintas formas locales– tendía a unificar y le daba un carácter nacional al movimiento revolucionario.
Al mismo tiempo, la salida pactada de Porfirio Díaz intentó desactivar la revolución y garantizar la preservación del Estado, contando para ello con el posicionamiento de Madero como dirección del movimiento revolucionario, quien mantuvo intacto el Ejército federal.

El 1° de octubre de 1911, luego de un breve interinato, las elecciones le dieron el triunfo a la fórmula Francisco I. Madero-Pino Suárez. Se abrió un nuevo momento político de esta primera fase. En el mismo, Madero intentó desactivar el movimiento revolucionario, para lo cual su proyecto político apuntaba a introducir algunas reformas políticas formales, limitando el proceso a un cambio de personal político del Estado burgués [12]. Sin embargo, esto fracasó; el nuevo gobierno cayó rápidamente en el desgaste y aislamiento, con sus movimientos restringidos por dos fuerzas colosales que preparaban la confrontación.

Por un lado, los partidarios del porfirismo comenzaron a preparar la contrarrevolución, para sacarse de encima a un gobierno que –aunque no se proponía más que tímidas reformas políticas–, les resultaba poco confiable debido a la presión que sobre él ejercía el movimiento de masas, el cual era su principal base de apoyo y que, en contraste, estaba carente de un aparato político consolidado. Un ala de la clase dominante buscaba despejar el camino para apuntar sus armas y ahogar en sangre sin dilaciones al movimiento insurgente.

De otra parte, el proceso de agitación creciente del movimiento de masas que sentían la renuncia de Díaz como un triunfo, iba in crescendo. Por ejemplo: “la caída de Díaz fue la señal para un nuevo impulso de organización y de movilización de los trabajadores, que se tradujo en la formación de nuevos sindicatos y en una ola de huelgas. En los primeros nueve meses de 1912, por ejemplo, hubo un total de cuarenta huelgas solamente en la industria textil (la más importante de la época)”. En ese sentido, los intentos por desarmar al zapatismo y contener el reparto espontáneo de tierras, realizados primero por el gobierno interino y luego por Madero, sólo generaron desconfianza entre los campesinos. Conocido es el hecho de que Emiliano Zapata estuvo cerca de fusilar a Madero, cuando éste todavía no asumía [13]. A los escasos veinte días de que aquel se convirtió en presidente, el dirigente morelense lanzó el Plan de Ayala, que denunció la traición de Madero a la revolución y su abandono del Plan de San Luis Potosí, llamó a su derrocamiento y enarboló un programa que afirmaba que “los terrenos, montes y aguas usurpados por hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y justicia venal” pasarán a manos de “los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades... manteniendo con las armas en la mano la mencionada posesión...”, proponiendo también la nacionalización de las propiedades de todos los enemigos de la revolución, definición bajo la que se englobaba a todos los terratenientes y capitalistas. Durante el período siguiente, la rebelión zapatista se extendió por varios estados del sur del país, bajo la bandera del Plan de Ayala, y se mantuvo hasta la derrota del Ejército federal en 1914.
Por detrás de la continuidad de la rebelión zapatista, se expresaba que el reparto agrario era el objetivo fundamental de la revolución democrático-burguesa nunca realizada en México, el cual no podía ser concretado por el maderismo, en tanto fracción de la burguesía triunfante.
Esa contradicción fue la clave que explicó la irrupción violenta de los millones de oprimidos, explotados y desposeídos en los años siguientes y la obstinada continuidad y radicalización del proceso revolucionario, echando por tierra los intentos de contenerla mediante un cambio de régimen político.

La contrarrevolución golpeó rápida y primero, mediante el golpe de Estado liderado por Victoriano Huerta, ministro de Guerra de Francisco I. Madero, con el aval y la complicidad de la embajada norteamericana (que cambió su actitud previa ante el maderismo), y con el apoyo de gran parte de las clases poseedoras [14]. La dictadura de Huerta descargó una política abiertamente contrarrevolucionaria, combinada con intentos de corromper y atraer a sectores de la clase obrera y de los mismos ejércitos revolucionarios [15].

Se desplegó entonces un nuevo momento de esa primera fase del proceso revolucionario, en el cual el bloque antihuertista se organizó militarmente y se enfrentó con los ejércitos federales. Implicando un verdadero salto respecto a lo ocurrido desde noviembre de 1910, la guerra civil se generalizó. Y aunque la burguesía maderista (ahora constitucionalista) continuó detentando la dirección política, la movilización militar en el campo mostró la masividad alcanzada por el ascenso revolucionario, al mismo tiempo que se configuró paulatinamente un polo opuesto en torno a las direcciones campesinas de Villa y Zapata.

El 20 de marzo de 1913, Venustiano Carranza, maderista y ex gobernador de Coahuila, lanzó el Plan de Guadalupe, cuyas reivindicaciones eran esencialmente políticas y no retomaban ninguna de las planteadas por el Plan zapatista [16].

El constitucionalismo se dotó de una poderosa fuerza armada, de la cual formaban parte los Ejércitos del Noroeste y del Noreste, bajo las órdenes de Álvaro Obregón y Pablo González, así como la División que comenzó a armar Francisco Villa a su regreso del exilio en EE.UU.. Mientras tanto, Emiliano Zapata hostigaba al Ejército federal a las puertas sureñas de la Ciudad de México, independiente del mando de Carranza.

