Después de una semana de tensión in crescendo, la reunión del Grupo Río realizada en República Dominicana terminó con una resolución “consensuada”. El gobierno colombiano se “disculpó” ante Ecuador por haber violado su territorio, comprometiéndose a no volver hacerlo, logrando a cambio no recibir condena alguna por la masacre perpetrada en territorio ecuatoriano por las fuerzas militares colombianas contra Raúl Reyes y otros 20 guerrilleros de las FARC.

Increíblemente -o no tanto, en realidad- el eje del cuestionamiento a Uribe, sobre el cual machacaron en sus discursos los distintos gobiernos latinoamericanos no fue el asesinato a sangre fría de los guerrilleros sino meramente que éste fue realizado en territorio ecuatoriano. Fue como criticar a un asesino por haber cometido el crimen fuera de su casa y no por la acción realizada. Un acto de completa cobardía política por parte del “progresismo” latinoamericano, incluyendo a sus sectores más “nacionalistas”, como el gobierno de Chávez, que pese a realizar muchas denuncias justas sobre el gobierno de Uribe y a demandar el reconocimiento de las FARC y el ELN como fuerzas beligerantes, terminó favoreciendo el “consenso” que absolvió a Uribe del crimen cometido. La intervención de la presidente Cristina Fernández en la Cumbre, fue un revival de la “teoría de los dos demonios”, cuestionando a Uribe solamente por no realizar la represión “al terrorismo” en los marcos de la “legalidad”. Sólo le faltó poner como ejemplo las bochornosas “leyes antiterroristas” que se votaron en nuestro país por orden de Bush bajo la presidencia de su marido Néstor Kirchner. El diario Clarín informa en un editorial del domingo 9 de marzo que en plena crisis estuvo en Buenos Aires una “discreta misión diplomática de Washington”, buscando presionar para que la acción colombiana no sea condenada. No extraña por ello que en la resolución acordada, así como ocurrió en la OEA, no se mencione palabra alguna del papel que jugó EE.UU. en los hechos, a pesar que el propio gobierno colombiano reconoció que fue la CIA quien le proporcionó los datos con las coordenadas donde se encontraban Reyes y sus compañeros.

Legitimación del terrorismo de Estado

Colombia es la avanzada en la región en la implementación de la “guerra contra el terrorismo” pregonada por el gobierno de Bush. Su doctrina del “golpe preventivo” permite el asesinato de quien es sindicado como “terrorista” sin derecho a juicio ni defensa alguna. Israel lo emplea permanentemente contra luchadores de la resistencia palestina y EE.UU. lo hace en Irak, Afganistán y en todo el mundo, recurriendo a secuestros en terceros países y aplicando la tortura masivamente a sus prisioneros en Guantánamo y en decenas de cárceles ilegales. En esta misma línea, el gobierno de Bush acaba de vetar una ley que prohíbe el uso de la tortura a sus prisioneros. Para que se tenga dimensión de lo que significa esta legalización del terrorismo de Estado, recordemos que hasta los militares genocidas en nuestro país -así como en otros estados latinoamericanos- pretendían encubrir las masacres que cometían como si hubiesen sido producto de “combates” con la guerrilla; o directamente buscaban ocultar sus acciones recurriendo al método aberrante de la desaparición forzada de personas. Ahora masacran y lo reivindican públicamente.

La trampa de la “salida negociada”

Aunque Uribe mostró cierto aislamiento externo, en lo inmediato ha utilizado esta acción para fortalecerse internamente y tratar de ir por una nueva reelección, para lo cual necesita una modificación constitucional. Esto se da en medio del aceleramiento de la crisis económica en EE.UU. y del intento de sus aliados más fieles por utilizar los últimos meses del gobierno de Bush para mantener o ganar posiciones, como muestra no sólo lo hecho por Uribe sino la brutal masacre cometida por Israel en Gaza.

En la región, sin embargo, lo que predomina es la política de “contención” que encarnan los gobiernos de Brasil y Argentina -aunque en la cumbre de Río el papel central en este sentido fue jugado por el conservador gobierno mexicano, surgido de un fraude electoral. La de Lula y los Kirchner, es una política más afín a los imperialismos europeos y favorable a un cierto cambio de rumbo para su política exterior que sectores del establishment estadounidense están alentando luego del fracaso de Irak, aunque sin que esto signifique una oposición a lo esencial de la política de Bush, como muestra el papel jugado por Argentina y Brasil, junto a Chile y Uruguay, en la ocupación de Haití. La “multilateralidad” pregonada por Cristina Fernández en su discurso no implica ningún cuestionamiento al orden imperialista sino simplemente reclamar un lugar subordinado en un utópico “directorio imperialista mundial” que contenga los antagonismos sociales y políticos frente a la decadencia de la hegemonía estadounidense y, sobre todo, frente a los temores a las rebeliones sociales que puede provocar la crisis económica internacional en curso.

