Si bien el patrón de acumulación que rigió desde la devaluación mostraba signos de agotamiento desde comienzos de año [1], cuando tuvo lugar el conflicto por las retenciones a las exportaciones agrarias, la profundización de la crisis capitalista internacional está golpeando fuerte sobre el terreno local, modificando en forma cualitativa las coordenadas económicas y políticas que predominaron en los últimos años. Han quedado en el pasado los tiempos donde la economía crecía al 8 ó 9% y todas las fracciones burguesas “ganaban”, mientras el gobierno contaba a la vez con recursos para contener al movimiento de masas y crear la ilusión de una mejora gradual en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Ha quedado también enterrada la discusión sobre la “oportunidad histórica” que se le abría a nuestro país por la suba de los precios de las commodities, que dominó los discursos tanto del gobierno como de las patronales agrarias durante el conflicto por las retenciones, cuando un primer desarrollo de la crisis inmobiliaria y financiera en EE.UU. había llevado por las nubes los precios del petróleo, de la soja, del girasol, del maíz, del trigo, etc. [2]. Hoy ya nadie habla tampoco de la posibilidad de un “desacople”, como pretendía el discurso oficial a partir de las reservas acumuladas y de la menor exposición a los flujos del capital financiero.

En el último mes y medio el deterioro de todos los indicadores económicos ha sido notable. Tras el salto pegado por la crisis capitalista internacional en septiembre, la bolsa porteña [3] y los bonos estatales se derrumbaron, mientras la fuga de capitales se aceleró (sólo este año salieron del país o del circuito financiero entre 20 y 25 mil millones de dólares). Tras los congelados anuncios de pagar al Club de París y reabrir el canje de los bonos de la deuda externa, que buscaban la apertura del crédito internacional en medio del derrumbe del sistema financiero, el fantasma de un nuevo default se planteó en el horizonte. Frente a esto, el gobierno recurrió a una medida que puede ser considerada como límite para gobiernos como el de los Kirchner, que han reafirmado su credo capitalista en los cinco años que llevan de mandato: la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Esta medida, aunque le da aire a un gobierno que viene muy golpeado, de ninguna manera evita el impacto del “tsunami” de la crisis internacional sobre la economía local. En primer lugar, se ven afectados los niveles de superávits comercial y fiscal, las “niñas bonitas” de la recuperación de estos años, debido a la caída de los precios de las materias primas exportadas por Argentina: la soja, en momentos que cerramos este artículo se encuentra a 288 dólares la tonelada [4], cuando en julio su precio llegaba a los 600 dólares. Esta baja no sólo disminuye el superávit comercial [5] sino que repercute directamente en la recaudación fiscal por la baja de lo ingresado en concepto de retenciones, a lo que se suma la disminución de lo obtenido por los impuestos al consumo. A su vez, el crecimiento económico se ha enlentecido, con una caída muy importante en ramas como la construcción, el calzado, el cuero, automóviles y autopartes y la producción de electrodomésticos, además de todo lo vinculado al turismo [6] y el comercio más en general, a partir de una retracción del consumo doméstico. Noviembre fue el primer mes en 6 años donde no se registró crecimiento en la industria. Algunas provincias también se ven fuertemente golpeadas por la caída de los precios del petróleo, que se encuentran a sólo un tercio de los niveles ostentados en julio de este año [7]. La inversión privada se ha contenido, primero por la “crisis del campo” y luego por el aceleramiento de la crisis internacional [8]. A esto tenemos que sumar la presión que ejercen sobre el mercado local los productos brasileños, a partir de la devaluación sufrida en estos meses por el real (un 60%, estando actualmente a 2,50 reales por dólar), lo que ha llevado a una fuerte presión del lobby industrial para devaluar significativamente el peso [9]. Las proyecciones más optimistas calculan que el PBI crecerá en 2009 a lo sumo un 3%, basado especialmente en el arrastre de este año y en la inversión estatal. Otros pronósticos auguran una economía con crecimiento nulo [10].

El debilitamiento del kirchnerismo

El año 2008 ha sido para la Argentina un año de coyunturas muy cambiantes. Al comienzo teníamos un gobierno que ocupaba en soledad el centro de la escena política. Los precios de las materias primas exportadas por el país se encontraban en alza, permitiendo un aumento de la recaudación estatal. La inflación se presentaba como el gran problema a resolver junto con conseguir los fondos para garantizar los pagos de la deuda externa. Sin embargo, la impensada reacción de las patronales agrarias frente a la frustrada “Resolución 125”, que planteaba el sistema de retenciones móviles para la soja y otros cereales, provocó un cambio relevante de la situación. Los Kirchner enfrentaron la principal crisis política de sus cinco años de gobierno, terminando con un debilitamiento tanto de su base social como de su base política, aunque evitando en lo inmediato una fractura significativa del peronismo. Desde entonces, con el desarrollo de la crisis capitalista internacional, la situación política se ha vuelto más convulsiva: quedó atrás la etapa “no revolucionaria” que vivimos desde la asunción de Kirchner para tornar en lo que Trotsky definía como una “situación transitoria” [11], con una fuerte tendencia a la entrada en una etapa objetivamente pre revolucionaria.