Desde los inicios de este enfrentamiento con el gobierno federal, surgieron fricciones al interior del constitucionalismo. Esta se hizo notoria cuando Carranza, desconfiando del “bandolero” Villa y de su predicamento entre los campesinos, quiso limitar sus movimientos, subordinarlo a Obregón y removerlo de su cargo al frente de la División del Norte [17]. La División del Norte, que se transformó en un foco de atracción para los campesinos y sectores minoritarios del movimiento obrero ferrocarrilero y minero insurrectos, y se convirtió en un poderoso ejército campesino, arrasó con las tropas federales en Torreón, Chihuahua, Saltillo y finalmente en Zacatecas, asumiendo el grueso de los enfrentamientos militares claves, con lo que difícilmente se puede comparar con el desempeño militar de los otros dos ejércitos constitucionalistas, especialmente en el caso de Pablo González [18] .

La toma de Zacatecas (considerada entonces como una de las puertas de entrada a la Ciudad de México), el 23 de junio de 1914, cuando las tropas de Pancho Villa desoyeron las instrucciones de Carranza y aniquilaron la columna vertebral del Ejército federal, señaló el fin de la primera fase de la revolución. Fue derrotado el fundamento y pilar armado del Estado burgués, lo cual marcó el punto máximo de la desorganización del aparato estatal que sustentó al porfiriato. Al calor de la guerra civil, “Zacatecas significa que el ejército de Porfirio Díaz, de Francisco I. Madero y de Huerta, el ejército cuya continuidad viene desde la guerra contra la intervención francesa, es decir, el ejército sobre el cual se sostiene la continuidad del Estado liberal burgués, ha sido destruido por un ejército de campesinos (...) La espina dorsal del viejo Estado está partida” (Gilly, 1980: 180). La revolución campesina había hecho –por la vía de las armas– lo que no quiso hacer la dirección burguesa maderista. Y fue un acontecimiento que debe rescatarse con orgullo en una historia de los explotados y oprimidos: el triunfo de un ejército campesino que, en sus métodos y acciones, destilaba el odio de clase de los desposeídos. Luego de esto, Obregón aprovechó el triunfo villista y el retraso que Carranza finalmente le impuso al Centauro del Norte, para acelerar su entrada a la capital, concentrando golpes claves sobre los restos de los federales en las cercanías de Guadalajara, y preparando la ocupación de la Ciudad de México.

Segunda fase: De la guerra civil en el bloque antihuertista a la institucionalización de la revolución
La desarticulación del pilar del viejo Estado marcó el inicio de una nueva fase de la revolución, la cual se caracterizó por la guerra civil que confrontó al constitucionalismo con las direcciones campesinas radicales; y los distintos proyectos políticos que, con mayor o menor claridad, expresaban.
El choque al interior del bloque antiporfirista fue expresión política y militar de la contradicción entre la dirección burguesa y el impulso de las demandas históricas de las masas agrarias que abrió una tendencia anticapitalista y contra el orden establecido, confrontación que cortó transversalmente al bloque revolucionario.
De una parte, la dirección constitucionalista, cohesionada en torno a la figura de Carranza, persiguió el objetivo de contener y desactivar la insurrección generalizada de las masas agrarias. Más allá de la extracción social de los oficiales constitucionalistas (en su mayoría del norte del país, de profesiones liberales o hacendados medianamente acomodados), su programa y su acción política apuntó hacia preservar la propiedad privada, reconstituir el Estado y abonar el surgimiento de una nueva clase burguesa, de la cual los triunfadores fueron parte crucial.
Hubo quienes pretendieron hacerlo privilegiando los mecanismos coercitivos (como Carranza, quien expresaba una tendencia más abiertamente burguesa), y oponiéndose a toda idea de una reforma agraria efectiva, mostrando de paso su incomprensión del proceso profundo que recorría al movimiento de masas.
Y quienes, de forma más inteligente, enarbolaron una política que combinaba golpear y/o cooptar a las dirigencias campesinas radicales con la apropiación de parte de su programa, atrayendo así a las masas campesinas que eran el sustento social de aquellas. Fue el caso de Obregón y los constitucionalistas sonorenses, que presionaron a Carranza para volverse más hacia la izquierda e intentar un acuerdo con el villismo. En tanto que el ala que Gilly definió como “jacobina”, encarnada en figuras como Lucio Blanco, Salvador Alvarado y Francisco Múgica, expresaba una tendencia más de izquierda, subordinada a la dirección carrancista, pero que, a la vez, presionaba para que el constitucionalismo retomase demandas sociales y no se limitara a las puramente democrático-formales, lo que por momentos llevó al choque con Carranza, como en la confección del Plan de Guadalupe, o en las expropiaciones realizadas por Lucio Blanco, bajo las órdenes de Múgica, en Matamoros, que fueran censuradas por el “Primer Jefe”.

De otra parte, fue dándose una confluencia cada vez más real entre Villa y Zapata. En el caso de Pancho Villa, su trayectoria lo llevó al maderismo, para luego ser encarcelado por el mismo Madero; después del golpe de Estado de Huerta, se enroló en el constitucionalismo, enfrentándose casi desde los inicios con el Primer Jefe y a su lugarteniente Álvaro Obregón. El villismo osciló entre la dependencia política de las direcciones burguesas y su rechazo irreverente, expresando así su negativa a aceptar la contención de la revolución [19] .

