El lunes 6/9, cuando los 1,3 millones de trabajadores del sector público en Sudáfrica estaban por entrar en su cuarta semana de huelga, los 19 sindicatos que organizan a los trabajadores estatales llamaron a suspender la huelga por 21 días para poder considerar la oferta salarial propuesta por el gobierno. Durante dicho período van a abrir un proceso consultivo entre sus miembros a fin de elaborar un borrador de acuerdo. Esta movida de los sindicatos ha provocado bronca entre los huelguistas, que abuchearon a los dirigentes cuando salieron a anunciar públicamente la suspensión inmediata de la huelga y el retorno a sus tareas para el día siguiente.

Desde el 18/8 los trabajadores tenían paralizados los servicio de las áreas de educación, salud y justicia, en reclamo de un aumento salarial del 8,6% (el doble del índice de la inflación) y un subsidio mensual de 1.000 rands (137 dólares) de asignación para la vivienda. La medida de fuerza ha abierto una crisis dentro del CNA (Congreso Nacional Africano), la fuerza mayoritaria en el gobierno, por su negativa a encontrar una solución a las demandas de los trabajadores. El presidente Jacob Zuma (CNA) cuestionado dentro de sus propias filas llamó el 30/8 a que se reabrieran las discusiones entres sus ministros y los sindicatos poniendo sobre la mesa una nueva oferta salarial de 7.5% y 800 rands (108 dólares) para la vivienda. Los trabajadores rechazaron esa oferta y continuaron con la medida de fuerza y protestas en las calles, no obstante, la burocracia sindical de la COSATU (Congreso de Sindicatos Sudafricanos) canceló la huelga general prevista para el 2/9, desactivando de este modo el impulso inicial de las movilizaciones en una movida totalmente funcional al gobierno, con el cual comparte la alianza tripartita junto al CNA y el Partido Comunista de Sudáfrica.

Ahora la burocracia sindical quiere utilizar estos 21 días para “explicarles” a los miembros la oferta propuesta, sin duda en un intento de llegar a un acuerdo. Por otra parte, el gobierno quiere terminar esta huelga, que le está costando a la economía sudafricana una suma cerca de 1 millón de rands por día.

Pero esta decisión tiene consecuencias políticas para el CNA, criticado por no satisfacer las demandas más acuciantes de los trabajadores y del pueblo pobre y para Zuma en particular, ya que llegó a líder del CNA y a la presidencia del país con el apoyo de los sindicatos. Esta misma base que salió a la calle a militar en su campaña electoral se siente traicionada no sólo por el presidente Zuma sino también por sus dirigentes sindicales que están llamando a los trabajadores a que acepten la oferta salarial.

El CNA enfrenta grandes contradicciones luego de 16 años en el poder durante los cuales la situación no ha mejorado para la mayoría de la población, mientras una elite alrededor del gobierno se ha enriquecido y ya hay sectores que están reclamando una política de nacionalización de las minas y expropiación de tierras para lograr cambios estructurales en la economía más importante del continente africano. Esta oleada de luchas -la más grande en los últimos años- seguramente no será la última batalla que librarán los trabajadores sudafricanos en su camino para resolver los problemas más acuciantes de los trabajadores y el pueblo pobre.