A partir de varios casos de paternidad no reconocida que se le imputan al presidente Fernando Lugo, se abrió una importante crisis política en Paraguay. En las últimas semanas, tres mujeres denunciaron que el ex-obispo tendría hasta 6 hijos, algunos de los cuales habrían nacido de relaciones mantenidas con estas mujeres –algunas adolescentes- mientras ejercía su obispado. Lugo reconoció a uno de ellos, el primer caso que salió a la luz. Esto impulsó las posteriores denuncias que Lugo no ha reconocido hasta el momento y por lo que se ha recurrido a estudios de ADN.

Lugo en conferencia de prensa el viernes 24, tuvo que salir a pedir disculpas: “En relación a las versiones de paternidad que afectan a mi persona quiero expresarle cuanto sigue: Soy un ser humano por lo tanto nada humano me es ajeno al tiempo de pedir perdón por estas circunstancias”.

También se vio obligado a desmentir versiones sobre su renuncia, mostrando la magnitud de la crisis “Quiero dar la mayor tranquilidad posible al pueblo paraguayo, ante los rumores de un supuesto plan de inestabilidad o conspiración. El proceso que el pueblo eligió el 20 de abril de 2008 no sufrirá interrupción alguna hasta el 15 de agosto de 2013”.

La oposición, golpeada por sus magros resultados en la última elección, vio una oportunidad política e incluso presentó la acusación de estupro (coito con un/a menor ya sea por la fuerza o engaño), acusación que fue finalmente desestimada por la Justicia.

Pero la situación está cuestionando aquel “proceso” que pretendía asentar en Paraguay un nuevo régimen que terminara con más de 60 años de gobiernos colorados y que incluyeron la sangrienta dictadura de Stroessner (1954-89) y el fraude electoral como forma de perpetuar un régimen de sometimiento y entrega al imperialismo y profundamente corrupto.

Un columnista lo explica como “Una etapa donde todos los partidos políticos se renovarán (...) de mayores niveles de honestidad y transparencia en la función pública, (que) fortaleciera nuestra democracia por medio de elecciones libres y competitivas; en fin, una etapa de refundación del país” (Ultima hora, 26-4).

Crisis en la figura de recambio

Lugo, liderando la Alianza Para el Cambio, llegó al poder como expresión del hartazgo de millones en el coloradismo y del agotamiento del régimen para contener las diferencias entre distintos sectores burgueses que eran la base de una creciente inestabilidad social. Su arribo a la presidencia con promesas fundamentales como la reforma agraria, y su perfil anticorrupción, generó amplias expectativas en especial entre los sectores más golpeados de la sociedad. Pero los problemas empezaron muy pronto. A pocos meses de asumir, el vicepresidente, Federico Franco, se distanció de Lugo y pasó a ser parte del arco opositor debilitando enormemente a la coalición gobernante. El hecho de que había sido obispo le otorgaba gran legitimidad frente a las masas como figura de cambio frente al viejo régimen colorado. Por eso las acusaciones de que está siendo blanco debilitan su punto más fuerte y como dice otro periodista “Difícilmente pueda recuperar su imagen de santo y misericordioso obispo” (Ultima hora, 26-4).

A pesar de todo, Lugo mantiene altos índices de popularidad y en lo que va de la crisis apenas cayó 4 puntos en los sondeos. Esto confirma la opresión que viven las mujeres en la sociedad paraguaya, fuertemente conservadora y machista, pero también el fuerte peso que tiene la Iglesia como institución aliada del régimen ya que ni siquiera se le ha cuestionado con vehemencia por haber roto sus votos de castidad, aprovechando su jerarquía eclesiástica para mantener relaciones con jóvenes fieles menores de edad. Las estadísticas oficiales muestran que lo de Lugo no escapa a una situación habitual en el país vecino: el 70% de los hombres en Paraguay no reconocen a sus hijos.

Un futuro complicado

Lugo intentó responder a la ofensiva. “No nos van a enseñar de moral los que se esconden bajo el fuero parlamentario, los que robaron al país ni los que se enriquecieron ilícitamente”. Es que la crisis sobre las paternidades se da, además, en medio de las negociaciones con los partidarios de Lino Oviedo, líder de Unace, por las presidencias de las cámaras de diputados y senadores. En junio de 2008 Lugo pactó con el ex golpista Oviedo el reparto del poder en el Congreso: el primer año el oficialismo tendría diputados y el oviedismo senadores, y el segundo año se invertirían. Pero este pacto luego quedó destruido cuando Lugo denunció una conspiración de Oviedo contra el gobierno. Ahora, aunque legalmente es difícil (el propio Franco aclaró que él no lo impulsará), el oficialismo necesita el control del Senado frente a un eventual intento de juicio político.

En un momento de debilidad política, Lugo está tratando de recomponer la relación con el vicepresidente con quien se han sentado nuevamente a negociar ofreciendo cargos y ministerios. Intenta estabilizar al menos el poder ejecutivo y encarar desde ahí la disputa en el Congreso, pero hasta el momento la negociación ha fracasado.

Producto de la crisis internacional, se prevé una caída de las remesas que envían familiares que trabajan en el exterior, muy especialmente en EE.UU., y que son uno de los principales sostenes de la economía paraguaya. La exportación de soja (transgénica por supuesto y controlada mayormente por el conocido Monsanto), que es otro de los ítems más importantes de ingresos, también se está viendo afectada haciendo caer la recaudación del Estado. También el acceso al crédito internacional encuentra crecientes dificultades.

Y esto en el marco de que ningún problema social estructural ha sido resuelto (ni está en camino de serlo) por el “progresista” Lugo. Por nombrar sólo algunos, el 40% de la población está en la pobreza (la mitad de estos en la indigencia) y el 50% de las personas en condiciones de trabajar están desempleadas o subempleadas. Los latifundios ocupan el 70% de las tierras agrícolas (mientras el 25% de los campesinos vive en la indigencia) y la brecha social entre ricos y pobres es una de las más grandes de Latinoamérica.

La situación que se abre a escasos 8 meses de gobierno y quedando por delante 5 largos años de gestión, pone en cuestión la capacidad del ejecutivo y del régimen de llegar en buenas condiciones para hacer frente (descargar sobre los trabajadores) al impacto de la crisis económica internacional en el país.