La diferencia con el constitucionalismo se expresaba también en la conformación del propio ejército. Friedrich Katz sostiene que “En Coahuila y en Nuevo León, donde se originaron los contingentes más importantes de tropas carrancistas, el núcleo de los ejércitos revolucionarios venía de las milicias estatales profesionalizadas, que absorbieron a los maderistas deseosos de convertirse en soldados profesionales y se fortalecieron mucho durante la rebelión de Orozco”. En el caso de la División del Norte, “su núcleo no estaba compuesto por milicias profesionales, sino por hombres reclutados en sus comunidades y que todavía conservaban sus vínculos con ellas (...) en contraste con Sonora, Coahuila y Nuevo León, Chihuahua y Durango eran las áreas centrales del descontento agrario en el norte, y una parte de la División del Norte estaba formada por hombres que venían de comunidades expropiadas o que habían ocupado tierras de las haciendas”. Guardaba sus diferencias también con el zapatista Ejército Libertador del Sur, que era fundamentalmente una fuerza guerrillera, y “donde los hombres combatían cerca de sus comunidades, seguían siendo en gran medida campesinos”, y, continúa el autor, “la División del Norte no era en modo alguno un ejercito exclusivamente campesino. Había también vaqueros, mineros, y personas sin ocupación fija”(Katz, 1999: 351-352). Taibo II, basándose en estadísticas y entrevistas, concluye “al igual que Pancho, en su enorme mayoría han tenido a lo largo de su vida adulta varios oficios y una gran movilidad geográfica...” (Taibo II, 2006: 378).

De igual forma, la política implementada por Villa durante su gobierno en Chihuahua (1913), fue muy distinta de la que llevaron a cabo los caudillos carrancistas. Mientras estos últimos se limitaron a ocupar e intervenir transitoriamente las grandes propiedades, Villa, al ocupar Chihuahua, promulgó un decreto que “ordenaba la confiscación de las tierras y demás propiedades pertenecientes a los terratenientes mexicanos más ricos y poderosos de Chihuahua, entre los que destacaban las familias Terrazas, Creel, Cuilty y Falomir” (Katz, 1999: 275) [20]. Y, “tras la victoria de la revolución, habrían de promulgarse leyes que modificarían radicalmente el régimen de propiedad de esas tierras: una parte sería dividida entre los veteranos revolucionarios, otra parte sería devuelta a los propietarios originales, a los que los hacendados se las habían arrebatado, y una tercera parte permanecería a disposición del estado” (Katz, 1999: 275). O, como dice Taibo II, “la verdadera radicalidad de lo que estaba sucediendo en Chihuahua se encontraba en que la desaparición del poder de los hacendados y su brazo armado, el Estado, la Acordada y los rurales, permitieron a las comunidades recuperar los derechos de agua, las zonas de pastura, el libre tránsito, ajustar los deslindes de tierras, abolir las deudas, aumentar los salarios...” (Taibo II, 2006: 405). Sin contar con un programa como el Plan de Ayala, el villismo, de forma pragmática, llevaba adelante medidas ciertamente radicales que marcaban un creciente giro, pasando del maderismo a ser influido por el zapatismo [21] .

Fue justamente este último el que fue más hasta el final y le dio un carácter ininterrumpido a la lucha por las demandas de la revolución. Lo demostró en su intransigencia frente a cada sector burgués que asumía las riendas del Estado o se postulaba para reconstruirlo: primero contra el porfirismo, luego contra Madero, después contra Huerta, y finalmente contra Carranza y Obregón. Aunque esto no surgía de una concepción teórico-política acabada, fue expresión de un profundo agrarismo radical, influido por maestros de formación socialista que formaron parte de su Estado mayor. Y se plasmó en un programa que atacaba sin cortapisas el dominio terrateniente y capitalista en el estado de Morelos, profundizando y llevando más allá los postulados del Plan de Ayala de 1911 [22]. La Ley Agraria de 1915 expresaba y legalizaba lo que sostenían con las armas los campesinos morelenses, al determinar la nacionalización sin indemnización de todas las tierras (lo cual se combinaba con la nacionalización sin pago de los ingenios y destilerías) y establecer el reparto agrario; la misma “establece una dictadura revolucionaria centrada en la liquidación radical de los latifundios y el reparto de la tierra desde abajo, haciendo funcionar a los municipios como órganos de poder de los pueblos para aplicarla” (Gilly, 1980: 250), lo cual era la esencia de la consigna “Tierra y Libertad”, y fue la base de la Comuna de Morelos instaurada en los últimos años de la revolución, en condiciones de aislamiento y de un giro desfavorable en la guerra civil. Mientras las distintas fracciones burguesas y pequeño burguesas eran enemigas de resolver la cuestión de la tierra (a lo que se opusieron en los territorios que controlaron durante la guerra civil), el zapatismo, con todas las limitaciones que puedan encontrársele, demostraba –en tanto dirección campesina radical– su consecuencia para realizarlo localmente e intentar llevar adelante la perspectiva anticapitalista puesta en juego durante la revolución.

Aunque distintas mediaciones intentaron atemperar las fricciones entre Villa y Carranza, suscribiéndose entre ambos el Pacto de Torreón y entrando en primer lugar el Ejército obregonista a la Ciudad de México, esto duró muy poco.
En la Convención de Aguascalientes, realizada en agosto de 1914, se establecieron los límites de cualquier intento de acuerdo entre las dos facciones. La Convención, que reunió a los oficiales y generales de los ejércitos triunfadores, y fue vista por Obregón como una táctica para acercar a las alas menos radicales del villismo (y en particular el espectro de intelectuales que rodeaban al Centauro del Norte), resultó en su contrario: el villismo y el zapatismo confluyeron, influyeron coyunturalmente al ala jacobina del constitucionalismo (Blanco y otros), lograron la aprobación de los puntos centrales del Plan de Ayala, e incluso la Convención votó un llamado a Carranza (cuyos delegados concurrieron encabezados por Obregón) a recapacitar y a subordinarse a esa asamblea soberana. Con estas definiciones, la Convención se convirtió en la más alta y conjunta expresión programática del proceso revolucionario.

La consecuencia fue la ruptura de la Convención, el alineamiento de Obregón y sus oficiales con Carranza, quienes abandonaron la capital, y el dominio transitorio de la alianza villista y zapatista sobre la Ciudad de México (desde su ingreso el 3 de diciembre de 1914 hasta fines de enero de 1915), bajo un gobierno convencionista presidido por Eulalio Gutiérrez.