Luego del voto “no positivo” en el Senado del vicepresidente Julio Cobos, que provocó la derrota del proyecto gubernamental sobre el incremento de las retenciones, el kirchnerismo ha dado distintos giros pragmáticos. Primero fue el patético anuncio de pagar la deuda al Club de París, seguido de la propuesta de reabrir el canje de la deuda para los bonos declarados en default que no habían entrado en la reestructuración realizada en 2005 por Kirchner y Lavagna. En medio de un derrumbe del sistema financiero internacional ambos planteos quedaron congelados. Luego, vino el sorpresivo anuncio de la estatización de las AFJP, que le permitió al gobierno quedarse con una caja de 100 mil millones de pesos, a pesar de la oposición del grueso de la burguesía a una medida que deja al gobierno con el control de la principal fuente de crédito interno y con el manejo de un porcentaje de las acciones de 40 grandes grupos económicos que va del 5 al 25%. Finalmente, luego de varias semanas donde se produjo una importante fuga de capitales y en medio de una fuerte presión del lobby industrial para avanzar en la devaluación del peso, la presidenta Cristina Fernández lanzó una serie de medidas “anticrisis”, que posiblemente se continúen luego de culminado este artículo. Comenzó con un planteo que nada tiene de “progresista”, como el envío al Congreso de un proyecto de “blanqueo” de capitales argentinos en el exterior o no declarados y una moratoria impositiva generalizada, destinadas a tratar de lograr un aumento de la recaudación y mejorar sus relaciones con los sectores capitalistas que habían rechazado la estatización de las AFJP. Esto fue acompañado por la creación del Ministerio de la Producción, con Débora Giorgi –una funcionaria con buena relación con la UIA– como nueva ministra. Luego siguieron los planes sectoriales (como los fondos para la compra a crédito de automóviles cero kilómetro y electrodomésticos, o para la renovación de la flota de taxis) y la anulación de la “tablita de Machinea”, que rebaja los cobros por el Impuesto a las ganancias a 350.000 trabajadores asalariados y autónomos que ganan de $7.000 para arriba por mes. Finalmente el anuncio de $200 adicionales por única vez a los jubilados y un plan de obras públicas por alrededor de $110.000 millones, de los cuales el próximo año se desembolsarían $57.000 millones. De conjunto, son medidas que buscan combinar la “seducción al capital” con el aliento al consumo de las clases medias [12] y las capas más altas de la clase trabajadora [13] , como forma de tratar de contener las tendencias a la caída del crecimiento económico, y a la vez de poner un freno a la baja en los niveles de empleo, que es el principal “logro” que esgrime el kirchnerismo frente a su base de apoyo popular. Sin embargo, por la magnitud de la crisis internacional, por la falta de unidad burguesa y por el debilitamiento del gobierno, es difícil que estas medidas logren ser algo más que un paliativo coyuntural. Incluso mucho de lo anunciado tiene más que ver con presentar la imagen de un gobierno activo frente a la crisis que con algún efecto económico real.

Más allá de los ritmos con que se desarrolle, y de recuperaciones parciales que pueda conseguir, la decadencia del kirchnerismo parece algo difícil de revertir. Recordemos que éste cimentó su poder en la fuerte recuperación económica vivida por la economía nacional luego del crack de 2001-2002. La combinación entre un nuevo ciclo de la economía internacional con el alza de los precios de las materias primas y las condiciones favorables a los negocios capitalistas creadas por la fuerte devaluación del peso, le permitieron conformar una amplia base de apoyo socialmente policlasista. Durante sus primeros dos años de gobierno Kirchner mantuvo la alianza con Duhalde que lo catapultó a la presidencia, a lo que sumó la cooptación de sectores del “progresismo”, del movimiento de derechos humanos y del movimiento piquetero. Esto le permitió combinar la “gobernabilidad” que le garantizaba el PJ con el coqueteo con la idea de “transversalidad” y la especulación con el lanzamiento de una fuerza política que reemplace al peronismo, con la que buscaba apoyo en sectores de centroizquierda. Luego de la ruptura con Duhalde, logró quedarse con el grueso del aparato duhaldista en el Gran Buenos Aires mientras Moyano se transformaba en un aliado fundamental para garantizar, a partir de marzo de 2006, una suerte de “pacto social” de hecho mediante los “topes salariales”. Para la elección presidencial de octubre de 2007, el kirchnerismo implementó una alianza “sui generis” entre gobernadores e intendentes del PJ, parte del radicalismo (los llamados “radicales K”) y sectores de centroizquierda. Así en varias provincias e intendencias, la misma fórmula presidencial albergó distintas listas, las llamadas “colectoras”. Si bien la base principal del apoyo conseguido por Cristina Fernández en octubre de 2007 estuvo en el voto peronista tradicional, este se combinó con el aval de amplios sectores de la pequeña burguesía de las ciudades del interior de la “pampa húmeda” (algo que se dio tanto en Provincia de Buenos Aires como en Córdoba y Santa Fe), que se habían beneficiado del “boom” sojero, mientras en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba capital, Rosario, Mar del Plata y La Plata triunfaba alguna de las variantes de la oposición burguesa, expresadas en las fórmula Carrió-Giustiniani y Lavagna-Morales.

