Un salto en la crisis y los padecimientos para las masas mexicanas

En el pasado año 2009, la crisis económica internacional y, en particular, la crisis al interior de Estados Unidos, han golpeado duramente en México, lo que se expresó en una caída anual del 7,2% en el PBI. Las consecuencias de la crisis se reflejaron también en la balanza comercial que mostró, en el tercer trimestre de 2009, una caída del 25% con respecto a los índices del año anterior. Esto es una muestra de las consecuencias de la dependencia de las exportaciones a EE.UU., lo cual está redundando en fuertes índices recesivos. Tan sólo la producción manufacturera, el sector exportador más importante después del petróleo, lleva ya 11 meses consecutivos a la baja, es decir, una caída significativa de 20,8% en junio.

En la industria automotriz –de las más dinámicas hasta hace unos años– en el primer semestre de 2009, la caída en ventas internas fue del 30,7% y en la producción resultó del 42,9 % anual, según las Asociaciones Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Sectores como las maquiladoras tardarán más de 10 años en ver una ligera estabilización en cuanto a la generación de empleo, producción o atracción de capitales, según plantean muchos investigadores.

Una tendencia de la crisis es el aumento del desempleo estructural, acrecentando la miseria de la clase trabajadora mexicana; donde ya está desempleada el 6,27 % de la Población Económicamente Activa (el más alto índice desde febrero de 1996), lo que totaliza alrededor de 3.000.000 de personas; datos oficiales que no consideran ni el empleo informal ni a quienes ya no buscan trabajo. Según estos indicadores, entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009 se perdieron 540.000 empleos formales.

Aunado a la caída de la economía “real” está la descapitalización que, en los primeros meses de 2009, significó la salida del país de más de 6.000 millones de dólares y los miles de millones de dólares con los que, en ese momento, el gobierno rescató a las empresas de sus deudas en moneda extranjera ante la devaluación y el crecimiento de la deuda externa. Esta situación se agravó por el resultado en la balanza de cuenta corriente, que muestra un descenso de la Inversión Extranjera Directa (IED).

Otro factor de inestabilidad fue la caída, durante el año 2009, de los ingresos petroleros, uno de los pilares de los ingresos fiscales, lo cual se vinculó tanto con el descenso de los precios internacionales, como con la caída de la producción. Esta última cayó un 8% en el primer semestre de 2009, y por ejemplo, según La Jornada del 14/12/09, “Petróleos Mexicanos (Pemex) registró un descenso de ingresos por sus ventas en Estados Unidos de 47,1 % en los primeros 10 meses de 2009, comparado con el mismo periodo de 2008”. La actividad exportadora de petróleo crudo de México se desplomó a niveles similares a los de hace 19 años [1] , y la disminución de la renta petrolera, principal generadora de divisas, fue del 54%.

Este año 2010 comenzó con un fuerte impacto de la crisis sobre la situación de las masas trabajadoras, como es una creciente inflación, impulsada por los incrementos del precio de los combustibles que llevó a aumentos entre el 15% y el 100% en los productos de la canasta básica, y fuertes incrementos en las tarifas.

En este contexto económico y social, la política estadounidense hacia México, bajo la administración Obama, continúa fuertemente orientada a preservar la subordinación de la nación oprimida. El cambio en el discurso de la Casa Blanca no significó una alteración sustancial de la política migratoria ni de la injerencia de las transnacionales. La privatización de la industria energética es un punto de primer orden en la agenda de las empresas imperialistas (estadounidenses y europeas), y una de las preocupaciones sustanciales del Departamento de Estado es la estabilidad del Estado mexicano frente al creciente poder del narcotráfico. Esta orientación imperialista hacia México está a tono con la que se pretende sobre el resto de la región, donde la actividad ante el golpe en Honduras, así como la instalación de nuevas bases militares en Colombia, y el apoyo a candidatos derechistas como en las recientes elecciones en Chile, muestran cómo, tras el discurso de “buen vecino”, está el intento de reposicionarse estratégicamente en el subcontinente. Esto se confirmó recientemente en Haití, con el arribo de miles de soldados estadounidenses en lo que es una nueva ocupación imperialista.

En diciembre de 2008, sosteníamos la hipótesis de que la economía mexicana podría mostrar un curso catastrófico similar o mayor a las crisis de 1982 y 1994. Aunque el gobierno logró contener el curso de crack bursátil y hundimiento económico que se avizoraba en los primeros meses del 2009), la hipótesis mencionada es una posibilidad que dependerá en gran medida del impacto que, sobre México, tenga la evolución de la situación económica internacional y de Estados Unidos. Lo que sí estamos presenciando, como indican los elementos planteados previamente, es un agravamiento de la crisis económica que tiende a combinar desequilibrios estructurales –tales como una balanza comercial deficitaria y una reducción de las reservas internacionales–, con una clara dinámica recesiva en la producción, con su secuela de despidos y de caída del consumo, y con su expresión en el crecimiento inusitado de la pobreza, donde los salarios acumulan una pérdida sostenida frente a la inflación durante 20 meses consecutivos [2].

