A pesar del brutal desalojo de la movilización frente a la embajada de Brasil la madrugada del martes 22/9, la resistencia se mantuvo firme en su lucha por derrocar a los golpistas, abriendo una situación de gran inestabilidad política con movilizaciones y enfrentamientos con la policía y el ejército. Micheletti ha intentado sacar a Zelaya de la embajada de Brasil para imponer una relación de fuerzas más favorable, que le permita poner las reglas de una negociación, siendo su gran preocupación, la imposición de sus comicios el 29/11.
En este panorama la política de Zelaya fue comenzar el “diálogo” con la Iglesia católica y los candidatos presidenciales de los dos partidos golpistas, el Partido Nacional y el Partido Liberal, buscando presionar para iniciar una negociación con Micheletti. Sin embargo, frente a la perspectiva de que creciera la movilización y se saliera de control, el gobierno de facto emitió un decreto el pasado 28 de septiembre por el cual se anulan por 45 días las garantías constitucionales, como el derecho a reunión y el derecho a expresión. Con este decreto se profundizó la impunidad del ejército para reprimir. Se prohibió la libertad de reunión, prensa, asociación, tránsito y protesta, y se autorizó el desalojo del Canal 36, Radio Globo, Radio Progreso (que tenían el 90% de audiencia según el mismo Micheletti) y cualquier otro medio que tenga posiciones divergentes con el gobierno de facto.
El 30 de septiembre, dos centenas de policías armados desalojaron el Instituto Nacional Agrario y detuvieron en el lugar a 57 personas. Esta toma realizada por campesinos para impedir que asumiera su cargo un golpista, duró tres meses y fue un bastión de la lucha al punto que los campesinos que venía del interior del país se alojaban en ese establecimiento.
En el marco del ataque contra la prensa no golpista, fue asesinado a tiros en el medio de la calle el sobrino del dueño de Radio Globo. La señal se mantuvo al aire hasta que el ejército entró a sus instalaciones y se le escuchó rompiendo todo a su paso y los gritos del equipo dentro. Estos medios cumplían un papel fundamental de denuncia y difundían las acciones antigolpistas facilitando su organización.
donde la gente llamaba a seguir adelante y hacer acciones. Ha quedado autorizada la detención de los periodistas que ofendan a cualquier funcionario público. Asimismo el decreto permite detenciones a toda persona considerada sospechosa en cualquier momento, a quien viole el toque de queda, quien no lleve carnet de identidad y se autoriza el desalojo de toda instalación tomada por manifestantes.
Desde que está en vigor el decreto, no se ha permitido que la resistencia marche, con un enorme despliegue policiaco que rodea a los manifestantes. Sin embargo, a sólo dos días de haberlo promulgado, la condena internacional le abre una nueva crisis al régimen y un sector de 20 Diputados del Congreso, de los partidos políticos (que incluyen un sector aliado al régimen) y empresarios del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que incorpora a golpistas, ha solicitado su revisión y planteado una revisión, (que sin embargo se puede hacer parcialmente), además resaltan que éste decreto le quitará la legitimidad a las elecciones que pretenden imponer, pero por ejemplo, el desmantelamiento de las antenas de los medios alternativos no sería reparado y mientras tanto en las calles se aplica más represión a cabal impunidad.
Ninguna negociación con los golpistas
A pesar del aislamiento internacional, Micheletti ya lleva tres meses en el poder. Esto fue posible porque aprovechó la política de negociación auspiciada por EE.UU. y la OEA para intentar naturalizar el golpe, conservó intacto el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía y contó con el respaldo abierto de los republicanos y sectores del partido demócrata de Estados Unidos, que tienen lazos históricos con la oligarquía y los militares hondureños, como así también en el empresariado y una parte de las clases medias del país que apoyan el golpe. Sin embargo, desde el retorno de Zelaya, con la radicalización de las acciones de la resistencia, y más aún desde la firma del decreto que instala el estado de sitio, el frente golpista ha comenzado a mostrar fisuras y los candidatos presidenciales de los partidos Liberal y Nacional, el Parlamento y sectores empresariales empiezan a buscar salidas alternativas para legitimar el régimen antes de las elecciones de noviembre.
Por la presión internacional ante el ultimátum de Micheletti al gobierno de Brasil para que definan la situación de Zelaya en la embajada de ese país, los golpistas han tenido que retroceder, explicando que si no se acatan los llamados no pasará nada, por ningún motivo se planea ingresar a la embajada de Brasil y confían en que en cualquier momento los países reconocerán su gobierno. Tras haber deportado a tres funcionarios de la OEA que llegaron al país esta semana, Micheletti ha hecho un nuevo llamado a este organismo para el 7/10 para intentar destrabar el diálogo con Zelaya.
