El pasado 20 de agosto la Central Sindical uruguaya (PIT-CNT) convocó al primer paro de 24 horas contra el gobierno de Tabaré Vázquez.
Además de un importante acatamiento en distintos sectores, cobró gran relevancia por ser el primero de estas características desde que el Frente Amplio (FA) asumiera allá por 2005. Desde entonces, la expectativa de amplios sectores de las masas en el FA y en un cambio paulatino favorable -apoyado en una coyuntura de crecimiento económico-, y el control de la burocracia frenteamplista que dirige la PIT-CNT, habían redundado en que sólo se realizaran medidas de fuerza parciales contra políticas puntuales del gobierno (como el intento de firmar un TLC con EE.UU.), contra la visita de Bush, o contra sectores patronales por reivindicaciones económicas. Una de las cuestiones novedosas del paro del 20 es que apuntó directamente al gobierno y su plan, exigiendo un aumento inmediato del salario mínimo, frenar todos los intentos de privatizaciones en danza, cargar la presión impositiva sobre las patronales en vez de sobre la población, y levantó además importantes demandas democráticas como la derogación de la ley de caducidad (de impunidad para los represores de la dictadura) y el aumento del presupuesto educativo.
Votado por mayoría por la Mesa Representativa del PIT-CNT, que reúne a delegados de todos los sindicatos, se dio vuelta a la propuesta que impulsaba el Secretariado Ejecutivo de paro parcial, mostrando las fricciones que existen al interior del Partido Comunista (con peso dirigente en la central sindical) y el reagrupamiento de sectores opositores como el frente de sindicatos “Polo Radical” que se formó recientemente expresando el creciente descontento contra la política de hambre del gobierno.
Lentamente los trabajadores hacen su experiencia y van perdiendo ilusiones en el FA, viendo ya sin asombro, cómo se continúa la política neoliberal de los tradicionales partidos de la burguesía (blancos y colorados). En 3 años de gobierno, el país ha venido creciendo a altos niveles, pero los salarios lo hicieron a menos del 10%, mientras que se vive una inflación del 35% y la deuda externa sigue en aumento a pesar de los fuertes pagos realizados a los acreedores externos. Incluso los mecanismos de conciliación como los “consejos del salario” están sufriendo un fuerte desprestigio y varios gremios piden directamente la ruptura de las negociaciones y encarar un plan de lucha.
La difícil posición en que se ubica el gobierno se vio en un hecho muy claro. Mientras los trabajadores pararon masivamente el 20 contra la política económica, el embajador norteamericano, frente al ministro de Economía, Danilo Astori y empresarios, felicitó al gobierno por la marcha “maravillosa” de la economía.
Actualmente, múltiples conflictos están mostrando la disposición para luchar de los trabajadores, la bronca y descontento contra el aumento descontrolado de precios de los productos básicos de la canasta familiar, los nuevos impuestos a los sueldos, la suba en las tarifas públicas, los miserables salarios y jubilaciones.
Desde hace ya meses, los maestros y docentes de secundaria (UTU) se movilizan por más presupuesto y mejores condiciones de trabajo, los municipales de Montevideo están en conflicto por el cumplimiento de sus convenios salariales, el Correo, los ferroviarios, los clasificadores y otros sindicatos se hallan movilizados y en lucha por diferentes reivindicaciones. En muchos de estos casos, la lucha se da a pesar del freno y oposición de una burocracia sindical que entiende que este “es el mejor gobierno de los últimos 100 años” (como ha dicho luego del paro del 20/8 la corriente “Articulación”, afín al gobierno) y que deja pasar los ataques contra conquistas del movimiento obrero (como la pretendida reforma del estado) o legitima rebajas salariales a través de los Consejos de Salarios mientras la inflación hace estragos. Incluso el gobierno ha debido posponer proyectos como la privatización del ferrocarril y la asociación con privados del servicio estatal de correos y elevó el piso del impuesto a las ganancias (que es en definitiva un impuesto a los sueldos) que afecta a importantes sectores asalariados.
Esta situación, en el marco de la apertura del año electoral (en octubre de 2009 serán las presidenciales donde incluso no está del todo asegurado que el FA consiga mantenerse en el poder y es muy probable un ballotage), está abriendo y profundizando diferencias internas en el FA. Frente a la renuncia del presidente Tabaré a pelear por su reelección, la disputa se da centralmente entre el neoliberal Astori, apoyado por el propio presidente, por la banca extranjera y el imperialismo yanqui, en la “derecha”, y el ex tupamaro José Mujica en la “izquierda”. Este último, hasta hace poco ministro de Ganadería, acaba de firmar el petitorio por un plebiscito que derogue la ultrarreaccionaria ley de caducidad (aunque relativizó su apoyo aclarando que lo que busca es la reconciliación y no que se hagan nuevos juicios), con lo cual intenta separarse aún más del gobierno y preservar su figura como alternativa “popular”. Sin embargo, quien fuera uno de los pilares del gobierno desde que asumió, se reunió al mismo tiempo con Larrañaga, un alto dirigente del derechista Partido Nacional, señalando la necesidad de un gran acuerdo entre los dos partidos más allá del resultado electoral. Con esto, el ex tupamaro demuestra, una vez más, que no es ninguna alternativa al actual gobierno. Es que en el fondo no hay diferencias estratégicas de proyecto entre ambos dirigentes, al menos en lo esencial como las privatizaciones, pago de la deuda externa, “promover la inversión externa”, y no está descartado un acuerdo final entre ambos para no ir separados en las internas.
Es necesario extender, continuar y profundizar toda experiencia antiburocrática con mayor participación y movilización; apuntando a poner en pie sindicatos combativos que discutan un plan de lucha que enfrente firmemente la política liberal del Frente Amplio, el pago de la deuda externa y los compromisos con la banca internacional. Junto con ello, es imprescindible levantar una política de independencia de clase para el reagrupamiento de la vanguardia, ayudándola a acelerar la experiencia con el “progresismo” del FA y combatiendo otros proyectos de colaboración de clases que puedan surgir a su izquierda, ante el desprestigio de los dirigentes oficiales.
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