Muchas veces ni nos pagan, pa´echarle sal a la llaga nos echan la inmigración si con mi canto pudiera derrumbaría las fronteras para que el mundo viviera con una sola bandera en una misma nación.

Los tigres del norte (De paisano a paisano)

Si bien la migración ha sido un fenómeno continuo durante el siglo XX, es innegable que la masividad del flujo migratorio ha aumentado radicalmente durante las últimas décadas, en particular durante los años de la llamada ofensiva neoliberal. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) durante 2010 se contaron 214 millones de migrantes a nivel mundial.

La movilidad sin restricciones del capital en busca de rentabilidad por un lado y las medidas restrictivas en cuanto a la movilidad de la fuerza de trabajo que imponen los países imperialistas a las semicolonias por otro, han devenido en una situación extrema para amplios sectores de la clase obrera de América Latina, Asia o África, imposibilitados de vender su fuerza de trabajo en sus países nativos.

Estamos entonces ante un fenómeno inédito en la historia del capitalismo que alcanza dimensiones internacionales, ya que son millones los trabajadores y trabajadoras que migran de Centro América y México a Estados Unidos en el continente americano y de las recónditas posesiones coloniales europeas en África como Ceuta y Melilla a las metrópolis imperialistas de la Unión como Francia, Inglaterra, Italia o el Estado español.

Como consecuencia de la generalización del fenómeno migratorio, las burguesías imperialistas han recrudecido las leyes antiinmigrantes, desplegando un discurso profundamente racista orientado a responsabilizar a los trabajadores ilegales o sin papeles de los efectos de la crisis económica y el desempleo que padece la clase obrera de sus propios países, alentando la xenofobia entre los explotados y oprimidos.
Detrás de las políticas racistas de los gobiernos imperialistas está la necesidad de regular la entrada de ilegales de acuerdo a las condiciones del mercado laboral. Los trabajadores inmigrantes, tanto en Europa como en Estados Unidos, representan un recurso fundamental para las economías imperialistas, por el tipo de trabajos que desempeñan y las ramas productivas en las que están insertos. Es decir que la regulación migratoria, está sujeta a los intereses patronales que en ciertos sectores, se dan el lujo de contratar trabajadores sin las restricciones laborales que requiere la contratación nativa, con salarios por debajo de los estándares de cada nación, sin prestaciones y sin ningún tipo de seguridad social.
Las y los trabajadores migrantes son, en las metrópolis imperialistas, ciudadanos de segunda con un único derecho: el de ser superexplotados en los trabajos más riesgosos y onerosos.

La generalización del fenómeno migratorio es una característica estructural del capitalismo contemporáneo, como parte de la nueva división internacional del trabajo que se configuró en los últimos treinta años. La lucha de estos millones de trabajadores por sus derechos, que en Europa y Estados Unidos pueblan las ciudades y los campos, está hoy más que nunca, íntimamente ligada a la lucha del proletariado internacional por la superación del capitalismo que, a tres años de estallada la crisis financiera internacional más convulsiva desde la de 1929, ya está mostrando sus degradación: hambre y miseria para las mayorías de todo el planeta.

En el presente artículo, nos detendremos a analizar la situación de los millones de trabajadores mexicanos que forman parte del proletariado norteamericano y constituyen sus franjas más explotadas y oprimidas. Nuestro punto de partida es considerar que la lucha contra la burguesía imperialista yanqui, que expolia y oprime a los pueblos hermanos de América Latina mientras explota a su propia clase obrera, encuentra una perspectiva superior con el concurso de este nuevo y robusto proletariado sin derechos, sin papeles, que solo puede contar con la unidad y fuerza de su propia clase.

El éxodo

Una economía que produce… migrantes

La migración de trabajadores mexicanos al otro lado de la frontera norte, inició en el siglo XIX, cuando la guerra con Estados Unidos y las guerras de Reforma lanzaron a la indefensión a miles de campesinos despojados de todo, que se vieron obligados a dejar sus regiones de origen en busca de mejores condiciones de vida.

La anexión de territorio mexicano y el curso expansivo de la economía norteamericana, hicieron que los estados fronterizos del sur de EE.UU. se convirtieran en receptores de mano de obra barata, los cuales fueron lentamente poblados por trabajadores mexicanos que cobraban menos que los nativos y no tenían las mismas prestaciones.

Pero es hasta la segunda mitad del siglo XX, al calor de la profundización de la vinculación entre la metrópoli imperialista y la economía mexicana, que asumiría toda su importancia el corredor migratorio por el que hoy, año a año, circula la mayor cantidad de personas a nivel mundial.

Según el profesor e investigador mexicano Alejandro I. Canales [1], hubo tres etapas migratorias durante la segunda mitad del siglo XX:

– La primera, que va de 1942 a 1964 y que, en el marco del Programa Bracero [2], fortaleció un flujo de personas muy recurrente, compuesto en su mayoría por varones de las zonas rurales más marginadas del país. La composición social de este flujo migratorio se basó en campesinos pobres, varones en su mayoría, que, despojados de sus tierras o incapaces de hacerlas producir, fueron reclutados como fuerza laboral para los campos norteamericanos procedentes de los estados de Coahuila, Chihuahua y Durango.

