2. Alan García ha justificado la bestial represión con el insostenible argumento de una “conspiración” interna y externa y ha insultado a los indígenas masacrados afirmando que se oponen por “ignorancia elemental” a los Decretos Legislativos, como los 1015 y 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), que impulsa el gobierno para entregar la Amazonia y sus recursos naturales a la voracidad de las transnacionales petroleras y las empresas forestales. Estas llamadas “leyes de la selva” facilitan la enajenación de las tierras de comunidades indígenas y el ingreso de las grandes empresas de manera tan brutal, que hasta en el Parlamento se ha discutido su “inconstitucionalidad”. En verdad, los indígenas shuar y los pueblos amazónicos conocen muy bien sus intenciones entreguistas y es luego de fracasar en dos meses de dilaciones y maniobras para engañarlos con “diálogos”, que Alan García, en un intento por quebrar su heroica resistencia, apeló a la matanza, en lo que constituye un retorno a los métodos del terrorismo de estado que ya empleó en su anterior gobierno (recordar las masacres de Lurigancho y El Frontón) y que Fujimori llevó al máximo bajo su gobierno.

3. El gobierno, único responsable de los hechos, muestra los muertos policiales en los enfrentamientos pero disminuye y oculta los asesinatos de campesinos e indígenas que desde hace meses se vienen movilizando en defensa de su territorio y contra la entrega de los recursos naturales de la Amazonia peruana a la voracidad de las transnacionales. Los burdos intentos gubernamentales de criminalizar la protesta indígena y popular, y de adjudicarla a la intervención extranjera o a una supuesta ingerencia de Sendero Luminoso, son completamente insostenibles. Después de meses de protesta pacífica y ante la criminal represión policial y militar, lo único que han hecho los indígenas es protegerse de la violencia estatal con los medios a su alcance, derecho legítimo que se debe defender incondicionalmente.

4. El gobierno de Alan García y su primer ministro Yehude Simon es quien, en todo caso, conspira contra los intereses más elementales del pueblo peruano, en beneficio de las transnacionales petroleras y mineras y los grandes grupos económicos peruanos que se beneficiaron y crecieron enormemente al amparo de los gobiernos de Fujimori y Toledo, y ahora son los principales beneficiaros de la política de hambre, entrega y represión del gobierno aprista. La burguesía peruana se ufana del crecimiento de estos años, sostenido por la entrega, el saqueo y la superexplotación de los trabajadores. Pero este ciclo está llegando su fin. Es en la desesperación por evitar que se agote el flujo de inversión extranjera que lo alimenta, que se desesperan por entregar y malvender los recursos naturales de la Amazonia. Lo que se juega, es en buena medida el destino mismo del plan económico y del propio gobierno y la lucha indígena simboliza hoy la resistencia obrera y popular a nivel nacional.

5. Alan García tropieza con crecientes dificultades, y es esto lo que lo empuja a endurecer su curso represivo y autoritario (es decir, bonapartista) a fin de imponerse pese a la creciente oposición. La popularidad de García ha caído por debajo del 23%, enfrenta una insistente resistencia obrera, indígena, campesina y popular y a pesar del discurso triunfalista sobre el crecimiento económico, la crisis internacional ya está afectando a Perú y diluyendo las bases del programa económico neoliberal, estrechamente dependiente de los precios de exportación y del capital extranjero y jugado a ratificar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que significará un salto en la entrega y subordinación del país al imperialismo. Es por eso que se postula al mismo tiempo como fiel agente del imperialismo en la región andina, a través de su discurso contra Venezuela y Bolivia (llegó a otorgar refugio político a elementos derechistas de esos países, como a los ex ministros del masacrador Sánchez de Losada, juzgados en Bolivia por la mascare de Octubre de 2003). La situación peruana es un ejemplo de cómo el entreguismo y sumisión de los gobiernos proimperialistas lleva a la polarización y resistencia obrera y popular y extrema las contradicciones entre el imperialismo y las naciones oprimidas.

6. A pesar de la represión, la resistencia en Amazonas parece continuar: se ha declarado la huelga general indefinida a nivel regional, en San Martín, Yurimaguas y en otros puntos continúan los bloqueos, se han tomado instalaciones de Pluspetrol, hubo intentos de toma del aeropuerto de Trompeteros y en Tarapoto se exige la renuncia del presidente. La conmoción política crece y las bancadas parlamentarias han comenzado a tomar distancia de la iniciativa oficial, planteando rediscutir las resistidas leyes. Entre tanto, el repudio y las acciones de protesta se extienden a nivel nacional (con importantes marchas en Lima y otros lugares) y también crece el repudio internacional, con actos frente a las delegaciones peruanas en varios países (como el impulsado en Buenos Aires, donde participó el PTS). La situación puede transformarse en una crisis nacional de grandes proporciones.

