La segunda ronda de negociaciones convocada por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, el pasado fin de semana terminó en un fracaso luego de que el gobierno de facto de Honduras, encabezado por Roberto Micheletti rechazó la última propuesta del presidente costarricense. El plan impulsado por Estados Unidos, y propuesto por Arias, constaba de siete puntos que, bajo la excusa de reconciliar al país y proponer una salida pacífica, encubrían una abierta legitimación al gobierno de facto dándole todo tipo de concesiones.

Este acuerdo incluía el retorno presidente depuesto Manuel Zelaya a su cargo pero con un gabinete compuesto por golpistas en un “gobierno de reconciliación nacional”, promovía una amnistía general, es decir, la impunidad de los responsables del golpe y anulaba cualquier posibilidad de reforma a la constitución empezando por la propuesta de instalar una “cuarta urna” en las próximas elecciones.

A pesar de las increíbles concesiones que significan los puntos de este acuerdo, Zelaya lo aceptó inmediatamente demostrando su “vocación” para las negociaciones con los golpistas que, impulsadas por EE.UU. y apoyadas por la OEA, buscaron desde el primer momento desactivar y descomprimir las movilizaciones contra el golpe al interior de Honduras. Sembrando expectativas en el diálogo con los golpistas vienen tratando de evitar que las movilizaciones, que habían llegado a su punto máximo el 5 de julio frente al aeropuerto de Toncontin, se desarrollen y se vuelvan incontrolables para el gobierno de facto.

A pesar de las condiciones favorables del acuerdo propuesto por Arias, los golpistas lo rechazaron y negaron la posibilidad de que Zelaya vuelva al poder. Micheletti hizo el mismo lunes un acto rodeado de la cúpula empresarial hondureña para mostrar el apoyo que tiene el golpe entre los principales sectores de la burguesía, las FF.AA. y la iglesia.

Ante el rechazo de los golpistas, Arias pidió un plazo de 72 horas para seguir con las negociaciones antes de darlas por muertas y finalmente el miércoles 22/7 por la noche presentó una nueva propuesta que no es más que una readecuación del plan anterior eliminando del primer lugar el retorno irrestricto de Zelaya y pidiendo en su lugar al congreso que retrotraiga la situación a las condiciones previas al golpe. Es decir, no solo se le siguen haciendo concesiones a los golpistas, sino que se vuelven a prolongar los plazos mientras el gobierno de facto continúa en el poder. El rechazo de Micheletti al plan de Arias había encendido señales de alarma del imperialismo y los organismos regionales como la OEA y la UNASUR quienes salieron a “llamar a la calma” y a evitar “derramamiento de sangre”, ante la posibilidad de que la intransigencia de los golpistas desate una nueva oleada de movilizaciones, bloqueos y paros, como los que están convocados para este jueves y viernes Ante un escenario de este tipo es que respondió el gobierno norteamericano, mostrando que no tiene ningún problema en hablar directamente con los golpistas, cuando la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en una conversación telefónica privada con Micheletti, lo llamó a reconsiderar la propuesta de Arias, amenazando con recortar la ayuda económica o establecer sanciones, presión a la que también se sumó la Unión Europea. Sin embargo, este “endurecimiento” retórico de EE.UU. se da mientras que la política norteamericana de estirar los plazos e insistir en las negociaciones le ha brindado al régimen golpista el tiempo necesario para empezar a consolidarse. Así lo demuestra el hecho de que durante las tres semanas que lleva Micheletti en el poder, EE.UU. no tomó una sola acción decisiva contra los golpistas, manteniendo su embajador en Honduras en diálogo permanente con el gobierno de facto y asegurando la continuidad de las estrechas relaciones entre militares norteamericanos y hondureños mediante la base militar de Palmerola que tiene el Comando Sur de EE.UU. en el país centroamericano.

Un neogolpismo a la medida de la administración Obama

En medio del impasse actual, Zelaya, que viene “amenazando” con retornar a Honduras desde hace dos semanas, anunció que por el momento va a esperar hasta agotar todas las vías diplomáticas y le envió una carta al gobierno de Obama para que presione a los golpistas –pedido que hizo extensivo a organismos internacionales como la ONU y la OEA-, sembrando expectativas de que el gobierno norteamericano puede ofrecer alguna salida progresiva a la situación.

Nada más alejado de la realidad. Los pronunciamientos de Obama y Hillary Clinton a favor de la “restitución de Zelaya” nada tienen que ver con respetar los derechos democráticos elementales del pueblo hondureño. El imperialismo norteamericano compartía con los golpistas desde el principio el objetivo de evitar que se consolide el alineamiento de Honduras con el bloque del ALBA, lo que incluía la destitución de Zelaya. El propio embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, admitió haber participado en reuniones secretas donde se discutieron los planes para destituirlo y antes del golpe ya habían anunciado que rechazaban la intención de Zelaya de realizar un plebiscito, compartiendo con los golpistas el argumento de que se estaba violando la constitución.

