El Congreso parece haber significado un éxito político relativo para Raúl y su equipo, al aprobarse sin mayores debates (como se daba por descontado), el plan económico de los Lineamientos, votarse algunos cambios políticos para imponer su aplicación y lograr una composición más favorable en la cúpula del PC para el bloque de los militares y tecnócratas en que se apoya.

Mientras el congreso se abrió con un gran desfile militar, simbolizando el peso creciente de las FAR, históricamente dirigidas por Raúl; en su desarrollo y resoluciones parecen haberse impuesto los argumentos del ala tecnocrática –los que “saben de economía”-, y la presencia en el cierre de Fidel –quien ya no tendrá cargos formales en la dirección-, confirmó el aval a sus planes. Como resultado, el programa económico obtuvo una mayor legitimidad, necesaria para poder avanzar en medidas antipopulares como los recortes en el empleo estatal, la salud o la educación, al tiempo que obtuvo mejores condiciones para disciplinar a las distintas alas de la burocracia. Sobre estas bases, el equipo dirigente intenta enfrentar la situación de aguda crisis nacional, derivada del impacto de la crisis capitalista internacional sobre una economía muy debilitada por la nefasta dirección y parasitismo burocráticos, el deterioro del consenso social en que se apoya el régimen ante las penurias agravadas de las masas y el deterioro de las anquilosadas estructuras políticas del bonapartismo castrista, que enfrenta el problema de una “sucesión” a relativamente corto plazo.

El plan económico

La versión final de los Lineamientos de Política Económica y Social aprobados en el Congreso merecerá un análisis detallado (hemos hecho un primer examen en LVO n° 401).

En su informe de apertura Raúl había declarado que “El incremento del sector no estatal de la economía, lejos de significar una supuesta privatización de la propiedad social, como afirman algunos teóricos, está llamado a convertirse en un factor facilitador para la construcción del socialismo en Cuba, ya que permitirá al Estado concentrarse en la elevación de la eficiencia de los medios fundamentales de producción, propiedad de todo el pueblo y desprenderse de la administración de actividades no estratégicas para el país”. O sea, se abrirán mayores espacios para la iniciativa privada y la inversión extranjera. Como parte de esta política, Raúl anunció que “se encuentran en fase avanzada las normativas jurídicas asociadas a la compraventa de viviendas y de automóviles, la modificación del Decreto-Ley 259 para ampliar los límites de tierra ociosa a entregar en usufructo a aquellos productores agropecuarios con resultados destacados, así como el otorgamiento de créditos a los trabajadores por cuenta propia y a la población en general”.

Como dice la Resolución sobre los Lineamientos: “La política económica del Partido se corresponderá con el principio de que sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución, y que en la actualización del modelo económico primará la planificación, la cual tendrá en cuenta las tendencias del mercado. Estos principios deben ser armonizados con mayor autonomía de las empresas estatales y el desarrollo de otras formas de gestión. El modelo reconocerá y promoverá, además de la empresa estatal socialista, forma principal en la economía nacional, a las modalidades de la inversión extranjera, las cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia y otras formas que pudieran surgir para contribuir a elevar la eficiencia.”

La palabra “socialismo” tiene aquí el mismo valor que en boca de los dirigentes restauracionistas chinos desde los años 80 en adelante. Hablar de tener en cuenta las tendencias del mercado e incorporar otras formas de propiedad y producción no estatales, donde la palabra “otras” puede terminar abarcando la empresa privada, es abrir las puertas a una “economía mixta”, bajo la forma inicial de un supuesto “socialismo de mercado” como forma de transición… al capitalismo.

En consonancia con este rumbo el Congreso ratificó la campaña contra el “igualitarismo”, por el incremento de la productividad laboral, así como, en nombre de acabar con las “plantillas infladas”, el plan de casi un millón y medio de despidos en el Estado, que si bien debió ser postergado, se aplicaría en los próximos cinco años “sin prisa pero sin pausa” ampliando y flexibilizando a la par el empleo en el sector no estatal.

La Resolución citada afirma que “En la política económica está presente el concepto de que el socialismo significa igualdad de derechos y de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo, y se ratifica el principio de que en la sociedad socialista cubana nadie quedará desamparado.” Pero esta definición de socialismo no tiene nada de marxista – “la igualdad de oportunidades” es un concepto burgués- aunque si se responde plenamente a los intereses de la burocracia privilegiada y los “nuevos ricos” que se forman a su vera. En cuanto a que nadie quede desamparado, eso tampoco es socialismo, sino apenas asistencialismo estatal, tal como hay en cualquier sociedad burguesa hacia los pobres e indigentes.

