El próximo 7/5 se realizará en Ecuador una consulta popular convocada por el Gobierno Nacional, con el objetivo de introducir cambios en la reciente Constitución aprobada en el referéndum de 2008.

El llamado gobierno de la “revolución ciudadana” se presenta como progresista y nacionalista, como un “gobierno del pueblo”. Pero más allá de ese discurso toda su actuación, pactando con las transnacionales y los empresarios, protegiendo a los propietarios agrícolas, manteniendo la situación de explotación de los trabajadores, arremetiendo contra viejas conquistas de los maestros, estudiantes y otros sectores, etc., muestra su verdadero carácter, un gobierno al servicio de la burguesía nacional, que para cumplir con sus planes, necesita fortalecerse como un gobierno capaz de mediar y arbitrar entre las distintas fuerzas sociales, es decir, consolidarse como el “árbitro indiscutido de la nación”, eso explica el rumbo semibonapartista bajo formas democrático-formales que ha adoptado.

En este marco, el gobierno que alcanzó la presidencia con más del 60% de popularidad, que ganó la mayoría representativa en la asamblea y que logró su pico máximo con la votación positiva de la nueva constitución, se enfrentó a raíz de sus primeros giros más evidentes a derecha, con una fragmentación importante entre sus seguidores. En el 2007, Correa encabezó la marcha del 1ro de mayo en un acto unitario con todas las centrales sindicales, anunciando un cambio de época y la llegada de un gobierno que tras la larga noche neoliberal, estaría esta vez sí “del lado de los trabajadores”. Cuatro años después, esa primera relación de confianza se ve más deteriorada, al punto de que el gobierno propuso realizar -en un primer momento- la consulta popular este 1ro de mayo [1].

A esta fragmentación, se suma un importante sector del movimiento indígena que rompe con Correa a partir de su faceta más neoliberal a favor de las multinacionales mineras y petroleras, contexto en el que se produjo, por ejemplo, la brutal represión en el caso Dayuma [2].

En 2009, por otra parte, se produjeron importantes movilizaciones estudiantiles y de docentes en todo el país contra la aplicación de la nueva ley de educación superior, que profundiza el modelo de financiamiento de las universidades públicas a través de convenios con instituciones y empresas privadas. Además de establecer un Ministerio regulador en una avanzada contra la autonomía universitaria, la nueva LES modifica, entre otras cosas, la composición de la Asamblea Universitaria para desaparecer la participación de trabajadores y estudiantes, esto mientras el gobierno firma el decreto 1780, donde le asigna parte del presupuesto en educación a la Iglesia Católica para “evangelizar” a los pueblos indígenas; un verdadero ataque al derecho a la autodeterminación de las comunidades.

Sin embargo, en 2010, el gobierno logra nuevamente recuperar su imagen a partir del amotinamiento policial del 30 de septiembre, denunciado un “intento de golpe de estado”. Como decíamos en LVO 395, Correa utilizó su éxito frente a la reaccionaria sublevación policial, detonada por el rechazo a la Ley de Servicio Público, y el argumento de un golpe de Estado para relegitimarse, justificar sus medidas y recuperar base social. La resolución a esa crisis política deja en evidencia la falacia del “intento de golpe” ya que mientras los ajustes contra los trabajadores públicos pasaron y se restringieron libertades democráticas, las Fuerzas de seguridad aumentaron su poder y se aceleró la duplicación de los sueldos para la policía y los militares [3]. Por ejemplo, en el país, cada policía pasó de ganar 354,9 USD en 2006, a ganar 819 USD en 2010; en el caso de los oficiales, un Inspector General que ganaba 2259,6 USD, pasó a ganar 4705 USD en el mismo período; todo esto, mientras el salario mínimo vital que cobra la clase trabajadora aumentó en 2011 en miserables 24 USD, es decir un total de 264 USD mensuales, con una canasta vital familiar en 387,35 USD y una canasta básica familiar en 541,82 USD.

De hecho, Correa mantiene importantes acuerdos con las FF.AA., lo que le da un importante punto de apoyo a sus planes. Al mismo tiempo, con el objetivo de opacar la denuncia de algunos sectores sociales contra la represión, el gobierno busca mantener la gobernabilidad conciliando más abiertamente con los sectores empresariales, favoreciendo los intereses de las multinacionales, pero a su vez fortaleciendo a la burguesía local a partir de mantener y profundizar las condiciones de explotación de los trabajadores y judicializando toda forma de protesta, para garantizarle a los empresarios las condiciones necesarias para su normal funcionamiento [4].

Consecuente con la profundización de su giro, Correa pacta con la derecha llevar a cabo una gran campaña contra la “inseguridad” y la “delincuencia”. En todo el país, se iniciaron desde principios de año violentos desalojos de miles de familias que habitaban los cordones de miseria, especialmente en Guayas, con el propósito de erradicar las tomas (llamadas invasiones en Ecuador).

En este tema, tanto el gobierno como la oposición tienen amplia coincidencia; así en 2009, mientras Jaime Nebot, alcalde socialcristiano y fiel representante de la derecha más reaccionaria, vociferaba "Los voy a desalojar cuantas veces sea necesario con apoyo o no de las autoridades" (Hoy, 10/12/2009). Correa aseguraba que no respaldaría ningún tipo de invasión "ni justificada ni injustificada, peor si son tierras del Estado" (Hoy, 10/12/2009).

Hoy, el gobierno de Correa llama directamente a Nebot a trabajar conjuntamente contra las invasiones. Así, en su enlace sabatino 201, reconoció que coincide con el social cristiano en la necesidad de acabar con las invasiones, pues “son las causantes para tanta inseguridad y delincuencia” (Expreso, 19/12/2010).

