Tras una semana de gran tensión, el 28 de junio las Fuerzas Armadas con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, y la complicidad de la Iglesia católica, la evangélica y los medios de comunicación, derrocaron al presidente Manuel Zelaya, concretando así, después de décadas, un nuevo golpe de Estado en América Latina. Alrededor de 200 militares rodearon su residencia personal y, tras un enfrentamiento entre los escuadrones del Ejército y la guardia del mandatario, lo secuestraron y expulsaron del país.

Inmediatamente asumió la presidencia el titular del Congreso, Roberto Micheletti, que cuenta con un sólido respaldo interno de las instituciones del régimen. Mientras los golpistas acusan al presidente Zelaya de “violar la legalidad” y alegan que rigen las “garantías constitucionales”, hay toque de queda, el Ejército patrulla las calles, rige una fuerte censura, se reprimen brutalmente las movilizaciones en repudio al golpe y se ha ordenado el arresto de los dirigentes de organizaciones obreras, campesinas, indígenas y de movimientos sociales. Las últimas informaciones indican que el 1 de julio el gobierno de facto impuso el Estado de Sitio.

El golpe es el resultado de las importantes fricciones que se venían dando en la clase dominante hondureña después de que el presidente Zelaya, miembro del Partido Liberal de centroderecha, cambiara el rumbo y en 2008 decidiera alinearse con el bloque del ALBA (liderado por Venezuela) y PETROCARIBE. Este giro “populista” de Zelaya fue acompañado por algunas medidas tibias, como un aumento del salario mínimo por decreto, y el intento de reformar algunos artículos de la reaccionaria Constitución de 1982 (redactada en plena colaboración de Honduras con la guerra sucia de Estados Unidos contra el gobierno sandinista de Nicaragua). A pesar de que eran propuestas tímidas, en un país con una enorme desigualdad social, donde se calcula que entre el 50 y el 70% de la población vive en la pobreza, la burguesía hondureña tradicionalmente proimperialista no estuvo dispuesta a tolerar la más mínima concesión y, con pleno conocimiento del gobierno norteamericano, decidió derrocar al presidente e impedir que se consolide un posible curso populista o tibiamente nacionalista. Este golpe se inscribe en un marco regional, donde sectores de las burguesías latinoamericanas no están dispuestas a que se les toque ni un centavo de sus rentas ni los privilegios garantizados por el Estado capitalista, como mostró el intento de golpe frustrado en 2002 en Venezuela o los diferentes intentos de la derecha cruceña en Bolivia en 2008 de derrocar al gobierno de Evo Morales. Y en Centroamérica, las denuncias de fraude de la derecha nicaragüense apoyada por la embajada norteamericana para tratar de anular el triunfo del FSLN en las elecciones municipales de 2008 y, más recientemente, el intento de la derecha de Guatemala que buscó aprovechar el crimen de un abogado en un confuso episodio para destituir a Álvaro Colom.

De consolidarse el golpe en Honduras sería un aliento para nuevos intentos golpistas de las burguesías y el imperialismo en otros países de la región.

El imperialismo norteamericano es cómplice del golpe

El conjunto de los organismos internacionales como la Asamblea General de la ONU, la OEA y el Banco Mundial, además de la Unión Europea, no han reconocido al gobierno impuesto por el golpe, sosteniendo que Zelaya es el único presidente constitucional. El Banco Mundial y el BID han congelado paquetes de ayuda y varios países de la región ya han retirado sus embajadores del país, medida encabezada por los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Los gobiernos de El Salvador y Nicaragua suspendieron sus transacciones comerciales durante 48 hs. En consonancia con este clima continental, el gobierno norteamericano que en un comienzo se había negado a admitir el golpe de Estado, y sólo se había limitado a “repudiar” la acción contra Zelaya y a llamar a “respetar la ley”, terminó rechazando el gobierno golpista y reconociendo a Zelaya como único presidente de Honduras. Obama no pudo ocultar que su gobierno, que también se oponía al plebiscito que pretendía realizar Zelaya, estaba al tanto de los planes de la burguesía hondureña. Es público que funcionarios de la administración norteamericana participaron en reuniones previas con los golpistas donde se discutía abiertamente los medios y las “maniobras legales” para derrocar a Zelaya. Históricamente, la cipaya burguesía hondureña depende para sus negocios de la relación con el imperialismo norteamericano. A su vez, Estados Unidos mantiene estrechas relaciones con el establishment político y militar hondureño. Utilizó a ese país como base para el golpe (promovido por la CIA) contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954, y más tarde como punta de lanza para la invasión de Cuba en 1961. Bajo el gobierno de Reagan, Honduras fue la base de operaciones y entrenamiento de los Contra, la fuerza paramilitar contrarrevolucionaria que Estados Unidos utilizó en la guerra sucia contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Todos los jefes de las Fuerzas Armadas de Honduras –incluyendo ex dictadores y el actual Jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez- fueron educados en la infame Escuela de las Américas, donde junto con militares de toda la región recibían entrenamiento para torturar y reprimir las luchas populares. El ejemplo más tétrico es el del Batallón 3-16 un verdadero escuadrón de la muerte que sembró el terror durante la dictadura de Policarpo Paz García a principios de los ’80.

