El sabado 1/8 desde el gobierno se anunció que 32 emisoras de radio y dos de televisión regional de Venezuela cesaban sus transmisiones cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anuló sus licencias alegando motivos “administrativos”. La medida fue decretada en medio de un proceso de revisión a 240 emisoras del país que, según el gobierno, busca “democratizar” los espacios radioeléctricos, mientras que desde la derecha se afirma que dicha política “busca acallar las voces disidentes con el gobierno”.

A principios de julio ya se había anunciado que más de dos centenares de medios radioeléctricos no habían actualizado su registro en el lapso establecido, por lo que podrían perder la concesión que les otorgó el Estado, por eso la medida no fue sorpresa para nadie, sobre todo para los dueños de los medios. El argumento central desde el gobierno es que “la democratización del espectro exige la aprobación de mecanismos de asignación de espacios radiales y televisivos, para lograr el respeto de la real democracia y romper definitivamente con el latifundio mediático”.

El asunto no había tomado la dimensión que tuvo la no renovación del espacio radioeléctrico de RCTV (en 2007) hasta que Venezuela fue noticia en el mundo por el ataque a las instalaciones de uno de los principales canales de la derecha, Globovisión, de activa participación durante el golpe del 2002, por un grupo de activistas liderados por Lina Ron de la UPV (afín al gobierno, y muy conocida por sus acciones de “fuerza de choque” incluso contra trabajadores que protestan por sus reivindicaciones). El gobierno, ya sea por pose o no, salió inmediatamente a “repudiar” la acción de la activista, desde el Ministro de Interior y Justicia hasta el propio Chávez con el argumento de que acciones de este tipo “perjudicaban” la revolución y se llegó a decretar, vía la Fiscalía Pública, su detención.

Conocida o no por el gobierno, esta acción, al parecer, lo perjudicaba en los hechos, justo cuando se habían cerrado algunos medios y se rumorea la existencia de una propuesta de Ley Contra Delitos Mediáticos que habría sido presentada desde la Fiscalía venezolana en la Asamblea Nacional. Esta supuesta solicitud de la Fiscal General de la República, que contaría con el claro beneplácito del ejecutivo, pretendería “regular las malas noticias” para proteger al Estado, es decir a los intereses de la burguesía y las capas dominantes, de los trabajadores y sectores explotados. Al momento no se sabe si es cierta o no la existencia de esta ley, lo real es que ha causado cierto revuelo en determinados sectores, por la oposición bastante grande que ya se manifiesta, incluso dentro de las filas del chavismo, porque se considera “que el proyecto vulnera el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión y el derecho a la protesta”. Pero además también iba a entrar en discusión, esta vez directamente desde el Ejecutivo, y ya anticipada oficialmente, una reforma de la Ley de Telecomunicaciones que tiene por objeto, según el gobierno, “eliminar el latifundismo” en las emisoras de radio y televisión, y que en su proyecto apuntan a la “limitación de los circuitos radiofónicos y televisivos a tres emisoras y al establecimiento de un tope de media hora diaria para las transmisiones de alcance nacional por parte de los circuitos”, ampliándola además a aquellos canales y emisoras que declarándose “internacionales” (transmitidos por Cable) tengan un contenido de producción o transmisión nacional superior al 70%.

Es en este ambiente que la acción del grupo de choque afín al chavismo contra Globovisión adquirió una dimensión que la derecha le supo dar, proyectándola mundialmente, casi llegando a tener, incluso, más repercusión internacional que nacional. Aunque el gobierno detuvo a la activista, ya no pudo detener la ola de repudios de todos los medios continentales, y hasta del propio Insulza de la OEA, como tampoco el desconcierto en las filas del chavismo por la acción del “grupo de choque” contra Globovisión.

Es claro que en América Latina, unos pocos grupos y familias poderosas controlan los medios, monopolizando el espacio radioeléctrico y de prensa. En países como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Honduras, entre otros, los medios se han convertido en el centro de los sectores derechistas más recalcitrantes. Justamente, luego del golpe en Honduras, y la política del imperialismo norteamericano de avalar el golpe más allá de sus falsas declaraciones, una derecha continental se ha venido envalentonando.

Estados Unidos, aprovechando esto, ha anunciado la instalación de cinco nuevas bases militares en Colombia, en una clara determinación imperialista, impulsada por los halcones imperialistas, avalada por Obama, de darle base a esta ofensiva reaccionaria.

Desde la LTS de Venezuela creemos, como lo hemos denunciado muchas veces a través de nuestra prensa, que los medios en manos de los grandes empresarios son una amenaza contra los trabajadores y el pueblo y son utilizados por la burguesía como instrumentos de difusión y propaganda.

Mientras estén en sus manos siempre será limitada la concreción de la plena libertad de expresión de la clase obrera y el pueblo. Como revolucionarios creemos firmemente que es esencial emprender una incansable lucha contra los medios y la prensa reaccionaria. Nunca como resultado de medidas de prohibición de los medios y la prensa reaccionaria desde este Estado, los trabajadores, campesinos y el pueblo se librarán de la influencia de las ideas reaccionarias y del pensamiento dominante de la clase capitalista. Al contrario, sólo la mayor libertad de expresión, de prensa y de reunión pueden crear las condiciones favorables para el avance del movimiento revolucionario de la clase obrera y del pueblo.

El gobierno “incentiva” los medios alternativos, siempre y cuando no cuestionen sus políticas nacionales, como sus pactos y acuerdos con grandes sectores empresariales incluyendo los de los grandes medios de comunicación en manos de magnates. Hoy el gobierno cierra estos 32 medios, sean por razón administrativa o política, pero la verdad es que se crean simultáneamente nuevos grupos económicos que monopolizan ciertos sectores, como el que representa el propio ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, al mismo tiempo que pacta con otros magnates de los medios de “comunicación”.

Como afirmamos en el momento del cierre de RCTV, “la realidad histórica ha demostrado que ante cualquier restricción de la democracia en la sociedad burguesa, quienes terminan soportando las consecuencias últimas de estas medidas son los propios trabajadores y el pueblo pobre. Por eso afirmamos que los trabajadores son los que deben librar por sus propios medios y organizaciones la lucha por la total y completa libertad de prensa y no mediante el puño del aparato gubernamental como sustitución de esta lucha.

Hoy, el estado y el gobierno, con su fuerte retórica del “socialismo del siglo XXI” y “contra” el capitalismo, pueden aparecer como del lado de los trabajadores y las organizaciones populares; pero al no tocar los intereses fundamentales de las clases dominantes, viene abonando el terreno para que la reacción interna levante cabeza y evite así la posibilidad de avance del conjunto de los explotados y oprimidos. El desenlace de esto no puede ser otro que el que los elementos más reaccionarios de la burguesía retomen el control político más férreamente. En ese caso, cualquier legislación restrictiva que exista será lanzada contra los obreros y el pueblo”.

La única forma de luchar contra las ideas y prejuicios reaccionarios que ha logrado insertar la burguesía, con sus recursos mediáticos e ideológicos, es luchar para que todos los medios de producción, incluidos los medios de la producción de la información pública, estén en manos de los propios trabajadores, los únicos que pueden garantizar una verdadera libertad de prensa, y no la falsa libertad de la que hablan los capitalistas.

La lucha contra la ideología y la política burguesas, en nuestro país significa también luchar contra la ideología y el proyecto del desarrollo nacionalista burgués del gobierno, contra las restricciones y la virtual censura que hace la prensa burguesa de la difusión de las luchas obreras y sus exigencias, como en este caso hace también el gobierno nacional en sus medios.