En el caso de Colombia, la proclamada “salida política” al conflicto que plantean estos gobiernos no es otra cosa que la búsqueda de la rendición de la guerrilla por vía negociada, tal como aconteció con los “acuerdos de paz” en El Salvador o Guatemala. En ellos las guerrillas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se desarmaron sin que ninguno de los objetivos políticos y sociales por los que miles habían tomado las armas -especialmente campesinos- se hubiesen cumplido. Estos acuerdos llevaron a que, en el caso guatemalteco, los militares responsables de un genocidio calculado en 95.000 personas, predominantemente campesinos indígenas, gocen al día de hoy de completa impunidad.

¡Abajo el Plan Colombia! ¡Castigo a los asesinos de Reyes y sus compañeros!

Desde el PTS repudiamos la masacre cometida por Uribe y los yanquis desde un primer momento. Frente a la cobardía de los gobiernos de la región que mostró la cumbre del Grupo Río, decimos con claridad que es preciso desarrollar la más amplia denuncia del terrorismo de Estado practicado por el gobierno colombiano y luchar por terminar con el Plan Colombia y con toda la presencia imperialista en el continente. Estamos por el reconocimiento de las FARC y el ELN como fuerzas beligerantes, más allá de no compartir ni su programa ni su estrategia. Exigimos el juicio y castigo para los mentores y ejecutores de la masacre de Reyes y otros 20 guerrilleros. A su vez, como se ha mostrado en la crisis reciente, los trabajadores y el conjunto de los oprimidos de la región no pueden depositar ninguna expectativa en que la liquidación del imperialismo y de las oligarquías nativas vendrá de la mano de gobiernos con retórica nacionalista como los de Chávez, Correa o Evo Morales. Mientras los defendemos frente a todo intento de golpe reaccionario o de agresión imperialista, decimos con claridad que la clase trabajadora tiene que construir organizaciones políticas independientes y luchar por gobiernos de trabajadores y campesinos. Sólo ellos podrán ser base para una real integración de los pueblos de América Latina en una Federación de Repúblicas Socialistas que termine para siempre con la opresión imperialista que nos condena al atraso, al hambre y la miseria.

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– Entrevista a Edgar Páez, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos

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El presidente Uribe planteó que en Colombia se vive una panacea en materia de derechos humanos ¿Cuál es tu apreciación al respecto?

Precisamente en este momento se está desarrollando el cuarto Evento Nacional de víctimas de Estado. Son cerca de 2.000 hombres y mujeres venidos de todas las regiones del país, en dónde nos juntamos para denunciar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado y exigir la reparación integral para las víctimas.

Esta asamblea estuvo precedida por una gran marcha en varias ciudades del país, una marcha inmensa de más de medio millón de personas para protestar por los crímenes que se están cometiendo. Después que se termine esta asamblea estaremos realizando una nueva sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sección Colombia, donde las comunidades de distintas partes del territorio van a presentar sus quejas y acusaciones contra las multinacionales y el Estado colombiano porque aquí se están robando los recursos naturales a través del terrorismo de Estado.

En Colombia tenemos muchísimos recursos naturales que están siendo explotados, extraídos por las grandes multinacionales y el Estado no hace absolutamente nada.

Por el contrario a través de leyes facilita que esos recursos salgan del país, para que la población se precarice mucho más, para que las organizaciones sociales continúen siendo aniquiladas y para que este territorio continúe siendo un sitio propicio para que el Tratado de Libre Comercio permita que las multinacionales fundamentalmente de EE.UU. puedan llegar y posicionarse en mejores condiciones y extraer los recursos naturales a más bajos costos. Al igual que la explotación de la mano de obra, porque acá el desempleo es muy alto y hay una tasa de sindicalización sumamente baja. Porque los sindicatos están siendo aniquilados. Porque continúan asesinando a sus dirigentes y porque los dirigentes continúan saliendo del país para evitar caer muertos en las calles producto de los paramilitares.

Vos hablabas de la complicidad de las empresas multinacionales ¿podrías nombrar alguna de ellas?

Actualmente hay varias demandas en la Corte de los EE.UU., contra la Coca Cola, y también contra la multinacional Drummond. Y acá en Colombia a raíz de los acuerdos tripartitos de la OIT hay 13 jueces que están investigando 178 casos de crímenes cometidos contra el movimiento sindical. Pero nos encontramos con que esos jueces están siendo retirados. El juez que llevaba las investigaciones sobre Luciano Romero, trabajador de Nestlé, asesinado por los grupos paramilitares de la Costa Caribe, y sobre el asesinato de tres compañeros dirigentes sociales del Departamento de Arauca (masacre de Caño Seco), fue retirado de su cargo a partir del 1° de enero de este año.

¿Cuantos dirigentes sociales fueron asesinados oficialmente en Colombia?

Las cifras que oficialmente se están planteando al mundo es que han sido asesinados 2.573 dirigentes sindicales en los últimos 20 años, eso es lo reportado, lo documentado. Pero nosotros hablamos de que hay más de 4.000 asesinados, pero sus familiares no lo denuncian porque les da terror de que sufran represalias, que tengan que salir del país por el simple hecho de denunciar este tipo de atrocidades.