Aunque el inicio del gobierno de Cristina estuvo dado por el intento de atraer a los sectores peronistas disidentes que se habían ido con Lavagna (y al mismo ex ministro de Economía), incluyendo la asunción de Néstor Kirchner en la presidencia del PJ, el conflicto con las patronales agrarias alteró todo el panorama, pasando masivamente a la oposición la burguesía agraria y la pequeño burguesía de las ciudades y pueblos del interior de las provincias de la región pampeana y la mayoría de los “radicales K”, empezando por el vicepresidente Julio Cobos. El gobierno perdió también a uno de sus principales operadores, Alberto Fernández, y al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, quien había encabezado la lista para diputados del Frente para la Victoria bonaerense. Sin embargo, el grueso de los gobernadores peronistas y los intendentes del conurbano bonaerense se mantuvieron con el gobierno, al igual que ocurrió con la conducción de la CGT, donde la escisión encabezada por Luis Barrionuevo no logró arrastrar a los llamados “gordos”, que entraron finalmente a la lista de unidad que ratificó a Hugo Moyano como Secretario General. Así, el gobierno salió políticamente muy desgastado y golpeado de la confrontación por las retenciones pero aún con cierto margen táctico para recomponer su mayoría en el Congreso y tratar de ser la primera minoría en las elecciones parlamentarias de 2009 (especulando esencialmente con lograr una buena votación en provincia de Buenos Aires), sobre todo a partir de la debilidad relativa que expresan los distintos proyectos de la oposición burguesa [14] . Si económicamente la estatización de las AFJP, cuestión que entre otros puntos permite disponer al gobierno de cuantiosos fondos para obra pública, algo esencial en un año electoral, le da un cierto respiro para tratar de articular una alianza con los diversos factores de poder del peronismo, lo cierto es que el kirchnerismo se encuentra políticamente a la defensiva, con una importante pérdida de popularidad tanto de Cristina Fernández como de Néstor Kirchner. Sus planes están dirigidos a evitar mayores pérdidas y no a la conquista de nuevas posiciones. Aun así, con una crisis mundial que se expande dinámicamente, está abierta la perspectiva de que los zigzags del gobierno lo sigan debilitando tanto por izquierda (como expresa la ruptura de Libres del Sur y del diputado Miguel Bonasso) como por derecha. Incluso, no se pueden descartar nuevas crisis políticas de envergadura, en un año en que la disputa electoral va a estar combinada con tendencias a duros enfrentamientos de clases y en una situación en la cual las diferentes fracciones burguesas se encuentran en realineamientos más o menos continuos, en función de los cambios del tablero económico y político y de tratar de sacar las mayores ventajas posibles en medio de la crisis [15].

Una nueva situación en la clase obrera

Como está ocurriendo en todo el mundo, los capitalistas están respondiendo a la crisis con suspensiones y despidos, en particular con los trabajadores “contratados” o “eventuales”, que constituyen el sector más vulnerable dentro del universo de la fuerza de trabajo ocupada. Aparte de los trabajadores que directamente están “en negro”, el “empleo no registrado” en la jerga de los “especialistas en relaciones laborales”, durante la década de los ’90 se consolidaron multitud de formas de contratos laborales precarios –presentes tanto en el sector público como en el privado– que permiten evitar la efectivización de los trabajadores, desde el trabajo “por agencia”, las “pasantías laborales”, el contrato “por locación de obra” (donde el trabajador factura como monotributista) o el empleo por contrato temporal realizado por la propia empresa, que a pesar de su ilegalidad a veces se extiende por años. En ciertas ramas de producción, existe un sector de trabajadores que ha pasado por una gran cantidad de fábricas, sin tener la posibilidad de ser efectivizado. Incluso en la administración pública nacional no sólo no se producen prácticamente nuevas incorporaciones a la planta permanente desde que se realizó la “reforma del Estado” bajo el gobierno de Menem (una imposición que había establecido el FMI) sino que miles de trabajadores permanecen por años contratados bajo las modalidades de “ley marco” o “planta transitoria”, lo que legalmente permitiría “cesar” el contrato (despedir) sin indemnización.

Conceptualmente los trabajadores precarizados constituyen una capa de la clase obrera que puede ser equiparada a lo que Marx denominaba “sobrepoblación obrera relativa estancada”: “La sobrepoblación estancada constituye una parte del ejército obrero activo, pero su ocupación es absolutamente irregular, de tal modo que el capital tiene aquí a su disposición una masa extraordinaria de fuerza de trabajo latente. Sus condiciones de vida descienden por debajo del nivel medio normal de la clase obrera y es esto precisamente, lo que convierte a esa categoría en base amplia para ciertos ramos de explotación del capital. El máximo de tiempo de trabajo y el mínimo de salario lo caracterizan” (cursivas en el original) [16].

El gobierno kirchnerista ha mantenido lo esencial de la legislación laboral que permite este tipo de contratos. Las direcciones sindicales burocráticas han “naturalizado” esta situación, negándose como regla general a defender a esta capa de trabajadores que a veces constituyen hasta un 20% y un 30% de la fábrica, sin contar a los “tercerizados”, es decir, a quienes cumplen funciones en el establecimiento pero dependen de otra patronal y, frecuentemente, están afiliados a otro sindicato. Esta política de fragmentación del colectivo de trabajadores no ha hecho más que fortalecer las posiciones patronales y debe ser enfrentada con firmeza por todo luchador clasista. En estos años, aunque minoritarios, hemos visto algunos ejemplos de enfrentamiento exitoso de esta fragmentación, como fue la derrota de la tercerización en el subte y el ferrocarril Roca, que abarca toda la zona sur del Gran Buenos Aires.

