Asamblea Constituyente y política económica: Concesiones y pactos con la derecha

Más allá del discurso popular y nacionalista, el hecho es que el gobierno del MAS se ha limitado hasta ahora a administrar el Estado semicolonial, combinando algunos tímidos gestos simbólicos (como la reducción de sueldos y dietas oficiales) con medidas parciales (en la justicia, la policía, la política hacia la coca) que no rompen los marcos del ordenamiento económico, social y político heredado de sus antecesores “neoliberales”. Es que, como ha dicho Evo Morales: "en el pasado yo estaba contra las oligarquías, pero reconozco que fue un error porque necesitamos empresarios". [1] Esto, en nombre de un “nuevo patrón de desarrollo” en el que las “relaciones entre empresa estatal, privada nacional y extranjera, así como las asociaciones de productores del campo y la ciudad, se conciben como complementarias” [2] y se reduce la “revolución democrática y cultural” a remover algunas de las más retrógradas formas de racismo, sin cambiar las relaciones de propiedad en las que la secular opresión de las mayorías indígenas hunde sus raíces ni romper con el imperialismo.

En estos meses el gobierno mantuvo un curso a la derecha respecto de sus ya bastante diluidas promesas iniciales, siguiendo una política de concesiones a la oposición política, las oligarquías regionales y las transnacionales, en busca de un entendimiento o acuerdo para hacer aceptable su programa de “tibias” reformas.

La mejor expresión de este curso ha sido el pacto con la derecha parlamentaria (PODEMOS, UN, MNR) y las élites cruceña y tarijeña, para la convocatoria a Asamblea Constituyente y el referéndum autonomista, que incluye enormes concesiones políticas a la reacción y antidemocráticas restricciones contra las aspiraciones indígenas y populares de una participación directa (ver recuadro).

El MAS remite todas las expectativas populares a la Constituyente, bajo la promesa de “refundar el país” en ella, pero al mismo tiempo, prepara una Asamblea fuertemente condicionada, donde además, al asegurarse el monopolio de la “representación popular” garantiza de antemano su moderación.

Junto con ello, mantiene un rumbo económico conservador, hasta el punto de que una revista burguesa especializada puede titular “la economía en piloto automático”.

El MAS anuncia una “nacionalización sin expropiación” del gas, negociada casi en secreto con las petroleras entre fricciones (algunas estarían demorando el pago de impuestos y congelando inversiones para forzar un acuerdo más favorable); pero esta política, a pesar de la fraseología nacionalista, se reduce a modificar los contratos con las transnacionales, lograr una cierta participación y supervisión del Estado en toda la cadena del negocio energético, a través de la reconstrucción de YPFB y buscar la asociación con los pulpos que seguirán siendo los verdaderos dueños del negocio y de sus ganancias, como muestra el intento de construir una “asociación estratégica” con Petrobras.

La crisis del LAB, empresa aérea capitalizada hace años y “vaciada” por sus propietarios, actualmente el empresario local Ernesto Asbún, es un enorme hecho político que desnuda la estafa de las “capitalizaciones” y a la vez testea el respeto del MAS a la “seguridad jurídica” de los capitalistas. Aunque la empresa está en virtual quiebra y sólo la nacionalización sería una salida progresiva, el gobierno se ha negado a dar este paso y hasta aceptó retirar la intervención “precautoria” que había dictado en su momento, promoviendo en cambio una “cooperativización” que descarga sobre los hombros de los trabajadores los costos de salvar a la empresa súper endeudada.

En cuanto a otros temas cruciales, como la tierra, el gobierno posterga las demandas de los “sin tierra” para no indisponer a los latifundistas del Oriente y en minería, continúa con una política privatizadora, como es el caso del yacimiento de hierro de El Mutún y la política aplicada desde el Ministerio de Minería. Rechazó también los pedidos de mejoras salariales y laborales de los trabajadores de salud y educación - a los que concedió un raquítico 7% de aumento mensual-, y se niega a crear un mayor número de ítems de maestros y salubristas para no “alterar el presupuesto”.

Pero para reconstruir un régimen estable (una “democracia reformada”), desmovilizar al movimiento de masas y habilitar mejores márgenes para su proyecto de “capitalismo nacional”, el MAS necesita implementar a través de la Constituyente y de la política de hidrocarburos algunas reformas que le den sustentación a su programa, lo que lleva a nuevos choques con sectores de la clase dominante.

