El pasado 30 de noviembre, en el salón de actos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz, con un auditorio de 200 asistentes, se llevó a cabo la presentación del libro Comunidad, indigenismo y marxismo.

El libro escrito por Javo Ferreira, dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (grupo integrante de la FT-CI en Bolivia), es una de las pocas elaboraciones actuales que, desde el marxismo, examina aspectos vitales de la cuestión de la opresión de los pueblos originarios y la lucha por su liberación.

El texto polemiza fundamentalmente con los presupuestos estructurales y conceptuales de las corrientes llamadas decoloniales y poscoloniales, que son las que dan fundamento a las políticas interculturales impulsadas desde el gobierno de Evo Morales, pasando revista críticamente a las posiciones de Félix Patzi, Fausto Reynaga y otros autores indigenistas e indianistas que frente a la secular situación de opresión nacional que viven los pueblos originarios en Bolivia y en Latinoamérica han intentado formular salidas sin romper con los marcos del capitalismo. El trabajo intenta poner de relieve que son los instrumentos conceptuales del marxismo y, entre ellos, la ley del desarrollo desigual y combinado formulada por Trotsky, las herramientas que permiten entender los intrincados problemas de formaciones sociales como la boliviana, que combinan formas productivas precapitalistas y formaciones culturales diversas bajo el manto homogeneizante del capitalismo, y sobre la base de éste análisis, permite responder a la lucha contra la opresión de los pueblos originarios desde el programa y la estrategia de la revolución permanente.

Una construcción ideológica al servicio de la modernización capitalista

La importancia y actualidad de este debate resalta porque durante estos años, el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera han propuesto el interculturalismo –y la retórica del Suma Qamaña o “socialismo comunitario”– como base para las políticas de Estado, buscando alcanzar la tan ansiada “modernidad” desde nuestra particularidad [1]. Desde un punto de vista teórico, estas políticas tienen como fundamento la fragmentación conceptual de la realidad, donde las diversas modalidades y estructuras productivas del país, entre las que sobresalen las economías comunales agrarias, son tomadas de forma aislada y abstraídas como base para poder hablar de este socialismo comunitario oponiéndolo al capitalismo y sus productos culturales. La interculturalidad en el sistema educativo, en la administración pública y su expresión territorializada, en las autonomías indígenas-campesinas, serían expresión de esto.

Para tal fin, García Linera nos presenta la realidad económica boliviana como la amalgama de diversos modos de producción y de intercambio, todos ellos oprimidos por el capitalismo, pero manteniendo cada unos su propia estructura. Así, nos dice que: “Está la parte moderna de nuestra sociedad, capitalista, tecnificada, vinculada a mercados externos, que es un sector importante, tanto estatal como privado, y en expansión… al lado de esa parte moderna de la sociedad, con ella misma, existe ese otro sector con diversos matices, unos le llaman informal, pero en el fondo la informalidad es una estructura muy compleja de actividades laborales (…) Está también la actividad mercantil simple, como la define El Capital de Carlos Marx, donde no existen grandes procesos de acumulación ni se da la economía de escala y cuando se comienza a expandir, inmediatamente se parte entre los familiares, para desconcentrar las actividades y disminuir los riesgos de las fluctuaciones cambiantes del mercado interno y de algunos mercados cercanos”.

“Luego tenemos en Bolivia, la economía campesina, igualmente agraria, mercantil simple, además tenemos trazos, fragmentados, pedazos de economía comunitaria, ambas vinculadas al mercado en términos de reproducción de necesidades básicas pero que luego una buena parte de sus actividades laborales circula a partir de otro tipo de circuitos de intercambios no mercantiles o semimercantiles. Y, al final, queda un pedazo muy estrecho o pequeño, de economía de caza y recolección en algunos lugares de nuestro territorio” [2].

Este “amontonamiento” de formas productivas y de organización social diversas son las que exigirían la constitución de las autonomías para construir de tal forma los sujetos sociales portadores del “diálogo intercultural”. Esta fragmentación conceptual de la realidad, haciendo hincapié en las formas comunales de propiedad y de organización del trabajo sería la piedra angular que, expandiéndose y generalizándose al conjunto de la economía nacional, abriría el camino al socialismo comunitario [3].