Lo endeble de la economía mexicana para afrontar los vaivenes de la crisis internacional, es tomado en cuenta, por ejemplo, en las calificaciones otorgadas al país durante los meses anteriores, por parte de calificadoras de deuda como la Fitch Ratings. La posibilidad de una recuperación cercana no sólo está obstaculizada por estos elementos, sino que se ensombrece sobremanera por la incapacidad para generar una recuperación como la existente en 1996-1999, que se basó en la exportación a Estados Unidos. Como escribíamos en Contra la Corriente N° 1, “México, de ser la perla neoliberal se está convirtiendo en uno de los eslabones más débiles en el continente”.

Que esto haga eclosión y se exprese convulsivamente dependerá de que, en el próximo período, la ofensiva capitalista empuje a sectores del movimiento obrero y popular a ocupar el proscenio de la lucha de clases.

La ofensiva capitalista y el ataque contra el SME y LFC

En este marco, durante 2009 se dio un salto en la ofensiva capitalista contra los trabajadores, que se manifestó en un aceleramiento de los ritmos de despidos y cierres técnicos de empresas manufactureras, no sólo en la región de la Frontera Norte (donde está instalado un gran número de maquiladoras y otras industrias orientadas a la exportación), sino en el conjunto del territorio nacional. Esto, combinado con una inflación que durante el año pasado excedió los cálculos del gabinete económico, afectó duramente el salario y el nivel de vida de las grandes mayorías. El resultado de esta ofensiva fue un acrecentamiento del descontento contra el gobierno, que se expresó de forma pasiva con su derrota en las elecciones de julio de 2009. Esto último, sin embargo, no significó otra cosa que el triunfo electoral y el fortalecimiento del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), un partido netamente burgués, de carácter anti obrero y represor (el cual perdió la presidencia en 2000, después de 70 años de gobierno), que se consolidó como la principal fuerza de oposición. El gobierno, al mismo tiempo, debía hacer frente a los efectos del crecimiento del narcotráfico que, en muchos estados del país, desnudó la misma incapacidad del Estado para contener la fuerza de este fenómeno (que muestra una gran descomposición social), cuya influencia se ha irradiado y se expresa en los múltiples casos de “corrupción” existentes entre las autoridades federales, estatales y municipales.

En este contexto político y económico, el gobierno decidió un verdadero salto en su ofensiva contra el movimiento de masas con el decreto de liquidación de la empresa estatal descentralizada de electricidad Luz y Fuerza. Apoyándose en los acuerdos concertados con el PRI, el panismo optó por profundizar una política de corte bonapartista y cada vez más reaccionaria; apostando a recrear su fortaleza sobre la base de un duro ataque al movimiento de masas, y jugándose a aparecer, ante el imperialismo y las clases dominantes, como una carta confiable para recargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo.
El sábado 10 de octubre, el presidente Felipe Calderón emitió un decreto por el que se extinguía la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), proveedora de electricidad para los hogares del Distrito Federal, el Estado de México y otros estados de la zona centro del país, lo cual fue acompañado por la ocupación policíaco-militar de las más de 100 instalaciones de LFC por efectivos de la Policía Federal Preventiva. Sus funciones y sus instalaciones pasaron a ser gestionadas y operadas por la Compañía Federal de Electricidad (CFE) –la otra compañía estatal, que da servicio a grandes empresas y el resto del país– en tanto que sus 44.000 trabajadores fueron despedidos. Esto significó un golpe de grandes proporciones para el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que agrupa a los trabajadores de LFC, al cual con esta medida se pretendía hacer desaparecer.

Esta acción marcó el inicio de una nueva etapa en la ofensiva del gobierno panista contra los trabajadores, pretendiendo establecer una relación de fuerzas favorable a los patrones y las instituciones del régimen. El Partido de Acción Nacional (PAN) buscaba aprovechar a su favor los acuerdos establecidos con el PRI a partir de las elecciones legislativas, que le dan mayoría absoluta en el Congreso. Transformando así la debilidad manifiesta del resultado de las elecciones del 5 de julio de 2009, en una fortaleza, aunque la misma estaba condicionada por los intereses de su socio tricolor.

La finalidad del gobierno es doble. Por una parte, tiene un objetivo económico. En el caso de la industria eléctrica, un importante porcentaje de la generación [3] ya se encuentra en manos de capitales privados, y lo que se pretende es avanzar sobre las áreas aun no concesionadas. Obedeciendo a los compromisos con el gobierno de Estados Unidos, las transnacionales y la burguesía nativa, es un paso que libera el camino hacia la privatización completa de la industria eléctrica y apunta hacia el conjunto de los recursos energéticos, en particular la “joya de la corona”: la paraestatal petrolera PEMEX.

