El pasado 19 de febrero Fidel Castro renunció formalmente a la presidencia de Cuba a través de una carta publicada en el diario oficial Granma, cargo que había abandonado provisoriamente en julio de 2006 tras un grave problema de salud. Desde entonces, su hermano Raúl Castro viene ejerciendo el liderazgo efectivo de la isla junto con otras figuras prominentes del régimen como el vicepresidente del Consejo de Estado (órgano máximo de gobierno), Carlos Lage y el canciller Felipe Pérez Roque. El domingo 24 la Asamblea Nacional del Poder Popular elegirá al nuevo presidente. Aunque hay distintas especulaciones sobre quién sucederá a Castro, si su hermano o una dirección más colegiada, lo cierto es que todo parece indicar que la renuncia de Fidel busca un recambio “generacional” en la burocracia gobernante, funcional a la introducción de “reformas” económicas -y posiblemente políticas- favorables a una mayor apertura al capitalismo por parte del PC cubano.

A comienzos de la década de 1990, tras la desaparición de la Unión Soviética y con ella, de la ayuda económica de la que dependía esencialmente el estado cubano, la burocracia gobernante puso en marcha una serie de medidas, conocidas como “período especial” [1], que facilitaron las inversiones de capital extranjero a través de empresas mixtas -principalmente españolas y canadienses- centradas sobre todo en la explotación del turismo, que sigue siendo uno de los principales pilares de la economía. Como contrapartida a las concesiones al capital y a las posibilidades de la burocracia de quedarse con importantes cantidades de divisas, la mayoría del pueblo cubano soportó duras condiciones, que se expresaron en la restricción al consumo popular y al acceso de bienes básicos.

La gran parte de la población que quedó sin acceso al dólar vió caer drásticamente sus condiciones de vida y su acceso a los productos y servicios básicos (alimentos, transporte, electricidad). Asimismo se avanzó en la descentralización y “autofinanciamiento” de gran parte de las empresas del estado que constituían el núcleo del aparato productivo. De esta forma se vio seriamente afectada la planificación económica y muchos lugares de trabajo fueron cerrados, como por ejemplo decenas de ingenios azucareros, constituyendo otro golpe adicional a las masas y las bases del estado obrero.

El ejército asumió un rol central en la economía, reafirmando su rol como uno de los principales factores de poder. Según estimaciones y cifras oficiales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) controlan empresas dedicadas al turismo, la agricultura, la ganadería, el tabaco, el azúcar, las telecomunicaciones, la construcción, además de la industria militar, lo que representa más del 60% de las divisas que ingresan al país. Hacia el año 2003 estas medidas se detuvieron parcialmente, sobre todo con la reintroducción de ciertas restricciones a la circulación del dólar. La economía cubana comenzó a crecer a altas tasas (acumuló un crecimiento del 42% del PBI en el período 2004-2007), producto del alza del precio de las materias primas y de la alianza del régimen de con países productores de petróleo como Venezuela. Sin embargo, las consecuencias del “período especial” no se han revertido: se ha profundizando la desigualdad social, los trabajadores y los campesinos tienen sus ingresos en pesos devaluados, pero los precios de los productos están cada vez más expresados en CUC, la moneda convertible que tiene un valor 25 veces mayor que el peso. A su vez, el PC mantuvo férreamente el monopolio del poder político y los privilegios materiales para la elite gobernante, parte de la cual se ligó directamente a los nuevos negocios derivados de la apertura económica del período especial.

¿Hacia una mayor apertura al capital?

No es un secreto que tanto Fidel Castro, como su hermano Raúl y altos miembros de la jerarquía del Partido Comunista, vienen presentando como modelos a seguir la vía “china” [2] o la vía “vietnamita”, es decir, a países donde la restauración capitalista avanzó cualitativamente bajo regímenes de partido-estado controlados por los respectivos partidos comunistas.

En diversas ocasiones Raúl Castro ha dado indicaciones de líneas generales que podría tener el futuro gobierno: “nuestra disposición de resolver en la mesa de negociaciones el prolongado diferendo entre Estados Unidos y Cuba” [3]. “Habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios (...) estudiamos actualmente lo referido al incremento de la inversión extranjera (...) trabajando con empresarios serios y sobre bases jurídicas bien definidas que preserven el papel del Estado y el predominio de la propiedad socialista” [4].

