1 - Un acuerdo reaccionario

El pasado 30 de octubre, Zelaya y Micheletti suscribieron el llamado Acuerdo San José/Tegucigalpa – Diálogo de Guaymuras, con el que buscan cerrar la crisis política abierta hace cuatro meses con el golpe cívico militar del 28 de junio.

Este acuerdo reaccionario significa una capitulación total de Zelaya a los objetivos del bando golpista, con el aval del gobierno de Obama. Entre otros puntos incluye: la conformación de un “gobierno de unidad y reconciliación nacional” integrado por los partidos políticos golpistas y organizaciones sociales que entrará en funciones a más tardar el 5 de noviembre, cuando se termine de negociar su composición; el llamado “al pueblo hondureño para que participe pacíficamente en las próximas elecciones generales y evite todo tipo de manifestaciones que se opongan a las elecciones o a su resultado, o promuevan la insurrección, la conducta antijurídica, la desobediencia civil u otros actos que pudieren producir confrontaciones violentas o transgresiones a la ley”; la instauración de una “Comisión de Verificación” para supervisar el cumplimiento del acuerdo y una “Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos cometidos antes y después del 28 de junio”. En su segundo punto, el acuerdo hace explícita “la renuncia a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o reformar la constitución en lo irreformable” (es decir en los cuatro artículos que componen el nudo del régimen oligárquico hondureño surgido después de la última dictadura), prohibiendo el llamado a una Asamblea Constituyente “de modo directo o indirecto, y renunciando también a promover o apoyar cualquier consulta popular con el fin de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, modificar la forma de Gobierno o contravenir cualquiera de los artículos irreformables de nuestra Carta Fundamental”.

En cuanto a la restitución de Zelaya a la presidencia, será resuelta por el Congreso, el mismo que legalizó el golpe destituyéndolo y que falsificó su firma de “renuncia a la Presidencia”, previo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, es decir, una salida de compromiso entre la política de Zelaya y la de Micheletti.

El acuerdo no incluye ningún plazo para que Zelaya reasuma su cargo, aunque el objetivo sigue siendo dilatar lo más posible este retorno simbólico de Zelaya que, en caso de que lo haga, asumiría para hacer el traspaso del poder al nuevo presidente electo, con el único objetivo de legitimar las elecciones del 29 de noviembre y su resultado, y por esa vía, garantizar la continuidad de las instituciones y los partidos que dieron el golpe de Estado. Bajo el hipotético retorno de Zelaya, a lo que Micheletti sigue negándose, con el Acuerdo San José/Tegucigalpa los golpistas lograron imponer sus objetivos.

El imperialismo y las derechas regionales muy posiblemente intentarán aprovechar esta situación que termina legitimando el golpe cívico-militar y el ataque al movimiento de masas, cuando sectores del empresariado y las elites locales sienten, aunque sea mínimamente, amenazados sus intereses o sus cuotas de poder. Esto parece ya insinuarse en Nicaragua, donde la Embajada norteamericana y la derecha del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) han amenazado con que no tolerará ni cambios ni reformas a la Constitución Política nicaragüense, lo que presagia nuevos zarpazos reaccionarios desde la derecha proimperialista.

2 - Obama fue el artífice del acuerdo con los golpistas

El Diálogo Guaymuras estaba estancado. Aunque Zelaya ya había aceptado todas las condiciones de los golpistas, Micheletti siguió negándose, después de varios días de cerrado el plazo para cerrar un acuerdo, a aceptar la restitución de éste a la presidencia, manteniendo la exitosa estrategia de ganar tiempo, a pesar de la debilidad y el aislamiento internacional de su gobierno y del desarrollo de un movimiento de resistencia que se mantuvo en la calle con altos y bajos durante más de 100 días.

Ante esta situación de impasse el gobierno de Barack Obama decidió volcar el peso de su diplomacia para destrabar la situación y alcanzar una salida reaccionaria que permitiera dar por superada la crisis y legitimar al régimen con un nuevo gobierno surgido de las elecciones.

Con ese objetivo, el 28 de octubre llegó a Tegucigalpa una delegación de alto nivel integrada por Thomas Shannon, encargado para América Latina del departamento de Estado desde 2005, el secretario de Estado adjunto Craig Kelly; el asesor de la Casa Blanca para América Latina, Dan Restrepo, y el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens.