A la par, pretende –por la vía del despido masivo de decenas de miles de trabajadores– profundizar una ofensiva sobre el salario y el empleo del resto de los asalariados, ampliando hacia abajo el umbral de las condiciones de explotación. No es casual la campaña, difundida por los medios de comunicación, que sostiene que los trabajadores del SME eran “privilegiados” por su contrato colectivo, discurso que hace años fuera utilizado en el caso de la privatización de Teléfonos de México y contra los trabajadores del IMSS (Seguro Social). En ese sentido, la ofensiva sobre el SME es la punta de lanza de un plan para acrecentar la explotación y la liquidación de las conquistas sociales de los trabajadores, a fin de descargar sobre sus espaldas los costos de la crisis.

Junto a esto, persigue un claro objetivo político, en el sentido de cambiar bruscamente la relación de fuerzas con el movimiento obrero y de masas, volcando radicalmente la balanza a su favor. La liquidación de una de las principales organizaciones sindicales de la clase obrera mexicana, de gran historia y tradición, y rodeada de una aureola de combatividad [4], es una operación política minuciosamente planificada para sentar un precedente para todo el movimiento obrero, poniendo a la ofensiva al gobierno, para intimidar y evitar el desarrollo de cualquier acción de protesta por parte del mismo.

Inicia la resistencia obrera y popular

La medida gubernamental despertó una inmediata reacción entre los electricistas. A las pocas horas, en la mañana del domingo 11 de octubre, decenas de miles de trabajadores se movilizaron en la ciudad de México y, en los días siguientes, se multiplicaron las brigadas y las actividades de protesta en distintos estados del centro del país.

El 15 de octubre, se realizó una de las movilizaciones obreras más multitudinarias de los últimos 10 años. Cientos de miles de manifestantes, encabezados por los electricistas y sus familias, surcaron el recorrido que va desde El Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Acompañados de importantes contingentes de trabajadores universitarios, telefonistas, el magisterio, entre otros, así como estudiantiles, la movilización mostró una gran combatividad, coreando consignas a favor del SME y en contra del gobierno. La importancia de la movilización del 15 de octubre hay que considerarla no sólo en términos de su magnitud, sino de su calidad: la misma se caracterizó por la centralidad de los trabajadores, en una acción de enfrentamiento al gobierno y sus planes, localizada en el centro político, económico y administrativo del país, mostrando una incipiente tendencia al frente único obrero.

En los días siguientes al 15, las acciones de los trabajadores electricistas se extendieron por toda la zona centro del país. Mítines, brigadas informativas y por el acopio, acciones como la participación en la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) o frente a distintos medios de comunicación, poblaron las jornadas. Las universidades, y en particular la UNAM, recibieron a cientos de brigadistas electricistas.

A partir de la convocatoria del SME, se formó la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular (ANRP), que congregó a cientos de organizaciones sindicales, populares, estudiantiles y políticas solidarias con el SME. Después de varias reuniones de la ANRP, se convocó a un Consejo Nacional de Huelga (CNH), formado por representantes de las distintas organizaciones participantes. A la par de esto, en el movimiento estudiantil se organizaron decenas de asambleas de base en los colegios y facultades, donde se discutió la necesidad de la Huelga Nacional y se votaron representantes rotativos y revocables, y se organizó la Asamblea Estudiantil Representativa con delegados de las distintas universidades, donde se resolvieron los representantes para el CNH. Sin embargo, este proceso de elección directa no fue el que se siguió en el resto de las organizaciones participantes de la ANRP, que enviaron a sus direcciones tradicionales.

Convocado por el SME y por la ANRP, el 11 de noviembre se realizó el paro cívico nacional de 12 horas. Desde las 6 de la mañana, el SME y distintas organizaciones sindicales, populares y colectivos estudiantiles, empezaron a manifestarse en la Ciudad de México y otras ciudades del centro del país, contándose por miles los trabajadores que participaron en estas acciones.

Debido a los bloqueos en las autopistas, las filas de transportes varados fueron inmensas; inútilmente la policía federal gaseó a los contingentes para intentar desalojarlos. En algunos lugares los manifestantes se enfrentaron a la policía; once trabajadores fueron detenidos y, de éstos, quedaron dos recluidos, durante varios días, acusados de intento de homicidio. En Necaxa, los trabajadores hicieron acciones más radicales.
A pesar de que se demoró en convocar el paro cívico –perdiéndose un valioso tiempo que envalentonó al gobierno para redoblar su campaña en pos de las liquidaciones– y, pese a la limitación de que solamente algunos sindicatos paralizaron sus actividades laborales, la del 11 de noviembre fue una acción significativa y de carácter político. Ese mismo día, a las 16 horas, en una nueva magna manifestación, centenares de miles de manifestantes, encabezados por los trabajadores del SME, colmaron el Zócalo y las calles aledañas, al grito de “Huelga”, mostrando que la lucha que inició el 10 de octubre se mantenía en pie.