Obama comparte con la burguesía hondureña el objetivo de impedir que se asiente otro gobierno influido por Chávez en la región, aunque no puede reivindicar sus métodos. Por eso su política es convocar al diálogo con los golpistas y alcanzar un acuerdo nacional que permita recomponer el régimen burgués hondureño que, en mayor o menor medida, mantendrá intacta la profunda dependencia del pequeño país centroamericano.

La OEA propone negociar con los golpistas

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido uno de los principales actores internacionales desde que el 28 de junio el golpe militar depuso al presidente de Honduras. No reconoció al gobierno de Micheletti. Incluso Zelaya iba a regresar a Honduras e intentar retomar su puesto el 2 de julio, acompañado por el secretario general del organismo, José Miguel Insulza y la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, dos días antes, la OEA decidió suspender el retorno de Zelaya por 72 horas y abrir una instancia “diplomática” para “restaurar la democracia y el Estado de Derecho” y encontrar una posible salida a esta crisis política, que no puede ser otra que la negociación con los golpistas. Es que Micheletti y la oposición al presidente Zelaya, a pesar de haber sido repudiados a nivel internacional, se sienten fuertes internamente con todos los resortes del Estado a su servicio, como para no ceder sus posiciones e incluso amenazar con encarcelar a Zelaya en caso de que ingrese a Honduras. En el muy hipotético caso que Zelaya fuera restituido, a no ser por la movilización popular, sería condicionado a los intereses de quienes dieron el golpe. La OEA amenazó con que si Zelaya no era restituido en su puesto, aplicaría el famoso artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras en el organismo, intentando mostrar firmeza frente al golpe.

Sin embargo, este organismo que hoy se llena la boca hablando de democracia e instando a los golpistas hondureños a restablecer el orden democrático, tiene en su historial una larga lista de apoyo a gobiernos de facto, además de ser el vehículo del sometimiento de las burguesías latinoamericanas al imperialismo. La última vez que la OEA suspendió a un país fue en 1962 cuando aisló a Cuba a pedido de Estados Unidos, pero reconoció a todas y cada una de las dictaduras sangrientas del continente que durante las décadas de 1970 y 1980 aplastaron al movimiento obrero y popular con métodos de terrorismo de estado.

Ni la OEA con su política conciliadora ni los organismos regionales como UANSUR o el Grupo Río, que en ocasiones anteriores como en Bolivia ya demostraron su vocación de negociar con los golpistas, pueden dar una resolución favorable para las demandas democráticas del movimiento de masas.

Derrotemos el golpe con la movilización

Los golpistas ya han salido a reprimir brutalmente las movilizaciones populares y suspendieron las libertades democráticas conquistadas por el pueblo hondureño para impedir la organización de cualquier resistencia popular. Contra la negociación con los golpistas, que implicará todo tipo de concesiones, la única perspectiva para derrotar a los golpistas es la más amplia movilización obrera y popular en Honduras, en América Latina y en todo el mundo.

Es preciso apelar a la acción directa mediante la huelga general y la movilización de la clase obrera, los campesinos pobres y las masas populares hondureñas para derrotar definitivamente este golpe de Estado, lograr el juicio y castigo de todos los golpistas y la libertad de todos los dirigentes y activistas detenidos. Es necesario organizar la resistencia a la represión de las fuerzas estatales mediante comités de autodefensa para evitar que el Ejército masacre a quienes salen a enfrentar el golpe. Los trabajadores, estudiantes y sectores populares de toda América Latina tenemos que manifestar nuestra más amplia solidaridad con el pueblo hondureño, organizar movilizaciones en las embajadas y toda medida que contribuya a la lucha por derrotar el golpe.