La ofensiva conservadora

Por eso, las concesiones, lejos de calmar a la derecha, no han hecho más que proporcionarle nuevos puntos de apoyo y alentarla a “ir por más” en su ofensiva. La derecha arrastra las secuelas del derrumbe de sus viejos partidos, del descrédito del neoliberalismo y de su derrota electoral en diciembre, con divisiones internas, como muestran las rupturas en PODEMOS (alejamiento de ADN y Siglo XXI, juego propio del prefecto de La Paz, P.P. Paredes) y los límites del “civismo” cruceño para proyectarse como alternativa nacional. Sin embargo, ejerce una constante presión mediática con los medios de prensa y TV a su servicio; a través de la campaña autonomista, recurriendo a las movilizaciones regionalistas (paros cívicos y asambleas en Santa Cruz y Tarija); además de la oposición parlamentaria. Busca desgastar al gobierno y “pegar” sobre los dos ejes principales de disputa en juego: la futura Asamblea Constituyente y el tipo de régimen que emergerá de ella (las élites regionales quieren limitar cualquier reforma que afecte sus intereses como la propiedad de la tierra y convertir a los gobiernos departamentales en un contrapeso frente al gobierno central), y la política de hidrocarburos (donde no pueden desplegar abiertamente sus intereses como “comisionistas” del capital extranjero, la bandera autonomista les proporciona también una buena cobertura política para buscar cierta base social). Junto a ello, actúa la presión más “discreta” de las embajadas imperialistas y la “cooperación internacional”, condicionando cada paso del gobierno al respeto a la “seguridad jurídica”, el “fortalecimiento de la democracia” y los “compromisos internacionales”.

Primera oleada de protestas y paros

En este marco, un hecho nuevo es la importante oleada de protestas y luchas de sectores obreros y populares desde fines de marzo y durante todo abril, la primera desde que Evo asumió el gobierno.

Un paro cívico y movilizaciones de las provincias del Chaco (donde está el 90% de las riquezas gasíferas de Bolivia) que exigen ser reconocidas como un departamento separado contaron con el decidido impulso de la Asamblea del Pueblo Guaraní (los guaraníes son más de un tercio de los habitantes de esta región). Esto fue un golpe para los reaccionarios planes autonomistas de las élites de Tarija y Santa Cruz, pero también, aunque el MAS lo dejó correr, fue un cuestionamiento a su política, reclamando la nacionalización 100% del gas y denunciando que García Linera pactó con el prefecto de Tarija el mantenimiento de un decreto de Carlos Mesa que permitía a este Departamento negociar por su cuenta con inversores internacionales.

Los pilotos y trabajadores de LAB se movilizaron repetidas veces exigiendo al gobierno la nacionalización y llegaron a manifestarse en las pistas de los principales aeropuertos y tomar instalaciones de la empresa, por lo que fueron duramente reprimidos por la policía y las FF.AA. Lograron convertir su lucha en una causa del pueblo de Cochabamba (donde está la sede de la empresa), con importantes manifestaciones callejeras y un paro cívico de 24 horas.

También se movilizaron estudiantes normalistas, trabajadores de salud (que pararon 48 horas, pese a que el “ministro obrero” Gálvez declaró “ilegal” la medida), magisterio urbano y rural, etc. Estas son sólo las expresiones más visibles de un extendido proceso que incluye muchas luchas puntuales, como la de los aeroportuarios de SABSA - El Alto, trabajadores de las obras civiles del megaproyecto minero San Cristóbal en Potosí, la empresa M y M de Santa Cruz, y otras.

El MAS salió al cruce de este proceso de luchas con violentos ataques políticos y calumnias, denunciándolas como parte de una “conspiración” y haciendo una amalgama entre las acciones reaccionarias como el paro empresarial del transporte y de los “cívicos” cruceños y tarijeños; y los legítimos reclamos sindicales, afirmando que “la élite cruceña y PODEMOS soliviantan a dirigentes laborales y aprovechan su descontento contra el gobierno del pueblo” [3] o que “la campaña trata de ocultar el complot, aprovechando la irresponsabilidad de los aventureros y la desorientación de los peticionarios” [4]. Lo cierto es que mientras el MAS renueva sus denuncias contra la “conspiración”, concilia cada vez más con las fuerzas de la reacción y ataca con empeño a los sectores sociales que se movilizan. También intenta realinear sus fuerzas relanzando el “Estado Mayor del Pueblo” con los movimientos sociales que dirige, y tomar el control de la COB y otras organizaciones.