Estas presiones internacionales van encaminadas a imponer una salida negociada basada en el Plan Arias, o alguna variante de este tipo, que permita resolver la crisis en los marcos del régimen burgués. El mismo presidente de Costa Rica ha declarado que no visitará Honduras hasta que las partes firmen el acuerdo de San José, que propone el regreso de Zelaya al gobierno pero sin ningún poder real, la impunidad para los golpistas, la prohibición de convocatoria a una asamblea constituyente y la legitimación de la salida electoral. Y a la vez manifestó que no se debe aislar al régimen golpista para facilitar la negociación.
Un elemento clave para la OEA es evitar que Micheletti y su camarilla caigan como producto de la movilización popular. Por ese motivo se juegan a dejar intacto al régimen golpista buscando legitimar las elecciones fraudulentas. Este es la razón por la que la reunión del consejo permanente de la OEA, realizada de urgencia el pasado 28 de septiembre no se llegó a un acuerdo sobre la posición a tener frente a las próximas elecciones en Honduras. Estados Unidos (cuyo representante calificó el regreso de Zelaya como “irresponsable” e “idiota”), Canadá, Bahamas, Costa Rica y Perú se abstuvieron de determinar cuál será su posición sobre ese resultado electoral, dejando un salvoconducto que le dé legitimidad internacional.
A más de 90 días, la resistencia sigue en pie de lucha
Micheletti busca derrotar a la resistencia aumentando las medidas represivas. Ya es común ver que las movilizaciones sean rodeadas por cientos de policías y militares armados, motocicletas, tanquetas y camionetas con policías de civil armados y que en algún lugar del camino se encierre a los manifestantes para disolverlos y hacer decenas de detenciones a golpes, gases y disparos.
Esta represión sistemática y el clima de impunidad no permiten cuantificar el número de detenidos al momento. El 28/9 fue el entierro de Wendy Elisabeth Ávila, una joven de Tegucigalpa asesinada por los gases lanzados por la policía a las puertas de la embajada de Brasil. Pero la resistencia se ha mantenido de pie y es heroica la lucha que ha podido sostener tras 90 días. En tanto, el gobierno de facto, al intensificar los toques de queda y la represión en los barrios durante la noche, generó mucho descontento entre la población e incluso sectores que intervenían menos, se movilizaron. Por eso el gobierno de facto comenzó a aplicar el toque de queda selectivamente en los barrios de mayor concentración de la resistencia, aunque son la mayoría en el país. Y es que la resistencia ha llamado a no acatar el toque de queda, pues de por sí bajo éste, el ejército y policía entran a las colonias buscando jóvenes, allanan domicilios, golpean a quien se encuentran fuera, hacen detenciones. No se puede cuantificar el número exacto de muertos en lo que va del golpe a la fecha, pero es un hecho que son cientos entre los detenidos, asfixiados por el humo, los heridos, desaparecidos y asesinados en un intento por liquidar a la resistencia en las calles.
Hay muchos barrios donde la organización contra la represión se da con barricadas, quema de llantas, piedras y palos, masivamente se ha frenado la entrada del ejército, junto con los cierres en la Universidad Nacional de Pedagogía.
Derrotar a los golpistas con la huelga general
Aunque la represión ha sido muy fuerte, también ha sido impresionante la respuesta del pueblo hondureño. La defensa iniciada en los barrios y las colonias contra la represión, muestra el camino para extender y centralizar la autodefensa organizada, manteniendo barricadas en puntos clave, no acatando masivamente los decretos y el toque de queda, como lo viene ya haciendo la resistencia. Ante la escalada represiva se hace urgente la formación de comités de autodefensa, en la perspectiva de organizar las milicias obreras, campesinas y populares, fortaleciendo los comités que se han formado ya en casi todos los barrios.
Muchos sectores pretenden imponer una salida negociada con los golpistas para impedir la caída de Micheletti mediante la movilización obrera y popular y legitimar el régimen con las elecciones fraudulentas. Con este fin, un sector de los empresarios han propuesto una variante de Plan Arias con aún más restricciones ante una hipotética restitución de Zelaya, y una increíble “fuerza multinacional” con militares de Colombia, Panamá y Canadá!!!.
Los trabajadores, campesinos y el pueblo hondureño no pueden tener ninguna confianza en la trampa del Plan Arias, ni en las elecciones golpistas. En este sentido, es necesario hoy más que nunca que los trabajadores, los jóvenes y los campesinos que se han venido movilizando contra el golpe se planteen superar la política de subordinación a Zelaya y su política de presión, sostenida por la mayoría de la dirección del Frente Nacional de Resistencia. La resistencia debe dar un salto y, apoyándose en los paros que han sostenido los maestros hace tres meses, organizar una huelga general para tirar abajo a Micheletti. Es con los propios métodos de lucha de los trabajadores, campesinos y sectores populares como se podrá vencer a los golpistas e imponer un gobierno provisional de las organizaciones obreras y populares que luchan contra el golpe que convoque a una Asamblea Constituyente Revolucionaria donde se discutan los grandes problemas de las masas obreras y populares hondureñas, como la dominación imperialista y el problema de la tierra y que sea un paso adelante para luchar por un gobierno obrero, campesino y popular basado en organismos de autodeterminación de masas.
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