El triunfo militar en Zacatecas y la realización de la Convención marcó el momento más alto de la revolución, sostenido en el auge de la insurgencia campesina. A partir de entonces, la actitud de las direcciones en pugna irá marcando la resolución del proceso revolucionario.

En ese sentido, después del retroceso táctico que supuso la retirada de la Ciudad de México y su repliegue al puerto de Veracruz, el constitucionalismo –bajo el influjo de Obregón– lanzó una contraofensiva política, con las llamadas adiciones al Plan de Guadalupe, mediante las cuales se prometían leyes agrarias, fiscales y de protección para las clases proletarias, que le dieron un carácter más social y le permitieron apropiarse de las demandas de los líderes campesinos. Esta contraofensiva política fue el sustento profundo de su rearme militar en los meses siguientes.

Mientras el constitucionalismo lanzaba esta ofensiva política, el gobierno convencionista, integrado por Eulalio Gutiérrez y un grupo de intelectuales como Martín Luis Guzmán y José Vasconcelos, los cuales no eran muy afines a los caudillos campesinos, formaron una fracción “neutral” entre las dos alas, pero en los hechos boicotearon la insurgencia campesina y terminaron abandonando el gobierno. Por su parte, ante la ofensiva política del constitucionalismo, los lideres radicales campesinos, a pesar de sus instintos revolucionarios, no mostraron la disposición y capacidad para sobreponerse a una visión localista, y buscar un programa político nacional contrapuesto al programa carrancista, que se propusiera reorganizar a la nación sobre bases alternativas al capitalismo. Esto se expresó en su retirada de la Ciudad de México (que respondió a una escasa voluntad política de gobernar y defender la principal plaza del país), y en la negativa a perseguir a Carranza y derrotarlo en Veracruz, así como en la división del frente villista-zapatista [23] .

Una vez retomado el control de la Ciudad de México, el constitucionalismo sentó las bases de lo que fue pilar fundamental del Estado posrevolucionario: la colaboración entre el gobierno y las organizaciones obreras, personificada en el pacto con la Casa del Obrero Mundial (impulsado fundamentalmente por Álvaro Obregón) y la constitución de los batallones rojos, compuestos por obreros que salieron a combatir a las milicias campesinas [24].

A partir de esto, se desarrolló la debacle militar de los ejércitos campesinos. Mientras el Ejército zapatista retornaba a Morelos, las derrotas sufridas por Villa en las batallas de Celaya marcaron el declive de la División del Norte y el fiel de la balanza se inclinó para el constitucionalismo, luego de lo cual el gobierno de Carranza fue reconocido (en octubre de 1915) por parte de los Estados Unidos.

Aunque visto en retrospectiva podríamos afirmar que, la combinación de triunfos militares y la “contraofensiva política” por parte del carrancismo, aunado a los límites políticos y sociales de la fracción villista-zapatista, habían decidido en 1915 el triunfador; paradójicamente fue durante ese año y el siguiente que cobró forma y fuerza la Comuna de Morelos. Aunque en un momento de declive de la revolución, expresó su punto más alto en términos políticos y programáticos.

La realización del Congreso Constituyente, inaugurado el 21 de noviembre de 1916, marcó el momento final de esta segunda fase. El intento de Carranza por imponer una Carta Magna idéntica a la de 1857, chocó con el ala obregonista y con los “jacobinos”, quienes eran concientes de que la revolución sólo podía estabilizarse si se incorporaban algunas de las demandas que empujaron a millones de campesinos sin tierra a participar en los ejércitos revolucionarios; posición que finalmente se impuso. Sobre la base del aplastamiento de los ejércitos campesinos, y de la liquidación de la faz de la tierra de la Comuna de Morelos, la sanción de la Constitución de 1917 señaló la institucionalización de las demandas de la revolución y su incorporación al nuevo corpus legal del Estado burgués. El triunfo militar y político del constitucionalismo, sin embargo, no significó la desaparición de las contradicciones propias de la instauración de un nuevo régimen. Debido a que la contención y aborto de la revolución se logró combinando la derrota militar de los ejércitos campesinos con la incorporación parcial de sus demandas al marco de la nueva legislación burguesa, durante las décadas siguientes el nuevo régimen tuvo que otorgar determinadas concesiones al movimiento de masas así como perfeccionar sus mecanismos de control sobre el mismo (y en particular sobre el pujante movimiento obrero), realizando además una vasta operación de apropiación ideológica de una revolución que pervivía en la conciencia popular [25] . Desde entonces, los “gobiernos de la revolución” (fundamentalmente los de Obregón, Calles y Cárdenas) afrontaron numerosas disputas al interior del bloque triunfador, las cuales fueron zanjadas política y militarmente (basta recordar los asesinatos de Carranza o de Obregón). Con la fundación del PRM en 1929 (que integró y disciplinó a las distintas facciones del ejército y sacó a éste del centro de la escena política) y después con la integración al “partido de la revolución” del movimiento obrero y campesino realizada bajo el cardenismo, culminó el proceso de institucionalización de la revolución; y el nuevo régimen bonapartista (régimen de partido estado en torno al PRI, continuación del PRM) logró la estabilización requerida para el desarrollo capitalista.

El resultado del ascenso revolucionario y el “aborto de la revolución”

Como planteamos arriba, la dinámica de la revolución estuvo signada por la incapacidad de las direcciones burguesas antiporfiristas para resolver el ansia de tierra, lo que permitió la radicalización campesina y el surgimiento de un ala radical. Asumió una tendencia anticapitalista y un aire “permanentista” –a pesar de que la clase obrera careció de una acción independiente de las alas burguesas–, expresado en que las tareas estructurales que impulsaban al México bronco y profundo a emerger, no podían ser realizadas por los Madero, los Carranza y los Obregón, ya que eso implicaba afectar la gran propiedad agraria en el campo, y tendía a chocar con la burguesía urbana y el capital imperialista.