Algunos medios como la BBC y el diario El País de España, señalan que este Acuerdo es fruto de un pacto secreto entre Shannon y Porfirio Lobo, el candidato presidencial del Partido Nacional que espera ganar las próximas elecciones. Este pacto consistiría en que Lobo se comprometió a garantizar los votos suficientes de los diputados de su partido para que el Congreso apruebe el regreso de Zelaya, y Shannon se comprometió a que si el resultado es que el Congreso vota en contra, Estados Unidos mantendrá el reconocimiento de las elecciones del 29 de noviembre.

Shannon advirtió que se “estaba terminando el tiempo”, es decir, que cuanto más se demorara la solución más difícil sería presentar estas elecciones amañadas como un “retorno de la democracia”, recordando, por otra parte, que el acuerdo era el gesto necesario para que el imperialismo pudiera normalizar las excelentes relaciones que mantiene con el empresariado, la elite política y los militares hondureños.

3 - El juego del imperialismo en Honduras

Desde el día del golpe, el gobierno de Obama mantuvo un doble juego. En el discurso, rechazó la destitución de Zelaya (aunque en ningún momento el gobierno norteamericano definió que fue un golpe de Estado); no reconoció al gobierno de Micheletti y declaró que tampoco reconocerían las elecciones del 29 de noviembre ni su resultado, si la dictadura cívico militar seguía negándose a negociar una salida con Zelaya que permitiera un barniz de legitimidad a las elecciones y al nuevo presidente electo, aunque siempre mantuvo una puerta abierta a terminar reconociendo las elecciones como un hecho consumado, lo que se expresó en que la delegación norteamericana fue una de las que se opuso a que la OEA declarara por unanimidad el desconocimiento de las elecciones. Esto fue acompañado por gestos mínimos como suspender la visa a funcionarios del gobierno golpista y postergar algunos préstamos.

En los hechos, mantuvo al embajador Hugo Llorens, -quien admitió públicamente haber participado en las reuniones en las que se planificó la destitución de Zelaya- e impulsó la política de negociación con los golpistas, con la mediación del presidente costarricense Oscar Arias, expresada en los Acuerdos de San José donde se establecía el regreso condicionado de Zelaya a la presidencia como parte de un gobierno de unidad nacional con los golpistas, previa renuncia a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Esta política de diálogo y negociación le dio legitimidad al gobierno de Micheletti, al considerarlo en igualdad de condiciones que el derrocado presidente Zelaya, y permitió que la dictadura cívico militar se mantuviera en el poder por más de cuatro meses, demostrando que, más allá de que Obama no pudiera reivindicar la forma en que las Fuerzas Armadas expulsaron a Zelaya del gobierno y del país, los intereses del imperialismo norteamericano en la región están más cerca de los empresarios, políticos y militares que dieron el golpe de Estado.

El imperialismo norteamericano consiguió un triunfo diplomático con la firma de los Acuerdos de San José/Tegucigalpa.

En el plano interno, le permite a Obama neutralizar la ofensiva del Partido Republicano que se había volcado abiertamente a sostener al gobierno de Micheletti y presionaba por el reconocimiento de las elecciones del 29 de noviembre.

En el plano externo, aunque Honduras en sí mismo no es una prioridad estratégica para Estados Unidos, sí era importante para Obama resolver una crisis en su propio patio trasero y obtener los objetivos políticos imperialistas, como limitar la extensión de la influencia chavista, para dar muestras de que es quien pone orden, en momentos en que la política exterior norteamericana está en crisis en Afganistán y Pakistán y está cuestionada la supuesta estabilidad alcanzada en Irak.

Esto en el marco de que las negociaciones con Irán atraviesan una gran incertidumbre y de las crecientes contradicciones con Rusia.

La política de Obama en Honduras es funcional al objetivo de cambiar la imagen del imperialismo en América Latina, tras los ocho años de presidencia de Bush, para recomponer el dominio norteamericano en la región, como muestra el acuerdo con Colombia para instalar siete nuevas bases militares.

