La muerte por un paro cardíaco del principal dirigente y fundador de las FARC, Manuel Marulanda, anunciada por el ministro de Defensa colombiano y confirmada por la propia organización guerrillera el fin de semana pasado, viene a sumarse a una serie de importantes “triunfos tácticos” que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha tenido durante los últimos meses en el terreno militar y que se han convertido en la crisis más importante para las FARC en toda su historia.

Con la muerte de Marulanda, el Secretariado de las FARC (su principal órgano), perdió a 3 de sus 7 miembros en tan sólo 3 meses. Desde mediados del año pasado el ejército colombiano, por medio de ataques y bombardeos a los campamentos de las FARC, asesinó al menos 4 importantes dirigentes, entre los que se encontraban el “Negro Acacio” (que controlaba gran parte de las finanzas) y Raúl Reyes (que mantenía las relaciones internacionales de la organización). En este marco, el anuncio de la muerte de Marulanda a tan sólo una semana de la deserción de la guerrillera “Karina” (que estaba al mando de uno de los frentes de combate), y a dos meses del asesinato de Reyes y de Iván Ríos (otro miembro del Secretariado de las FARC asesinado por su propio jefe de seguridad para cobrar la recompensa de Uribe), son de conjunto, uno de los más duros reveses que ha sufrido la organización en los últimos 40 años.

En un mensaje cargado de cinismo, el gobierno de Uribe pidió a Alfonso Cano (quien reemplazará a Marulanda en el Secretariado y al que muchos analistas ubican como un ala más política que militarista) que las FARC abandonen las armas y se entreguen para llegar a un acuerdo de paz. Pero al mismo tiempo mantiene vigente las millonarias recompensas por sus cabezas y los miembros del Secretariado siguen siendo los principales objetivos militares de las FF.AA. A su vez, el gobierno intenta quebrar a los cuadros medios de la organización prometiendo compensaciones económicas y beneficios jurídicos para quienes se entreguen y un fondo de 100 millones de dólares para quienes se entreguen junto a los rehenes en poder de las FARC.

Es decir, que no existe ningún interés por parte de Uribe de ir siquiera a un “acuerdo humanitario”, sino que sigue afirmando su “política de seguridad democrática”, que un funcionario del gobierno sintetizó en la frase: “Si no negocian, los exterminamos”.

La pérdida que significa para las FARC la muerte de Marulanda, si bien es muy importante, es ante todo simbólica, pero en el marco de los triunfos parciales que viene teniendo el gobierno, este hecho va a ser utilizado para mejorar su relación de fuerzas tanto en el terreno interno como externo, en un momento en el que Uribe viene intentando recuperar la iniciativa política.

Los gobiernos “progresistas” salvaron a Uribe

El asesinato de Raúl Reyes fue, si se quiere, una de las acciones más arriesgadas de Uribe ya que se trataba de dar vuelta a su favor una situación internacional (y en menor medida nacional) adversa y donde las FARC venían ganando terreno político. Desde mediados de 2007 la presión internacional hacia una salida negociada a la crisis de los rehenes iba a contramano de la “política de seguridad democrática” impulsada por Uribe. Junto a esta situación, el gobierno colombiano como principal aliado del imperialismo en la región vio cómo el desgaste del segundo mandato de Bush se traducía directamente en algunos problemas inesperados para su gestión, como las trabas en el Congreso norteamericano a la votación del TLC de EE.UU. con Colombia y algunos cuestionamientos sobre la utilización de los fondos del Plan Colombia. A pesar de que el flujo de ayuda militar se mantuvo y el Plan Colombia sigue funcionando, estos “cambios” en la relación con EE.UU. no estaban dentro de los planes de Uribe y le fueron totalmente adversos a la hora de mantener y legitimar su política unilateral, dando a su vez un mayor margen a las presiones internacionales para llegar a un acuerdo humanitario.

Uribe intentó por todos los medios hacer fracasar la política de canje humanitario, provocando permanentemente incidentes diplomáticos con Venezuela para evitar que Chávez, como mediador, gane peso en la política interna de su país y llegando el punto máximo de sus esfuerzos con el fracaso de la “Operación Emmanuel” (ver La Verdad Obrera N° 264). Sin embargo, la liberación unilateral de varios rehenes por parte de las FARC durante los primeros meses de este año, parecía poner en aprietos al gobierno de Uribe en un momento en que él mismo se veía sumergido en el escándalo de la narco-parapolítica.

El eco nacional e internacional que venía adquiriendo la posibilidad de un canje humanitario generalizado encabezado por Chávez, e incluso la propuesta del presidente venezolano a la comunidad internacional para que se considere a las FARC como fuerza beligerante, era absolutamente intolerable para Uribe, EE.UU. y la derecha colombiana. En este marco, Uribe lanza la ofensiva militar contra el campamento de Reyes en suelo ecuatoriano en un intento de dislocar la relación de fuerzas favorable a las FARC de los meses anteriores.