– La segunda, inicia con el fin del Programa Bracero y se extiende hasta fines de los años setenta; se caracteriza por una mayor masividad y porque posibilita la configuración de un mercado de trabajo al interior de Estados Unidos para la explotación específica del trabajo migrante. Se trataba de campesinos pobres y en menor medida de sectores de trabajadores urbanos desempleados que, de manera ilegal, comienzan a cruzar la frontera norte para acrecentar la fuerza de trabajo en el agro y en sectores de la construcción.

– La tercera, inicia con la década de 1980 y coincide con el llamado periodo “neoliberal”, donde la fuerte ofensiva en el mundo del trabajo y las transformaciones estructurales de la economía mexicana orillan a cientos de miles de seres humanos a migrar, desde los confines rurales del país, hasta las grandes urbes, incorporando además, a las mujeres y los niños. Se trata de trabajadores y trabajadoras sin empleo, desplazados de su fuente de trabajo producto del cierre de empresas privadas y estatales y de campesinos e indígenas pobres de las zonas más marginadas del país. Este flujo migratorio incorpora a todas las regiones de México.

Esta tercera etapa se dio en un contexto signado por el hecho de que México, como la mayor parte de los países semicoloniales de América Latina, abandonó el llamado modelo de “sustitución de importaciones” –que hizo crisis con la debacle económica que en 1982 azotó a la región– tomando una serie de medidas concomitantes con el curso económico de las potencias imperialistas y en particular de Estados Unidos. De tal suerte que desde el mandato de Miguel de la Madrid (1982-1988), los gobiernos del PRI y luego del PAN “liberalizaron” áreas enteras de inversión y asignación de recursos, reestructurando profundamente las relaciones laborales con la llamada “flexibilización”, lo cual implicó nuevas reglas de trabajo a favor de garantizar un aumento en las tasas de explotación y, por esa vía, de las tasas de ganancia para las patronales nativas y extranjeras.

En este periodo, se abrió el territorio y la economía a nuevas formas de subcontratación internacional, lo cual posibilitó la emergencia de la industria maquiladora de exportación, cuyo epicentro se localizó en el norte del país. Así, México, en gran medida basó su economía en el auge de la exportación para determinadas ramas de la manufactura (como textil, electrónica y automotriz), lo cual se combinó con la privatización de industrias dinámicas antes en poder del Estado, como la telefonía o la generación energética.

Muchas empresas del sector estatal quebraron y, al calor primero del estancamiento de la “década perdida” y luego de la apertura comercial, igual suerte corrieron ramas enteras de la industria privada. Se calcula que entre 1980 y 1988 la producción industrial en México se redujo 10%, lo que redundó en una pérdida de empleos en gran escala atizada por la crisis de 1982. Según Canales: “Esta estrategia establece además, un nuevo contexto de polarización y diferenciación del aparato productivo, por una parte, en sectores deprimidos y orientados al mercado interno, y por otra, en sectores como la maquiladora que incrementan su productividad y su participación en las exportaciones totales (Gereffi, 1993). El efecto neto es un descenso relativo de la actividad industrial, especialmente en las ciudades del centro del país. Por un lado, disminuye su participación en el empleo total de 27% en 1979, a menos de 23% en 1991 (…)” [3].

Durante los años de “auge neoliberal”, particularmente desde fines de la década de los ‘80, la industria maquiladora de exportación se convirtió en el sector más dinámico de la economía mexicana. La maquila en México –como en muchos otros países semicoloniales– se caracterizó por “realizar operaciones de ensamble y subensamble, intensivas en mano de obra, y que combinan salarios mínimos con trabajo a destajo” [4].

Pero el dinamismo de la industria maquiladora, al estar subordinado a las necesidades de las casas matrices y de la economía norteamericana (principal destino de las exportaciones mexicanas), y en particular a los acuerdos comerciales con Estados Unidos, no redundó en un fortalecimiento armónico de la estructura productiva mexicana y su impacto solo se expresó mediante la creación de empleo directo con salarios paupérrimos. Esta ofensiva contra el mundo del trabajo implicó mecanismos de extracción de una mayor plusvalía, para lo cual se realizaron modificaciones sustanciales en los contratos colectivos, ampliación de la jornada laboral, nuevas formas de organización gerencial y una desintegración paulatina de la seguridad social.

Durante el segundo lustro de los ’90 –después de la crisis de 1995– la economía nacional experimentó un reactivamiento importante, motorizado por las condiciones de superexplotación que describimos antes y porque México se había beneficiado del “ciclo virtuoso” de la economía norteamericana, profundizando su integración estructural al imperialismo. Con el fin de este ciclo, y a partir de 2001, México atravesó una fuerte recesión, que fue acompañada de nuevos golpes a los trabajadores y un ataque aún más sistemático a la seguridad social y las empresas todavía en manos del Estado.

El estancamiento económico golpeó principalmente a la industria de exportación como la maquiladora y la automotriz. La recuperación ulterior, registrada a partir de 2004, se basó en el crecimiento de las exportaciones petroleras y de otros productos primarios, pero la recuperación de las exportaciones manufactureras fue muy débil. Esta leve recuperación, se constataría muy efímera frente a la debacle financiera internacional que en 2008, estalló con la quiebra de Lehman Brothers.