4 - La OEA a la rastra del imperialismo

Los gobiernos latinoamericanos, nucleados en la OEA, se subordinaron a la estrategia de Washington de negociar con los golpistas. Más allá de la retórica de algunos de los gobiernos y de ciertos gestos, como la suspensión de Honduras de la organización, la OEA actuó en los hechos como un verdadero “ministerio de colonias” de Estados Unidos y siguió como la sombra al cuerpo la política imperialista: en las palabras rechazó duramente el golpe y exigió el retorno inmediato de Zelaya a la presidencia. Pero en los hechos, y bajo la dirección del presidente Lula Da Silva, los gobiernos latinoamericanos aceptaron la política de Obama y Hillary Clinton de legitimar a Micheletti tratándolo como un interlocutor válido en los Acuerdos de San José. El regreso de Zelaya a Honduras sin acuerdo con los golpistas, con el aval de Brasil que le dio alojamiento en su embajada, fue funcional a esta estrategia ya que tuvo el doble objetivo de presionar a Micheletti para que acepte un Acuerdo sobre la base de lo establecido en el Plan Arias y de ir desmovilizando a la resistencia llevando todo a la mesa del diálogo.

El Acuerdo entre Micheletti y Zelaya como resultado de la intervención norteamericana, debilita la posición de Chávez y sus aliados en el tablero político regional, dejando al descubierto la completa impotencia del bloque del ALBA que no tuvo ninguna alternativa a la política de subordinarse al imperialismo y los golpistas.

En los más de cuatro meses transcurridos desde el derrocamiento de Zelaya ni Chávez ni ninguno de los presidentes del bloque del ALBA convocaron a ninguna acción regional para impedir que los golpistas, con el aire que le daba la negociación, se consolidaran en el poder. Con su aceptación del acuerdo, Zelaya permitió que la derecha golpista y el imperialismo obtuvieran un triunfo en Honduras.

5 - La entrega de la lucha de la resistencia contra el golpe

Cuando expulsaron a Zelaya, los golpistas no contaban con que entrara en escena un actor imprevisto y que complicó sus planes prolongando hasta ahora la crisis política hondureña: un amplio movimiento de resistencia entre los trabajadores y el pueblo pobre.

Los trabajadores del magisterio, del sector público, los campesinos pobres, los jóvenes y estudiantes, las mujeres y los sectores populares sostuvieron durante más de 100 días la resistencia contra el golpe de Estado, pese a la represión y la persecución de las Fuerzas Armadas y la policía que aún continúan, con numerosos muertos y miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Micheletti. Protagonizaron paros, tomas de algunas instituciones, movilizaciones masivas, cortes de caminos y bloqueos.

Cuando Zelaya se instaló en la Embajada de Brasil, importantes sectores redoblaron la movilización y ante la salvaje represión, levantaron barricadas en numerosos barrios populares de Tegucigalpa. Esa disposición de lucha, planteaba la posibilidad de desarrollar la huelga general y un levantamiento de masas hasta derrotar a los golpistas.

Sin embargo, la dirección mayoritaria del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado nunca tuvo la política de desarrollar la lucha hacia una verdadera huelga general de masas, y transformó la movilización popular en un instrumento de presión a favor de Zelaya en la negociación con los golpistas, para lograr su restitución a la presidencia, con lo que contribuyó a que la movilización no pudiera dar un salto y fuera retrocediendo en las últimas semanas.

Uno de sus dirigentes, Juan Barahona, participó del Diálogo Guaymuras, y aunque se retiró cuando Zelaya firmó la renuncia la convocatoria a la Constituyente, lo hizo reconociendo el derecho del presidente derrocado a hacer los compromisos que considere necesarios, dejando en claro que este gesto no implicaba de ninguna manera dar por concluida la experiencia con el diálogo y retomar la lucha en las calles para organizar la huelga general en la perspectiva de la caída revolucionaria del gobierno golpista.

En su comunicado N° 32, del 30 de octubre, la dirección del Frente Nacional de Resistencia califica el Acuerdo San José/Tegucigalpa como una victoria popular sobre los intereses mezquinos de la oligarquía golpista, porque permitiría la próxima restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales, exige “que el Congreso Nacional le dé trámite expedito” a los acuerdos y para ese fin llama a sus integrantes a que “se sumen a las acciones de presión para que se cumpla inmediatamente lo consignado en el documento final que se elabore en la mesa de negociación”. Además pretende disimular con promesas de luchas futuras, su renuncia a pelear por la reivindicación popular de la Asamblea Constituyente.

