Prohibición de los despidos y plenos derechos para los delegados de base
Cuando se empiezan a sentir los primeros golpes directos de la crisis capitalista internacional, con el anuncio de cesantías y suspensiones, el fallo de la Corte Suprema de Justicia debilita el poder de control burocrático de la CGT sobre los lugares de trabajo. ¿A quién favorece esto?
La dirección de la CTA dijo ser “corrida por izquierda” con la resolución, lo cual es toda una confesión en materia de “libertad sindical” para una central de trabajadores “progresista” tratándose de la institución más oligárquica de la casta de jueces a los que nadie nunca votó. Mientras la CTA siempre pretendió limitar su reclamo de “pluralismo” al otorgamiento de su personería por parte del Estado, el fallo abre la posibilidad de elegir delegados de base en todos los lugares de trabajo sin depender de la tutela de la personería gremial de la CGT ni de ninguna otra. Ante esto los dirigentes de la CTA piden que se reformule el artículo 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales que ha sido declarado “inconstitucional”, cuando el punto de partida de la mínima condición para la democracia sindical es la derogación de todo ese aparato legal que regimenta la organización de los trabajadores atándola al Estado patronal. Por su parte, Luis Barrionuevo lamentó la decisión de la Corte como “un día de luto” cargándole el muerto a Moyano, mientras su “CGT Azul y Blanca” posee la mayor cantidad de “sindicatos simplemente inscriptos”. A dos días del fallo, los Kirchner acaban de compensar a Moyano poniendo a un hombre de su confianza, Juan Rinaldi, al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud y del control de 1.000 millones de las Obras Sociales.
Una pelea abierta
“En un momento de concentración económica, fragmentar la fuerza sindical no parece lo mejor”, sostuvo el abogado de la CGT Héctor Recalde. Justamente: ahora se plantea al menos la posibilidad “legal” de elegir delegados en el 87% de los establecimientos laborales que actualmente no tienen representación gremial, así como estaría permitido organizar en los sindicatos a los millones de trabajadores expuestos sin defensas ante el despotismo empresario, en condiciones de empleo precario y en negro, como no pueden hacerlo bajo este “modelo sindical”.
Claro está que sin la lucha de los trabajadores todo esto es papel mojado y el fallo de la justicia querrá ser aprovechado por las patronales. El dirigente judicial Julio Piumato se refirió a que la resolución judicial permitirá que en las empresas aparezca “el capataz con rango gremial”, es decir lo que se conoce como “sindicatos amarillos” armados por los propios empresarios para avanzar en la atomización en el movimiento obrero que en gran medida ya existe. No obstante, uno de los diarios de las finanzas señala “la incertidumbre empresaria” porque “un escenario de pluralismo gremial podría resultar caótico al momento de discutir incrementos salariales y otras condiciones de trabajo. (...) Esa situación plantea un escenario diferente para las empresas, que podrían encontrarse con un cuerpo de delegados que no responde al gremio de actividad y que podría plantear reclamos diferenciados, lo que obligaría a las compañías a tener que enfrentar negociaciones diversas con una multiplicidad de actores” (El Cronista, 12/11). Por esto es que Héctor Recalde también advirtió sobre el peligro por izquierda para los dirigentes burocráticos, “no es posible que cualquier partido o corriente sindical arme un sindicato”. En una perspectiva de crisis capitalista, donde la patronal no tiene para ofrecer ni horas extras y la base de los sindicatos burocráticos es cada vez más estrecha, también es posible que el movimiento obrero aproveche, en su lucha para organizarse desde abajo, este resquicio legal abierto por el fallo de la Corte.
¿Quién fragmenta a la clase trabajadora?