La del 11 de noviembre fue la jornada de lucha con centralidad obrera más importante de las últimas décadas. Mostró además una fuerte tendencia a la unidad obrero-estudiantil. Fue la más importante también porque se vieron acciones radicalizadas en las calles, después de décadas de movilizaciones bonachonas convocadas por los sindicatos opositores. El paro parcial fue una primera muestra de la potencialidad de la clase trabajadora, en caso de que se orientase la pelea hacia la lucha frontal contra el poder político y se organizase un verdadero paro nacional.

Despertar en el gigante obrero mexicano

El recrudecimiento de la ofensiva capitalista despertó un nuevo proceso en el seno de la clase obrera mexicana. La lucha de los trabajadores electricistas catapultó a un primer plano a las organizaciones sindicales, pero al mismo tiempo se convirtió en una acción política, en tanto comenzó a enfrentar los planes del gobierno mandatados por el imperialismo.

A la vez, puso en el centro de la escena política nacional, durante varios meses, a un sector fundamental del movimiento obrero, en un proceso que no se limita a movilizaciones de protesta (como las que se desarrollaron en México desde el año 2003), sino que supuso acciones radicales contra el gobierno y sus medidas. Si en los meses previos la ofensiva capitalista encontró escasa respuesta, el cambio sustancial desde el 10 de octubre fue la emergencia de la lucha de clases en respuesta a la medida bonapartista de Calderón.

El movimiento obrero, como hace muchos años no ocurría, ocupó las primeras planas de los periódicos nacionales y en las movilizaciones hubo una clara hegemonía proletaria. De ahí que los métodos de la clase obrera volvieron a ser discutidos por la vanguardia y sectores politizados. La necesidad de la huelga nacional, más allá de la voluntad y política de la dirección, estuvo instalada en las discusiones de las asambleas y las acciones.

Esto comenzó a mostrar un cambio sustancial en el estado de ánimo y la disposición a la lucha, en primer lugar entre los trabajadores afectados por la medida, pero que podía extenderse a otros destacamentos de la clase obrera. Es importante destacar, como indicadores en este sentido, la huelga del Sindicato del Colegio de Bachilleres, que estalló el lunes 19 de octubre y se extendió por varias semanas, las movilizaciones de la CNTE y la destacada participación, el día 15 de octubre, de sectores de trabajadores de la salud, esto a pesar de que su dirección sindical colabora abiertamente con el gobierno y trató de evitar la participación de los mismos en la lucha de los electricistas.

Por otra parte, la acción de los trabajadores impactó fuertemente en otros sectores, como el movimiento estudiantil. La solidaridad y el apoyo mostrado por sectores del estudiantado, expresado en los brigadeos y en los masivos contingentes estudiantiles, mostró que la lucha de los trabajadores electricistas generó un amplio proceso de politización y que emergió una nueva vanguardia estudiantil simpatizante con la lucha de los trabajadores, un fenómeno que no se veía desde los inicios de la huelga universitaria de 1999, cuando el CGH y el SME se movilizaban conjuntamente.

La magnitud del ataque abría, entonces, la posibilidad de que se afianzaran las tendencias más progresivas que se venían desarrollando, con saltos y retrocesos, desde 2003.

Esto se expresó, por ejemplo, en la tendencia al frente único de las organizaciones obreras y populares (con una destacada participación del movimiento estudiantil), aunque a la cabeza se encontrase una dirección obrera reformista como la del SME. Asimismo, en que las acciones más importantes no se restringieron a la ciudad de México, sino que se extendieron a toda la zona centro del país –la región donde prestaba servicios la compañía de LFC.

Así también, en que la jornada del 11 de noviembre y las tomas simbólicas que, en algunos casos terminaron con tomas efectivas de las instalaciones (como en el caso de Necaxa), mostraron el incipiente surgimiento de elementos espontáneos de radicalización expresados en la voluntad de los electricistas de enfrentar a la policía; en la toma de carreteras, en el pertrecho de sectores el día de la toma simbólica de Juandhó (Hidalgo) donde los trabajadores arremetieron con bombas molotov, así como en el plantón de Lechería-Turbo Gas, que fue reprimido y encarcelados durante algunos días dos de los trabajadores integrantes del mismo.

En definitiva, lo que este proceso mostró es –más allá del resultado final de la lucha– una tendencia al surgimiento de un nuevo activismo obrero, que coincidió con una alta politización de masas en el centro político del país.