Durante los años de fuerte crecimiento económico la clase trabajadora se recompuso socialmente, con la ocupación de alrededor de cuatro millones de trabajadores. Esto, sin embargo, se dio en el marco de la continuidad de altos niveles de precarización del trabajo y de empleo “en negro” de alrededor de un 40% de los asalariados. Los salarios, que habían perdido en promedio un 30% de su poder de compra con la devaluación, se recuperaron parcialmente de esa caída hasta 2007, cuando el salario real se estancó y tuvo un leve descenso en 2008 a partir del fuerte crecimiento inflacionario del primer semestre. Un trabajo reciente del CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino), conformado por economistas que profesan una suerte de apoyo crítico a la política oficial, da cuenta de esta situación, considerando índices alternativos a los que se manejan históricamente para medir el salario real, a partir de la grosera adulteración de los índices oficiales tras la intervención del INDEC y su consecuente manipulación del sistema estadístico:

“La recuperación de la economía tras la crisis de 2001-2002 fue acompañada por una tendencia creciente en el nivel de precios. Esta tendencia, que comenzó con la devaluación, no sólo no se ha detenido sino que, según los datos considerados más confiables que el IPC-GBA, parece estar acelerándose como consecuencia de los aumentos de los precios internacionales de los productos transables, el dinamismo de la demanda, que supera al de la oferta, y la concentración de los mercados. En consecuencia, el escenario auspicioso que surge de la evolución de los salarios nominales se modifica, ya que el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores se estaría “licuando” como resultado del aumento de los precios de los bienes y servicios que éstos consumen (...) los salarios reales no sólo no crecen, sino que tienden a reducirse desde principios del año pasado entre un 1% y un 3% si se utilizan el IPC-San Luis o el IPC-7 provincias, respectivamente (ver gráfico)” [17].

Si todavía en el mes de septiembre el debate estaba centrado en cómo recuperar los salarios frente a los aumentos inflacionarios, las patronales aprovecharon el aceleramiento de la crisis para tratar de congelar todo reclamo salarial o de recuperación de conquistas laborales perdidas. Pese a esto, las dos centrales sindicales no han llamado a ninguna medida de lucha que permita a los trabajadores golpear en común. Estos dirigentes han jugado un papel central para naturalizar la situación en la cual los “contratados” y “eventuales” no podrían oponer ninguna resistencia frente a los despidos. Sin embargo, hemos tenido algunas respuestas muy importantes que obligaron a un cierto retroceso patronal. En Córdoba, uno de los grandes centros de la industria automotriz y de las autopartes, un grupo de trabajadores contratados despedidos de la fábrica Gestamp inició una dura lucha, que logró impactar en sectores importantes de los trabajadores efectivos de otras plantas que tomaron en sus manos la defensa de los contratados, como los de la fábrica de camiones IVECO o en Volkswagen, llevando a la burocracia a reubicarse y acordar con las patronales transformar a los despidos en suspensiones con un porcentaje del sueldo hasta fines de marzo, donde se librará una nueva batalla. En General Motors, cuya planta está localizada a pocos kilómetros de Rosario, los trabajadores se negaron a aceptar la propuesta patronal de suspender por varios meses a un sector de trabajadores y de no renovar los contratos a otros cientos de obreros. Hacía mucho tiempo que no se veía una reacción de este tipo entre los trabajadores del SMATA, donde nuevos delegados desafían en algunas plantas el control de la burocracia. En Villa Constitución, los obreros de Paraná Metal (ex Metcon) están dando una dura lucha frente al vaciamiento de la empresa, con movilizaciones que han congregado más de 5.000 personas. Hay también tomas de frigoríficos y paros sectoriales de bancarios y peones de taxis entre otros. Esto no extraña. En la resistencia a las políticas “neoliberales” en los ’90 y durante la crisis de 2001-2002 existió una fuerte acumulación de experiencias de lucha y organización entre diversas fracciones de la clase obrera y los sectores populares que vamos a ver recrearse en esta nueva situación. El recurso a la “acción directa” es parte de una “cultura política” muy extendida, que abarca incluso a fracciones de la pequeño burguesía, al igual que las tendencias a la coordinación entre los sectores en lucha.
Junto con este comienzo de la resistencia obrera frente a los ataques patronales, el otro elemento importante tiene que ver con la “caja de Pandora” abierta por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se estipula que cualquier trabajador, esté o no afiliado al sindicato con personería gremial en el establecimiento, puede ser electo como delegado gremial. Ya desde hace unos años, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) venía cuestionando la ley de Asociaciones Profesionales vigente en nuestro país, debido a que, entre otros, su artículo 41 violaría el derecho a la “libertad sindical”. Efectivamente, desde que en 1994 con la reforma de la Constitución los tratados internacionales firmados por Argentina fueron elevados a rango constitucional, se presentaba una incompatibilidad jurídica en este terreno, en el que la CTA venía reclamando su derecho a ser reconocida como central sindical con las mismas prerrogativas que la CGT. El llamado “modelo sindical argentino” está caracterizado por una fuerte intervención estatal en la vida de las organizaciones obreras, ya que es el Estado quien otorga la personería gremial a los sindicatos que se inscriben en el Ministerio de Trabajo y define cuál es la organización obrera que puede representar oficialmente a los trabajadores. El Estado viene utilizando esta potestad para apuntalar el poder de las burocracias sindicales, las cuales cuentan además con numerosas facultades para intervenir a las seccionales sindicales locales que pasen a control de sectores de oposición antiburocráticos, como ocurrió por ejemplo a principios de los ’90 con la UOCRA de Neuquén. Es así que en la industria, al contrario de lo que ocurre entre docentes, estatales y algunos sectores de servicios como los ferroviarios, no existen prácticamente sindicatos –aun a nivel seccional– que no estén bajo el control de la burocracia, con la excepción del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén y de la seccional San Fernando del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), siendo este último uno de los contados gremios industriales perteneciente a la CTA. También las burocracias cuentan con herramientas para tratar de deshacerse de los delegados opositores, de lo que da cuenta la pulseada que desde hace unos años enfrenta al antiburocrático Cuerpo de Delegados del subterráneo [18] de la Ciudad de Buenos Aires con la dirección oficial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). O como vimos a comienzos de este año en los duros conflictos finalmente derrotados del Casino Flotante y la textil Mafissa, donde las direcciones de los sindicatos se aliaron a las patronales y al Ministerio de Trabajo para avalar los despidos y desautorizar a los delegados y la comisión interna.