En ese sentido, difícilmente puede ser encasillada –como hacían los historiadores tributarios de una concepción etapista– como una revolución meramente democrático-burguesa, ignorando el contexto nacional e internacional (signado por el ascenso del imperialismo y el carácter reaccionario de la burguesía mexicana) así como el que la tormenta campesina enfrentó a quienes se postulaban para reconstruir el Estado burgués, tanto porfiristas como antiporfiristas. Sin embargo, esta tormenta revolucionaria finalmente fue contenida, y se reconstituyó el Estado burgués.

Trotsky, durante su estancia en México, iniciada el 9 de enero de 1937 con su arribo al puerto de Veracruz, le dedicó no pocas páginas de su elaboración teórico-política a problemas fundamentales de la lucha de clases de México y América Latina, centrándose en tres cuestiones: el cardenismo y la definición del mismo como un bonapartismo sui generis, el proceso de estatización de las organizaciones obreras, y el carácter de la revolución mexicana de 1910-1917; este último tal vez el menos reconocido por la izquierda mexicana. En el texto “Que ha sido y adonde va la revolución mexicana” (escrito en colaboración con Octavio Fernández), definió una cuestión clave para comprender la dinámica de la revolución: “es precisamente el retraso histórico de la Revolución mexicana, como en el caso de la revolución de 1917, lo que explica el gigantesco aborto que ha sido la revolución mexicana a pesar de los clamores excesivos de los lacayos criollos de las clases dominantes” (Trotsky, 1999. [destacado nuestro]).

Este retraso (que en los inicios de esta elaboración definimos como “atolladero histórico”) se expresó en el carácter reaccionario y antirrevolucionario de la burguesía, pero también en que la clase obrera no pudo ser un factor revolucionario. Y, en ese sentido, la consecuencia de este retraso histórico también fue la irrupción explosiva de las masas campesinas. Ante la incapacidad de las dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, el campesinado se radicalizó en sus métodos de acción, llegando al punto más alto de una política campesina radical: la evolución del zapatismo y su independencia política frente a las distintas facciones burguesas, expresadas tanto en la toma del poder local sobre la base de las milicias armadas, como en los numerosos documentos programáticos que desde entonces no han sido superados por ninguna dirección “neozapatista” [26].

Pero un programa revolucionario para el campo (como el que adelantaba Emiliano Zapata), aunque pudiera imponerse localmente en una primera fase basándose en el pueblo en armas (como en Morelos) requería, para mantenerse y preservarse, de la extensión, no sólo al conjunto del campo, sino fundamentalmente a las ciudades. Desde el punto de vista de la resolución de las demandas de las masas agrarias, tanto por motivos políticos y militares (la necesidad de frenar y derrotar la ofensiva represiva) como económicos (la urgencia de lograr los recursos para perfeccionar la explotación agrícola), la alianza con la clase obrera y su triunfo revolucionario en las ciudades era imprescindible.

La radicalidad campesina requería de un aliado capaz de presentar un programa nacional alternativo al de la dirección constitucionalista, y que se basara, no en la reconstrucción del Estado burgués, sino en la resolución de las demandas campesinas, obreras y populares. Esto no podía surgir del campesinado pobre, una clase heterogénea, dispersa geográficamente, y que no tenía acceso a los resortes fundamentales de la economía capitalista moderna que se comenzaba a desarrollar en México. Por eso era fundamental la alianza obrera y campesina (y que tal vez Zapata haya vislumbrado en su famosa carta sobre la Revolución Rusa, de 1918, ya en el momento de disgregación y declive de la revolución).

El triunfo político y militar del poder constitucionalista expresó con todas sus luces la tragedia de esta revolución. La clase obrera estaba incipientemente desarrollada; a pesar de luchas heroicas, no se había dotado de un programa y una política para establecer esa alianza y contrarrestar la influencia del constitucionalismo burgués. Y tampoco contaba con una organización política revolucionaria capaz de sostener dicha perspectiva. Es evidente que no se puede afirmar que, con una orientación política correcta, el movimiento obrero habría superado sus limitaciones “sociológicas”. Pero una alianza del campesinado insurrecto con el joven proletariado, podría haber legado una perspectiva alternativa a la subordinación posterior del movimiento obrero al PRM y al PRI.

Recuperar el contenido de la definición de Trotsky, arriba planteada, es fundamental. El movimiento iniciado en 1910 se constituyó como una revolución tendencialmente anticapitalista, pero no contó con el sujeto social y político capaz de dirigirla hacia la concreción de sus tareas motoras y fundamentales. Y, retomando una de las definiciones de la Teoría de la Revolución Permanente, “Un país colonial o semicolonial, cuyo proletariado resulte aún insuficientemente preparado para agrupar en torno suyo a los campesinos y conquistar el poder, se halla por ello mismo imposibilitado para llevar hasta el fin la revolución democrática”(Trotsky, 2000: 521). En ese sentido, el resultado fue una restauración de la dominación de clase, la no concreción de la aspiración de tierra, y la consumación –por parte del constitucionalismo triunfante– de un verdadero aborto de la potencialidad anticapitalista de la revolución.

Una crítica marxista a Adolfo Gilly

La revolución interrumpida, escrita por Adolfo Gilly en la cárcel de Lecumberri durante 1966-1970 [27] , plantea elementos fundamentales para una interpretación marxista de la revolución de 1910-1917, recuperando y aplicando categorías como la ley del desarrollo desigual y combinado, y un análisis de la dinámica de las fuerzas sociales en pugna durante la revolución. En la periodización planteada previamente, incorporamos cuestiones claves de la trascendental obra de Gilly. Sin embargo, a continuación presentaremos nuestro disenso con los fundamentos de una de las tesis claves de su interpretación histórica.