En la actualidad, Estados Unidos está arrastrando en su crisis a la profundamente dependiente y subordinada economía mexicana, siguiendo un derrotero aún incierto. La crisis económica es el telón de fondo de un recrudecimiento de la crisis social, que se expresa trágicamente en los feminicidios y el fortalecimiento del narcotráfico, como consecuencia de la subordinación de décadas al imperialismo a través del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA por sus siglas en inglés).
El país, como dan cuenta incluso los analistas de los periódicos internacionales, está sumido en la miseria y el desempleo, alcanzando cifras muy por encima de las que se registran en América del Sur. El robustecimiento del proletariado agrícola, el crecimiento sin precedentes del ejército de desocupados, la ruina de los campesinos y los pequeños propietarios en el campo, las masacres de civiles perpetradas por el narcotráfico y la militarización, están acrecentando enormemente las penurias de las masas y arrojan a cada vez más trabajadores y trabajadoras a cruzar el largo periplo hasta Estados Unidos.

La penetración imperialista y el TLCAN: miseria, desempleo y desesperación para las masas trabajadoras de México

La ofensiva neoliberal creó condiciones muy onerosas para los explotados y oprimidos de México que se han profundizado a tres años de estallada la crisis. Los efectos del NAFTA sobre el mundo del trabajo han sido devastadores para la clase obrera a más de diez años de que entrara en vigor.

Como dijimos antes, la economía mexicana basó su crecimiento en aquellas ramas de la economía vinculadas a la exportación, que requieren abastecerse de insumos importados. La apertura a la inversión extranjera significó la creación de enclaves exportadores en manos de las trasnacionales que aprovecharon los recursos naturales y la baratísima mano de obra para mantener en ascenso su tasa de ganancia.

En toda la industria, pero en particular la manufacturera, la aplicación del tratado redundó en lo que los economistas burgueses denominan mayor productividad con su correlato en una depreciación creciente del salario y un aumento descomunal de los niveles de desempleo. Como en toda América Latina, pero de forma muy exacerbada por el grado de penetración imperialista, se generalizó el trabajo precario y el aumento de las tasas de desempleo se ha convertido en el problema crónico de la economía:

– Casi el 70% de la clase obrera mexicana trabaja sin prestaciones, ni siquiera las más elementales, como la seguridad social, las vacaciones o el aguinaldo y según estimaciones, estos índices no están tomando en cuenta a aquellos sectores que se desempeñan en el empleo informal [5].
– Alrededor de 12 millones de trabajadores viven con un salario menor al mínimo legal.
– A partir de la aplicación del tratado, el salario mínimo ha perdido casi una cuarta parte de su poder de compra, cuestión que se profundizó enormemente con el estallido de la crisis y la creciente inflación.

En síntesis: “El TLCAN ha sido un instrumento de la estrategia de los grandes capitalistas para –en el plano de la inversión, la instalación y operación en nuestro país de empresas exportadoras y plantas maquiladoras– sacar provecho de las ventajas comparativas que ofrecen los bajos costos de la mano de obra, la existencia de controles políticos y sociales en el entorno laboral (sindicatos corporativos e instancias gubernamentales) y de los espacios de flexibilidad para las administraciones de las empresas” [6].

A inicios del año 2000, el ascenso de China como “taller del mundo” desplazó a México y otros países en su rol de “paraísos de mano de obra barata”, lo cual significó la baja competitividad de estas ramas industriales vinculadas a la exportación, exacerbando enormemente los efectos perniciosos del ciclo económico de conjunto. De tal suerte que se generalizó el trabajo precario, la subcontratación y la tercerización, lo cual dejó en la indefensión laboral a una masa cada vez más acrecentada de trabajadores, en su mayoría jóvenes y mujeres, que conforman los sectores más vulnerados del conjunto de la clase obrera. En las urbes, la ofensiva neoliberal arrastró en su vorágine a una masa de pobres urbanos que pueblan los interminables cinturones de miseria que rodean las metrópolis y viven en condiciones ignominiosas: sin agua, sin drenaje, sin luz, sin asfalto.

Para las masas rurales, el Tratado de Libre Comercio significó la quiebra de los campesinos pobres y medianos propietarios. Durante las últimas décadas, nuevos sectores en el campo fueron incorporados violentamente al trabajo asalariado, mediante su integración como proletarios agrícolas empleados por los agrobussines –la mayor parte en manos de trasnacionales de la alimentación–. Se amplió así un nuevo proletariado agrícola que trabaja jornadas de hasta 16 horas, bajo temperaturas extremas y sin ningún tipo de prestación. La producción agrícola quedó devastada, incapaz de competir con los productos norteamericanos y las capas más bajas del campesinado, incluyendo los medianos productores, se fueron a la quiebra.

