Este martes 5 de mayo, ha sido baleado y asesinado por sicarios el dirigente sindical Argenis Vásquez, secretario de organización del sindicato de Toyota en Cumaná, al salir de su casa. Este asesinato ocurre justo después de que los trabajadores de Toyota protagonizaran una importante lucha con paralización de la planta durante casi un mes. Es claro que se trata de la “respuesta” no oficial de la empresa, que no pudo doblegar la lucha obrera en la pulseada de la huelga.

No han pasado, sin embargo, más de tres meses desde que, también en el oriente del país, en Anzoátegui, murieran los obreros Pedro Suárez y Javier Marcano a manos de una violentísima represión de la policía regional, a cargo del gobernador chavista Tarek Willian Saab, en un intento de desalojo de la también transnacional automotriz japonesa, Mitsubishi Motors. Los trabajadores ocupaban la fábrica en rechazo al despido de 135 tercerizados y exigiendo reivindicaciones.

Estos se suman al atroz asesinato de tres de los principales dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) de Aragua, también a manos de sicarios que los balearon el pasado 27 de noviembre en la zona La Encrucijada. Se trataba del compañero Richard Gallardo, presidente de la seccional regional de la UNT, Luís Hernández y Carlos Requena, dirigentes sindicales de la Pepsicola y Produvisa, respectivamente, dirigentes a su vez de la Unidad Socialista de Izquierda (USI). Los compañeros dirigían la UNT de uno de los estados con mayor conflictividad obrera en el país, y estaban encabezando la solidaridad con la toma de la trasnacional colombiana Lácteos Alpina, que implicó duros choques con la policía regional. Son seis obreros asesinados por la represión en apenas cinco meses, en la Venezuela “revolucionaria” y “socialista”. Vemos así que el sicariato que venía siendo utilizado en el campo, donde cerca de 220 campesinos pobres han sido asesinados desde 2001-tanto por sicarios como por la Guardia Nacional-, se traslada ahora para asesinar a dirigentes obreros de las luchas más combativas de los trabajadores.

No cabe duda de que se trata de una política sistemática de la patronal para “resolver” los conflictos obreros más radicalizados, lo que marca una colombianización de la lucha obrera en nuestro país: el pago de mercenarios para asesinar a dirigentes sindicales y amedrentar por esa vía a la clase obrera y descabezar la resistencia a los ataques y planes capitalistas. No debemos olvidar que también los compañeros de Sanitarios Maracay (en Aragua) han sido objeto de diversas amenazas y persecuciones selectivas a lo largo de su lucha; que un automóvil donde se trasladaban obreros de la Mitsubishi fue objeto de disparos cuando estos difundían en la calle la filmación del asesinato de los dos compañeros a manos de la policía regional; y que en el mes de junio del año pasado, una dirigente obrera de la empresa de ventiladores Fundimeca (en Carabobo), Gloria Palomino, fue herida de bala en una pierna frente a la empresa por sicarios pagados por el patrón, luego de que la toma de la empresa y la lucha de las obreras arrancara al patrón la conquista de un mejor contrato de trabajo.

Esta situación se da en el marco de un giro decididamente de “mano dura” hacia las luchas obreras que encuentra en un mismo frente a los empresarios y al gobierno. El sicariato es apenas la expresión más cruda y grave de esta política. Vimos hace pocos meses al propio presidente Chávez, en su actitud de gendarme de las ganancias patronales, fustigar las luchas obreras por salarios dignos y reivindicaciones para sus hijos, amenazar con mandar el ejército a las empresas estatales donde los trabajadores hicieran huelga (desde las petroleras y empresas básicas de acero, aluminio hasta las hidrológicas y eléctricas, pasando por la administración pública) y hasta ordenar a los organismos de inteligencia actuar contra los dirigentes sindicales.

Fue mediante esta política de “disuasión” que incluso desconoció el contrato colectivo de los trabajadores del Metro de Caracas. La persecución laboral y judicial también forman parte de esta política patronal: de acuerdo con el último reporte de organismos de derechos humanos, se acerca a 100 el número de trabajadores y trabajadoras con regímenes varios de presentación ante los tribunales y procesos judiciales por estar involucrados en alguna lucha (toma de empresa, corte de calle, enfrentamiento a la represión, etc.). También son varios los ejemplos de brutal represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana como en Sidor y Sanitarios Maracay.