Lo que la dirección del Frente Nacional quiere hacer pasar como una “victoria popular” en realidad es el triunfo de la estrategia de Micheletti y del imperialismo: el golpe tenía entre sus objetivos evitar cualquier proceso constituyente que pudiera amenazar con poner en cuestión el régimen oligárquico y proimperialista consagrado en la Constitución de 1982, que ha reafirmado, luego de la última dictadura, el dominio político de la burguesía a través de la alternancia bipartidista del Partido Liberal y el Partido Nacional. Justamente la base de los acuerdos firmados por Zelaya con Micheletti y sus secuaces es la renuncia a convocar a una Asamblea Constituyente, incluso con el carácter limitado con que pretendía realizarla Zelaya, y la legitimación del conjunto de las instituciones del régimen que dieron el golpe de Estado, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, las Fuerzas Armadas y los partidos políticos capitalistas, junto con las cámaras empresarias, la Iglesia Católica y la Evangélica. El broche de oro de esta vergonzosa capitulación de Zelaya y sus aliados a los golpistas es la aceptación de las elecciones del 29 de noviembre, convocadas por el gobierno de facto, como un proceso limpio y democrático.

La candidatura independiente, que postula al dirigente sindical Carlos Reyes a la presidencia, se mantuvo especulando con que finalmente el gobierno de Micheletti aceptara algún compromiso y se pudiera dar por “restablecido” el “orden constitucional”, por lo tanto, nunca tuvo una política decidida de organizar el boicot a estas elecciones convocadas por el régimen para legitimar el golpe. Tampoco tuvo esta política Unificación Democrática, más afín a la política de Zelaya. De esta manera, a pesar de que había sectores de base de la resistencia que estaban dispuestos a enfrentar las elecciones, no hubo ninguna alternativa clara a la salida electoral del régimen. Más aún, la dirección mayoritaria del Frente Nacional de Resistencia espera que estas candidaturas se mantengan para expresar el voto zelayista, que se ha quedado sin representación política. Por la vía de la negociación, la dirección zelayista del Frente Nacional de Resistencia ha entregado las banderas de lucha de la resistencia, que tenía como objetivo la derrota del golpe. Pero este resultado no era inevitable.

La movilización obrera, campesina y popular podía dar un salto en su lucha contra el gobierno golpista, organizando la huelga general y la autodefensa frente a la represión del Ejército y las fuerzas de seguridad y abrir así la posibilidad de derrocar a Micheletti y reemplazarlo por un gobierno provisional de las organizaciones obreras y populares antigolpistas que convocara a una Asamblea Constituyente Revolucionaria. Hoy el régimen con la bendición de Zelaya buscará legitimarse en unas elecciones organizadas por la dictadura cívico militar, que aún mantiene en los hechos el estado de sitio y persigue a dirigentes y activistas de la resistencia. Por esto los trabajadores y los sectores populares tienen que exigir a sus direcciones que rechacen el Acuerdo San José/Tegucigalpa y retomen la lucha para derrotar al régimen golpista y oligárquico. Participar en las elecciones es avalar la trampa de los golpistas. Es necesario organizar el boicot activo contra las elecciones fraudulentas del 29 de noviembre y continuar la lucha por imponer una Asamblea Constituyente Revolucionaria que ponga en cuestión la subordinación al imperialismo, el dominio oligárquico y abra el camino a la lucha por un gobierno obrero, campesino y popular.

La resolución reaccionaria en Honduras, impulsada por Estados Unidos, aceptada por los gobiernos regionales y llevada adelante por Zelaya, demuestra que la lucha por derrotar al régimen golpista está indisolublemente ligada a la lucha contra la patronal local, su personal político-militar y el imperialismo. A pesar del repudio generalizado en todo el continente al golpe de Estado en Honduras, las direcciones tradicionales, burocráticas, nacionalistas y reformistas de la clase obrera latinoamericana, no organizaron ninguna acción significativa de solidaridad activa con la lucha del pueblo hondureño, alimentando la confianza en que el golpe se terminaría por la vía del diálogo y de los buenos oficios de la OEA y del imperialismo bajo la dirección de Obama. La experiencia de Honduras muestra, una vez más, que sólo los trabajadores del continente en alianza con los campesinos pobres y los sectores populares, y con sus propios métodos de lucha, pueden enfrentar consecuentemente al imperialismo, a las burguesías y a las oligarquías locales.