Se debilita la “luna de miel” con las masas y emergen tensiones en el gobierno

Esta tendencia a luchas por demandas obreras y populares muestra que además de la presión de la reacción, el MAS enfrenta nuevas contradicciones con sectores de un movimiento de masas que si bien le otorga un amplio apoyo -la popularidad de Evo en las encuestas supera el 70%- comienza a mostrar signos de impaciencia ante al falta de respuesta a sus expectativas, lo que también se refleja en cierto distanciamiento de movimientos sociales como CONAMAQ, la Coordinadora del Agua dirigida por Oscar Olivera en Cochabamba, la comunidad afroboliviana, sectores vecinales alteños, etc.

Al anunciar “idilio resquebrajado” La Prensa expresó su preocupación porque la “contención” que logra el MAS sobre los “movimientos sociales” no es todo lo firme que la clase dominante esperaba, explicando que “existe la creencia de que las buenas relaciones entre todo gobierno nuevo y quienes lo apoyaron para llevarlo al poder empiezan a deteriorarse 100 días después de que aquél fuera posesionado. Tal parece que una vez más está sucediendo cuando ni siquiera se han cumplido los 90 días”. [5]

De hecho, el MAS no está logrando transformar su enorme legitimidad electoral y el amplio apoyo social en fortaleza política para poner en marcha sus planes y adoptar un rumbo claro. Todo esto empuja a la gestión gubernamental a un virtual “impasse”, como reconoce a su manera el dirigente Antonio Peredo, al quejarse de que la prensa y la TV difunden “la imagen de un gobierno sin capacidad de resolución, acosado y sin plan de gobierno” [6] y causa fricciones dentro de las filas oficiales.

Álvaro García Linera y ministros como J. De la Quintana (de Gobierno) y Carlos Villegas (Planeamiento) encabezan una influyente ala derecha que exige lograr pactos con la oposición y las oligarquías para evitar que la constituyente fracase: “Si no encontramos ese denominador común que nos une a todos y resulta que un pedazo queda excluido (...) entonces habremos fracasado” (...) “Si los indígenas excluyen a quienes lo excluyeron estarán perdidos” [7] y amenazando con que “su duración (del “evismo”) va a depender mucho de las clases medias.” [8] Además, aparecen constantemente posiciones encontradas, como cuando funcionarios del área económica desmintieron las promesas de Evo de aumento salarial y hay descontento en sectores desplazados como entre los masistas de Santa Cruz que se sienten “sacrificados” por las concesiones a la oligarquía local.

En el marco de estas fricciones, es posible que Evo Morales, que se ubica al centro, como árbitro entre las distintas alas y principal referente hacia el movimiento de masas, impulse nuevos gestos que aunque no alteren el rumbo fundamental del gobierno insinúen un relativo “giro a izquierda”. No puede descartarse que para el 1° de mayo anuncie medidas como la nueva política petrolera, un aumento moderado del salario mínimo y las pensiones o la regulación de la “libre contratación” laboral, para retomar iniciativa política, reafirmar las ilusiones populares y relanzar la campaña por la constituyente.

Perspectivas

En los próximos meses el proceso electoral y la instalación y debates de la Asamblea concitarán la atención de todos los grupos y clases sociales en medio de la polarización política entre el MAS y la derecha. Si bien se pueden amortiguar temporalmente las tensiones y elementos de descontento y crisis política, derivándolas a la Constituyente, eso no significa que se pueda cerrarlas definitivamente. La Constituyente será escenario de fuertes disputas entre la presión de la reacción y la impaciencia de las masas cuyas demandas y expectativas no satisfacerá.

Bajo la superficie siguen hirviendo las profundas contradicciones económicas, sociales y políticas que tensan la crisis nacional y que con la poderosa irrupción de las masas en el ciclo de levantamientos de los últimos años, han abierto una etapa revolucionaria en el país. Con el gobierno de Evo Morales y el “proceso constituyente” se ha abierto una situación transitoria, de signo indefinido pero no se ha cerrado ese proceso y el programa del MAS está puesto a prueba bajo enormes presiones sociales contrapuestas que difícilmente pueda contener de forma duradera. Sin afectar la propiedad privada de los grandes empresarios y terratenientes y expulsar a las transnacionales es imposible derrotar a la reacción y “refundar el país” según los intereses de los obreros, campesinos y pueblos originarios.

