El viernes 15/8, ante un centenar de delegaciones extranjeras y en medio de festejos multitudinarios en la capital y el interior del país, asumió la presidencia de Paraguay el ex obispo Fernando Lugo. El triunfo de Lugo en las elecciones de abril pasado generó enormes expectativas entre los trabajadores, campesinos y el pueblo pobre del país vecino que vieron en la derrota del Partido Colorado una oportunidad histórica de cambio en sus degradadas condiciones de vida.

El Partido Colorado gobernó Paraguay durante los últimos 61 años, incluyendo 34 años de la brutal dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y la posterior aplicación a rajatabla de las recetas neoliberales durante los ’90, favoreciendo una enorme concentración de la riqueza en pocas manos. Su legado fue un 41% de la población en la pobreza (2.5 de sus 6 millones de habitantes) y el 20% en la indigencia. Esta situación, que generó 3 millones de “exiliados económicos” hacia Argentina y Brasil, es aún peor en el campo donde son cientos de miles las familias sin tierra mientras que los grandes terratenientes (1% de la población) concentran el 80% de éstas en un país con una de las mayores poblaciones rurales de América Latina (43%).

Sin duda la derrota histórica del Partido Colorado tiene un gran peso simbólico ya que representa a los ojos de las masas la posibilidad de cumplir sus demandas más sentidas de tierra, territorio, vivienda y trabajo genuino. Sin embargo, el gobierno de Lugo y su política de conciliar los intereses de los trabajadores y campesinos con los de los empresarios y grandes terratenientes, no dará respuesta a estas profundas expectativas. Así lo demuestran sus primeros anuncios, la composición de su gabinete y el acuerdo parlamentario con el golpista Lino Oviedo. El ex obispo asume ya con una serie de contradicciones internas y ha venido suavizando su discurso durante los últimos meses pidiendo “paciencia” al pueblo paraguayo y mostrando que los cambios serán menos “radicales” de lo esperado. Las pujas al interior de su heterogénea coalición de gobierno, los efectos de la crisis económica internacional, la inflación creciente y una nueva situación regional, en la que sectores de la burguesía vienen estando a la ofensiva como oposición política de varios gobiernos “posneoliberales” en la pelea por el reparto de la renta nacional, hacen que Lugo dé sus primeros pasos en medio de un escenario de profundas tensiones y bajo la presión de las ilusiones de las masas.

Pactos y acuerdos para un recambio de personal político

La composición de la coalición liderada por Lugo dice mucho de como será su política de “Gran pacto social, económico y nacional”. Para derrotar al Partido Colorado, Lugo armó la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) que si bien incluye a una importante cantidad de movimientos campesinos, sociales y sindicales, tiene su principal fuerza política en el conservador Partido Liberal Radical Autentico (PLRA) que es la segunda fuerza parlamentaria del país. El PLRA es un partido abiertamente burgués y pro imperialista, y varios de sus principales dirigentes son históricos miembros de la oligarquía terrateniente. A este partido pertenece el vicepresidente Federico Franco, defensor a ultranza de la propiedad privada. Franco se opone abiertamente a las ocupaciones de tierra y declaró que no serán toleradas: “dentro de la ley todo, fuera de ella nada”. El propio Lugo, que durante la campaña electoral apoyaba las tomas de tierra, ahora declara que “La toma de tierras es la última alternativa, una vez agotados todos los procesos institucionales” (Clarín 15/8) y pidió paciencia a los campesinos.

Su objetivo es lograr una nueva “institucionalidad” burguesa, que le permita gobernar luego de la debacle del Partido Colorado, con un discurso anticorrupción, intentando frenar el descontento social a la vez que otorga algunas concesiones y garantiza un escenario propicio para que los empresarios puedan seguir haciendo sus negocios. Como mencionó el mismo Lugo durante su asunción: “Los empresarios tendrán nuestro más pleno respaldo. Una industria, una explotación agrícola concebida con parámetros de incidencia social y resguardo del ambiente, emprendimientos empresariales en otros campos como la comunicación, la banca, los servicios, tendrán un decidido acompañamiento del gobierno” (Página 12. 16/8.)