Frente a esta construcción, en Comunidad, Indigenismo y marxismo polemizamos partiendo del análisis de las diversas desigualdades económicas y combinaciones de la economía comunal con la economía capitalista dominante, cuyo resultado es la particular formación económico-social del agro andino, que se estructura en forma subordinada pero orgánica a la dominante economía capitalista, ya sea a través del mercado o de la dependencia que las comunidades agrarias tienen con el Estado central, tanto para cuestiones de presupuesto, subsidios, etcétera, de la que ya no pueden prescindir. La dominación del imperialismo a través de sus múltiples formas ha perpetuado los escasos índices de industrialización y el atraso tecnológico, condenando a las comunidades a seguir trabajando con el arado egipcio no por virtud sino por necesidad. Es decir, que nos encontramos frente a una particular formación económica social sometida a múltiples tensiones dinámicas y contradictorias, como son fenómenos de descampesinización, urbanización y asalarización (proletarización) de importantes sectores indígenas y, entre esas presiones, el desarrollo de contratendencias de sectores emigrados como obreros precarizados que presionan desde las ciudades por la mantención de la propiedad comunal, como una forma de complementar sus bajos salarios.

Creemos que la situación de atraso, miseria y el racismo imperantes en nuestra sociedad, que ha dado lugar a la denominada “colonialidad” no puede ser resuelta colaborando entre los que se presentan como portadores de una cultura al servicio de la acumulación del capital, como empresarios, banqueros y terratenientes, y los pueblos indígenas oprimidos, portadores de costumbres y formas culturales, que tuvieron su origen en formas de producción y organización del trabajo precapitalistas. Si el gran drama histórico de Bolivia lleva la marca de la herencia colonial y del racismo, refuncionalizada por el capitalismo semicolonial, tenemos que sólo con los métodos y el programa de la revolución proletaria pueden resolverse estas tareas históricas.

Como planteamos al final del texto, la lucha por terminar con el racismo, la lucha por los derechos democráticos de los pueblos oprimidos como quechuas, aymaras o guaraníes, como es el derecho a la plena autodeterminación nacional, no puede alcanzarse con mezquinos diálogos interculturales que preservan el carácter semicolonial del país, reconstruyen el orden establecido al servicio de las clases dominantes y nos prometen una “modernidad” que no es otra que la de una explotación capitalista semicolonial modernizada. Los trabajadores y el pueblo conocen sobradamente esta realidad y es contra estas condiciones de trabajo y de vida que se han producido las movilizaciones de la última década. Solo en la lucha política contra las clases dominantes puede sentarse las bases para un pleno desarrollo económico y cultural de los pueblos originarios. Esta lucha es inseparable de la convicción de que sólo la revolución socialista puede ofrecer a la humanidad un destino de libertad en el pleno sentido del término, creando una cultura de nuevo tipo, sin el estigma de la opresión de género o de raza.

Los trabajadores, los campesinos e indígenas y, en fin, los sectores populares, que protagonizaron grandes movilizaciones hasta derrotar a los gobiernos neoliberales, depositaron luego, desde la llegada de Evo al gobierno en 2006, gran expectativa en que la satisfacción a sus demandas, económicas, sociales, culturales y políticas, entre ellas las de Tierra y territorio y contra la opresión étnica y cultural de que son víctima, podría venir de la mano de los cambios constitucionales prometidos por el MAS para “refundar el país”. Pero más allá del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y algunas otras concesiones, como algunas autonomías indígenas, recortadas al mínimo compatible con los intereses de la burguesía y los terratenientes, siguen intocadas las bases materiales de la opresión: gran propiedad privada de la tierra y los medios de producción y la subordinación al capital extranjero.

Más aún, medidas como el reciente “gasolinazo” de Evo y García Linera, que debió ser retirado ante la protesta obrera, campesina y popular, muestran la verdadera naturaleza de la “revolución descolonizadora, democrática y cultural”. El debate teórico con las imposturas ideológicas de los teóricos indigenistas en las que se apoya el gobierno del MAS es parte de la lucha por un programa y una estrategia para el triunfo de la liberación social y nacional.

El texto Comunidad, indigenismo y marxismo pretende ser un modesto aporte en ese sentido.