La criminalización de la protesta y las luchas obreras, así como la represión oficial y el sicariato, vienen a ser la respuesta patronal contra el fenómeno de emergencia del movimiento obrero que hemos venido presenciando en los últimos años en el país, donde no solo resalta la cantidad de conflictos y luchas salariales, sino que contiene elementos de recomposición política y de incipiente construcción de una nueva subjetividad obrera: control obrero de la producción en las refinerías de Puerto La Cruz y El Palito en lucha contra el paro-sabotaje a fines de 2002; decenas de tomas de fábrica ante cierres o en lucha por reivindicaciones; el emblemático control obrero en Sanitarios Maracay; la expulsión de la trasnacional Techint y un mejor contrato en Sidor mediante los paros y movilizaciones que la base imponía a la burocracia sindical; la toma de la Mitsubishi contra el despido de tercerizados, entre otras.

Por eso tanto los capitalistas privados como el gobierno quieren “disciplinar” a la clase obrera, quieren frenar esta incipiente pero persistente emergencia de luchas, de las cuales un sector empieza a plantear aspectos de experiencia política con el gobierno de Chávez.

Por eso no sólo se persigue y se reprime oficialmente, sino que se contratan sicarios y por eso el gobierno no ha hecho lo más mínimo tampoco para esclarecer estos crímenes: no hay un solo enjuiciado de los responsables intelectuales y políticos de los asesinatos y atentados contra los trabajadores. El propio Chávez, después del asesinato de los obreros de Mitsubishi, respaldó al gobernador de Anzoátegui y su ministra del Trabajo, aún más, amenazó con declarar ilegal la toma de la empresa si los trabajadores no aceptaban el acuerdo espurio con ésta. Más tarde se sabría también otra de las razones a las que se debía esta virulencia por cerrar el conflicto de la Mitsubishi. El gobernador Tarek William tenía la orden de terminar con la lucha pues se venía el proceso de negociación con el gobierno japonés y algunas de sus transnacionales para la inversión en áreas petroleras. Japón puso como condición para la firma de su inversión en la Faja del Orinoco, la solución del conflicto a favor de la Mitsubishi. Una de las transnacionales a invertir en el sector petrolero es la Mitsubishi Corporation. Así, los empresarios siguen campantes con sus empresas y negocios y los trabajadores asesinados o enjuiciados por luchar.

En el contexto de una profunda crisis de la economía capitalista mundial, que golpeará cada vez con más fuerza en Venezuela y producirá luchas cada vez más duras, es imprescindible para la clase obrera y los revolucionarios dar una respuesta contundente a esta política que no busca sino asestar fuertes derrotas a la clase para hacer que la crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras. Como vemos, esta crisis encuentra al proletariado venezolano en un proceso de recuperación parcial, pero además una incipiente experiencia política crítica con “su” gobierno, y no viene de sufrir importantes derrotas, pero si se deja pasar esta tenaza criminal contra las luchas más duras, la correlación de fuerzas puede inclinarse peligrosamente contra de la clase obrera, cortarse esta recomposición, y con esto derechizar de conjunto la situación nacional en favor de la burguesía y el propio imperialismo.

Por esto desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) sostenemos que es necesario y urgente desarrollar la más amplia y fuerte campaña nacional e internacional contra la represión a las luchas obreras en Venezuela. En el terreno nacional, solo la más amplia unidad y lucha desde las bases puede pararle la mano a estos sicarios y cuerpos represivos de los empresarios y el Estado. Poner en pie de forma inmediata espacios comunes de discusión, movilización y lucha contra la represión, por cada zona obrera, región y rama de industria.

Es una tarea a la orden del día, así como la conformación de comités obreros de autodefensa, como una medida elemental para defenderse de los ataques patronales y de la total impunidad de la que gozan. Esto en la perspectiva de contundentes acciones obreras y fuertes levantamientos zonales o regionales como la única manera realista de responder a la altura del desafío planteado.

Llamamos a los compañeros de los sindicatos clasistas y combativos, a los compañeros de la C-CURA, a las organizaciones estudiantiles y de derechos humanos, a la USI y demás organizaciones de la izquierda obrera y socialista, a sumar esfuerzos desde este mismo instante para impulsar una fuerte campaña y trabajo político común en esta perspectiva.

¡Basta de represión y sicariato amparado por los patrones y el Estado! ¡Por la conformación de comités obreros de autodefensa! ¡Fuera las policías y la Guardia Nacional de las luchas obreras! Comisión investigadora independiente para esclarecer los asesinatos. ¡Juicio y castigo a los responsables!