Por una salida independiente de la clase obrera

Aunque cuente con el apoyo de las centrales obreras (la CGT, la CUTH y la CTH), organizaciones campesinas y populares como la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, de la que participa Vía Campesina, los pueblos originarios y otros movimientos sociales, el de Manuel Zelaya no es un gobierno al servicio de los intereses populares, sino un gobierno burgués que ha preservado la propiedad capitalista. Si bien en el último año decidió integrarse al ALBA y Petrocaribe, mantiene su adhesión al Tratado de Libre Comercio (CAFTA) con Estados Unidos, a donde se dirige el 70% de las exportaciones del país y una base norteamericana en el territorio nacional, además de los entrenamientos conjuntos del Ejército hondureño con tropas norteamericanas. Zelaya pretendía llevar adelante sus tibias medidas utilizando los mecanismos “legales” de la burguesía y encomendando al Ejército la tarea de garantizar la realización de la consulta para una eventual reforma de la Constitución, a la que se oponía claramente todo el aparato del régimen burgués. De esa manera, le dio el tiempo necesario a la derecha para organizarse y pasar a la ofensiva. El propio Ejército, sobre el que se apoyó durante todo su gobierno, lo ha volteado y lo ha derrocado. Ahora intenta hacer retroceder a los golpistas apoyándose en Estados Unidos, la OEA y la ONU, que como es evidente buscarán la conciliación y el “diálogo nacional”, es decir, la rendición frente a los golpistas. Los trabajadores y los sectores populares tienen que romper la subordinación a estas direcciones patronales y movilizarse con sus propios métodos y programa, por una salida de clase independiente.

El golpe en Honduras es un recordatorio de que los capitalistas no tienen ningún reparo en recurrir a la represión e incluso violar su propia legalidad democrático burguesa y dar un golpe de Estado si ven amenazados sus intereses de clase. El régimen burgués hondureño es tan abiertamente antidemocrático que, según el procurador de la nación, el sólo hecho de convocar a una Asamblea Constituyente es considerado un acto de sedición, ya que la Constitución sólo puede ser modificada por medio de enmiendas. Por eso, es de vital importancia que la clase obrera tome la lucha por imponer una Asamblea Constituyente Revolucionaria, sobre las ruinas del régimen, impulsada por las grandes organizaciones obreras y populares como la CTH, la CUTH, la CGT y la CNRP; que rompa la subordinación del país al imperialismo, expropie a los grandes terratenientes y dueños de plantaciones y le dé la tierra a los campesinos pobres, en la perspectiva de la lucha por imponer un gobierno obrero y popular en Honduras que expropie a los capitalistas y termine con la explotación y la opresión.

Basta de persecución y represión

Desde el mismo domingo 28/6 se estableció en Honduras un enorme cerco mediático a las acciones y movilizaciones contra el golpe militar. En el mismo momento en que se decretó el toque de queda, se suspendieron las señales de los canales de televisión del Estado así como de las radios, mientras las televisoras de los empresarios golpistas pasaban dibujos animados o telenovelas.

Aunque varias cadenas internacionales, como la CNN (que cínicamente quiso hacer pasar el golpe de Estado como una “sucesión forzada” del poder), siguieron transmitiendo, su cobertura se limitó a Tegucigalpa donde se concentraron las medidas de apoyo al gobierno golpista del empresario del transporte Roberto Micheletti. Al mismo tiempo, hubo denuncias de que a la señal Telesur, que venía cubriendo algunas de las manifestaciones contra el golpe, le confiscaron sus equipos y agredieron a sus reporteros.

Mientras los medios masivos mostraron la marcha de apoyo a Micheletti y algunas imágenes aisladas de enfrentamientos entre el Ejército y manifestaciones contrarias al golpe, la realidad es que desde que se decretó el toque de queda se han multiplicado las acciones represivas, las detenciones y las persecuciones, sobre todo en el interior del país. El 30/6 se reportaron 32 bloqueos de carreteras en todo el país. También se desarrolla desde el lunes 29 una importante huelga del magisterio. En 16 de los 18 de departamentos del país hubo manifestaciones de todo tipo, en la capital Tegucigalpa, pero también en San Pedro Sula, Intibucá y El Progreso. Los militares agreden a los y las manifestantes, hay detenciones y desalojos violentos en rutas y puentes. El movimiento anti-golpista reúne a sindicatos y organizaciones campesinas, de mujeres y también de los pueblos originarios. Al día de hoy existían pedidos de capturas contra importantes dirigentes sindicales y de organizaciones campesinas. También hubo encarcelamientos, como el de Marcelino Martínez, abogado defensor de derechos humanos y apoderado legal de varios grupos campesinos. Junto con estos hechos, varios organismos de derechos humanos han denunciado el reclutamiento forzoso de jóvenes en el interior del país para incorporarlos a las fuerzas armadas golpistas.

A estos graves hechos se ha sumado la imposición por parte del Parlamento y la Corte Suprema (ambos legitimadores del golpe) del Estado de Sitio en todo el país, lo que allana el camino para una mayor represión a los sectores que enfrentan el golpe. Por esta razón es indispensable redoblar los esfuerzos de solidaridad y movilización internacional en apoyo a los trabajadores y el pueblo hondureño contra el golpe.