La ofensiva de Uribe abrió una crisis de magnitud regional que se terminó cerrando a su favor, no por la intervención directa de EEUU, sino por la de los gobiernos cipayos latinoamericanos que en un “show de abrazos”, que incluyó a Chávez y Correa junto a Uribe, clausuraron la Cumbre del Grupo Río en marzo sin una condena firme a Colombia. La criminalidad de los bombardeos sobre el campamento de Reyes y los métodos utilizados por Uribe en su país, no fueron denunciados por ningún presidente, ni siquiera por Chávez, que a pesar de su duro discurso y de haber montado un escenario de guerra en la frontera con Colombia terminó aceptando los términos del acuerdo que permitieron a Uribe ganar un importante round para redoblar su ofensiva derechista al interior de Colombia y alejar las presiones internacionales, al menos durante un tiempo.

Desde la Cumbre del Grupo Río a esta parte, Uribe pudo recuperar la iniciativa y, montado sobre las supuestas computadoras recuperadas del campamento de Reyes (de las cuales hicieron “aparecer” todo tipo de información), se dedicó a denunciar las relaciones entre las FARC y los gobiernos de Venezuela y Ecuador. De esta manera logró abrir un relativo compás de espera favorable a su política en el terreno internacional (aunque para mantenerlo necesitará de fricciones permanentes con Chávez y Correa, lo que puede generar nuevas crisis en la región). Uribe se apoya en esta situación para tratar de hacer frente al escenario de importante crisis política abierta al interior de Colombia con los escándalos de la parapolítica, como lo demuestra la extradición a EE.UU. de los principales jefes paramilitares. Un giro que, aunque pragmático, puede ayudarle a relajar la situación en el corto plazo (ver recuadro).

El reformismo armado de las FARC y la política de los revolucionarios

Los revolucionarios denunciamos la hipócrita política de EE.UU. y el gobierno derechista de Uribe de catalogar a las FARC como una “organización terrorista”, que es utilizada como fundamento para redoblar las cadenas de opresión imperialista en el país por medio del Plan Colombia como principal instrumento, mientras persigue y asesina a miles de dirigentes sindicales, sociales y campesinos y mantiene fuertes lazos de unidad con los paramilitares y narcotraficantes. Los socialistas revolucionarios defendemos incondicionalmente a las organizaciones guerrilleras campesinas como las FARC frente a la represión y persecución del Estado burgués o del imperialismo. A pesar de las enormes diferencias políticas y estratégicas que mantenemos con las FARC, los revolucionarios hacemos nuestra su exigencia de ser considerada como fuerza beligerante, lo cual implica tener todos los derechos que la legislación internacional fija para cualquier ejército. Sin embargo, la crisis que atraviesan las FARC no se explica solo por los “triunfos tácticos” de Uribe, sino por el fracaso de su propia estrategia. La política de seguridad democrática que logró en parte la desmovilización o deserción de una cantidad importante de guerrilleros jóvenes que las FARC habían reclutado en el último período, no alcanza para explicar la deserción de cuadros dirigentes de esta organización como la de Nelly Ávila Moreno, alias “Karina” o el asesinato de Iván Ríos a manos de su propio jefe de seguridad. Las declaraciones de “Karina” tras entregarse, de que las FARC “ya están diezmadas”, más allá de la utilización propagandística que el gobierno hace de ellas, no pueden dejar de ocultar la debilidad en la que se encuentra esta organización. Es que la estrategia guerrillera, de “guerra popular prolongada” en un país semicolonial con un 75% de su población urbana como Colombia, con una amplia clase obrera, termina dando como resultado una política completamente impotente, como lo demuestra el derrotero que vienen siguiendo las FARC, y que en los últimos años se expresó en la pérdida de presencia territorial y de movilidad. Por este motivo, vienen limitando su estrategia cada vez más a presionar para lograr algunas reformas políticas con una estrategia de “gobierno popular” de colaboración de clases con sectores de la burguesía. Muestra de esto son las declaraciones que había hecho el año pasado Reyes, al afirmar que las FARC podrían formar parte de “una coalición para conformar un gobierno pluralista, patriótico y democrático, que se comprometa con la verdadera paz (...) como por ejemplo un gobierno del Polo Democrático Alternativo” (Clarín, 27/08/07).

No en vano días antes del bombardeo sobre el campamento de Reyes, Chávez acababa de lanzar una propuesta para reeditar el grupo de Contadora cuyo fin último, además de avanzar en el canje humanitario, era el de preparar el camino y darle una legitimidad internacional a un proceso a más largo plazo de incorporación (parcial o total) de las FARC al régimen, de la misma manera que el grupo de Contadora desarmó a las guerrillas centroamericanas en los años ’80 abortando los procesos en curso y reciclando como partidos burgueses a estas organizaciones.