La lucha del SME muestra una tendencia de la lucha de clases durante los últimos 10 años; la emergencia de importantes acciones de sectores del movimiento de masas, con métodos que enfrentan a las instituciones y sobre los cuales se descargó la dura respuesta del Estado burgués, que en varios casos incluyó acciones represivas; ejemplos emblemáticos de esta tendencia fueron la huelga estudiantil de la UNAM o la Comuna de Oaxaca. La lucha del SME tiene la diferencia cualitativa, con respecto a los procesos previos, que combina su localización en la zona central de país con el protagonismo de un batallón fundamental del movimiento obrero; dinámica que –de profundizarse en el próximo período– supone un claro peligro para la burguesía: que se ponga en movimiento más decididamente el coloso proletario mexicano.

En este contexto, el desarrollo de una situación prerrevolucionaria fue condicionada por los propios límites impuestos por su dirección a la lucha del SME. No se alcanzó, por ejemplo, el nivel de subjetividad de los maestros y el pueblo oaxaqueños que en 2006 pusieron en pie la “Comuna de Oaxaca” y se plantearon la posibilidad –sus alas izquierdas– de derribar al gobernador Ulises Ruiz por la vía de la fuerza y el poder de los trabajadores.

La lucha de los trabajadores electricistas no cayó del cielo, se enlazó con los procesos previos de las masas mexicanas, con sus puntos positivos y sus limitaciones. Desde el año 2003, se dieron distintos procesos que podemos presentar en dos grandes tendencias. Una tendencia expresada en las luchas de sectores como el magisterio o mineros, así como en otros sectores populares (indígenas, pueblo pobre), que mostraron una tendencia al enfrentamiento, radicalizado por la respuesta de las instituciones y las fuerzas represivas; adoptando nuevos métodos de lucha (como la rebelión obrera de Sicartsa o la lucha del magisterio de Morelos) e, incluso, avanzando en la ocupación territorial del cuadro central de la capital del estado y con nuevas formas de organización, como fue el caso de la “Comuna” de Oaxaca y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); estos procesos se dieron centralmente en los estados del interior de la república. Y por otro lado, presenciamos en la zona centro del país (fundamental pero no exclusivamente) una tendencia a la emergencia discontinuada de acciones de protesta callejera por parte de los sindicatos opositores al gobierno, principalmente el SME, los maestros de la CNTE y, en menor medida, aquellos congregados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Estas acciones se combinaron, a partir de 2005, con la aparición de un masivo movimiento democrático en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que hizo de la “resistencia civil y pacífica” su bandera. Estas acciones que mencionamos fueron masivas, con importante participación obrera y orientadas a protestar contra la privatización y los planes neoliberales, pero no fueron acompañadas –por responsabilidad de la política reformista y conciliadora de las cúpulas sindicales–, de paros y medidas efectivas de lucha que permitiesen ir recreando una gimnasia de lucha con elementos de radicalización en los métodos y en las acciones; ni siquiera ante acciones como el fraude electoral propiciado contra AMLO en 2006, la votación de la privatización de PEMEX en 2008, y otros momentos cruciales de los últimos años. Los límites de esta perspectiva de lucha impuesta por las direcciones sindicales opositoras se notaron en el movimiento del SME, como a continuación explicamos.

La política de la dirección del SME

Desde el inicio del proceso de lucha, la orientación política de la dirección del SME estuvo centrada en una combinación de recursos legales (como la controversia constitucional y el amparo) y movilizaciones para presionar sobre las instituciones, como el Congreso de la Unión. Como parte de esta política, se privilegiaron las alianzas con sectores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo, adoptando un discurso muy similar al de AMLO, centrado en la “resistencia legal, civil y pacífica”.

La dirección del SME, que ha promovido durante años una conciencia pacifista y reformista al interior del sindicato, se subordinó a la estrategia del PRD, lo que ha implicado centrarse en demostraciones de fuerza ante los juzgados, evitando en todo momento que surjan sectores por izquierda que cuestionen su autoridad. Bajo esta perspectiva, aunque se realizó tardíamente un paro cívico nacional (parcial y limitado), se retrasó durante meses la convocatoria a una huelga nacional –la cual se anuncia recién para marzo–, sin que exista una política para sumar a la misma a los millones de asalariados de las grandes industrias y el resto de los servicios que no están organizados en la UNT.

