Barack Obama acaba de anunciar el envío de 17.000 efectivos de la Guardia Civil y la exigencia a la transnacional BP (anteriormente conocida como British Petroleum) de indemnizar a los afectados por el derrame de petróleo en las costas del Golfo de México que produjo la catástrofe ambiental más importante en toda la historia de EE.UU. La marea negra ya afecta a los estados federales de Alabama, Mississipi Louisiana y Florida, y potencialmente podría extenderse a aguas del Caribe y sus países más próximos, “una epidemia” que tardará “meses o años” en solucionarse, como admitió Obama.

Tras la explosión de la plataforma submarina Deepwater Horizon, la fuga de petróleo desprende a razón de 60.000 barriles diarios, es decir 9,5 millones de litros diarios de combustible fósil que destruyen la fauna y la plataforma submarina. Según esta estimación, desde el 20 de abril se habrían derramado 570 millones de litros sobre el Golfo de México, provocando la marea negra más gigantesca de la historia, un desastre ecológico incomparablemente superior al desatado por el petrolero norteamericano Exxon Valdez en 1989 que regó los mares de Alaska con 38.800 toneladas de petróleo y contaminó 1.300 kilómetros de costas, de las cuales sobrevivió sólo una cuarta parte de la fauna submarina. Los analistas señalaron que a este ritmo la catástrofe del Golfo de México equivaldría a un desastre del Exxon Valdez cada 8 días. Obviamente, las consecuencias que se desprenden aún resultan inconmensurables. La mancha de petróleo ya tiene una extensión de 24.400 km2, similar al estado de Maryland y equivalente a dos veces el tamaño de Jamaica, y no para de crecer.

Esta catástrofe ya segó la vida de 11 obreros petroleros y contaminó el 40% de las aguas del Golfo de México, un crimen que demuestra la naturaleza del sistema capitalista, el que en pos de la ganancia de un puñado de empresarios no vacila en poner en riesgo el planeta. El envío de la Guardia Civil sólo se propone mantener el “orden” ante posibles desbordes de la población civil de los estados federales afectados, gran parte al borde de la bancarrota al depender de actividades como la industria pesquera, el turismo y la perforación de gas y petróleo.

BP y Obama

Mientras se desmorona su prestigio ante la perspectiva de las próximas elecciones legislativas de noviembre (que reflejarán gran parte del descontento con el gobierno demócrata, sumado a la amplia desaprobación en la actuación del presidente ante la catástrofe), Obama criticó a BP por su “falta de escrúpulos” y chocó con David Cameron, el recientemente electo premier británico, quien salió a la palestra defendiendo a la petrolera, la que conforma el cuarto monopolio del mundo y es una importante institución financiera que concentra el 8% de los fondos de pensión británicos.

Días atrás, Obama declaró que había viajado a las zonas afectadas para saber “a quien le tengo que patear el culo”, tras lo cual denunció a BP por una serie de vaguedades, exigiendo las compensaciones que sean necesarias (¿?). Amén de estas generalidades, la tensión derrumbó el precio de las acciones de BP un 40% y provocó un miniterremoto político en Gran Bretaña, golpeada por la crisis económica internacional.

La hipocresía de Obama no tiene límites, pues fue él mismo quien autorizó la exploración de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, con la finalidad de incrementar a cualquier costo sus reservas por la demanda que requiere ese combustible fósil para reproducir la marcha de la economía. La necesidad de petróleo barato es una constante de los países desarrollados como EE.UU., que procuran su provisión por cualquier medio, incluso como efecto secundario de la invasión a Irak y Afganistán.

Obama burló las ilusiones de las organizaciones ecologistas y las de millones de norteamericanos que apostaban a una política ambiental equilibrada, como recitaba demagógicamente en la campaña electoral su vicepresidente Al Gore. Si bien Obama pretende pagar el menor costo político posible augurando una “nueva ley de energía”, una serie de documentos revelaron que tanto la Casa Blanca como BP sabían desde el año pasado acerca de probables fisuras en la estructura metálica de extracción en aguas profundas así como la posibilidad de que los mecanismos de prevención de explosiones fallaran. Esos documentos del Servicio de Administración de Minerales subestimaron las conclusiones extraídas alrededor del incidente del pozo de Ixtoc en 1979, cuando la petrolera mexicana Pemex empleo 297 días para contener el derrame de petróleo a 50 metros de profundidad, una irracionalidad fatal ante la plataforma Deepwater Horizon, sumergida a 1,5 kilómetro de profundidad. De ese modo, Obama mantuvo el mismo curso trazado desde 1996, cuando el Servicio de Administración de Minerales descartó “el desarrollo de sistemas de contención submarinos” porque “era muy caro, dada la baja probabilidad de accidentes” (La Nación, 16/06). Con justa razón las organizaciones ecologistas denuncian que esta catástrofe pone al desnudo una desidia similar a la ocurrida con el huracán Katrina durante la presidencia de Bush.

Ante la confrontación con Obama, las grandes petroleras optaron por tomar distancia de BP en aras de sus negocios. John Watson, jefe ejecutivo de Chevrón, no vaciló en afirmar que el desastre ambiental era “evitable”, mientras los directivos de Exxon Móvil, Shell y ConocoPhillips agregaron que de “cumplirse las normas de seguridad” pueden evitarse accidentes ecológicos “para los que la industria está completamente preparada”. En realidad, las grandes petroleras buscan el apoyo explícito de la subcomisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para seguir con sus trabajos de exploración en aguas profundas del Golfo, ante la moratoria de seis meses a la que se vio obligado aplicar Obama por la furia popular. Es que las petroleras no quieren perder un momento para seguir levantado fortunas en desmedro del medio ambiente. En la misma dirección, Repsol, la noruega Statoil Hydro, Petrobras y otras transnacionales están a la expectativa, pues ya obtuvieron un guiño para comenzar la inspección de la Cuenca Norte de Cuba, donde la oficina de Estudios Geológicos del gobierno norteamericano estima que existen reservas por más de 5.000 millones de barriles, una concentración similar a la existente en Ecuador. Más allá de las tensiones con BP, tanto demócratas como republicanos actuaron siempre como agentes de los intereses de las grandes petroleras, las cuales cotizan anualmente aportes millonarios a ambos partidos que responden a la burguesía imperialista.

Es necesaria una alternativa socialista ante la catástrofe que provoca este sistema decadente. En ese sentido, sólo los trabajadores pueden imponer una solución real y efectiva mediante la expropiación de las petroleras bajo su propio control, la única forma de cortar de cuajo la explotación y extracción guiada por la sed de ganancias, a cualquier costo humano y ambiental.