Raúl Castro reconoció que “la libreta de abastecimientos y su eliminación fue, sin dudas, el asunto que provocó más intervenciones de los participantes en el debate y es lógico que así fuese; dos generaciones de cubanos han pasado su vida bajo este sistema de racionamiento que, a pesar de su nocivo carácter igualitarista, brindó durante décadas a todos los ciudadanos el acceso a alimentos básicos a precios irrisorios, altamente subsidiados.” Para los dirigentes, la insuficiente cartilla de racionamiento, que al menos garantizaba a cada cubano una cuota de alimentos básicos, es el summun de los males, por su “su nocivo carácter igualitarista”, su “desestímulo al trabajo” y “generar ilegalidades diversas” y por ello, debe dejar de ser un derecho universal y ser gradualmente reemplazada por la compra en el mercado a precios “realistas” de los bienes de consumo.

Además, se ratificó el otorgamiento de mayor autonomía a las empresas estatales y más poder a los gerentes y a las instancias gubernamentales intermedias (“descentralización”), para aplicar un plan cuyo sujeto son los “cuadros” y los “jefes” de las empresas, es decir, los gerentes “socialistas”, y no los trabajadores, ya que “ El modelo excesivamente centralizado que caracteriza actualmente nuestra economía deberá transitar, con orden y disciplina y con la participación de los trabajadores, hacia un sistema descentralizado, en el que primará la planificación, como rasgo socialista de dirección, pero no ignorará las tendencias presentes en el mercado, lo que contribuirá a la flexibilidad y permanente actualización del plan.”

Alienta tendencias sociales reaccionarias

Si en lo social, se propone incrementar la presión sobre los trabajadores en nombre de las productividad laboral y el recorte de “gratuidades indebidas” en el acceso a los servicios sociales y otros derechos, el plan tomado en su conjunto alienta una mayor diferenciación social, favoreciendo a los sectores privilegiados (las capas altas de la propia burocracia y los “nuevos ricos” a ella ligados, los campesinos con acceso a mejores tierras, los artesanos, comerciantes y otros sectores autónomos mejor ubicados o ligados al turismo, quienes reciben ayuda en divisas de familiares en el extranjero, etc.), con lo que no puede sino fortalecerse el polo social restauracionista y agravare la desmoralización en sectores populares y de la juventud, que padecen todo tipo de carencias mientras campean la corrupción, la prepotencia de los “cuadros” y un nuevo “consumismo” de la burocracia privilegiada.

El plan político y los cambios en el aparato

En este plano, en el Congreso se hizo evidente el propósito de reafirmar el régimen bonapartista de “partido único” aunque ajustando sus mecanismos políticos a las necesidades del bloque dirigente.

El nuevo buró político de sólo 15 miembros mantuvo el predominio de los “históricos” y dentro de ellos, junto a Raúl y su segundo, Machado (formado en el servicio secreto) hay seis altos jefes militares. Los tres “nuevos” son la dirigente del PC de La Habana (Mercedes López) y los principales responsables del plan económico (Marino Murillo y Adel Izquierdo). El Comité Central de un centenar de miembros se renovó en alto grado (salieron 59 miembros) incorporándose mujeres y afrocubanos, pero en su seno hay una veintena de generales. El congreso no pudo resolver la formación de una nueva camada que tome el relevo de la “generación histórica”, problema que queda pendiente para la Conferencia Nacional del PCC a hacerse el año próximo y que según Raúl, sólo podrá ser resuelto gradualmente, afirmando que “Hoy afrontamos las consecuencias de no contar con una reserva de sustitutos debidamente preparados, con suficiente experiencia y madurez para asumir las nuevas y complejas tareas de dirección en el Partido, el Estado y el Gobierno, cuestión que debemos solucionar paulatinamente, a lo largo del quinquenio”. Sin embargo es posible que, más que “falta de preparación” se esté reflejando desconfianza hacia los candidatos de la llamada “segunda generación” y discrepancias con algunos sectores de la burocracia que esperaban ascender en la escala partidaria.

Queda planteado el problema de cómo preservar un poder de arbitraje entre las distintas tendencias de la burocracia, de ésta en su conjunto con las masas, cuando la base social del régimen está evidentemente muy erosionada, y en última instancia, entre lo que queda en pie de las relaciones de propiedad no capitalistas surgidas de la revolución y la adaptación creciente al mercado capitalista internacional, en tiempos donde el problema político se concentra en la inevitable “sucesión”.

Algunos azotes para la burocracia partidaria

Raúl arremetió contra la ineficiencia y el burocratismo, planteando “separar las funciones” del partido, en tanto “vanguardia organizada de la nación cubana y fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, pero subordinado a la “eficiencia” del Estado, poniendo límites a la duración en los cargos (medida a la que adhirió expresamente Fidel y que iría contra un sector de los actuales dirigentes), etc. Una iniciativa importante fue la creación de una “Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo” del plan económico de los Lineamientos, como entidad fiscalizadora de su aplicación por los distintos ministerios y dependencias.

Esto, bajo la lógica de “reducir sustancialmente la nomenclatura de los cargos de dirección (…) y delegar a los dirigentes ministeriales y empresariales facultades para el nombramiento, sustitución y aplicación de medidas disciplinarias a gran parte de los jefes subordinados, asistidos por las respectivas comisiones de cuadros, en las cuales el Partido está representado y opina, pero las preside el dirigente administrativo, que es quien decide”, o sea, agilizar las estructuras de dirección reforzando la autoridad de los cuadros.