Para no contradecir a Guillermo Moreno, que comandó las estadísticas del INDEC según las cuales bajó la desocupación, Moyano dijo que “no hay casos concretos de despidos”, para aclarar a renglón seguido que lo que ocurre, además de adelantamiento de vacaciones y reducción de horas extras, es la “no convocatoria a personal eventual”. En el mismo sentido se expresó Belén, el segundo de la CGT: no son despidos, sólo son “no renovación de contratos”. Para estos dirigentes -que invocan que “la unidad hace la fuerza” ante la mínima posibilidad de perder el control burocrático de los sindicatos-, los contratados son trabajadores de segunda, una especie de subclase, como consideraron a los trabajadores desocupados hasta que irrumpieron en la escena nacional y conquistaron sus propias organizaciones. Hay miles de contratados, en su mayoría jóvenes, de medianas y pequeñas empresas y trabajadores eventuales del campo que están siendo la variable de ajuste de los empresarios; mientras los dirigentes de la CGT apuestan -con los “preventivos de crisis” en el Ministerio de Trabajo- a negociar los “menos despidos posibles” para los trabajadores en blanco a cambio de suspensiones con rebaja salarial. Una política conciente de “fragmentar la fuerza” de la clase trabajadora. Para peor, esto no frenará tampoco los despidos de los trabajadores bajo convenio. El acuerdo que la patronal de General Motors en su planta de Alvear de Santa Fe acaba de proponer es reincorporar sólo 176 de los más de 400 trabajadores que recibieron el telegrama de despido. La crisis capitalista internacional entró al país, entre otras formas, por la vía de las multinacionales que piden ser rescatadas por el estado norteamericano: el salvataje de la quiebra de la General Motors y la Ford es tema de debate entre Bush y Obama en la transición presidencial de los EE.UU. Los anuncios de los Kirchner de planes de obra pública por 36 mil millones pesos sólo serán un paliativo que no compensará la caída del empleo en medio de la recesión global.
Prohibición de despidos y suspensiones. Reparto de las horas de trabajo Los últimos acontecimientos nacionales ponen en cuestión el futuro de la clase trabajadora. Tanto en la discusión sobre los destinos de las jubilaciones y el manejo de los fondos de los salarios diferidos, como con los primeros síntomas de una recesión que amenaza con la pérdida de empleo para millones. Y en medio de esto el fallo de la Corte Suprema, abre el debate sobre la organización del movimiento obrero. Pero los sindicatos en manos de la burocracia sindical discuten sus espacios de representatividad, en tanto mantienen a los trabajadores sin tomar una sola medida efectiva para enfrentar la crisis.
La CGT ha presentado un proyecto de ley para limitar los despidos por 16 meses. Después de haber dejado pasar el “regalo” que el gobierno le hizo a los empresarios quitando la doble indemnización, cuando a coro nos decían que la economía crecería por años y ya la desocupación no volvería a los “dos dígitos”, ahora la CGT pretende restablecerla mediante la imposición de multas a las patronales que despidan “sin causa”. En tanto Hugo Yasky de la CTA se ha pronunciado vagamente por la prohibición de los despidos.
– 1. Es el momento de redoblar la exigencia desde las asambleas, cuerpos de delegados y seccionales sindicales combativas para que la CGT y la CTA llamen a un gran paro y movilización nacional detrás de lo que debe ser la primer bandera de unidad de la clase trabajadora: la lucha por la prohibición de los despidos y suspensiones, estableciendo una barrera frente a la crisis para no perder una sola conquista más, ni de efectivos ni de contratados.
– 2. Sobre esta base nuestra alternativa a las suspensiones es muy sencilla: en las empresas donde baja la producción que se repartan las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, manteniendo el mismo salario que por las 8 horas.
– 3. Está planteado unificar a las organizaciones antiburocráticas ya conquistadas como el cuerpo de delegados del subte, el sindicato ceramista de Neuquén, las comisiones internas recuperadas en la industria, para impulsar este programa en común y la elección de delegados con plenos derechos sindicales en todos los lugares de trabajo, nuevas organizaciones de base en la que participen y voten todos los trabajadores: efectivos y contratados, estén afiliados o no, sin importar a qué sindicato pertenezcan.
Esta lucha para que la crisis la paguen los capitalistas es la que va a forjar una unidad del movimiento obrero adoptada en forma democrática y voluntaria, y no impuesta mediante la regimentación burocrática.
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