En Honduras se están expresando de manera condensada las contradicciones que recorren a Centroamérica bajo la ofensiva del imperialismo y las clases dominantes locales, que si bien ha asestado golpes al movimiento de masas e impuesto un clima reaccionario, está generando una fuerte polarización social y política y despertando la resistencia obrera y popular. Hace pocas semanas Panamá vivió un paro general contra la política antiobrera y represiva del presidente Martinelli. En Costa Rica, los universitarios se movilizaron contra la política de la neoliberal Laura Cinchilla de regatear el aumento al presupuesto universitario, mientras la reciente presencia de tropas norteamericanas como parte de ejercicios militares despertó rechazo e indignación. Entre tanto, un proceso de movilizaciones del magisterio hondureño de más de un mes y medio, con unos 25 días de huelga, se convirtió en el eje de la principal prueba de fuerzas entre el gobierno de Porfirio Lobo y el movimiento de resistencia nacido en la lucha contra el golpe del 28 de junio de 2009.

Lobo ataca a los trabajadores

El presidente Lobo, del Partido Nacional, asumió hace unos ocho meses luego de elecciones fraudulentas concebidas por los golpistas que habían derrocado al presidente Mel Zelaya, como forma de legitimar sus objetivos y lograr un recambio de acuerdo a los intereses de la oligarquía hondureña y el imperialismo.

Lobo intentó revestir su gobierno de legalidad constitucional y presentarlo como de “unidad nacional” (armando acuerdos para gobernar con otras fuerzas como el PL, UD, etc.), pero esa delgada “piel de cordero” no oculta su verdadero carácter: un gobierno reaccionario e ilegítimo, heredero de los golpistas y que busca, por un lado, imponer un duro plan de ataques a los trabajadores y el pueblo como respuesta a la severa crisis de la economía hondureña (cuyo crecimiento en este año será uno de los menores de toda América Latina), y por otra, ejercer una feroz represión como forma de impedir que la resistencia obrera y popular se recupere y ponga en riesgo sus planes.

Pese al apoyo del imperialismo norteamericano y europeo y del empresariado y los “factores de poder” nacionales (FF.AA., Medios de Prensa, Iglesia), el de Lobo es un gobierno políticamente débil. La situación hondureña sigue siendo muy inestable y enormemente polarizada. Aunque el movimiento de resistencia refluyó y además de la represión estatal “legal”, sufre el accionar de grupos paramilitares y “sicarios” con los asesinatos selectivos de decenas de luchadores, las masas no están aplastadas y mantienen capacidad de lucha –como muestran la propia huelga docente y la lucha de los campesinos del Bajo Aguán-.

Es un síntoma que en su reciente encuentro con Lobo, los empresarios, al tiempo que le manifestaron su apoyo “pusieron sus quejas, expresaron sus dolencias y lloraron”, al decir del magnate liberal Rosenthal. El banquero Bueso Arias se quejó de que “aquí volvieron a crear el odio de clases, el odio del que no tiene contra el que tiene…” mientras que el notorio oligarca y terrateniente Facussé exigía mano dura contra los campesinos del Aguán en nombre de la “seguridad jurídica” (La Tribuna, Honduras, 31/08).

Para responder a las exigencias burguesas Lobo busca no sólo mostrar que puede garantizar la “gobernabilidad” y control del país, sino también profundizar los ataques al salario y las condiciones de empleo con proyectos como el Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis (PACTO), que amplía la precarización para atraer al capital extranjero ofreciendo al país como “plataforma de maquila exportadora” o la Ley Reguladora del Régimen de Participación Público Privada, que abre las puertas a la privatización de los servicios públicos.

La heroica huelga docente

El intento de destruir el Estatuto del Docente y otros ataques al sector, pusieron en marcha la movilización del magisterio, y empujaron a la mayoría de los sindicatos nacionales del sector, agrupados en la FOMH (Federación de organizaciones magisteriales de Honduras, que reúne a unos 65.000 profesores) a lanzar la huelga reclamando entre los principales puntos reconocimiento y cancelación de la multimillonaria deuda de casi 200 millones de dólares que el Estado mantiene con el INPREMA (Instituto de Previsión Magisterial) y la renuncia del Ministro de Educación (un tránsfuga de la burocracia docente) entre otros puntos. El proceso de lucha se transformó en una huelga indefinida de los maestros a nivel nacional, sostenida por la fuerza de las bases pese a las amenazas de represalias y la represión, el accionar de grupos paramilitares y el asesinato de luchadores.

El 18 de agosto una gran manifestación de decenas de miles de profesores y padres de familia mostró la disposición a luchar de las masas. El día 26 los maestros movilizados fueron nuevamente reprimidos en Tegucigalpa, esta vez con especial saña, llegándose a rechazar a los heridos que trataban de atenderse en los Hospitales públicos. Sin embargo, la lucha se mantuvo firme y la represión, amenazas y maniobras del gobierno habían fracasado en quebrarla. En este clima, las direcciones de las centrales sindicales (Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras –CUTH, Confederación de Trabajadores de Honduras –CTH, Central General de Trabajadores -CGT) se veían obligadas a hablar de “preparar las condiciones para una huelga general en todo el país, si es necesario”, como decía Israel Salinas, de la CUT (Alainet, 14/08), en una situación donde el gobierno se negaba hasta a aumentar el Salario Mínimo Nacional (postergado desde enero) además de otros ataques oficiales y de los empresarios. Según el FRNPH (Frente Nacional de la Resistencia Popular) los sindicatos y otras organizaciones populares formaban comités de huelga regionales y anunciaban la preparación de la huelga general (www.resistenciahonduras.net, 26/08).