En la actual situación, es probable que un nuevo salto en la apertura económica al capitalismo sea acompañada con algunas reformas políticas, ya sea algunas concesiones a las capas sociales que se han beneficiado de las medidas de los últimos años, -como por ejemplo las demandas de facilidades para poder salir del país- o la apertura de válvulas de escape que canalicen controladamente el descontento que puede estar gestándose en los sectores populares producto de la creciente desigualdad social [5]. Y que a la vez sirvan como gesto hacia los reclamos de las potencias imperialistas y los gobiernos “amigos” que reclaman demagógicamente por una “transición a la democracia” [6]. Así, es posible que el régimen utilice las críticas que se han hecho públicas en las últimas semanas -y otras que puedan surgir de la supuesta “apertura” que ha lanzado Raúl Castro para que los cubanos expresen sus opiniones- en función de un proyecto de maquillar al régimen de partido único para mantener lo esencial: el control de la burocracia del PC del aparato del estado.

Presión imperialista

La administración Bush, en línea con el lobby de los “gusanos” de Miami, es decir, la burguesía cubana y sus descendientes en el exilio continuó sosteniendo una política dura hacia Cuba [7]: en los últimos años recrudeció el bloqueo económico contra la isla y extendió aún más las restricciones de intercambio comercial, el envío de dinero y la posibilidad de que ciudadanos norteamericanos viajen a Cuba. Para algunos analistas esta política de “garrote” impidió la expresión abierta de alas más permeables del régimen cubano a una restauración gradual y negociada del capitalismo.

Por su parte, Barak Obama como Hillary Clinton, los dos precandidatos demócratas a la presidencia, parecen estar inclinándose por una política más “abierta” o “negociadora” [8], aunque ambos son partidarios de mantener el bloqueo como un chantaje. Por ejemplo, Obama declaró que “si la dirigencia cubana comienza a abrir a Cuba hacia significativos cambios democráticos, EE.UU. debe preparase para comenzar a dar pasos en normalizar las relaciones y flexibilizar el embargo de las últimas cinco décadas”.

Esta política pareciera estar más a tono con las potencias de la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos, que “saludaron” la salida de Fidel de la escena política, como “una oportunidad para una transición democrática y pacífica”, es decir, para una restauración ordenada del capitalismo.

Pero tanto la política dura de Bush como la “negociadora” de la UE están en función de conseguir plena libertad para que sus monopolios puedan explotar sin restricciones a los trabajadores y al pueblo cubano, hacer grandes negocios y expoliar los recursos naturales del país, volviendo a Cuba a su estatus semicolonial.

Defender las conquistas de la revolución contra el imperialismo y la política restauracionista de la burocracia

La revolución cubana significó una gran conquista para los oprimidos. Acabó con el latifundio y le dio la tierra a los campesinos, independizó al país del imperialismo nacionalizando sus propiedades en la isla. Liquidó a la burguesía local y puso en manos del estado los principales medios de producción, las grandes empresas de servicios y de la producción de azúcar (base de la economía en aquella época). A pesar de ser un pequeño país atrasado, logró terminar con el hambre, la desocupación y el analfabetismo. La salud se convirtió en un derecho real y accesible para el pueblo. La gran mayoría de las masas populares cubanas continúan defendiendo las conquistas que aún se conservan, a pesar de la acción de la burocracia que ha ido socavando a lo largo de los años, las bases del estado obrero cubano.

El Partido Comunista ha monopolizado el control del estado y de la política, estableciendo un régimen de partido único, prohibiendo toda organización obrera que escape de su control, ya sea sindical o política. Este régimen de partido único, copiado del modelo de la Unión Soviética stalinizada y de su estrategia de “socialismo en un solo país” [9], favorece los intereses materiales de la burocracia gobernante, que a través del estado y sin el control de las masas, se ha transformado en una capa privilegiada que, como demostró el derrotero de las burocracias stalinistas de la ex URSS, los países de Europa del Este y China, aspira tarde o temprano a convertirse en propietaria de los medios de producción.

La única forma de evitar esta perspectiva que significó un enorme retroceso de las conquistas de millones, es una revolución política encabezada por los trabajadores y campesinos, que haga a un lado a la casta gobernante en la lucha contra el imperialismo y los intentos de restauración capitalista, que termine con los privilegios y la opresión política de la burocracia dando pleno derecho de reunión y organización sindical a los trabajadores y campesinos, y legalidad a los partidos que defiendan las conquistas de la revolución. Un estado basado en consejos de obreros, campesinos y soldados que sean la base de un nuevo régimen de democracia obrera revolucionaria que transforme a Cuba en un motor de la revolución socialista en América Latina.