Dos políticas frente al gobierno del MAS

Esto replantea un debate político fundamental: Por un lado están los que apuestan a una estrategia de presión sobre Evo Morales y su gobierno para “obligarlo a girar a izquierda”, como los llamados “radicales”: sectores de la izquierda masista, la cúpula cobista y el populismo radical alteño, todos los que en esencia comparten la estrategia frentepopulista de colaboración de clases con el MAS aunque tiendan a métodos más combativos y sean veces “antilectoralistas”. El POR, con su cerrado sindicalismo, se adapta a estos sectores. Por otro lado, está planteada la necesidad de una estrategia de organización y movilización obrera políticamente independiente, para que la clase obrera pueda dirigir la alianza con los campesinos, pueblos originarios y sectores populares de las ciudades hacia su propio poder, única forma de resolver íntegramente las tareas democráticas y nacionales y abrir camino al socialismo. Esta es la estrategia que defendemos los trotskistas de la LOR-CI.

Para no romper políticamente con el gobierno, los “radicales” se negaron a pelear para que la Asamblea Constituyente fuera verdaderamente libre y soberana y no movieron un dedo para construir una alternativa de clase ante la misma. Hasta reclamaron, como Jaime Solares, el “cogobierno entre el MAS y la COB”. Ahora aunque renuevan sus discursos rojos, “contra los reformistas que traicionaron” y hasta amenazan con el fantasma de una “asamblea popular” constituyente paralela, siguen apostando a presionar para “hacer respetar la agenda de octubre (...) Queremos que el Presidente la cumpla” [9] En suma, no se proponen ayudar al movimiento obrero y popular a prepararse de manera sistemática para las futuras luchas y mucho menos, a dotarse de un horizonte políticamente independiente.

Si realmente se quiere desarrollar la movilización obrera, campesina y popular por una verdadera nacionalización del gas y la minería; la reversión del LAB y las “capitalizadas” al Estado, sin pago y bajo control de los trabajadores; una audaz reforma agraria, por el territorio y las demandas de los pueblos originarios; por un salario mínimo nacional de 1.500 Bs. y trabajo para todos, por plenos derechos a la organización obrera, por la salud y la educación y vivienda, etc., como parte de una salida obrera y campesina a la crisis nacional; hará falta la preparación sistemática, organizativa y política, de esa lucha. Esto plantea impulsar formas de coordinación y centralización amplias -como comités, coordinadoras o genuinas asambleas populares-; como también trazar una perspectiva política independiente de los empresarios y sus partidos, las iglesias y las ONGs, y del gobierno.

Los encuentros, ampliados y congresos -como el próximo de la COB- deben ser puestos al servicio de esta perspectiva mediante la más amplia democracia obrera y por la plena independencia política de los sindicatos.

¿Se gesta un nuevo movimiento obrero?

La clase trabajadora está dando los primeros pasos en un amplio proceso de reorganización obrera. Como decía un trabajador en Santa Cruz: “no hay nadie que defienda a los trabajadores de estos abusos porque no hay sindicato y existen fuertes presiones sobre los obreros para evitar que se organicen” [10] , pero hoy muchos obreros comienzan a rebelarse ante la brutal dictadura patronal y buscan organizarse por abajo. Están surgiendo nuevos sindicatos (como muestran el combativo SITRASABSA en el aeropuerto de El Alto y varias fábricas y empresas de servicios) y se reorganizan otros, con elementos antiburocráticos y de recuperación de la democracia obrera. La lucha de los 2.200 trabajadores y pilotos del LAB en defensa de su fuente de trabajo es el más importante conflicto laboral en años y las del magisterio y la salud, por el salario y las condiciones laborales son expresión de una tendencia mucho más extendida. Este despertar se da no sólo en sectores estables y relativamente mejor pagos del proletariado, sino también entre las capas más sumergidas y precarizadas, como los obreros de ciertas fábricas y talleres, del aseo urbano (recolectores de basura) o de las empresas terciarizadas de limpieza.

Alentar el desarrollo de este proceso de organización obrera dándole una perspectiva antipatronal, antiburocrática e independiente del gobierno y el Estado, es decir, consecuentemente clasista es una tarea fundamental en esta hora, para contribuir al desarrollo de un nuevo movimiento obrero revolucionario, que pueda postularse a dirigir la alianza con las masas campesinas, indígenas y populares a la victoria. Sólo sobre esta base se podrá construir una nueva izquierda obrera, socialista y revolucionaria.