La consulta popular

En este marco, la consulta popular tiene un claro objetivo político: plebiscitar al propio gobierno de Correa, para renovar su capital político y permitirle afirmarse más como “árbitro nacional”. Lo primero que debe señalarse es que el mecanismo de la consulta es completamente antidemocrático y un típico recurso plebiscitario, pues es el gobierno el que impone las preguntas sin que pueda expresarse ninguna otra posición, más allá del sí o no.

Las preguntas de la consulta podrían agruparse en torno a tres ejes claves: el primero de orden judicial, tiene por contenido central extender los plazos de la prisión preventiva en el caso de personas que han sido encarceladas sin recibir condena durante un año, así como también, establecer medidas sustitutivas como el arresto domiciliario en el caso de los llamados delitos menores. A este eje se suma, la elección de una nueva Corte de Justicia de entre una terna, en la que dos de sus integrantes serían en los hechos propuestos por el gobierno.

Este primer eje le permite tanto a Correa como a la derecha dar una respuesta al sentido común que vienen logrando imponer sobre la necesidad de “más seguridad”, pero a la vez, es el pretexto perfecto para profundizar su modelo de criminalización de la protesta, intentando acallar cualquier oposición por izquierda, bajo la amenaza de procesamiento por terrorismo o sedición [5].

Otro de los ejes, que ha causado polémica, sobre todo en los sectores privados, es la creación de un consejo que regule los contenidos transmitidos por los medios de comunicación, cuya propiedad no podrá estar más a manos de banqueros. Sin embargo, la incautación de los medios de comunicación que pertenecieron a los banqueros beneficiados por el feriado de Mahuad [6], han pasado a ser controlados por el Estado y sectores de su burocracia, retransmitiendo constantemente propaganda oficial. Ninguno de los medios actuales controlados por el oficialismo y la derecha sirven como vía de expresión de los sectores sociales; de hecho a varias radios comunitarias se les ha retirado la frecuencia por oponerse al oficialismo [7].

Y si quisiéramos plantear un tercer gran eje, tanto la penalización del enriquecimiento ilícito como la consideración de delito a la no afiliación de los trabajadores al seguro social [8], por parte de sus empleadores, parecerían ser dos preguntas encaminadas a afectar los intereses de la clase empresaria; sin embargo, la más profunda contradicción reside en la propia realidad laboral del país, pues si bien el oficialismo festeja haber avanzado en la eliminación de la tercerización a través de la aprobación del mandato ocho; éste finalmente solo cumple una función sustitutiva de la figura de contrato por horas por una nueva: prestación de servicios, es decir, más de lo mismo con distinto nombre.

Por otra parte, si de enriquecimiento ilícito se trata, los grandes súper explotadores como Alvaro Noboa,-ex candidato presidencial por el PRIAN y uno de los diez hombres más ricos del mundo- quién amasó su fortuna a costa del trabajo de niños y niñas en sus bananeras, goza de absoluta impunidad. De hecho, el propio oficialismo se negó a continuar una investigación que pesaba en su contra por evasión de impuestos.

Así es que, mientras la clase empresaria sigue beneficiándose y siendo cada vez menos "la voz opositora", la situación para miles de trabajadoras y trabajadores sigue siendo infamemente precaria; en Ecuador se puede llegar a trabajar 12 horas diarias por menos de 200 dólares al mes.

Reacciones en la izquierda

La consulta de Correa es rechazada por varios sectores del movimiento indígena y de la izquierda, que llaman a votar por el NO, remarcando la concentración de poder en el ejecutivo y el contexto del ataque a las luchas sociales en el que se produce. Sin embargo, los límites de los sectores como Pachakutik y la CONAIE, es que denuncian al gobierno sin levantar una política de independencia, tanto del oficialismo como de los sectores de derecha. Es así, que para enfrentar los ataques de Correa terminan haciéndolo de la mano, por ejemplo de los socialcristianos, los mismos que históricamente han defendido a las grandes patronales nacionales y multinacionales en contra de los intereses del pueblo trabajador y pobre.

En el caso del Movimiento Popular Democrático, que salió a defender el reaccionario amotinamiento policial del 30S, al que consideraban una lucha de "trabajadores" por sus reivindicaciones gremiales, queda pegado a la hora de enfrentar a Correa con nada menos que el aparato represivo, es decir, con los mismos encargados de militarizar y desalojar a los sin techo, criminalizar la pobreza y reprimir a los que protestan. No se puede enfrentar los ataques del gobierno, de la mano de quienes los ejecutan.

Por esta razón, para dar una salida de fondo a los problemas del país, es necesario abrir el camino a la liberación social y nacional desarrollando una política independiente.

En lugar de subordinar el movimiento de los trabajadores, campesinos, pueblos indígenas y sectores populares al gobierno de la “revolución ciudadana”, como hacen sectores “progresistas” hace falta desplegar abiertamente la lucha por sus legítimas reivindicaciones y contra las medidas reaccionarias y represivas que viene adoptando Correa. Hace falta pelear por la plena independencia de los sindicatos y organizaciones de masas respecto al gobierno de Correa, como frente a toda otra variante de colaboración de clases con la burguesía. La clase obrera ecuatoriana ha sufrido en las últimas décadas duros golpes en su organización, perdido conquistas, y fragmentado sus filas. De esta manera, no pudo jugar un rol dirigente en los grandes procesos de lucha protagonizados por los indígenas, campesinos y sectores populares. Sin embargo, está planteada la necesidad de que la clase obrera, a partir de la lucha por el salario y el conjunto de sus demandas, avance en la experiencia política con el gobierno de Correa, para constituirse como un sujeto social y políticamente diferenciado, capaz de unir sus filas y dotar de una perspectiva política independiente y de clase a la alianza obrera, campesina y popular.