Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas lanzaron la Campaña por la defensa del derecho a la protesta social en Venezuela.

La Liga de Trabajadores por el Socialismo, organización hermana del PTS, viene participando e impulsando diferentes actividades por la defensa de las luchas obreras y contra los ataques del sicariato y las fuerzas represivas en la Venezuela de Chávez. Reproducimos a continuación extractos de la declaración y los principales puntos de la campaña. Lea más en www.lts.org.ve

“Según cifras reveladas por líderes sindicales, campesinos y estudiantiles, actualmente en Venezuela existen 2.200 personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por ejercer su derecho constitucional a la protesta por sus reivindicaciones fundamentales. La inmensa mayoría de los que sufren estos procesos pertenecen a gremios de trabajadores, campesinos, estudiantes y de comunidades populares, siendo los más desposeídos y de sectores vulnerables los que padecen la infracción de sus derechos. Lo que era una política aislada y eventual se ha transformado en una política de Estado. Por un lado, funcionarios policiales, el Ministerio Público y los jueces de control, por otro, sicarios al mando de terratenientes y de sectores empresariales, y hasta grupos de choque afines de los gobiernos, nacional, regional y local, independientemente de su tendencia política, conforman el triángulo de la represión a la lucha social. Dicha criminalización, alentada por diferentes poderes del Estado, empresarios y terratenientes, se realiza en un contexto en que aumentan las manifestaciones por derechos sociales, con lo que se han venido aplicando diferentes normativas a quienes ocupan terrenos para exigir su derecho a la tierra y la vivienda, a las comunidades que cierran calles para pedir o mejorar servicios públicos, a los trabajadores y trabajadoras que presionan por defender su fuente de trabajo, alcanzar mejores salarios y lograr su contratación colectiva, a los estudiantes que piden dotación para sus centros educativos, usuarios y usuarias de servicios de salud integral y otros sectores en lucha por sus derechos sociales y políticos. Por tanto, lo anterior es una evidencia de la estrategia del Estado, y algunos sectores privados, para restringir la legítima protesta y el disfrute de los derechos humanos consagrados en la constitución (...)”

Solicitamos:

1) La derogación de los artículos (...) todos los cuales penalizan el derecho a la protesta.

2) La investigación imparcial y transparente de todos los crímenes de sicariato y otros delitos contra campesinos, obreros y otros actores sociales, así como el juicio y sanción para los culpables.

3) La libertad plena e inmediata de todos y todas las activistas sociales privadas de libertad por protestar, así como la suspensión del régimen de presentación periódica ante los tribunales y el resto de medidas cautelares que prohíben el trabajo sindical dentro de los centros de trabajo.

4) No al uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones por derechos sociales y políticos. Prohibición del uso de armas de fuego y bombas lacrimógenas por parte de los funcionarios policiales y militares en las protestas y en la ejecución de desalojos judiciales contra las acciones de exigencias del derecho a la vivienda y a los servicios públicos.