También, se les asignaría un rol de “crítica” a los medios oficiales de prensa, TV y radio para acicatear la implmenetación de las medidas y poner coto a los abusos e ineficiencia de la baja burocracia de empresas y unidades administrativas.

En suma, como escribió Guillermo Almeyra en su nota “La apertura del VI Congreso del PC cubano”, del 17/04, se trata de “medidas de aparato para hacer más eficiente el aparato”, ejerciendo presión sobre sus sectores más reacios a adaptarse al plan, ante los que Raúl reclamó cumplir con el “denominador común en nuestra conducta: el orden, la disciplina y la exigencia”

Una mano tendida a la Iglesia

Es llamativo el espacio que ocupó el tema de la religión y las relaciones con la Iglesia en el informe de Raúl, llamando a abrir las filas del PC a “creyentes”, encomiando a la Iglesia católica y su “labor humanitaria”.

Raúl planteó que “se hace necesario continuar eliminando cualquier prejuicio que impida hermanar en la virtud y en la defensa de nuestra Revolución a todas y a todos los cubanos, creyentes o no” (…) “Los representantes de esta Iglesia manifestaron sus puntos de vista, no siempre coincidentes con los nuestros, pero sí constructivos. Esa es al menos nuestra apreciación, luego de largas conversaciones con el Cardenal Jaime Ortega y el Presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor Dionisio García. Con esta acción hemos favorecido la consolidación del más precioso legado de nuestra historia y del proceso revolucionario: la unidad de la nación.”

Ricardo Alarcón, interpretó esto como “una suerte de llamado a la unidad nacional” y que el proceso de diálogo “que se ha desarrollado con la Iglesia Católica cumplía un objetivo histórico de la Revolución cubana: la unidad nacional”; en un Congreso en “un ambiente de gran consenso patriótico, de muy amplia unión nacional y va a contribuir, por eso, a que tal convergencia patriótica se fortalezca (…)”

Con ello, se ratifica a la jerarquía católica como interlocutor y mediador con el imperialismo, como “oposición tolerada” con la que a pesar de las diferencias, parece haber tres grandes áreas de convergencia: el apoyo de los curas a los Lineamientos (presionando por avanzar más), el interés de los curas en la “reconciliación” con la emigración; y la canalización del descontento social, en lo que la Iglesia, con su aparato y su influencia, puede jugar un papel importante, que se cobrará presionando por “apertura” y “democracia”. Además, está implícita la búsqueda de un entendimiento con sectores de la emigración, con los que los curas podrían actuar como “puente” en pro del “reencuentro” y la “unidad nacional”.

¿Significa que Raúl puede conceder una cierta “apertura”? Es posible que al mismo tiempo que fortalece al bonapartismo burocrático poniendo más énfasis en el rol de los militares, se siga jugando con ciertos resquicios de tolerancia a las voces críticas, como forma de aguijonear a los sectores reticentes de la burocracia.

Entre tanto, los “excluidos” de cualquier posible “ablandamiento” formal del régimen son los trabajadores, ni un solo gesto que pudiera interpretarse como concesiones para la actividad sindical y política de los trabajadores por fuera del rígido encuadramiento en las “organizaciones de masas” del régimen –sindicatos, PCC, UJC, FMC, CDRs-, ni una apertura a derechos políticos y libertades democráticas para las masas.

¿Hacia un “socialismo de mercado”?

En suma, el cónclave del PC aprobó un plan de cinco años que si se afianza en su implementación, implicaría una mayor descentralización y autonomía de las empresas estatales y ampliación del sector privado. Las apelaciones al socialismo no pueden ocultar que en respuesta a la crisis del “modelo cubano” –es decir, ante la encrucijada a que la desastrosa dominación burocrática ha llevado a la economía de transición cubana, la burocracia está avanzando en una “vía cubana” gradual –o por etapas- hacia la restauración capitalista, al mismo tiempo que preserva el monopolio político a través del Partido llamado “Comunista” como forma de garantizar sus intereses, negociar frente a la presión imperialista y, en última instancia, reciclarse como una nueva clase poseedora.

Contra los planes restauracionistas de la burocracia y contra la contrarrevolución imperialista con su combinación de bloqueo y exigencias de “apertura económica y política”, la única alternativa es levantar un programa de revolución política para Cuba, que entre otras tareas incluya la conquista de plenas libertades de organización sindical y legalidad para los partidos políticos que defiendan a la revolución, la revisión de todas las medidas económicas en función de los intereses de los trabajadores y el pueblo, la adopción de un plan democráticamente centralizado, al abolición de las prebendas y privilegios de la burocracia y su expulsión del poder político para ser reemplazada por una verdadera democracia obrera revolucionaria, basada en las organizaciones democráticas de lucha que las masas se den. Sólo así, y de la mano de la lucha de clases internacional contra el capitalismo imperialista, se asegurará el futuro de la revolución cubana.