Como el desempleo, el fenómeno migratorio en este contexto, se ha convertido en parte constitutiva de la crisis estructural del capitalismo semicolonial mexicano. Sin posibilidades de acceder a un empleo digno, sin seguridad social, sin la posibilidad siquiera de tener dónde vivir, parte importante de este ejército de desocupados o precarizados de México ha emprendido la larga marcha hacia el gigante del norte, (y en este partir destacan los varones jóvenes, mujeres y niños), para formar parte de la fuerza de trabajo en el corazón del imperialismo. A la par, miles de habitantes de los países de Centroamérica emprenden año a año el extenso camino que separa la frontera sur mexicana de la entrada a EE.UU., escapando de la miseria de sus países, y sufriendo en el camino no solo las vejaciones de la “migra” norteamericana, sino de las fuerzas represivas y autoridades del Estado mexicano.

Morir en la frontera

México es el principal exportador de mano de obra barata en toda América Latina; a nivel mundial, solo se ubica en el segundo lugar después de la India. Para el 2008, 11 millones de mexicanos eran migrantes y el 98% de ellos, se fue para Estados Unidos. La frontera norte tiene una extensión de más de 3.000 Km. y es ya un corredor económico prácticamente integrado a Estados Unidos en el cual el comercio, los servicios y las relaciones laborales están regidas por la relación metrópoli-semicolonia, con importantes consecuencias sociales y culturales que diferencian a esa región del resto del territorio mexicano. Y, sobre todo, la frontera norte es la región de mayor flujo migratorio en todo el continente americano.
Según varias organizaciones de emigrantes y de derechos humanos, el 80% de las personas que migran son varones jóvenes, de entre 20 y 35 años de edad. Estos jóvenes provienen tanto del medio rural como de las grandes urbes. El 20% restante está compuesto por mujeres jóvenes de entre 15 y 30 años. En los últimos años, se ha incrementado enormemente la migración de menores, según la Casa YMCA en Tijuana y el Albergue Juvenil del Desierto en Mexicali, la atención a menores emigrantes aumentó hasta un 200% para 2008 y las deportaciones de este año, solo por Baja California, dieron un promedio mensual de 427 menores.

El paso por la frontera norte puede ser mortal. La mayor parte de los emigrantes tienen que pagarles a los polleros [7] que en muchas ocasiones los abandonan a su suerte sin agua ni alimentos. El desierto de Sásabe, el corredor Naco-Douglas o la rivera del Río Bravo, son los escenarios donde, año a año, cientos de migrantes fallecen por falta de agua, alimentos o insolación. Incontables son los casos de migrantes transportados en trailers y luego abandonados a mitad de camino, como aquel trágico día de 2009 en el que 17 indocumentados fueron encontrados muertos por asfixia y deshidratación –en el corredor Naco-Douglas– en el contenedor de un trailer, tras haber sido abandonados por los traficantes que se dieron a la fuga y los dejaron encerrados. Según datos de la Coalición Pro Defensa del Migrante A.C., de 1994 a 2008 fueron 5.000 los muertos al tratar de cruzar la frontera, 36% por deshidratación, 19,4% ahogados, 8% por accidentes automovilísticos y el resto –un desolador 40%– fueron asesinados o están desaparecidos.

Están además sometidos a la persecución de las policías fronterizas y a merced del crimen organizado. Las mujeres en muchos casos padecen el abuso sexual y son extorsionadas triplemente por “polleros”, policías y autoridades. Durante 2010, el joven de 14 años, Sergio Adrián Hernández, murió asesinado por una bala de la policía fronteriza de El Paso, que lo acribilló estando aún en territorio mexicano desde un puesto vigía. Por si esto fuera poco, con el fortalecimiento de las bandas de narcotráfico, han recrudecido los riesgos a la hora de migrar. En los últimos meses, trascendió el trágico asesinato de 72 indocumentados sudamericanos y centroamericanos en Tamaulipas a manos de un comando armado. Como plantea el periodista Julio Sherer García, “A los migrantes los explotan las bandas de los Zetas, los Maras, los polleros. Cierran el cerco los policías municipales, los estatales, los patrulleros y un avispero de malhechores protegidos por placas y disfrazados con las ropas y los modos del poder” [8].

Si para los migrantes mexicanos cruzar la frontera los expone a todo tipo de vejaciones y a perder la vida en el trayecto, las y los trabajadores centroamericanos que cruzan por la frontera sur, tienen que realizar un trecho aún más largo y peligroso por el país. Muchas veces no llegan a la frontera norte porque son secuestrados, las mujeres por las redes de trata y de conjunto por las bandas de narcotraficantes o la policía migratoria. Igualmente escalofriante fue el caso reciente de una centena de trabajadores centroamericanos y algunos mexicanos que se encontraban secuestrados y realizando trabajo esclavo en la finca bananera La Herradura, en Tapachula Chiapas. Desde hacía meses, hombres, mujeres y hasta 33 menores, incluida una niña de 12 años embarazada, trabajaban más de 12 horas seguidas sin retribución salarial, padeciendo el maltrato físico y las vejaciones de los capataces. Como denuncia el mismo Julio Sherer en su libro Secuestrados, los migrantes centroamericanos cruzan territorio mexicano transportados en el ya trágicamente célebre tren de la muerte o La Bestia –que va de Guatemala al sur de México–, sometidos a la trata, violación y extorsión en el caso de las mujeres, a la tortura y secuestro en el caso de los varones. El caso de Maritza Barrios destapó ante los medios de comunicación la cruda realidad de las mujeres migrantes. El 14 de abril de 2005, integrantes de la empresa de seguridad privada del tren, al intentar violarla, la arrojaron a las vías en movimiento, lo cual le costó una amputación de pierna.