Para lograr esta nueva “institucionalidad”, Lugo acaba de cerrar un acuerdo parlamentario con el partido del ex general golpista Lino Oviedo para poder gobernar durante un año “sin sobresaltos”, ya que a pesar de la derrota en las elecciones presidenciales y de la profunda crisis interna en la que se encuentra, el Partido Colorado sigue siendo la primera fuerza parlamentaria y mantuvo la mayoría de las gobernaciones. El peso que aún mantiene el Partido Colorado es utilizado por Lugo, junto con la denuncia de un supuesto complot colorado contra su gobierno, para apurar las negociaciones y concesiones a distintos sectores burgueses con la excusa de mantener la gobernabilidad. La designación de los ministros de su gabinete tampoco deja lugar a dudas. Si bien hizo algunas designaciones de miembros de organizaciones sociales, como la ministra de asuntos indígenas, Margarita Mbywangi, jefa de la tribu Ache, que representa una concesión a las ilusiones democráticas de importantes sectores, los principales ministerios quedaron en manos de figurones liberales. El Ministerio de Hacienda quedó en manos de Dionisio Borda, un ingeniero formado en EE.UU. que impulsa una política privatizadora de las empresas públicas bajo la forma de “capitalizaciones, tercerizaciones o concesiones” al capital privado, además de un plan de despidos de empleados públicos. Borda ya fue ministro durante los primeros años del gobierno colorado de Duarte Frutos y terminó su gestión con un fuerte respaldo de los sectores agroexportadores que controlan los grandes latifundios sojeros. ¡Los mismos sectores que Lugo debería atacar, si realmente quisiera avanzar en una “reforma agraria”! Por su parte en el Ministerio de Industria y Comercio puso a Martín Heisecke, un hombre de confianza de los empresarios. Heisecke demostró su programa hace tan sólo unos días cuando afirmó: “Mañana mismo privatizo si depende de mí. El Estado no tiene por qué tener estas empresas” (ABC 28/7). También se designaron ministros del PLRA en de Trabajo y Agricultura, demostrando que las principales demandas de los trabajadores y campesinos quedarán sometidas a los intereses de empresarios y terratenientes.

El plan de Lugo

Una parte crucial del plan de Lugo está centrado en la “soberanía energética” que en realidad no es más que la renegociación de las tarifas que pagan Brasil y Argentina por los proyectos hidroeléctricos compartidos de Itaipú y Yacyretá. Estos acuerdos son un asunto de primer orden ya que el financiamiento proveniente de esta renegociación será clave para mantener al gobierno a flote durante los primeros meses. Sin embargo, al igual que el largo proceso de negociación que Bolivia mantuvo con Argentina y Brasil por los precios del gas, nada indica que estos acuerdos no estén plagados de fricciones y regateos de parte de los socios del Mercosur y que puedan extenderse en el tiempo. En este sentido, los acuerdos firmados con Chávez un día después de asumir, más allá de la retórica y de los discursos “integracionistas”, tienen el objetivo de darle un espaldarazo para mantener la economía a flote con subsidios al petróleo y el intercambio comercial en un momento en que la inflación viene aumentando y no es seguro que el ritmo de crecimiento económico de los últimos años se mantenga con la crisis económica internacional como telón de fondo.

Por otra parte, la economía paraguaya se vino haciendo dependiente de las exportaciones de soja (es el cuarto productor mundial) lo que ha fortalecido a la burguesía terrateniente. Esta situación corta de cuajo cualquier posibilidad de avanzar en una reforma agraria si no se barre con la estructura feudal que domina el campo paraguayo. Es por este motivo que Lugo ya empezó a poner paños fríos a su plan de “reforma agraria”, a pedir paciencia a los campesinos y a desaprobar la toma de tierras, a la vez que diluyó su plan original de reforma en el de cobrar alguna retención a las exportaciones para “distribuir la riqueza”.

Desde un punto de vista regional, el gobierno de Lugo llega tarde para renegociar aunque sea tibiamente parte de la renta que obtiene la burguesía autóctona. Ante la perspectiva del fin de la bonanza económica y los efectos de la crisis internacional, la burguesía no está dispuesta a ceder ni un milésimo de sus ganancias. Así lo demostró el lock out de la patronal sojera en Argentina, como así también las acciones de la derecha autonomista boliviana en “defensa” de la renta de los hidrocarburos.
Esta situación, junto a la debilidad y contradicciones al interior de la coalición de Lugo, pueden generar frustración en el pueblo paraguayo, lo que obligará al ex obispo a mediar permanentemente entre las ilusiones de los trabajadores y los campesinos y las necesidades de la burguesía de rearmar un aparato estatal acorde a sus negocios, lo que probablemente generará tensiones y fricciones en el nuevo gobierno.

Ante las posibles brechas que se abran, los trabajadores, campesinos y el pueblo pobre necesitan intervenir en la política nacional de manera independiente. Está a la orden del día exigir a las centrales sindicales que rompan con los partidos patronales e impulsen una movilización nacional para pelear por las demandas de tierra, trabajo y vivienda, como así también por romper los lazos que atan al país al imperialismo, dejar de pagar de la deuda externa y expulsar a los militares norteamericanos que actúan bajo el disfraz de “misiones humanitarias” en suelo paraguayo con inmunidad diplomática.

Para estas tareas, los trabajadores y campesinos paraguayos no encontrarán aliados en la iglesia, los liberales o el acuerdo con Lino Oviedo. Es junto a los millones de trabajadores y trabajadoras, que como parte del exilio económico se han transformado en parte de la clase obrera argentina y brasilera, que podrán forjar una salida obrera a la crisis, que solo podrá venir de la mano de un gobierno de los trabajadores y el pueblo.