El pasado 30 de julio, mientras Mel Zelaya se reunía con el embajador norteamericano Hugo Llorens en Managua, la policía y el ejército bajo las órdenes del gobierno golpista de Micheletti, reprimían brutalmente una manifestación en Tegucigalpa que se realizaba en el marco de la jornada del paro cívico convocada por el Frente Nacional contra el Golpe de Estado. Esta represión, que según el jefe de la policía tenía por objetivo “defender la economía nacional afectada por los bloqueos de carreteras”, dejó como saldo un profesor de escuela media muerto y cientos de heridos y detenidos, entre ellos los principales dirigentes de las organizaciones populares que coordinan la lucha contra el golpe de Estado.

En los últimos días, la dictadura cívico-militar recrudeció sus medidas represivas. Al cierre de este artículo, organizaciones antigolpistas de Honduras denunciaban un ataque de la policía antimotines contra una movilización de estudiantes frente a la Universidad y se conocía la clausura de la señal de Radio Globo que venía transmitiendo hacia el exterior los acontecimientos en Honduras.

Según la Comisión de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en las cinco semanas transcurridas desde el golpe de Estado, se han denunciado más de mil casos de violaciones a los derechos humanos, detenciones y torturas, además de los asesinatos de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y de ejecuciones de detenidos. Micheletti eligió como su asesor de seguridad a Billy Joya, fundador de los escuadrones de la muerte que actuaron bajo el nombre de batallón 3-16 durante la última dictadura a principios de los ‘80, responsabilizado por la desaparición y asesinato de cientos de activistas hondureños. Billy Joya, junto con Romeo Vásquez Velasquez, jefe del ejército que dio el golpe de Estado contra Zelaya, y miles de militares hondureños fueron aplicados alumnos de la siniestra Escuela de las Américas que formó a los torturadores y golpistas de América Latina. Las fuerzas armadas de Honduras mantienen una estrecha relación con el Pentágono y con la base aérea norteamericana de Soto Cano, una instalación con ubicación estratégica que permitiría el despliegue rápido de tropas, si fuera necesario.

La decadente oligarquía hondureña estableció una relación histórica de dependencia con respecto a Estados Unidos: el 70% de sus exportaciones de banana, café y azúcar van al mercado norteamericano, la mitad de las maquiladoras instaladas en el país son de capitales estadounidenses y el territorio hondureño fue usado como base de operaciones de Estados Unidos para su guerra sucia contra la revolución nicaragüense y las guerrillas centroamericanas durante la década de 1980.

El imperialismo norteamericano y la OEA, con la cobertura de la mediación de Arias, han permitido que los golpistas se fortalezcan y permanezcan en el poder. Los gobiernos de la región, dirigidos por Brasil, le han hecho el juego a esta estrategia de la diplomacia de Estados Unidos, y sólo se han limitado a emitir declaraciones, como la última de los presidentes del Mercosur. Incluso Chávez, aliado de Zelaya, no convocó a ninguna acción regional para impedir que los golpistas se consolidaran en el poder. Ni siquiera Daniel Ortega bloqueó el comercio a través de Nicaragua.

Obama y Hillary Clinton usaron la negociación para disimular que, en realidad, sus intereses en la región están mucho más cerca de los empresarios, los militares y los principales partidos burgueses hondureños que perpetraron el golpe. A pesar de que la derecha republicana, que hace lobby a favor de los golpistas en el Congreso norteamericano, acusa a Obama de “ceder ante Chávez”, el gobierno de Estados Unidos no ha tomado ninguna medida concreta contra los golpistas: el Departamento de Estado se niega a admitir que hubo un golpe y el embajador Hugo Llorens permanece en su puesto en Tegucigalpa donde se reúne asiduamente con los representantes del gobierno de facto. Sólo después de un mes de transcurrido el golpe ha tomado unas pocas medidas simbólicas, como el retiro de la visa diplomática a cuatro figuras prominentes del gobierno de Micheletti.

La apertura de siete bases militares en Colombia para el uso de militares norteamericanos, es una prueba de que más allá de los discursos, la política de Obama es resguardar los intereses del imperialismo norteamericano en América Latina, pactando con sus aliados más leales como Uribe.

En todo momento Zelaya ha evitado una confrontación directa con los golpistas y obstaculiza la organización de la autodefensa popular con sus llamados a la resistencia pacífica, a pesar de que el ejército y la policía persiguen, torturan y asesinan a dirigentes y activistas antigolpista. Desgastado el efecto de su gesto simbólico de instalarse en la frontera con Nicaragua, su política actual es conseguir el apoyo de los gobiernos de la región. La primera visita fue a México donde Zelaya fue recibido como jefe de Estado por el presidente Calderón.

La política de Zelaya, apoyada por Chávez y el bloque del ALBA, fue subordinarse a la estrategia norteamericana, esperando que Obama, para tratar de mostrar una política distinta a la que había tenido Bush para América Latina, presione a los golpistas para que permitan su vuelta a la presidencia. A cambio Zelaya ha aceptado todas las condiciones impuestas en los acuerdos de San José, incluida la renuncia a convocar una Asamblea Constituyente.

El camino para derrotar a los golpistas y a sus amigos en Washington no es la negociación y la “reconciliación” que pregona Zelaya, ni alentar la confianza en que con Obama el imperialismo norteamericano actuará a favor de los oprimidos, como han venido haciendo los gobiernos latinoamericanos, incluido Chávez y el bloque del ALBA, sino profundizar la movilización independiente de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y los sectores populares hondureños que vienen luchando contra el golpe, cortando rutas y puentes y enfrentando la represión estatal. Es necesario que esta resistencia que ya lleva más de un mes, dé un salto, que se transforme en una huelga general indefinida hasta derrocar al gobierno de Micheletti y establecer un gobierno provisional de los organizaciones obreras y campesinas antigolpistas que convoque a una Asamblea Constituyente Revolucionaria donde se discutan los principales problemas del país como la subordinación al imperialismo y la propiedad de la tierra. Esta experiencia sería muy útil para que los trabajadores, los campesinos y los explotados hondureños avancen en la lucha por imponer un gobierno obrero y popular basado en organismos de autodeterminación de masas.