Estos hechos son solo una muestra de lo que sufren los migrantes mexicanos y centroamericanos en su intento de llegar al “otro lado”: el asedio de las fuerzas del Estado mexicano y las bandas de narcotraficantes.

Ya en territorio norteamericano, si logran sortear este cúmulo de adversidades, deben enfrentar a los minuteman y otros grupos racistas. Hay casi 2.000 casos de asesinatos a mexicanos “sin papeles” que permanecen impunes, adjudicados a diferentes grupos antiimigrantes conocidos como “grupos de odio” que según el Southern Poverty Law Center ascienden a más de 800 organizaciones en todo el país.

El otro México

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) de México, hoy residen en Estados Unidos alrededor de 8,5 millones de mexicanos, de los cuales entre 3 y 3,5 millones son indocumentados. Según el censo de Estados Unidos, la población de origen mexicano por nacimiento o descendencia llega a los 23 millones, que conforman la gran mayoría de los aproximadamente 36 millones de latinos. La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras emigrantes viven en California, Texas y Arizona. Se calcula que en los años previos a la crisis económica en curso, estos trabajadores enviaban a su país de origen remesas por valor de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares, siendo el tercer ingreso de divisas después de las exportaciones petroleras y el turismo en el caso mexicano.

Ha cobrado tanta importancia la captación de divisas enviadas por los inmigrantes, que los últimos gobiernos panistas han naturalizado esta fuente de ingreso como parte de la economía normal, incentivando la migración a Estados Unidos, mientras cuestionan con una retórica muy tibia la profundización del racismo y la aprobación de toda clase de leyes antiinmigrantes.

La mayor parte del trabajo que realizan en Estados Unidos les es pagado a muy bajo costo, sin prestaciones ni seguridad social. Los mercados laborales de la construcción y de la agricultura estadounidense son mayoritariamente ocupados por inmigrantes, 85% de los cuales son mexicanos y el resto centroamericanos. Están empleados en los trabajos más riesgosos y agotadores: desde los garroteros de los restaurantes de Nueva York hasta los trabajadores de los centros productores de cangrejo en Maryland, que contratan mujeres de la costa de Veracruz. Doscientos cincuenta mil de estos mexicanos son indígenas de Puebla, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca, que sufren doblemente el racismo y la xenofobia.

Esto es parte de un fenómeno social más general: según el reporte del Congressional Budget Office (CBO), el 15,5% de la fuerza laboral en Estados Unidos es extranjera y el trabajo que desempeña está claramente diferenciado –lo cual es establecido estadísticamente- de aquel al que se dedican los trabajadores nativos.

La xenofobia imperialista

Contratistas y troqueros pa’ mi todos son iguales. No más ‘taban esperando que pasaran nacionales. Parecían lobos hambrientos, fuera de los matorrales. Los creemos con honor pero no lo(s) conocemos. Nos trabajan como esclavos y nos tratan como perros. No más falta que nos monten y que nos pongan el freno. Si alguno lo toma a mal es que no lo ha conocido. Que se vaya a contratar a los Estados Unidos. Y verá que va a trabajar como un esclavo vendido.

Del corrido de los desarraigados

Las leyes anti inmigrantes en la era de Obama

A pesar de las expectativas que despertó el gobierno de Obama, después de la era Bush que se cerró con el empantanamiento bélico en Afganistán y en Irak, los trabajadores y trabajadoras norteamericanos no tienen nada que reivindicar. Según cifras del Buró de Censos de Estados Unidos, uno de cada ocho habitantes en aquel país vive por debajo del umbral de pobreza, es decir 36,5 millones de personas. Además, según estos mismos datos, hay 5 millones más de pobres que hace seis años y los únicos ingresos que aumentaron –según el New York Times- fueron los del 5% más acaudalado del país. El escandaloso salvataje a Wall Street efectuado por la actual administración en 2008, no solo no eclipsó la posibilidad de una escalada más profunda de la crisis económica, sino que desgastó rápidamente al presidente demócrata que, en los recientes comicios, fue duramente castigado por el electorado, con el telón de fondo de un desempleo cercano al 10%.

A tres años de la crisis económica, se cuentan por millones quienes perdieron sus casas producto de la crisis hipotecaria y son también millones los que fueron echados a la calle de sus trabajos. Frente a la descomposición social y la debacle económica, los sectores más conservadores del establishment se han fortalecido, con un discurso ultra reaccionario que culpabiliza al gasto público de la crisis actual y a los trabajadores sin papeles que, según su retórica “quitan el trabajo a los trabajadores nativos y blancos”.

Mientras estos sectores conservadores se fortalecen, el gobierno de Obama no ha significado ninguna mejoría en las condiciones de vida de las y los inmigrantes. Por el contrario, ha continuado con todas las medidas que las administraciones anteriores habían tomado incluyendo la llamada Operación Guardián.

