A pocos días de que entre en vigencia la ley SB1070 en Arizona, que faculta a la policía a interrogar a cualquier persona de la que se sospeche sobre su estatus migratorio, se envalentonan las patrullas civiles antiinmigrantes y los grupos racistas. A la ley de la gobernadora de Jan Brewer, y la intensificación de la actividad de los grupos racistas y xenófobos, la Casa Blanca responde con… una tibia demanda judicial. ¡Así planea Obama enfrentar una ley que las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ya denuncian como la institucionalización del racismo! Al mismo tiempo, el gobierno demócrata envía 1.200 nuevos soldados de la Guardia Nacional a la frontera, más de 500 a Arizona, el centro actual de la discusión sobre la reforma migratoria.

En medio del polarizado debate sobre la inmigración, y a la sombra de la política de seguridad fronteriza del gobierno de Obama (que mantiene las detenciones y deportaciones de inmigrantes, que ya superaron las realizadas por el gobierno de Bush), proliferan los grupos antiinmigrantes. Grupos identificados con el nazismo y la supremacía blanca, que portan esvásticas y símbolos del Ku Klux Klan, vigilan armados la frontera entre EE.UU. y México. Los últimos días se difundieron las actividades del llamado Movimiento Nacional Socialista, grupo neonazi que organiza patrullas antiinmigrantes en la frontera de California. Dirigidos por un ex marine, este grupo es una de las expresiones más aberrantes de la creciente amenaza que se cierne sobre la comunidad latina, en particular sobre los inmigrantes.

Lamentablemente, estos racistas no son una excepción ni caen como rayo en cielo sereno. Durante 2009, mientras Obama pedía paciencia a la comunidad latina que esperaba la prometida reforma migratoria, se sancionaron en varios estados más de 350 leyes contra inmigrantes, los llamados crímenes de odio (con motivaciones racistas, xenófobas y religiosas) crecieron un 40% y los grupos racistas superan hoy los 1.200.

Grupos como Minutemen o la Patrulla Fronteriza Americana sostienen que EE.UU. debe sacarse de encima –sin eufemismos– 11 millones de inmigrantes sin papeles. Entre las tácticas que impulsan estos grupos, que son públicas, llaman a organizar golpizas en las puertas de fábricas donde trabajan los inmigrantes (muchos sin papeles) y campañas de hostigamiento en los barrios y escuelas de la comunidad latina. A esto se suma el acoso y persecución oficial, de mano de policías y funcionarios como el alguacil Joe Arpaio, que saltó a la fama por su “campo de concentración” de “sin papeles” detenidos en el condado de Maricopa en Arizona, en carpas en condiciones infrahumanas.

Cuando la crisis económica y la desocupación -cercana al 10%- golpean a millones de trabajadores y pobres en EE.UU., se multiplican las tensiones raciales y las divisiones instigadas por la establishment y sus partidos. Incluso, varios políticos coquetean con medidas duras como la ley Arizona, con miras a las elecciones de noviembre, sea dentro del partido Republicano o por fuera en el movimiento conservador Tea Party.

Los sectores reaccionarios, cuyos exponentes extremos vemos hoy en la frontera, enarbolan la bandera de la batalla cultural por los valores norteamericanos. Ejemplo de sus iniciativas conservadoras es la reciente votación en un pueblo de Chicago, donde se estableció por primera vez el inglés como idioma oficial o la restricción del acceso a la salud y educación pública a los extranjeros por considerarla un desperdicio de los “impuestos que pagan los ciudadanos norteamericanos”.

A contramano de las expectativas de millones de afroamericanos, latinos, mujeres y jóvenes, el gobierno de Obama no ha significado un avance en los derechos de estos sectores, históricamente discriminados, a pesar del enorme peso simbólico de la llegada del primer afroamericano a la Casa Blanca. Al contrario, la postergación de la reforma migratoria se suma al descontento por las consecuencias de la crisis y las costosas guerras en Irak y Afganistán.

Esta nueva ley, que entrará en vigencia el 29/7, apunta contra los trabajadores sin papeles de grandes cadenas como Wal-Mart, en las fábricas alimenticias o en la agricultura. Para la próxima semana se preparan protestas contra esta ley y la criminalización de la inmigración. La lucha contra el racismo y la xenofobia fortalece la lucha de trabajadores y trabajadoras en Estados Unidos, un triunfo de los y las inmigrantes es un triunfo para la clase obrera y el pueblo a ambos lados de la frontera.