En pleno desarrollo de la crisis, y más allá de la fundamentación “liberal” del fallo de la Corte, se ha abierto una “brecha legal” que plantea la posibilidad de avanzar en la organización de amplios sectores de la clase trabajadora que hoy no tienen representación gremial en su lugar de trabajo: según un estudio muy difundido, el 87% de las establecimientos privados y el 55% de los que emplean más de 200 trabajadores no cuentan con delegados. Hasta el momento, con la excepción del sector público, donde distintos gremios se disputan la representación obrera, la elección de delegados sólo podía ser convocada por el sindicato con personería gremial, un estatus que otorga el Ministerio de Trabajo a la organización que se considera mayoritaria entre los trabajadores del sector. Es así que existen actualmente numerosos sindicatos (alrededor de 1.500) que por ser considerados minoritarios por el Ministerio no pueden contar con delegados con fueros sindicales (que los protegen contra los despidos) ni acceder al descuento por planilla del aporte de los trabajadores, así como tampoco pueden tener representación en las negociaciones paritarias. Lo cierto es que son numerosas las burocracias sindicales que garantizaban la no existencia de delegados en las plantas (incluso en casos extremos ni siquiera afiliados como era en Coca Cola de Pompeya), a partir de acuerdos de hecho con las patronales, que a su vez las favorecían introduciendo cláusulas de “aportes solidarios” en los convenios colectivos, mediante los cuales a todo trabajador se le descuenta un 2% de su salario para el sindicato a pesar de no estar afiliado. Así la virulenta oposición de la CGT a este fallo no tiene nada que ver con una preocupación por una posible división de la organización obrera sino que refleja el nerviosismo ante el hecho de que nuevos activistas antiburocráticos lo utilicen para organizar a los desorganizados y para sacarse de encima a los delegados burocráticos y pro patronales. La CTA, por su parte, que se ha pronunciado a favor del fallo, tampoco ve con mucho agrado la posibilidad de que surjan miles de nuevos de delegados apoyados por las bases [19].

Para la izquierda clasista, por el contrario, se abre una gran oportunidad para desarrollar nuevos cuerpos de delegados en los distintos establecimientos en que no existen, y para tratar de imponer delegados combativos y antiburocráticos allí donde sí hay organización. Se trata de conquistar cuerpos de delegados que se propongan unir para la lucha en cada empresa a efectivos, contratados, tercerizados y en negro, y desde allí pelear por la dirección de los sindicatos y por la coordinación con otros sectores de trabajadores ocupados y desocupados. Es en estos organismos en los que, tradicionalmente en el país, se expresan en forma más inmediata las tendencias al surgimiento de nuevos dirigentes y también los que pueden jugar el papel de transformarse en la base de futuros “consejos obreros”, como tendieron a hacerlo las “coordinadoras interfabriles” de la década del ’70 [20], especialmente durante las jornadas de junio y julio de 1975, cuando se desarrollaron al calor del enfrentamiento al “Plan Rodrigo” instrumentado por el gobierno de Isabel Perón y José López Rega.

Estratégicamente, nuestra apuesta es a que surjan organismos de este tipo al calor del ascenso obrero y puedan convertirse en puntales para desarrollar el frente único del conjunto de las masas en lucha, centralizando y procesando la acción de los explotados. Es decir, que se transformen en expresión del “doble poder” de los trabajadores y explotados frente al Estado burgués.

La experiencia histórica indica que no habrá resolución duradera y efectiva de las demandas de los trabajadores y el pueblo pobre sin derrocar, mediante una insurrección obrera y popular y bajo la dirección del partido revolucionario, el poder del Estado capitalista.

Esta perspectiva estratégica no implica, sin embargo, el más mínimo abandono de una política sistemática de frente único obrero, para que los sindicatos rompan su subordinación a las patronales y al gobierno y se pongan al frente de las luchas de los trabajadores. Es más, un desarrollo de nuevas coordinadoras u organismos similares sólo podrá darse en forma masiva combinando el reagrupamiento de los sectores combativos y la denuncia a las direcciones burocráticas con la utilización audaz de la táctica del frente único obrero, como ahora está planteado realizar exigiendo a la CTA y la CGT un paro nacional y un plan de lucha contra los despidos y suspensiones.