Junto a esto, el surgimiento de la ANRP, aunque importante en tanto suponía un frente único de las organizaciones obreras y populares, tuvo la gran limitación de no estar basada en una organización democrática y desde las bases, con delegados revocables y con mandato. Su funcionamiento no era asambleario, y sólo podían hacer uso de la palabra los dirigentes del SME, los sindicatos afines y los representantes de los partidos burgueses opositores. De igual forma, en el caso del SME, las asambleas de base –aunque se realizaron–, no suponían que las decisiones emanaran desde las bases, ya que es el comité central del sindicato el que resuelve los pasos a seguir. El hecho de que no hayan surgido aún formas que, tendencialmente apunten hacia la democracia directa –como fue la APPO en Oaxaca–, resultó en una importante limitación que conspiró contra la radicalización de la lucha y el desarrollo de un ala combativa del movimiento.

Al mismo tiempo, la dirección intentó contrarrestar todo atisbo de radicalización y acción directa por parte de sectores de electricistas, como los que se dieron en Necaxa, Lechería y el estado de Hidalgo, y evitaron y en algunos casos persiguieron a expresiones críticas a su actuación.
Esta política del comité central del SME fue impotente para frenar el avance del plan de liquidación de los trabajadores, al no desplegar una orientación capaz de derrotar la ofensiva calderonista y de dar una perspectiva de triunfo a las decenas de miles de asalariados que ya no cobran su sueldo y deben mantener a sus familias, lo cual llevó a la liquidación de alrededor de 20.000 trabajadores.

Desde diciembre, las acciones de lucha han sido escasas y restringidas a algunos mítines y movilizaciones parciales, lo que ha puesto a la mayoría de los trabajadores electricistas en una situación de pasividad y desmovilización, dilapidando la oportunidad que abrió la importante demostración de fuerzas del 11 de noviembre.

En el marco de esta política, la huelga de hambre, que mostró el heroísmo y la disposición de las compañeras electricistas que participaron de la misma, chocó contra el muro del endurecimiento gubernamental. Medidas de este tipo pueden ser un arma para los trabajadores –como parte de una estrategia centrada en la huelga y la movilización–, pero en sí mismas difícilmente puedan torcerle el brazo al gobierno. Y, en el caso de este conflicto, fueron un instrumento para presionar al gobierno a aceptar una mesa de negociación en torno a una propuesta que no responde a las demandas originales de los trabajadores, cambiando la demanda de “Abajo el decreto” por la recontratación, bajo la forma jurídica de “patrón substituto”, de una cifra aproximada de los 20.000 trabajadores que no han aceptado la liquidación, en la Compañía Federal de Electricidad, la otra empresa paraestatal.

Esto fue adoptado sin ninguna consulta profunda y democrática y un amplio proceso de discusión entre las bases, y supuso el abandono de la demanda motora del movimiento (“¡Abajo el decreto!”), ya que significaría la reincorporación de los trabajadores bajo el contrato colectivo de trabajo de la CFE, lo cual es claramente desfavorable con respecto a las conquistas laborales que existían en Luz y Fuerza. Además, dejaría fuera a los trabajadores ya liquidados y significaría su incorporación a un sindicato (el SUTERM) dominado por una burocracia claramente oficialista. El gobierno, entretanto, se mantiene en la línea “dura” de no recontratar a los trabajadores bajo las condiciones propuestas por el SME. Pero la propuesta de la dirección electricista es una verdadera claudicación de las demandas del movimiento, y es el resultado de una política que se demostró –desde el principio- impotente para encauzar el heroico movimiento de resistencia de los trabajadores, en una perspectiva centrada en la movilización y los métodos de la clase obrera.

Hay que decir también que el endurecimiento gubernamental y la amenaza de efectivizar órdenes de aprehensión –lo que marcaría una escalada represiva y atacaría directamente a la dirección del SME– es el resultado de que Calderón logró, a pesar de la gran movilización del año pasado, fortalecerse frente la política de la dirección. La “relación de fuerzas favorable al gobierno” –que plantea Martín Esparza, dirigente del SME– es el resultado de una política claramente incorrecta e impotente para profundizar la lucha y llevarla al triunfo.

Distinto es si después de una gran batalla basada en los métodos de la clase trabajadora no se logra el triunfo o se obtienen ciertas concesiones como subproducto de esa lucha. Pero lo que criticamos es una estrategia basada en reducir en movimiento al marco legal e institucional, y la ausencia de una política de independencia de clase que potenciara las luchas de la inmensa mayoría descontenta con los planes del gobierno. Así, se desaprovechó la combatividad de la base electricista, y no se apostó por una política orientada a la movilización revolucionaria del movimiento obrero y sus aliados del campo y la ciudad.

El programa de los revolucionarios

En esta situación, desde la LTS impulsamos una orientación para organizar un ala o corriente de trabajadores en torno a una política revolucionaria que pudiera ser una alternativa para el triunfo del conflicto, como parte de una gimnasia de lucha tendiente a recrear y poner en pie un nuevo movimiento obrero que enfrente a los capitalistas.

Las acciones mostraron la radicalización de las bases electricistas, ante lo cual la movilización debía profundizarse con los métodos de lucha de la clase trabajadora y avanzar hacia formas superiores, de organización para no perder la fuerza y la capacidad demostrada.