7. En estos años, los trabajadores, los pueblos indígenas y el pueblo peruanos han desarrollado una constante resistencia al gobierno de Alan García y sus planes. Varias oleadas de importantes luchas han paralizado regiones y conmovido al país. En cada momento, los partidos burgueses de oposición han sostenido al régimen, como ocurre con el movimiento de Ollanta Humala, pese a sus poses nacionalistas. Lamentablemente, las direcciones sindicales y de las organizaciones de masas han mantenido una política conciliadora y de presión hacia el gobierno, pidiéndole repetidas veces que “cambie la política económica” y negándose a unificar y desarrollar una gran movilización nacional que pudiera derrotar al gobierno. Esta posibilidad, vuelve a plantearse hoy al calor de los acontecimientos de Bagua. Los hechos muestran que no falta disposición de las bases para movilizarse. Sin embargo, el riesgo es que otra vez la burocracia sindical y las corrientes reformistas y stalinistas apliquen el freno y terminen descomprimiendo la lucha en medidas de presión y sin continuidad. Los trabajadores avanzados y la vanguardia obrera y popular deben tomar la movilización en sus propias manos.

8. La CGTP y otras organizaciones reunidas en el “Frente de defensa de la vida y la soberanía” convocaron para el jueves 11 de junio a una “Jornada Nacional de Lucha”. La misma debe garantizarse con paro de actividades laborales, bloqueos y movilizaciones, y esto demanda la organización de comités de autodefensa en todos los sindicatos y organizaciones de masas, en el camino de unirlos y centralizarlos al calor de la movilización. Este debe ser el primer paso, pero hace falta extender la huelga general indefinida declarada en el departamento Amazonas y ya hay voces que piden declararla a nivel nacional. Es preciso un plan de lucha nacional que desemboque en la huelga general indefinida hasta derrotar al gobierno masacrador.

9. Esto reclama un programa obrero y popular, que parta de unir la protesta contra la masacre, por el inmediato e incondicional levantamiento del Estado de Emergencia, el cese de toda persecución, el cumplimiento de las demandas indígenas y el pleno respeto a su derecho a la tierra y el territorio, articulándolas con las demandas obreras, indígenas, campesinas y populares, como el salario, el fin del sistema de contrata, los despidos y la carestía de la vida, por la nacionalización sin pago y bajo control de los trabajadores de los hidrocarburos, la minería y los recursos naturales, contra el TLC con Estados Unidos. Esto, como parte de un programa para que la crisis que empieza a hacerse sentir la paguen los empresarios y las transnacionales. Las demandas de las comunidades campesinas, poblaciones del interior y pueblos indígenas contra la depredación y contaminación del agua, la tierra y el aire por las grandes operaciones mineras, petroleras y agroindustriales, etc., deben ser tomadas por el movimiento obrero y articuladas con su programa. En distintos sectores crece la demanda de que se vayan García y el primer ministro Yehude Simon, esto exige levantar la consigna de un gobierno provisional de las organizaciones obreras y campesinas que encabecen la lucha.

10. Para un combate como el que está planteado, no basta la coordinación por arriba entre dirigentes de las organizaciones nacionales, como la que se plantea el “Frente de defensa de la vida y la soberanía”. Es necesario extender la más amplia y democrática coordinación a nivel regional y nacional con representantes de base elegidos y con mandato, incorporando así a los sindicatos de base, los frentes regionales, las organizaciones campesinas, indígenas y populares, organizando la movilización nacional y discutiendo democráticamente el plan de lucha y cada paso a dar hasta vencer.

11. Llamamos a la más amplia solidaridad internacional con los trabajadores, los indígenas y el pueblo peruanos. Su lucha muestra que, ante el saqueo de los recursos naturales de la región por el capital extranjero y sus socios locales, crece la voluntad de defenderlos y recuperarlos entre los trabajadores, los indígenas y los pueblos latinoamericanos. ¡Que el 11 de junio se multipliquen las acciones de repudio frente a embajadas y delegaciones del Estado peruano! Hasta ahora la mayor parte de los gobiernos de la región no se ha pronunciado sobre la bárbara masacre desatada por Alan García ¡hay que exigir la ruptura de relaciones con el masacrador García! ¡Por la unidad en la movilización de los trabajadores y campesinos de toda América Latina! Que la clase obrera continental tome en sus manos la lucha contra el imperialismo y sus agentes locales, levantando un programa para que la crisis la paguen los capitalistas y que conduzca a consumar la necesaria unidad económica y política de los pueblos de la región en una Federación de repúblicas Socialistas de América Latina.

Lunes 8 de junio