La lucha por la independencia de clase

Superestructuralmente, el debilitamiento del gobierno está provocando en lo inmediato una tendencia al desarrollo de un polo político de centroizquierda, “semi oficialista, semi opositor”, con los sectores “no kirchneristas” de la CTA como articuladores, aglutinando también a Pino Solanas, Claudio Lozano, los disidentes del ARI agrupados en Solidaridad e Igualdad, Libres del Sur, etc. Este sector se basa en realizar algunas denuncias a los aspectos más reaccionarios del gobierno, pero sus planteos no van más allá de un tibio nacionalismo y de reclamar medidas de intervención estatal, recreando las ilusiones en “la capacidad redistributiva” del Estado capitalista, como si éste fuera un órgano neutro en el combate de clases. Su planteo estratégico de recrear un bloque de “los trabajadores y los sectores populares con la burguesía nacional” los lleva a constantes realineamientos políticos y a conformar bloques con distintos sectores patronales, como en su momento lo hicieron con el Frepaso y luego con la Alianza. Ayer nomás, quienes hoy se amontonan tratando de conformar un “espacio progresista” vienen de estar en campos opuestos durante la crisis que enfrentó al gobierno con las patronales agrarias, unos junto a los Kirchner (Libres del Sur, Yasky), otros en un apoyo vergonzante a la Mesa de Enlace (Lozano, De Gennaro, etc.). Lozano llegó a plantear durante este conflicto que apoyaba a la Federación Agraria por ser una burguesía rural media “que en el marco de la Argentina de la desindustrialización es la única burguesía media que queda con capacidad económica concreta” (Crítica, 31/05/08). Políticamente estos sectores tienen en común su fuerte oposición a que los trabajadores avancen en su independencia de clase.

En la izquierda, el conflicto entre el gobierno y las patronales agrarias dio lugar a tres posiciones divergentes. Por un lado, el pequeño Partido Comunista y parte de la llamada “izquierda social” se posicionaron junto al gobierno. Por otro, organizaciones como el maoísta Partido Comunista Revolucionario (que impulsa la Corriente Clasista y Combativa –CCC), el Movimiento Socialista de los Trabajadores y grupos menores como Izquierda Socialista, Convergencia Socialista e Izquierda de los Trabajadores (todos provenientes de la corriente “morenista”, así como grupos “guevaristas” como el PRML/CUBa) estuvieron del lado de las patronales agrarias, llegando incluso a participar en los actos que estas convocaron en Rosario y en Palermo, que contaron con el apoyo y la presencia de toda la oposición patronal, como el PRO del empresario derechista Mauricio Macri, la Coalición Cívica encabezada por Elisa Carrió o los sectores peronistas residuales seguidores de Menem, Duhalde o Rodríguez Sáa. Ninguno supo mantenerse en una posición congruente con la independencia de clase. Desde el PTS fuimos activos impulsores de la denominada “tercera posición”, caracterizando que estábamos en presencia de un conflicto intercapitalista en el cual la clase obrera debía intervenir con una posición independiente. Tras este planteo impulsamos numerosas declaraciones (entre las más importantes estuvo el texto denominado “Ni con el gobierno ni con las entidades patronales ‘del campo’”, que fue firmado por más de 600 intelectuales y docentes universitarios [21]) y pronunciamientos de la vanguardia obrera y estudiantil. Pese a contar con la simpatía de una franja importante de trabajadores y de la juventud, esta posición vio limitada su repercusión por la situación de confusión que predominó en el movimiento obrero ante la polarización entre las dos posiciones burguesas y, en otro nivel, por la negativa del PO a conformar con nuestro partido un bloque político para impulsar el planteo independiente. Después de haber realizado un acto conjunto al comienzo del conflicto, el 28 de marzo, el PO impulsó un acto con corrientes de la “izquierda sojera” el 1° de mayo y luego sólo se limitó a impulsar pronunciamientos y declaraciones en los frentes de lucha, pero siempre negándose lamentablemente a construir un polo político que pudiese transformarse en una alternativa nacional. Asimismo, existió también un sector que se agrupó tras una posición entre “semi independiente” y “semi kirchnerista”, como el Frente Popular Darío Santillán y otras corrientes que firmaron el documento “Otro camino para resolver la crisis”, donde se planteaba un “apoyo crítico” a las retenciones propuestas por el gobierno aunque sin concurrir a los actos convocados por el kirchnerismo.

Mientras que para quienes apoyaron al gobierno desde la izquierda se les vuelve crecientemente difícil justificar medidas como el blanqueo de capitales, el veto a la ley de glaciares o el impulso gubernamental a la elección de Aldo Rico en el PJ de San Miguel, las corrientes que en la izquierda apoyaron a las patronales “sojeras” sufrieron un fuerte descrédito en la vanguardia obrera y estudiantil. En las elecciones para los centros de estudiantes universitarios, por ejemplo, por primera vez un frente exclusivamente de corrientes trotskistas logró ganar las elecciones en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA: el frente “El Bloque” (integrado por En Clave Roja –PTS– y la UJS-PO) derrotó a una lista formada por agrupaciones “independientes” y al frente formado por la CEPA (PCR), MST, IS y otros, que tenía el centro desde hacía 11 años [22]. El rechazo entre los simpatizantes de la izquierda a la posición asumida por el MST fue tal que su representante en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Walsh, no dijo palabra durante un conflicto que conmovió políticamente al país durante cuatro meses. La pretensión de que apoyaban a los “pequeños y medianos” productores dejaba de lado no sólo el hecho de que éstos se encontraban en un mismo bloque con los principales propietarios y productores agrarios sino que, al calor del “boom” sojero y las transformaciones productivas del agro argentino, muchos de ellos se volvieron pequeños capitalistas y/o rentistas agrarios, que apoyan tanto como los grandes la superexplotación que sufre el millón trescientos mil asalariados rurales, un 75% de los cuales trabaja “en negro”. Así, el MST, que en Bolivia y Venezuela sostiene una política oportunista frente a los gobierno de Evo Morales y Hugo Chávez (la corriente afín, Marea Socialista, es parte del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela), terminó movilizándose junto a quienes se consideran la versión local de los “escuálidos” del país caribeño y de la oligarquía cruceña en Bolivia.