Desde el principio, estuvimos hombro con hombro con las compañeras y compañeros electricistas, impulsando comités de solidaridad con su lucha (lo que implicaba en primer lugar fortalecer el fondo de resistencia), planteamos una y otra vez que la tarea inmediata era profundizar las acciones, ponerle fecha a una huelga nacional de 24 horas –incorporando a todos los sindicatos opositores a la medida del gobierno–, e impulsar una política activa para sumar a los trabajadores de la industria y los servicios dirigidos por los charros del CT-CTM y otras federaciones y centrales oficialistas y cómplices del gobierno, así como a los millones de trabajadores sin derechos sindicales, como la primera medida generalizada de un plan de acción hasta derrotar al gobierno.

Junto a esto, planteamos la necesidad de impulsar la autoorganización y la democracia directa al calor de la lucha, como vía para fortalecerla e incorporar al conjunto de los sectores descontentos a la lucha. Por eso sostuvimos que las asambleas, que se declararon permanentes al inicio del conflicto, no podían seguir siendo sólo informativas o para avalar las “directrices” del comité central. En ellas debía respetarse y retomarse, si son avaladas por la mayoría, todas las propuestas para impulsar la lucha, aunque difieran de la línea trazada por el comité central. Era fundamental que, a la asamblea general, asistieran representantes de cada división con mandatos de asamblea, rotativos, revocables y elegidos democráticamente por la base. Lo mismo a nivel local, en lugar de los plenos cerrados de cada subcomité divisional, debían realizarse plenos de delegados de base, elegidos por sector o brigada, para organizar y dirigir al movimiento.

Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Huelga y las Asambleas Nacionales deberían retomar las mejores lecciones de la APPO de Oaxaca y de experiencias de otros sectores, como el CNH y CGH estudiantiles, organismos que, pese a sus limitaciones, dieron importantes pasos hacia una organización democrática de las luchas. Para eso, el CNH tenía que funcionar sobre el método de la democracia obrera ejercida de manera directa y desde abajo, con delegados rotativos y revocables que se atengan al mandato de las bases.

Desde la LTS propusimos que en estas asambleas se discutiera un plan de lucha unificado y un programa contra la crisis, que soldase una verdadera y cada vez más fuerte unidad obrera, campesina y popular, contemplando las principales demandas de los sectores afectados por los planes del gobierno y, en primer lugar, cómo recuperar la Compañía de Luz y Fuerza. Es decir, que la lucha electricista podía desempeñar un rol de aglutinador de los explotados y oprimidos del país en medio de la crisis originada por los capitalistas y su gobierno.

Las perspectivas actuales para el movimiento obrero y de masas

Como planteamos arriba, el proceso abierto en el SME significó un importante cambio en la situación política mexicana, en tanto puso a un sector del movimiento obrero en el centro de la vida política nacional e instaló la lucha de clases en un primer plano, abriendo una dinámica, donde puede desarrollarse un enfrentamiento cada vez más frontal entre las clases oprimidas y explotadas con respecto a los capitalistas y sus instituciones. Es importante considerar que, desde fines de 2008, con el desarrollo de la crisis, el movimiento de masas no estaba mostrando grandes acciones, y que lo que vimos en los últimos meses, son las primeras respuestas generalizadas y significativas a la ofensiva en curso. Como decíamos al principio, la dinámica de la crisis y la ofensiva capitalista abrieron una primera respuesta obrera y popular, y la lucha del SME, en su momento álgido, mostró que comenzaban a emerger condiciones para una situación potencialmente prerrevolucionaria.

Superar –tanto en la lucha del SME como en los futuros combates de la clase obrera– la limitación que representa la inexistencia de elementos de autoorganización y democracia directa, será sin duda un factor fundamental para que madure una situación de enfrentamiento más agudo entre revolución y contrarrevolución. En última instancia, lo que abre la ofensiva capitalista y las primeras respuestas obreras como la que describimos previamente, es una dinámica donde pueden desarrollarse nuevas experiencias radicalizadas como las de Sicartsa u Oaxaca, y acciones históricas independientes protagonizadas por el movimiento obrero.