Es entonces cuando la dirección del magisterio y el gobierno avanzan en negociaciones y terminan sellando un acuerdo que puso fin a la huelga del sector. El acuerdo de 26 puntos recoge algunas demandas: se suspendería el intento de revisar el estatuto docente, se forman varias comisiones para “estudiar” otros reclamos, el gobierno acepta pagar la deuda del INPREMA pero en un largo plan de desembolsos (incluyendo bonos del Estado) y además, los odiados funcionarios como el ministro Ventura siguen en funciones.

El resultado del acuerdo en términos de las demandas sectoriales parece ser bastante magro y cuestionado en algunos sectores, debiendo la dirección llevarlo a asambleas para que fuera ratificado.

Pero el desenlace de este episodio de la lucha debe ser examinado también y sobre todo, desde el punto de vista político, pues se trató de una importante “pulseada” con el régimen. Aunque es muy pronto, al menos a la distancia, para definir cómo sale el gobierno (que parece haber pagado un fuerte costo político) y con qué ánimo queda la resistencia obrera y popular (que han dado muestras de una importante recuperación en torno a la lucha magisterial), sí es posible extraer algunas primeras conclusiones.

Faltó una política consecuente por la huelga general

El magisterio ha cumplido históricamente un gran papel en las luchas de los trabajadores hondureños. En torno a su combativa lucha de largas semanas estaba planteada la posibilidad de hacer converger los diversos conflictos y reclamos con un plan de lucha que llevara a la huelga general, lo que podría haber abierto un nuevo escenario y señalado la hora de la contraofensiva obrera y popular contra Lobo y sus planes.

Sin embargo, la política de las direcciones mayoritarias del FNRP, de las centrales sindicales y de la propia dirigencia del magisterio no fue unificar los conflictos en curso (maestros, campesinos de Bajo Aguán y otras zonas en defensa de la tierra y sus recursos, trabajadores de la universidad contra los despidos masivos, etc.) y preparar sistemáticamente la movilización hacia la huelga general, sino utilizar ese llamado como forma de presionar como “recurso extremo” o aduciendo que no había condiciones. Al mismo tiempo mantuvieron separadas las demandas económicas sectoriales de las demandas políticas de la lucha antigolpista en lugar de soldarlas en un programa de acción obrero, campesino y popular encaminado a derrotar al gobierno de Lobo, que convocara a generalizar la coordinación y autoorganización de abajo a arriba y a preparar la autodefensa de masas contra la escalada represiva.

A fin de cuentas, predominó la política del zelayismo, de presión sobre Lobo y la burguesía buscando algún resquicio para negociar y utilizando como una carta en ese juego la lucha de las masas. El propio Zelaya, por ejemplo, en su carta a los trabajadores hondureños del 23/08 ni siquiera menciona el planteo de la huelga general que ya estaba en discusión al interior del mismo FNRP ni ninguna otra medida concreta de movilización.

Por el contrario, las conclusiones de más de un año de lucha, primero contra los golpistas de Micheletti y los militares, y ahora contra Lobo, deben permitir armar a la vanguardia obrera y popular para intervenir en los próximos combates con una perspectiva independiente y de clase, que no se subordine a la dirección burguesa de Zelaya, que no quiere el desarrollo de la movilización pues sabe y teme que ésta podría desbordarlo y desbaratar los pilares del orden social. Tampoco puede confiarse ni por un minuto en la burocracia de las centrales ni del magisterio, prestos siempre a negociar y a posponer la lucha.

Esa perspectiva obrera independiente requiere de un programa de acción obrero, campesino y popular, que parta de unir la lucha contra la represión, los asesinatos selectivos y las violaciones a los DD.HH., la lucha contra los despidos y represalias, por el salario y contra la precarización, por trabajo para todos, contra los desalojos campesinos y los abusos de los terratenientes, etc., para preparar una verdadera huelga general y abrir el camino a la derrota de Lobo.

La cuestión de la Asamblea Constituyente

Hace pocos días el FNRP se felicitaba de haber reunido más de un millón de firmas en el petitorio por una Asamblea Nacional Constituyente, aclarando que su estrategia es la de un “proceso popular revolucionario pacífico”, es decir, presionar y peticionar hasta lograr que la clase dominante acepte alguna vez rediscutir el orden constitucional.

Esa cantidad de firmas expresa tanto el rechazo al régimen “posgolpista” de Lobo y cía., como las expectativas democráticas de amplios sectores obreros y populares que ven en una Asamblea Constituyente la forma de hacer pesar su voluntad en los destinos del país. Sin embargo, la estrategia que propone el zelayismo es impotente, pues la oligarquía no la dará por más que se le presenten millones de petitorios, y además, conduce a una trampa, pues sólo aceptarán una reforma constitucional en términos que no afecten sus intereses y su propiedad.

La única forma de imponer una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y democrática, vale decir revolucionaria, es mediante la movilización y sobre las ruinas del régimen y sus reaccionarias instituciones. Una Asamblea así, donde los trabajadores y el pueblo puedan debatir y decidir sobre los grandes problemas: una radical reforma agraria, la expulsión del imperialismo, salario y trabajo para todos, salud, educación y vivienda, poner fin a la impunidad de los golpistas y represores, etc., sólo puede ser efectivamente garantizada por un gobierno provisional de las organizaciones de las masas obreras y campesinas en lucha.

Los socialistas revolucionarios, que creemos que el odio a los golpistas y el gobierno de Lobo y las expectativas democráticas de los trabajadores y el pueblo son un poderoso factor progresivo de la movilización, consideramos que la lucha por una Asamblea Constituyente revolucionaria en esos términos y dentro de un programa transicional ayudará a la mayoría obrera y popular no sólo a derrotar a Lobo y el régimen de la oligarquía, sino a arribar a la conclusión de que es necesario que obreros y campesinos tomen en el poder en sus propias manos.