Con la categoría de “revolución interrumpida”, el autor buscó otorgar una definición profunda y global de la revolución y sus resultados. Es una categoría cuyo principal mérito estriba en que contrastó con las definiciones propias de las corrientes historiográficas oficiales (que sostenían una continuidad de la revolución bajo los posteriores “gobiernos de la revolución” priístas) y con las concepciones stalinistas, que al estar encerradas en una concepción etapista, no podían ir más allá de justificar el resultado del proceso bajo los limites impuestos por el atraso cuasifeudal del país y subordinarse al “ideario burgués” materializado en la constitución de 1917 [28].

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el contenido que Gilly le da a esta categoría debe ser revisado con mayor profundidad. Dice en el apartado “Tres concepciones de la revolución mexicana”: “La concepción proletaria y marxista dice que la revolución mexicana es una revolución interrumpida. Con la irrupción de las masas campesinas y de la pequeño burguesía pobre, se desarrolló inicialmente como revolución agraria y antiimperialista y adquirió, en su mismo curso, un carácter empíricamente anticapitalista llevada por la iniciativa de abajo y a pesar de la dirección burguesa y pequeño burguesa dominante”. Y continuando afirma “En ausencia de dirección proletaria y programa obrero, debió interrumpirse dos veces: en 1919-20 primero, en 1940 después, sin poder avanzar hacia sus conclusiones socialistas; pero a la vez, sin que el capitalismo lograra derrotar a las masas...” (Gilly, 1980: 398).

En efecto, como planteamos arriba, la revolución adquirió un carácter tendencialmente anticapitalista; interpretarla como una revolución “interrumpida” era correcto en tanto no hubo un aplastamiento contrarrevolucionario de las masas y el nuevo poder tuvo que retomar, a su modo y parcialmente, algunas de las demandas motoras de la insurgencia, quitándoles todo filo revolucionario.

Sin embargo, el autor plantea que el proceso de 1910-1917, que no pudo encontrar una salida a la falta de la intervención dirigente del proletariado, sí “... dio origen y alimentó a un ala pequeño burguesa radical y socializante, nacionalista y antiimperialista, que ejerció una influencia decisiva en las dos primeras fases ascendentes (1910-1920 y 1934-1940) y que aun hoy la ejerce, como expresión política de la continuidad de la revolución pero también, ahora, como un puente hacia la dirección proletaria que se está formando en esta fase y que es la condición de su culminación socialista” (Gilly, 1980: 404). Este apartado que acabamos de citar es, desde nuestro punto de vista, la fundamentación teórica de la concepción de Gilly pero, extrañamente, la revisión del propio autor la hizo desaparecer de las ediciones posteriores.

Cuando sostiene que la revolución dio origen a “un ala pequeño burguesa radical y socializante, nacionalista y antiimperialista” que fue “expresión política de la continuidad de la revolución”, Gilly identifica las tendencias más avanzadas del proceso revolucionario con un ala del constitucionalismo triunfante. Sin duda, el ala encarnada por Múgica (y luego por Cárdenas) fue la izquierda del constitucionalismo [29]. Pero, sin embargo, establecer la diferencia entre los distintos sectores burgueses y pequeño burgueses, así como valorar en su justo término su liberalismo radical y sus rasgos nacionalistas (y las medidas progresivas que puntualmente puedan tomar), no puede ser igual a considerarlos como un puente hacia la revolución proletaria.
El problema del planteo de Gilly es que evalúa a este ala “nacionalista y antiimperialista” por sus aspectos progresivos, minimizando y dejando de lado el rol asumido por el conjunto de las facciones del constitucionalismo para frenar y contener el movimiento revolucionario, preservando y reconstituyendo el régimen de dominación capitalista. Y presenta una evaluación de la revolución donde, paradójicamente, tras el correcto adjetivo de “interrumpida” se encuentra en realidad la idea de una continuidad (o ininterrupción) entre la dinámica del proceso revolucionario (que en su libro él define correctamente como anticapitalista) y la política de un ala específica de los triunfadores, que finalmente llegó al poder en 1934 bajo el cardenismo. En síntesis, podríamos decir que, para Gilly, aunque interrumpida, continuó y pervivió en un ala de la facción triunfante.

Gilly omite una cuestión clave: aunque el ala “socializante” se apoyase en el movimiento obrero y campesino, y defendiese un programa de reformas radicales nunca vistas bajo otra legislación burguesa, el resultado de la política del constitucionalismo (y en particular de esta ala jacobina como parte del mismo) fue antirrevolucionario desde el punto de vista de la dinámica anticapitalista. Y esto fue así porque fue actor en la labor de contención del proceso en curso: los ejércitos constitucionalistas combatieron al villismo y al zapatismo, y el ala jacobina integró a estos ejércitos y subordinó a su dirección, más allá de que el rol principal recayera en los obregonistas [30] .