Conocida en inglés como Operation Gatekeeper, fue echada a andar durante el primer mandato de Bill Clinton, paralelamente a la entrada en vigor del TLC. También llamada “operación muerte” por diversos organismos de derechos humanos, su principal objetivo es la construcción de un muro fronterizo, una barda triple con alta tecnología que primero fue erigida en la línea divisoria entre Tijuana y San Diego. La barda cuenta con censores de movimiento, equipos de visión nocturna, detectores de movimiento y está monitoreada por la policía fronteriza.

Durante 2005 y 2006, el Congreso norteamericano aprobó una ampliación de 1.123 y 595 km. respectivamente. Según diversos organismos de derechos humanos, desde su colocación, los inmigrantes que han tratado de salvarla y han fallecido en el intento suman ya 3.000.

Junto a la construcción del muro, operan en todo Estados Unidos, 50 legislaciones estatales que establecen multas de hasta 1.000 dólares a quienes empleen inmigrantes o determinan medidas punitivas al arrendamiento de vivienda, como la que opera actualmente en Hazleton, Pensilvania. Se aprobó en 1994 la Ley 187 en California, que negaba a los migrantes indocumentados el acceso a la salud, educación y otros servicios sociales. En septiembre de 1996, apareció la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo central era frenar la migración indocumentada a partir de un férreo control de las fronteras con más patrulleros, y la adquisición de tecnología militar para detectar y detener a los inmigrantes indocumentados.

El 23 de abril de 2010, la gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB 1070, mejor conocida como “Ley Arizona”. La misma, tipifica la migración como delito y deja en la indefensión a los más de 450.000 indocumentados que laboran en el estado. Habilita a la policía a detener a cualquier persona por su aspecto físico y su origen étnico y da rienda suelta a las redadas y caza de indocumentados que ya se registran por cientos en lo que va del año.

Con el telón de fondo de la crisis económica, la Ley Arizona es el corolario de un salto cualitativo en la marea xenófoba en Estados Unidos que ya está generando tensiones culturales y sociales acicateadas por la intervención racista de la policía del estado. El discurso anti inmigrante, que hace eje en culpabilizar a las y los trabajadores inmigrantes de la crisis económica y el desempleo, se ha enraizado en los sectores más reaccionarios de la sociedad norteamericana, ganando para sí incluso a franjas de la clase obrera golpeadas por la crisis.

Lejos de inhibir la contratación de trabajadores inmigrantes, estas leyes posibilitan a los patrones imponer condiciones de superexplotación a sus trabajadores, constantemente chantajeados con ser denunciados y entregados a la policía. Para decirlo más precisamente, el recrudecimiento de las medidas legislativas que criminalizan a los trabajadores inmigrantes, permite y coadyuva a profundizar sus ya de por sí paupérrimas condiciones laborales.

Como plantea Liz Sakers, activista de la organización No Más Muertes: “Estamos en una crisis económica en Estados Unidos y necesitamos echarle la culpa a alguien, así que todo el mundo se está enfadando y, para poder dirigir este odio intenso, tienes en cierto modo que deshumanizar tu objetivo, en este caso los inmigrantes ‘sin papeles’”.
Frente a la derechización de la situación en Estados Unidos, se hace más factible que asistamos a un mayor endurecimiento de la política reaccionaria contra los inmigrantes, como quedó demostrado en noviembre pasado con el fortalecimiento del Partido Republicano –cuyos representantes en algunos estados están por prohibir el otorgamiento de la nacionalidad a los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos– y el Tea Party.

Son cómplices de la ignominiosa situación de la clase obrera inmigrante, las burocracias sindicales de ambos lados de la frontera. Las direcciones charras en México, se han hecho parte en los últimos años del ataque a la clase obrera, permitiendo que prolifere el trabajo precario y que sean millones de trabajadores los que carecen de organización sindical. En Estados Unidos, la AFL-CIO, bajo la lógica de proteger el empleo de los trabajadores nativos, se ha negado tomar en sus manos la lucha por los derechos de los inmigrantes a nivel nacional y han sido sólo algunos agrupamientos sindicales menores como la UNITE y el SEIU los que han tomado sus reivindicaciones.

Los gobiernos mexicanos, al servicio del imperialismo

Las dos últimas administraciones, pertenecientes al PAN han profundizado la subordinación al imperialismo. Esto más allá de la demagogia y la retórica de los discursos de Calderón, que condenó tibiamente la promulgación de la Ley Arizona mientras que se quedaba callado frente a las miles de deportaciones que se han incrementado durante el gobierno de Obama y el arresto y asesinato de emigrantes a manos de las patrulla fronteriza. Esto mientras reproduce, contra los inmigrantes centroamericanos que ingresan a México (sea para permanecer en el país o, en su mayoría, para cruzar a EE.UU.) las mismas políticas represivas y antiinmigrantes del vecino del norte.

Los “llamados de atención” a Estados Unidos, tienen su correlato en una política de entrega que en el último decenio ha facilitado enormemente la penetración yanqui en la economía mexicana, con la implementación de todos los dictámenes del TLC y mediante las grandes concesiones en petróleo, gas, minería, electricidad y otros recursos naturales. Junto a la entrega económica, el gobierno federal actual, más que sus antecesores, ha permitido una y otra vez la violación de la soberanía nacional. Esta subordinación del gobierno mexicano al de Estados Unidos, tiene su rostro más lacayo en permitir la vejación y violación a los derechos humanos de los migrantes en territorio norteamericano.