El gobierno de Obama promovía algún tipo de “golpe legal” con una destitución acordada por vía parlamentaria, pero la forma en la que terminó ocurriendo, con los militares sacando a Zelaya del país y generando rechazo a nivel internacional, hizo que Obama tenga que salir a repudiar el golpe. Para dejar en claro el objetivo aleccionador que perseguía EE.UU. nada mejor que las propias palabras del portavoz del Departamento de Estado Phillip Crowley: “Si estuviéramos eligiendo un modelo de gobierno y un modelo de líder a seguir por los países de la región, el actual liderazgo de Venezuela no sería un modelo. Si ésa es la lección que ha aprendido el presidente Zelaya de este episodio, esa sería una buena lección”.

El gobierno de Obama viene manteniendo su embajador en Honduras como una pieza clave de las relaciones con los golpistas. Según el diario hondureño La Tribuna -propiedad de un poderoso empresario del país- el embajador estadounidense no sólo conocía de antemano el plan de Arias sino que se lo había adelantado a políticos y empresarios que apoyan el régimen golpista un día antes del inicio del diálogo en San José.

Mas allá de que Obama tenga que salir a cuestionar el golpe, intentando alejarse de la anterior administración Bush y de la derecha republicana que le pide un apoyo abierto al golpe, la política de darle aire al gobierno de Micheletti por medio de las negociaciones y estirando los plazos de un hipotético retorno de Zelaya mientras los golpistas siguen en el poder, no hace más que fortalecer a las tendencias y oposiciones de derecha en la región, con el objetivo de ponerle límites al bloque del ALBA. En un momento en que se empiezan a sentir los primeros efectos de la crisis económica internacional aparece a la ofensiva una derecha continental que ya ha demostrado no estar dispuesta a ceder un centavo de sus ganancias e intenta descargar los costos sobre las espaldas los trabajadores y los pueblos de la región.

La derecha regional tomó nota. Ante el reciente anuncio del presidente nicaragüense Daniel Ortega de llamar a un plebiscito para reformar la constitución, la oposición de derecha envalentonada por el golpe en Honduras ya respondió rechazando y considerando “inaceptable” cualquier tipo de consulta. Por su parte, una semana después del informe del congreso norteamericano donde se catalogaba a Venezuela como un “narcoestado”, una “delegación” de la oposición de derecha venezolana se acaba de reunir en Washington con representantes de la OEA para pedir la intervención de ese organismo ante la “delicada situación política y social” que vive el país. Tampoco deja de sorprender la “oportuna” aparición de un video difundido por el Ejército colombiano, donde uno de los principales dirigentes de las FARC declaran haber aportado dinero para la campaña electoral del presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Aunque la derecha norteamericana acusa a Obama de “chavista” como viene haciendo el diario Wall Street Journal en sus editoriales, la realidad es que el gobierno tuvo un doble juego de condenar el golpe y negociar con los golpistas. Mas allá de la forma en que Obama intente maquillarla, la política imperialista fue y sigue siendo la injerencia más o menos “diplomática” en lo que considera su patio trasero para proteger sus intereses estratégicos en la región.

Movilización y huelga general para derrotar el golpe

Como ha quedado demostrado en estas dos semanas, la mesa de negociaciones sólo fortalece a los golpistas. Zelaya se mostró dispuesto a entregar todo, incluso cualquier mínima posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, como piden muchas de las organizaciones que encabezan la resistencia nucleadas en el Frente Nacional contra el golpe de Estado. Las expectativas puestas en una resolución mediante el diálogo con los golpistas no tienen otro objetivo que el de desmovilizar.

El fin del plazo de 72 horas que había sido otorgado por el gobierno de Arias coincide con las acciones que están llamadas para este jueves y viernes en todo el país junto a un paro nacional para el que confirmaron su participación las tres principales centrales sindicales, incluído los docentes que vienen teniendo un rol protagónico en las últimas semanas. Es clave redoblar la ofensiva y avanzar en una huelga general indefinida hasta que caiga el gobierno golpista.

Mientras Zelaya pide que la resistencia sea pacífica y las organizaciones internacionales llaman a la calma, el gobierno de facto que volvió a reinstalar el toque de queda ante las movilizaciones de la semana pasada, reprime, persigue y encarcela a quienes resisten en las calles. La semana pasada fueron denunciados asesinatos selectivos de dirigentes de la resistencia. Ante la represión de los golpistas es necesario organizar la autodefensa obrera y popular.

Solo la movilización podrá impedir que los golpistas queden impunes y asegurar que se haga efectiva la demanda de convocatoria a una Asamblea Constituyente que es negada por todas las instituciones del régimen que avalaron el golpe, y ya fue descartada por Zelaya.

Por eso la única salida progresiva para las masas hondureñas es la realización de una Asamblea Constituyente Revolucionaria, convocada sobre la base de la caída revolucionaria del régimen, por un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas y populares que enfrentan el golpe. La discusión de los principales problemas estructurales del país, como el sometimiento al imperialismo o el problema de la tierra, y la necesidad de imponer sus resoluciones con la movilización, significaría un paso adelante en la experiencia de amplias masas de trabajadores, campesinos pobres y demás sectores explotados y oprimidos para avanzar en la lucha por un gobierno obrero y popular basado en organismos de autodeterminación de las masas.