En ese sentido, esta valoración acrítica por parte de Adolfo Gilly no era exclusiva del apartado que citamos previamente. También puede encontrarse en su análisis de la Constitución, presente en otro capítulo de su obra. Gilly explica cómo la sanción de la misma fue posible a partir de la alianza entre el ala centro (dirigida por Álvaro Obregón) y el ala jacobina liderada por el General Francisco Múgica, “fueron esos artículos, y en especial los referentes a la cuestión agraria y a los derechos del trabajador, ausentes del proyecto y las intenciones carrancistas y contrarios a estas, los que convirtieron el proyecto de reformas al texto de 1857 en una nueva constitución”. Y aunque plantea el carácter burgués de la Constitución, aunque sostiene que la política de Obregón partía de que “comprendía que para consolidar los triunfos militares sobre los ejércitos campesinos era imprescindible hacer profundas concesiones”, y aunque plantea que los derechos consagrados en la Carta Magna “fueron aplicados en parte o considerados letra muerta” por los gobiernos sucesivos, no saca las conclusiones necesarias y omite una definición fundamental para cualquier análisis marxista: la Constitución de 1917, si bien implicó un reconocimiento parcial y distorsionado de las demandas, supuso la institucionalización de las mismas y la subordinación del movimiento de masas a la confianza en la legislación del régimen burgués. En ese sentido, la acción de las distintas alas del constitucionalismo, lejos de ser continuidad de la insurgencia armada de la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, representó su opuesto. A eso nos referimos antes, cuando hablamos de que la revolución sufrió un gigantesco aborto a manos de la facción triunfante, en sus distintas alas y matices. Y esto es lo que no aparece en Gilly o está completamente minimizado.

La revolución de 1910-1917 expresó cuestiones claves de la revolución en los países de desarrollo capitalista atrasado, condensadas en la teoría de la Revolución Permanente; una de ellas es la imposibilidad de que facciones de la burguesía, por más socializantes que sean, resuelvan las demandas estructurales de las grandes mayorías agrarias o que sean incluso un paso progresivo en su resolución. Durante la revolución, la insurgencia campesina generó una fuerza opuesta (toda acción genera reacción...) que, temerosa de las consecuencias revolucionarias de la acción de los desposeídos y explotados, buscó contrarrestar y encorsetarla en los límites de un Estado y un régimen burgués, que fue en los hechos y en el texto el programa de este sector jacobino.

Olvidando esto, Gilly se impresionó por los aspectos antiimperialistas del programa de estos sectores, olvidando, más allá de que parcial e individualmente tuviesen aspectos progresivos, el verdadero carácter social de su actuación. En ese sentido, Gilly, aunque le da a La Revolución Interrumpida una estructura muy similar a la Historia de la Revolución Rusa de Trotsky y pretende abrevar en las ideas de la Revolución Permanente [31], en realidad postula una tesis contraria, adjudicándole a una fracción burguesa la potencialidad de realizar lo que no pudieron hacer los obreros y los campesinos: retomar, continuar y culminar la revolución, como veremos a continuación en el caso del cardenismo [32].

Conclusiones

La postura de Gilly se radicalizó en los años siguientes. Era lógico que, si no mediaba una revisión de los fundamentos teóricos de su concepción, se deslizara hacia una postura acrítica respecto a un ala de la burguesía nacionalista. Ese fue el caso de sus elaboraciones sobre el cardenismo. Sin duda –y lo decimos para despejar cualquier polémica falsa– el gobierno de Cárdenas fue el más progresista de los gobiernos burgueses de su tiempo. Su acción se caracterizó por apoyarse en un movimiento de masas que durante los años ‘30 protagonizó un importante despertar de lucha y organización, y desde ahí establecer una distancia y una cierta independencia respecto a los gobiernos imperialistas. Esto –que los marxistas definimos como un bonapartismo sui generis de izquierda– se expresó fundamentalmente en la expropiación petrolera de 1938, así como también en una reforma agraria parcial y distintas medidas que le granjearon gran popularidad entre el movimiento obrero, campesino y popular.

León Trotsky marcó claramente cuál debería ser la actitud política de los marxistas revolucionarios: “En la cuestión agraria, apoyamos las expropiaciones. Esto no significa, entendido correctamente, que apoyamos a la burguesía nacional. En todos los casos en que ella enfrenta directamente a los imperialistas extranjeros, a sus agentes reaccionarios fascistas, le damos nuestro pleno apoyo revolucionario, conservando la independencia íntegra de nuestra organización, de nuestro programa, de nuestro partido y nuestra plena libertad de crítica”. Esta fue la perspectiva de Trotsky para medidas tales como la expropiación petrolera; y la base para esto era la consideración de que “Estamos en perpetua competencia con la burguesía nacional, como única dirección capaz de asegurar la victoria de las masas en el combate contra los imperialistas extranjeros” (Trotsky, 1999: 114).

Esta posición –que consideraba que las demandas de las masas sólo podían ser impuestas por la alianza revolucionaria de obreros y campesinos– es radicalmente opuesta a la postura de Gilly, que considera al cardenismo como “el puente hacia la revolución proletaria”.

Todo esto se hace notar en la tercer parte de una de sus mayores obras El cardenismo, una utopía mexicana, una investigación monumental y muy meritoria sobre la expropiación petrolera de 1938. Gilly discutía allí con quienes supuestamente veían en la política cardenista una acción maquiavélica: “Las contradicciones entre las fragmentarias ideas socialistas y la compleja realidad del capitalismo mexicano y de su burocracia estatal y sindical plagaban las audaces pero parciales e inconexas iniciativas cardenistas para avanzar pragmáticamente hacia lo que imaginaban como una futura socialización o colectivización(...) Este nudo no resuelto, porque insoluble, ha llevado a muchos críticos a sostener que tales referencias socialistas eran sólo cobertura demagógica en la que nunca creyeron de verdad gobernantes que en realidad se proponían abrir camino al desarrollo capitalista (como en efecto ocurrió) cabalgando y controlando un gran movimiento de masas” (Gilly, 1994: 414). Gilly se refiere aquí a Arturo Anguiano, autor de una de las principales obras sobre el movimiento obrero en el sexenio cardenista. Resulta muy particular que, las menciones que pueden encontrarse en El cardenismo, una utopía... sobre la estatización del movimiento obrero y su incorporación al partido de gobierno (que fue uno de los legados del período cardenista), están “cargadas a la cuenta” de la burocracia sindical, la cual, en todo caso, era la correa de transmisión, al interior de las organizaciones obreras, de la política de la dirección burguesa que se encontraba al frente del Estado (olvidando, por ejemplo, la particular asociación existente entre Lombardo Toledano y Cárdenas). Cárdenas era presentado así como un militar con ideas socialistas agrarias que, por sus propias limitaciones y en particular por la coyuntura internacional desfavorable de 1939-1940, se encontró incapacitado para romper con los límites del capitalismo y avanzar hacia un ideario socialista realmente revolucionario.