Con el pretexto del combate al crimen organizado (el narco) y por cuestiones de “seguridad nacional”, bajo el criterio del Congreso norteamericano, la cooperación bilateral para garantizar la seguridad en la frontera significa legalizar la incursión en territorio mexicano de militares norteamericanos, que es el contenido esencial de planes como la Iniciativa Mérida, que otorga a México un apoyo de casi 400 millones de dólares y entrenamiento militar con ciertas “condiciones” claramente injerencistas.

La lucha de los trabajadores inmigrantes es la lucha contra el imperialismo

Nativa o extranjera, la misma clase obrera

El ser parte de una fuerza de trabajo conformada por una masa colosal latina de 36 millones de personas, le da una potencialidad enorme a la lucha de los trabajadores mexicanos y centroamericanos al otro lado de la frontera. Las importantes manifestaciones de inmigrantes contra la Ley Arizona durante 2010 en Phoenix, donde los manifestantes se apostaron en la puerta de la cárcel de la Cuarta Avenida para evitar la entrada de los indocumentados detenidos, las protestas estudiantiles frente al Capitolio en esta misma ciudad, en Albuquerque, Fort Collins y Colorado y las más de 70 manifestaciones en todo el país durante el mes de mayo, planteaban la posibilidad de enfrentar y eventualmente echar abajo esta reaccionaria ley, ya que miles se aglutinaron al grito de ¡Todos somos Arizona! y ¡No al apartheid de Arizona!. Si bien no surgió hasta el momento un movimiento masivo por los derechos civiles de los inmigrantes como el que surgiera en su momento contra el racismo a los afroamericanos en los años ‘60, esta posibilidad está planteada en tanto siga avanzando la marea xenófoba y racista.

Además de los trabajadores indocumentados que se han movilizado contra las legislaciones racistas, los estudiantes inmigrantes protagonizaron, durante el pasado mes de diciembre, una importante jornada de movilizaciones a nivel nacional –con huelgas, cortes de calles, huelgas de hambre y plantones- por la aprobación del llamado Dream Act [9], que otorgaría la nacionalidad a los jóvenes indocumentados que estudian y accedieron al territorio siendo menores de edad.

Esta iniciativa fue bloqueada por el Senado norteamericano el 18 de diciembre, en particular por los republicanos con la justificación de que alentaría la inmigración. Tanto demócratas como republicanos, han planteado que cualquier tipo de nacionalización de los estudiantes indocumentados implicaría el servicio militar forzoso para los “beneficiados”; es decir, expone a los jóvenes latinos, a ser carne de cañón de las guerras imperialistas de Afganistán e Irak.

En lo inmediato, es fundamental hacer retroceder la Ley Arizona y todas las leyes anti inmigrantes, la Operación Guardián y la construcción del muro fronterizo, retomando la movilización para echar atrás todas las legislaciones vigentes y las que están por aprobarse. De igual modo, está planteado unificar esta lucha con la de los estudiantes sin papeles que hoy están peleando mediante la movilización por la nacionalidad, a la par de denunciar que, la misma, no puede estar condicionada al alistamiento militar. Frente a los inhumanos peligros a los que están sujetos las y los inmigrantes, es fundamental pelear por el libre paso por la frontera norte y la frontera sur.

Las organizaciones obreras a ambos lados de la frontera, debemos luchar por la legalización de todos los trabajadores latinos, asiáticos y africanos que trabajan sin papeles en Estados Unidos. Por su derecho a la organización sindical y a todas las prestaciones como la seguridad social, la educación, las vacaciones y la vivienda.

Para frenar la marea xenófoba, es fundamental combatir el falso antagonismo que utilizan en su retórica los sectores más reaccionarios de Estados Unidos para dividir las filas de la clase obrera. Los culpables de la crisis no son los inmigrantes, como plantean los partidos de la ultraderecha como el Tea Party. Los culpables son los capitalistas que han sido salvados con rescates millonarios por el gobierno de los demócratas en acuerdo con los republicanos, como se mostró tanto en el caso de Lehman Brothers como en el de General Motors. Los trabajadores blancos, afroamericanos, asiáticos y latinos están padeciendo los efectos de la crisis, aunque esto se acentúa en los trabajadores sin papeles. Sólo su unidad de clase puede ensanchar los músculos de la poderosa y multiétnica clase obrera norteamericana y arrancarle al gobierno, no sólo la legalización de los inmigrantes y sus derechos, sino todas aquellas conquistas que los trabajadores norteamericanos han perdido en las últimas décadas.

Esa unidad solo se podrá conquistar si estas banderas de lucha son tomadas por el conjunto de la clase obrera norteamericana y en particular por los trabajadores blancos, enfrentando la ideología y el programa reaccionario que reproducen las burocracias sindicales vinculadas orgánicamente a la burguesía imperialista, y viendo en sus hermanos latinos a sus mejores aliados de lucha.