Una muestra de hacia donde lleva esta estrategia reformista es la del ex guerrillero y actual presidente de Nicaragua Daniel Ortega y la transformación abiertamente burguesa de los dirigentes sandinistas. Si bien es poco probable que la política de las FARC se modifique sustancialmente en el corto plazo, son enormes las presiones tanto internas como externas para que el nuevo “jefe” de esta organización avance hacia un “dialogo de paz”, aunque es prácticamente imposible que esto ocurra bajo el gobierno de Uribe y es en ese sentido que las FARC apuestan a un hipotético futuro gobierno del Polo Democrático para avanzar en una integración al régimen.

En Colombia es imposible lograr las demandas de los trabajadores y las masas pobres sin atacar las bases de la propiedad de los latifundistas, los grandes empresarios y expulsar al imperialismo del país, empezando por derrotar definitivamente el Plan Colombia y acabar con la injerencia norteamericana en el país. Sin embargo, como demuestra la política de las FARC, esto no es parte de su estrategia de colaboración de clases, que pretende subordinar a los obreros y campesinos bajo su discurso de un gobierno “patriótico y democrático”.

Frente a esta política es necesario impulsar la unidad de la lucha de los trabajadores y campesinos para derrotar al gobierno narco-paramilitar de Uribe y sus políticas antiobreras, e imponer la realización íntegra y efectiva de las demandas de tierra, pan, trabajo, libertad y liberación nacional. Solo la clase trabajadora dirigida por un partido obrero, revolucionario e internacionalista podrá acaudillar a los campesinos y el pueblo pobre de Colombia para pelear consecuentemente por este programa y esta estrategia.

Manuel Marulanda “Tirofijo”

Hijo de una familia campesina de tradición liberal, Pedro Antonio Marín (alias Manuel Marulanda) nació en mayo de 1930 en Génova, Colombia.

Fue parte de la generación que participó en la guerra civil entre 1948 y 1958 desatada en Colombia, con eje en las principales ciudades como Bogotá, con gran protagonismo obrero en las huelgas petroleras y movilizaciones populares. Participó también de la resistencia campesina al ataque militar de parte del gobierno y los latifundistas como respuesta al levantamiento en el centro y sur del país en 1964. Más tarde ese año, fundará las FARC junto a dirigentes campesinos y militantes del Partido Comunista de Colombia (PCC), surgidas al calor de la lucha de las masas campesinas por la tierra y contra la prepotencia terrateniente.

Aunque herederas del profundo proceso de lucha armada campesina por la tierra, las FARC nacen encuadradas y distorsionadas por la dirección del PCC, moldeadas como “partido-ejército” de estructura férreamente vertical y con una estrategia de “guerra popular prolongada”.

Marulanda venía siendo el principal forjador de la cohesión de los distintos frentes de las FARC tras una política reformista de integración gradual al régimen burgués colombiano.

La muerte de Tirofijo reduce aún más el círculo de los dirigentes fundadores de las FARC, como su sucesor Alfonso Cano, señalado por los medios como portavoz de una “vía política” de esta integración.

El escándalo de la parapolítica

El régimen político colombiano está mostrando un nivel de descomposición como nunca antes se había visto. Por los escándalos de la parapolítica, son 64 los políticos investigados, de los cuales 51 son actualmente congresistas y 32 de ellos ya están en la cárcel. La mayoría pertenecen a la bancada de Uribe y en total representan un 20% del Parlamento, lo que abrió una crisis de magnitud histórica reflejando la descomposición de las instituciones con el avance de una capa abiertamente mafiosa al mando del poder del estado. La revista Semana lo ejemplifica de la siguiente manera “En los ‘80, Pablo Escobar y sus secuaces llegaron al Congreso. Pero los tentáculos del narcotráfico no sumarían el 5% de los parlamentarios. En los ‘90, cuando el cartel de Cali decidió sobornar sutilmente a los políticos, el ‘Proceso 8.000’ llevó a 26 congresistas a la cárcel (10%). Hoy, la alianza entre mafia y paramilitarismo lleva 51 congresistas investigados (19%)” (4/5/2008).

La crisis se agudizó recientemente cuando se dieron a conocer los nexos directos de familiares de Uribe (el primo y el hermano) con los paramilitares y con una de las masacres de campesinos en 1997. A este escándalo se sumaron las declaraciones de la ex senadora Yidis Medina que contó cómo a ella y a otros congresistas los compraron para que votaran a favor de la reelección de Uribe antes de las últimas elecciones presidenciales.

Esto demuestra no solo que los actuales congresistas están absolutamente desacreditados, sino que el propio Uribe consiguió la reforma que permitió su reelección de manera completamente fraudulenta.

Ante este escenario devastador, aprovechando la mejor relación de fuerzas en el plano internacional y los “logros” tácticos que viene teniendo sobre las FARC, como así también el, hasta ahora, escenario económico favorable que de conjunto permiten que se mantenga con una popularidad récord, Uribe dio un giro en su política interna y extraditó a EE.UU. a 14 de los principales jefes paramilitares en un intento de acallar sus declaraciones que comprometen cada vez más al poder político del país. Junto con esta medida, Uribe anunció una reforma del sistema político para intentar llegar a un consenso que le permita recuperar algo de oxígeno.