Sin duda, sería incorrecto disolver los aspectos progresivos de la política cardenista como una mera acción demagógica [33], o considerar a Cárdenas como una simple continuidad de los previos gobiernos posrevolucionarios. Pero Gilly se va al otro lado, abandonando todo posicionamiento crítico. Y omite una cuestión clave: el gobierno cardenista (más allá del ideario del presidente), resultó, en los hechos, la mejor respuesta, desde el punto de vista de la defensa y el mantenimiento del orden establecido, para enfrentar una situación signada por un ascenso del movimiento obrero, campesino y popular. Esta respuesta tuvo la particularidad de que se apoyó en el movimiento de masas para controlarlo, y como punto de apoyo y de maniobra frente al imperialismo, y que efectuó medidas puntualmente progresivas. Todo esto puede haber sido interpretado por Cárdenas como parte de su ideario nacionalista revolucionario, pero su funcionalidad política en pos de los intereses históricos de la burguesía son claros.

En ese sentido, no pueden considerarse como continuidad de la revolución de 1910-1917, una política que se basó en la estatización del proletariado y su incorporación al PRM, así como la división entre las organizaciones del campo y los sindicatos, esto es, el reforzamiento del control del Estado burgués sobre el movimiento de masas. Es esto lo que no dice Gilly (o si lo dice, lo escinde del proyecto político cardenista), porque, una vez más, implicaría romper y cuestionar esa “continuidad” entre revolución y “jacobinismo cardenista” [34] .

En ese sentido, retomar los consejos de Trotsky, en cuanto a mantener la independencia política de la clase obrera y del partido revolucionario respecto a los sectores “progresistas” o “nacionalistas” de las burguesías en nuestros países, es fundamental y conserva su actualidad. Si esto era válido en el caso de Cárdenas, lo es todavía más en el caso de fenómenos como el chavismo, que no se acercan a medidas como la expropiación petrolera de 1938.

En el caso de Gilly, la pérdida de esta ubicación independiente, y una concepción teórica que revisaba postulados fundamentales de la teoría de la Revolución Permanente tuvo finalmente su correlato político, con su adhesión al proyecto del sector del PRI encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas (hijo de Lázaro Cárdenas), que rompió con dicho partido.

El nuevo neocardenismo, que nunca planteó ni siquiera tímidamente ideas antiimperialistas similares a las que enarboló Múgica, se organizó finalmente en el Partido de la Revolución Democrática, junto a sectores –entre los que estaba Gilly– del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se reclamaba del trotskismo, y al Partido Socialista Unificado de México (antiguo PCM), además de concitar el apoyo político y la alianza electoral en los años siguientes por parte de los vestigios del otrora fuerte PRT. Pero el rol del PRD se mostró en los años siguientes, cuando, a pesar del fraude sufrido por Cárdenas hijo, jugó un rol fundamental en los planes de transición a la democracia, con los cuales el desgastado priato buscó autorreformarse y evitar su caída por la vía revolucionaria, la cual se mostró como una posibilidad cierta en 1994 si la rebelión indígena campesina de Chiapas hubiera podido confluir con el movimiento obrero [35]. Una verdadera contrarrevolución democrática, aprovechando el prestigio logrado por C. Cárdenas, fue impulsada por la burguesía y los tres partidos fundamentales (el PRI, el PAN y el PRD) para contener las aspiraciones democráticas de las masas. Gilly, como tantos otros en la izquierda “socialista”, vieron al PRD como el vehículo del “cambio democrático”, obviando el rol que el mismo jugaría en este plan de “transición democrática”.

Hubo otros que, sin ser parte orgánica al PRD, “olvidaron” el hecho de que la dominación burguesa se preserva no sólo sobre la base de la represión y el bonapartismo, sino también sobre el desvío y contrarrevolución democrática. Obviando la operación política del régimen y el rol del PRD, llamaron en distintos momentos a apoyarlo electoral y políticamente, como fue el caso del PRT, lo cual echaba luz sobre la existencia de una matriz teórica similar [36].

En el caso de Gilly, la concepción teórica terminó encontrando su correspondencia política, aunque, hay que decirlo, implicó el abandono de la cualquier idea de militancia revolucionaria y la integración a un partido de centroizquierda que se convirtió en defensor del orden existente [37].

En ese sentido, la recuperación critica de la historia de la Revolución Mexicana y el análisis de las distintas teorías e interpretaciones (como la de Gilly, que es una referencia ineludible por sus elementos vigentes y correctos como por la necesaria revisión y discusión sobre aquellos a los que nos referimos previamente), es parte de una tarea fundamental para los años venideros: sentar las bases de una nueva generación revolucionaria en México, lo que no podrá hacerse sin un profundo trabajo teórico de investigación y de elaboración, anclado en la teoría marxista, sobre la historia de la lucha de clases. Si de lo que se trata es de (parafraseando a León Trotsky) retomar y culminar la obra de Emiliano Zapata, eso requiere de una dialéctica entre la labor teórica y la acción política, para sentar las bases de una nueva y segunda revolución, obrera y socialista.