El presidente paraguayo y ex obispo Fernando Lugo inaugura su segundo año en el gobierno estableciendo el estado de excepción en 5 provincias. El hecho señalado como causa de la medida es el asesinato de 4 policías a manos del supuesto grupo guerrillero EPP. En realidad, es el intento de aplicar una salida represiva por derecha a una situación de fuerte tensión en el campo, en especial de la región norte fronteriza con Brasil, entre la población campesina y los monopolios extranjeros del agro y los grandes terratenientes.

Una medida reaccionaria de este tenor, que implica la militarización de los territorios afectados y la suspensión de los más mínimos derechos democráticos, no era utilizada desde 2002 cuando la movilización popular ponía en jaque al gobierno de Gonzalez Macchi. Ya se han desplegado un millar de militares que se suman a los más de 400 que están desde diciembre en la zona a raíz del secuestro de un empresario ganadero adjudicado también al EPP.

La decisión de Lugo de echar mano a este recurso extremo demuestra dos cosas: por un lado desnuda el carácter de clase de su gobierno que durante estos 24 meses ha mantenido la subordinación al gran capital extranjero así como lo esencial del régimen colorado que dominó durante más de 60 años el país, incluyendo la sangrienta dictadura de Stroessner. Por otro lado, da cuenta de la debilidad que atraviesa su gobierno, sin estructura partidaria propia y rota la alianza con los liberales (el PLRA, ligado a los terratenientes) que lo llevó al poder, sin mayoría en el Parlamento, con el vicepresidente pasado a la oposición y atizando un juicio político, y con varias provincias gobernadas por los restos del viejo partido colorado (ANR).

En este marco, y frente a la crisis que produjo la muerte de los policías, Lugo intentó tomar la iniciativa planteando imponer el estado de excepción. La oposición derechista, integrada por ANR, el UNACE del ex golpista Lino Oviedo, el PPQ y un ala de los liberales lo rechazó y presentó su propio proyecto reduciendo el período de duración de la medida a 30 días y quitándole poder al Ejecutivo durante su vigencia. Lugo aceptó las condiciones de la oposición y dio vía libre al Ejército para actuar en los territorios mencionados.

El poder de los sojeros y la lucha campesina

Detrás del argumento de enfrentar al EPP, organización de muy dudosa procedencia, se esconde el propósito de poner fin a un importante movimiento campesino. La zona donde fue declarado el estado de sitio es la región norte del país, en la frontera con Brasil.

En los últimos 15 años Paraguay ha sufrido fuertes cambios en su economía en torno al cultivo de soja. La superficie cultivada con esta planta se cuadriplicó durante el período y ya ocupa el 25% de las tierras productivas. La soja representa hoy el 10% del PBI paraguayo así como el 40% de las exportaciones del país.

Paraguay se ha convertido en uno de los grandes exportadores de soja a nivel mundial, y los grandes perdedores de este proceso son las familias campesinas, que son desplazadas por los latifundistas mediante la compra directa de tierras o porque los campesinos se ven obligados a marcharse por las constantes fumigaciones que destruyen sus cultivos de subsistencia. De esta manera miles han debido emigrar hacia la periferia de ciudades como Asunción.

Esta gran reconfiguración del campo, que se extiende a un vertiginoso promedio de 180.000 hectáreas por año, viene de la mano de las multinacionales Cargil y Monsanto y de alrededor de 500.000 colonos brasileros que se han ido estableciendo del lado paraguayo de la frontera.

La resistencia campesina se expresa en tomas de tierras y enfrentamientos con las bandas armadas de los latifundistas y fue uno de los factores que determinaron la victoria de Lugo en 2008. Su campaña electoral basada en la promesa de una Reforma agraria, alentó el movimiento campesino desde el comienzo de su mandato. Otras promesas como poner fin a la corrupción del régimen colorado y renegociar con Brasil el tratado binacional por la represa de Itaipú para aumentar el precio que el gigante sudamericano paga por la energía excedente de Paraguay, generaron fuertes expectativas en que el gobierno de Lugo vendría a mejorar la situación de millones.

Sin embargo, nada de esto ha ocurrido. El 40% de la población está en la pobreza y de ellos, la mitad es directamente indigente y debe sobrevivir con un dólar por día. La brecha entre los ingresos que perciben los sectores más pobres y los más ricos es una de las mayores de América latina. Asimismo, el país, a manos de las trasnacionales, está sufriendo también una gran de deforestación y la pérdida de la diversidad alimentaria.

Enfrentar el estado de excepción con la movilización

El gobierno de Lugo se encuentra debilitado y esta medida represiva podría minar el apoyo que goza en amplios sectores, sobre todo de campesinos. Como podría estar mostrando la posición de la Federación Nacional Campesina que rechazó la medida y declaró que no la acatará. Si logran imponer la militarización se estaría sentando un peligroso antecedente para las luchas en Paraguay.

Hay que derrotar el estado de excepción diseñado por la oposición derechista y aprobado por el gobierno con la movilización obrera y campesina. La clase obrera tiene que solidarizarse activamente con sus hermanos, los trabajadores del campo y campesinos pobres y preparar la huelga general hasta derrotar al gobierno.

Las reivindicaciones más sentidas de las masas como la Reforma agraria no vendrán de la mano de ningún partido o político burgués sino a través de la movilización y organización independiente de las masas trabajadoras de la ciudad y el campo.