La lucha del SME está en un momento difícil; si no se logra revertir la liquidación de la empresa ya consumada por el gobierno y las instituciones será una dura derrota para el movimiento obrero. Esto podría frenar la tendencia a una mayor acción del movimiento obrero que vimos recientemente, y envalentonar al gobierno para avasallar la conquistas de otros sectores del movimiento de masas. Es fundamental que los trabajadores electricistas retomen la ofensiva, para lo cual es crucial fortalecer y rodear de solidaridad a los plantones sostenidos por sectores de las bases en muchas subestaciones, y avanzar en medidas de lucha que unifiquen su lucha con los sectores que se están movilizando contra los planes de gobierno y por sus reivindicaciones, como los sindicatos universitarios, el magisterio y las organizaciones que el pasado 29 de enero se movilizaron en la ciudad de México. Para eso, es fundamental un programa unificado, que parta de la lucha contra el decreto y por la reincorporación de todos los despedidos, y que plantee la lucha por escala móvil de salarios de acuerdo con la inflación, el reparto de las horas de trabajo entre empleados y desempleados, entre otras demandas fundamentales, así como la lucha contra el TLC y sus efectos sobre los millones de campesinos pobres y trabajadores agrícolas.

Para luchar por este programa hay que apostar a la unidad de los explotados y oprimidos contra los capitalistas y sus partidos, preparando un plan de lucha unificado, encabezado por el movimiento obrero, que culmine en una gran huelga nacional contra el gobierno.

Desde la LTS, impulsamos esta política la vez que planteamos la necesidad de una estrategia revolucionaria para echar abajo el régimen político de los capitalistas e instaurar un gobierno de los trabajadores y sus aliados del campo y la ciudad, que avance en la expropiación de los expropiadores y en la instauración de una sociedad sin explotadores ni explotados.

La intervención de la LTS

Como planteamos en el artículo, desde la LTS, integrante de la Fracción Trotskista Cuarta Internacional, impulsamos una política para el triunfo de la lucha de los trabajadores electricistas. En este proceso, nuestra organización participó activamente de la lucha, siendo parte e impulsando los brigadeos y actividades de solidaridad junto a distintos sectores de trabajadores que participaron del movimiento (como el IMSS, el STUNAM, el movimiento de mineros y ex mineros de Real del Monte, la zona fabril de Ecatepec) y en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Pedagógica Nacional.

Impulsamos la construcción de comités de solidaridad de trabajadores, jóvenes y estudiantes, desde donde realizamos una agitación constante y permanente a favor del triunfo de la lucha y por una huelga nacional discutida y organizada desde las bases.

En los colegios y escuelas, participamos de dichos comités junto a una amplia vanguardia pro obrera que, por ejemplo, organizó, a inicios de diciembre, brigadeos en la zona obrera de Vallejo, y fuimos impulsores, junto a los compañeros organizados en la agrupación estudiantil Contracorriente, de la realización de asambleas de base con delegados rotativos y revocables. En muchos casos, esto implicó debatir abiertamente con los dirigentes del SME –como en la asamblea realizada en la Facultad de Ciencias de la UNAM– y con las corrientes políticas que fueron acríticas con la dirección, como fue el caso de En Lucha y el CEM en la universidad. A diferencia de otras corrientes –incluso de algunas que se consideran trotskistas, como el POS o El Militante– consideramos que es una obligación de los socialistas revolucionarios, si queremos que la lucha de los trabajadores triunfe, participar del movimiento a la vez que planteamos claramente los peligros y desafíos que enfrenta la lucha y las vías que consideramos debe seguir para triunfar.

Mientras participábamos de este movimiento –durante el cual editamos varios números de nuestro periódico Estrategia Obrera, que se repartieron por miles y decenas de miles de volantes– organizamos reuniones amplias de trabajadores, a partir de lo cual nació la Corriente de Trabajadores Clasista, que en sus reuniones contó con la asistencia de trabajadores electricistas, del STUNAM, del IMSS, de la zona fabril de Ecatepec y el Estado de México y de otras dependencias. La Corriente de Trabajadores Clasista editó un boletín solidarizándose con la lucha electricista y repartió miles de volantes planteando su visión del conflicto y de la necesidad de avanzar hacia la huelga nacional. A la vez, se fortaleció la agrupación Contracorriente en la universidad y Barricada juventud de Ecatepec, con la incorporación de nuevos compañeros que avanzaron en la comprensión de la necesidad de unificarse con los trabajadores y apoyar su lucha contra el gobierno.

Al mismo tiempo, lejos de cualquier sectarismo y autoproclamación, impulsamos la intervención conjunta de las organizaciones que nos reclamamos socialistas revolucionarias, con una política obrera y socialista para el triunfo del conflicto. Junto al Grupo de Acción Revolucionaria (simpatizante de la CRCI), “El Comienzo” Militante-Oposición de Izquierda (reciente ruptura de Militante) y a la Liga de Unidad Socialista, editamos varias declaraciones y volantes, con un programa y una política socialista y revolucionaria.

La LTS puso todas sus fuerzas al servicio del triunfo del conflicto, bregando por el desarrollo de un ala clasista y revolucionaria entre los trabajadores, propagandizando entre la base del SME y los sectores solidarios con la lucha la necesidad de una estrategia obrera y socialista y de la construcción de un gran partido revolucionario de la clase trabajadora.