El Frente Amplio contó durante su primer gobierno con la mayoría parlamentaria para anular la Ley N ° 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que permite la impunidad de los militares que practicaron la persecución, la cárcel, la tortura, el asesinato y la desaparición de luchadores obreros y populares en la última dictadura. Inclusive frente a las aspiraciones democráticas de distintos sectores de la población, que se expresaron en marchas multitudinarias y en una campaña en la que se juntaron más de 340.000 firmas para convocar a un plebiscito que se realizó junto con las elecciones generales.

La opción por la anulación, con un 47,7% de los votos, no llegó a imponerse. Este es un golpe importante para quienes vienen reclamando la cárcel a los militares y que tenían expectativas en que se podía derrotar esta Ley con instrumentos como los plebiscitos, apoyándose en que incluso la misma Suprema Corte de Justicia había declarado pocos días antes su inconstitucionalidad.

El mecanismo del plebiscito, muy extendido en Uruguay, igualó en este caso el voto de un represor y un político corrupto al de una víctima del terrorismo de estado o de un trabajador, con el efecto adicional de diluir las masivas movilizaciones que reclamaron justicia frente a los crímenes de lesa humanidad. Pero incluso con estas limitaciones,el gobierno frenteamplista tampoco tomó este reclamo en su campaña proselitista, y hasta Mujica declaró que no quería ver en las cárceles a los viejos militares. Una vez conocido el resultado del plebiscito, el candidato a vicepresidente del FA, Danilo Astori, justificó la impunidad diciendo que es “la voluntad de la gente”, al igual que el presidente Tabaré Vázquez.

Es que la política del FA es dar por finalizado el reclamo de juicio y castigo a los militares y civiles cómplices de la dictadura, por eso sostiene la Ley de Caducidad, por lo que no llegan ni a 10 los militares procesados por el terrorismo de estado durante la dictadura. La impunidad se selló con el Pacto del Club Naval de 1984, donde negociaron el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica, con los militares (el Partido Nacional no participó porque su máximo dirigente, Wilson Ferreira Aldunate, se encontraba preso y con posibilidad de ser proscripto en las próximas elecciones). En este acuerdo se aseguró “una transición ordenada” y vergonzosa, que evitara el juzgamiento de los militares represores uruguayos y de los civiles que apoyaron y promovieron la dictadura.

El FA fue una pieza clave en ese acuerdo que garantizó que hoy estas Fuerzas Armadas se mantengan intactas, garantizando la impunidad. A partir de aquí, el FA se convirtió en uno de los engranajes que garantizan el funcionamiento de la estabilidad y gobernabilidad del período posterior a la dictadura. El FA tiene un doble discurso, reclamando la anulación de la Ley de Caducidad cuando tiene responsabilidades por haber sido partícipe del Pacto de impunidad. Ellos pactaron con los militares y eso no puede quedar en el olvido.

El único camino para lograr el juicio y castigo a todos los responsables militares y civiles del terrorismo de estado de la última dictadura es profundizar la movilización obrera y popular.