Lo cierto es que el MST hace rato que ha abandonado toda pretensión de construir una fuerza militante centrada en la clase trabajadora, reduciendo su actividad a tratar de ser parte, hasta el momento sin éxito, de alguna coalición electoral con sectores de la centroizquierda como el que expresan Pino Solanas y Claudio Lozano y parte de la CTA.

Las perspectivas para la construcción de un partido revolucionario

La nueva situación donde se combinan la emergencia de la crisis capitalista, el debilitamiento del gobierno y las renovadas posibilidades de organización de la clase obrera, plantea la oportunidad y el gran desafío de dar pasos cualitativos en la construcción de una organización revolucionaria anclada en los principales destacamentos de la clase trabajadora. Para nuestro partido, el PTS, se nos presenta la perspectiva de hacer valer lo acumulado en estos años preparatorios, en los que primó el retroceso del movimiento obrero y de la izquierda. La coyuntura abierta con las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001 –en las que no intervinieron los sectores centrales de la clase obrera ocupada– fue contenida con la salida relativamente rápida de la brutal caída económica, una situación que permitió el asentamiento del “desvío” kirchnerista.
Lo cierto es que la gran mayoría de la izquierda se encuentra “en otra sintonía”, sin ninguna voluntad estratégica de construirse en el seno del movimiento obrero, para lo cual es preciso tener una política consecuente por la independencia de clase como una intervención activa en los procesos de lucha y organización del proletariado. Sin la conquista, en el próximo período, de una minoría significativa de la clase obrera para las posiciones revolucionarias, será muy difícil incidir decisivamente cuando surjan en el movimiento de masas tendencias radicalizadas o hacia la independencia de clase que planteen la utilización de tácticas como la de Partido de Trabajadores, para avanzar en la ruptura de la clase obrera con la dirección peronista y con el reformismo centroizquierdista de la dirección de la CTA. Tenemos, pues, una apasionante tarea por delante.

En estos años de fuerte crecimiento económico, el PTS aumentó su inserción en la clase obrera y en el movimiento estudiantil, luego de haber jugado un papel importante en el desarrollo de un ala izquierda en el movimiento de fábricas ocupadas constituido alrededor de Zanon y Brukman en la crisis de 2001-2002. En el caso de Zanon y el Sindicato de los ceramistas neuquinos, éstos fueron a su vez impulsores de la Coordinara del Alto Valle, una importante experiencia de coordinación desarrollada durante más de un año en la región.

En los sectores industriales, donde el trabajo de las organizaciones políticas de izquierda no puede realizarse a la luz del día debido a la persecución conjunta de las patronales y la burocracia sindical, hemos logrado una importante implantación, desarrollando decenas de agrupaciones sindicales y por fábrica luego de que la izquierda fuese prácticamente barrida de este sector durante los ’90. Una intervención a contramano de prácticamente todas las demás corrientes que cedieron a las presiones por encontrar “nuevos sujetos” que reemplazarían a la clase obrera o que limitaron su intervención a los desocupados. A su vez, impulsamos con centenares de compañeras y compañeros independientes, la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, la Agrupación Universitaria En Clave Roja y la organización juvenil No Pasarán, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la Agrupación Contraimagen. Y también hemos desarrollado una política muy activa para recrear el marxismo y enfrentar las distintas variantes de la ideología dominante, como lo ha expresado la sostenida actividad del Instituto del Pensamiento Socialista “Karl Marx” y la realización de “Marxismo 2008”, un evento de cinco días de debates que reunió a varios de los principales intelectuales marxistas de la Argentina [23]. Es decir, una base importante para enfrentar los nuevos desafíos que tenemos por delante, donde estará planteado ser parte de nuevos reagrupamientos que permitan avanzar hacia la construcción de un verdadero partido revolucionario de la clase trabajadora.

Hoy estamos entrando en un período cualitativamente distinto al que vivimos en los últimos años, donde se combina una inédita crisis del capitalismo mundial con un gobierno desprestigiado pero que tiene todavía tres años de mandato. Una situación que nos plantea nuevas oportunidades y desafíos a los marxistas revolucionarios. Está planteado construir una gran izquierda de la clase trabajadora empezendo por conformar un polo de agrupamiento nacional para apoyar las luchas, impulsar la elección de nuevos delegados y plantear una salida de clase frente a la crisis. En particular, insistiremos en el llamado que venimos realizando a los compañeros del Partido Obrero y otras fuerzas a discutir la construcción de un partido revolucionario unificado de todos aquellos que nos reclamamos de la izquierda obrera y socialista y mantenemos posiciones independientes de las distintas fracciones capitalistas.