No queremos ser una estrella más de la bandera yanqui

En perspectiva, este nuevo proletariado emergente en EE.UU., es un enorme aliado de los trabajadores de los países oprimidos como México. La lucha contra la opresión imperialista es una tarea del proletariado a los dos lados de la frontera con el horizonte de forjar la unidad de los trabajadores y pueblos oprimidos del continente americano contra las burguesías imperialistas.

Durante la ofensiva burguesa de las décadas previas, México fue la perla neoliberal del imperialismo norteamericano. Se profundizaron así, los rasgos de dependencia e integración del capitalismo semicolonial mexicano al amo yanqui.

Ramas enteras de la siempre socia menor industria nativa, fueron aniquiladas para favorecer a las trasnacionales norteamericanas y los recursos naturales del país entregados a los capitalistas extranjeros: el agua para la Coca Cola, el petróleo para la Shell, los recursos agrícolas para Wal-Mart, el maíz para Monsanto, los bancos para Citygroup.

La industria maquiladora se puso en pie sobre la base de las inversiones norteamericanas de Nike o Mattel y los tratados comerciales, en particular el TLC, liquidaron el mercado nacional de productos nativos como el maíz, el aguacate, el frijol y el chile. Mientras las trasnacionales yanquis y europeas expolian nuestros recursos naturales, los gobiernos del PRI y del PAN siguen pagando puntualmente la deuda externa.

El peligro de ocupación militar en la frontera, con la excusa del combate al narcotráfico, se cierne constantemente sobre nuestro expoliado país, como ya evidenció el traslado de 1.200 efectivos de la guardia nacional para fortalecer la seguridad en la frontera norte, aprobado por el propio Obama. Los explotados y oprimidos de México, tenemos como enemigos a los imperialistas y a las burguesías nacionales y sus gobiernos que garantizan la entrega. Es fundamental retomar la historia de lucha antiimperialista que en 1937, motorizó la pelea por la expropiación del petróleo a través de la huelga petrolera y la movilización callejera de la clase obrera mexicana.

Los gobiernos posneoliberales que en otras latitudes del Latinoamérica han sostenido una retórica de tibio enfrentamiento con el imperialismo, lo han hecho siempre respetando la propiedad capitalista nativa y extranjera. Los trabajadores y trabajadoras mexicanos y de toda América Latina somos los primeros interesados en dejar de pagar la deuda externa, ese cáncer que nos mantiene en la dependencia y la indefensión a través de las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial. Esos recursos pueden ser utilizados para invertir en educación, en investigación científica, en tecnología y en salud, aquellos rubros que quedan sin recursos a la hora en que los partidos de la burguesía asignan el presupuesto en el Congreso.

Es fundamental, romper con todos los acuerdos comerciales y militares que nos atan al imperialismo, como el Tratado de Libre Comercio y la Iniciativa Mérida. Las ramas estratégicas de la industria deben ser nacionalizadas y puestas a funcionar bajo control de los trabajadores, de tal forma que la renta petrolera, el usufructo de energía, gas y combustibles y las comunicaciones, estén puestas al servicio de las necesidades sociales y no de las ganancias de los capitalistas nativos y extranjeros. Es necesario, arrebatar el control de la banca a los imperialistas que lucran con los ahorros de los trabajadores y bajo su administración, otorgar créditos baratos a los campesinos pobres que han quedado en la miseria o han pasado a formar parte del gran ejército de proletarios agrícolas producto de la profundización de la semicolonización de México y Centro América.

A principios del siglo XXI, el paso de millones de trabajadores mexicanos, centroamericanos y de toda América Latina al corazón del imperialismo ha devenido en la unidad, más indisoluble que nunca, entre la revolución en las semicolonias y los países imperialistas. El hecho de que el nuevo proletariado norteamericano cuente entre sus filas con un gigantesco destacamento de trabajadores latinos, plantea la posibilidad de vincular muy estrechamente la lucha contra la opresión imperialista a las semicolonias y la lucha de los trabajadores norteamericanos contra su propia burguesía.

Este ejército de proletarios y proletarias, comparte y encarna los intereses de los trabajadores de las semicolonias y a la vez, forma parte orgánica del nuevo proletariado norteamericano. En mayo de 1940, León Trotsky planteaba que: “Tan sólo bajo una dirección revolucionaria podrá el proletariado de las colonias y semicolonias entrar en invencible colaboración con el proletariado de las metrópolis y de la clase obrera mundial. Sólo esta colaboración podrá llevar a los pueblos oprimidos a su emancipación final y completa con el derrocamiento del imperialismo en todo el mundo. Un triunfo del proletariado internacional libraría a los países coloniales de un largo y trabajoso período de desarrollo capitalista, abriéndoles la posibilidad de llegar al socialismo junto con el proletariado de los países avanzados” [10].

Hoy más que nunca, el futuro de los pueblos oprimidos del mundo semicolonial latinoamericano depende de esta “invencible unidad”. Hoy más que nunca, se hace posible porque el imperialismo en su vorágine, ha arrancado violentamente de sus países de origen a una masa enorme de trabajadores y a la vez, sin quererlo, como parte de su desarrollo estructural, ha configurado un nuevo proletariado más numeroso y multiétnico.

9 de enero de 2011