Un programa para que la crisis la paguen los capitalistas

En cierto sentido, puede decirse que la crisis Argentina de 2001-2002, con los cierres masivos de fábricas, miseria de las masas y aumento exponencial de la desocupación, anticipó en el plano local lo que hoy está aconteciendo generalizadamente en el plano mundial. Pero la situación de aquellos días también mostró que las masas no se mantuvieron pasivas frente al derrumbe capitalista: movimientos militantes de desocupados, ocupación de fábricas, surgimiento de las asambleas populares... Esa experiencia fue contenida porque la recuperación de la economía nacional comenzó, luego de su abrupta caída, en forma relativamente rápida, aprovechando el nuevo ciclo ascendente que comenzaba en la economía mundial y la fuerte caída de los salarios provocada por la devaluación.

Esto permitió un nuevo resurgir parcial del peronismo, en una forma intermedia entre el “neoliberalismo” de los ’90 y el viejo nacionalismo burgués del ’45-’55, con fraseología de centroizquierda pero con garantías de buenos negocios para el conjunto de la burguesía, en especial para la industria y los sectores vinculados a la obra pública, los que se vieron beneficiados por una “redistribución” de una parte de la renta diferencial agraria, que trepó fuertemente en estos años al calor de la expansión “sojera”.

Esta experiencia hoy se está acelerando. La crisis ha literalmente borrado las discusiones al interior de los economistas burgueses “ortodoxos” y “heterodoxos”. Los “neoliberales” hoy piden y aplauden tanto como los “keynesianos” la intervención estatal para salvar los quebrantos capitalistas, mientras estos últimos consideran igual de inconveniente que los primeros un programa de nacionalizaciones generalizadas de los recursos fundamentales de la economía, que es la única manera de evitar que la crisis sea descargada sobre los trabajadores y los sectores populares. El gobierno, por su parte, responde pragmáticamente, con zigzags permanentes, buscando congraciarse con una “burguesía nacional” que, a lo sumo lo tolera a pesar de los buenos negocios y altas ganancias que les garantiza.

Es que los Kirchner, a pesar de todos sus discursos contra los ’90, han dejado intacta gran parte de la “obra” capitalista de esa década, con la excepción de la liquidación de las AFJP, una medida dictada por la necesidad de contar con fondos frescos ante la ausencia de crédito internacional y con la crisis mundial encima. La reversión de privatizaciones como en el correo y el agua se produjo frente al virtual abandono de los concesionarios, y en el caso de Aerolíneas Argentinas, la expropiación en curso sólo tuvo lugar ante el vaciamiento realizado por el grupo español Marsans.

La crisis que se está abriendo acelerará la experiencia de los trabajadores con el kirchnerismo, mostrando la utopía de pensar que alguna suerte de “burguesía nacional” pueda sacarnos de la dependencia y el atraso. El único bloque de poder capaz de llevar adelante esta tarea, es aquel que debe conformar la clase obrera acaudillando al conjunto de los sectores oprimidos. Se trata en la situación actual de levantar un programa que permita a la clase obrera emerger como una fuerza política independiente y expresar los intereses del conjunto de la nación oprimida.

Frente a la fuga de capitales, la única medida realmente efectiva es la nacionalización del comercio exterior y de la banca bajo el control de los trabajadores y el establecimiento del control de cambios por parte del Estado. En lugar de premiar a los grandes empresarios con fondos estatales, se trata de nacionalizar los monopolios del agro y la industria que tienen el control del comercio exterior, para que en nuestras manos se pueda exportar sin necesidad de las “devaluaciones competitivas” que hunden el salario, y para que las divisas obtenidas ingresen verdaderamente a nuestros países y no sean remitidas a las casas matrices de los países imperialistas, como hacen las petroleras, mineras, automotrices o las grandes comercializadoras de granos y alimentos. Así como para terminar con los especuladores de las finanzas y los bancos privados que son el principal vehículo de la fuga de capitales, se necesita la creación de una banca estatal única bajo control de los trabajadores para concentrar el ahorro de nuestros países y ponerlos al servicio de las necesidades populares. Junto a esto hay que desconocer la deuda externa, impulsando la unidad internacionalista y antiimperialista de los trabajadores y pueblos oprimidos.

Frente a los despidos y suspensiones, se trata de luchar por medidas como: prohibición de despidos y suspensiones; en cada empresa o rama donde baje la producción, reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles sin afectar el salario, es decir a costa de las ganancias capitalistas; ocupación y nacionalización bajo administración obrera de toda industria que cierre, reactualizando la experiencia de Zanon y las “fábricas recuperadas”; plan masivo de obras públicas controlado por las organizaciones obreras y populares, para terminar con el déficit de viviendas, escuelas y hospitales; salario mínimo equivalente a la canasta familiar y 82% móvil para jubilaciones y pensiones.

La situación exige unir las filas de todos los sindicatos combativos, comisiones internas y cuerpos de delegados para apoyar las luchas de resistencia contra despidos y suspensiones y levantar una alternativa unificada a la burocracia de la CGT y la CTA: en rechazo a los grupos de choque del matonaje, exigiendo a los sindicatos una lucha nacional unificada y promoviendo la elección de cuerpos de delegados que representen a efectivos y contratados en todos los lugares de trabajo, en la perspectiva de derrotar a las burocracias y recuperar los sindicatos.

Se trata, en síntesis, de levantar una perspectiva que permita el desarrollo de la movilización obrera tras la única estrategia que verdaderamente puede permitir terminar con la dependencia nacional: la “expropiación de los expropiadores” y la conquista del poder por parte de la clase obrera, como parte del combate del conjunto de los explotados de la región por poner en pie los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

Diciembre 2008.