Por Grupo simpatizante de la FT-CI en Uruguay

El pasado 20 de mayo se llevó a cabo la votación de la ley interpretativa en la cámara de diputados. Esta ley ya contaba con media sanción en la de senadores. La misma terminó empatada en 49 votos debido al retiro de la sala del diputado frenteamplista Semproni luego de haber argumentado en contra, y por lo tanto la ley interpretativa de la Ley de Caducidad no fue aprobada.

Con esta votación, el FA ha mostrado, quizá más que nunca para quién viene gobernando desde la asunción en 2004 de Tabaré Vázquez.
Con la salida de la dictadura, el Frente Amplio fue girando progresivamente hacia posiciones más de derecha, preparándose para gobernar y ser cada vez más un partido confiable para la burguesía.
Lo demostró en la Intendencia de Montevideo donde gobierna desde el ‘89, con privatizaciones, tercerizaciones, precarización, militarización, represión, etc. Y lo mostró en el gobierno nacional, favoreciendo grandes ganancias para los capitalistas.
Pero, quizá de manera más clara que nunca, la votación de la Ley Interpretativa (que abría las puertas a un posible juzgamiento de militares) fue el último capítulo de una larga práctica política que apunta a reconciliarnos con las fuerzas armadas y evitar el castigo a los torturadores.

Ante la opinión pública, pero fundamentalmente ante su propia base (cuando muchos de sus militantes sufrieron directamente el accionar represivo) la dirigencia del FA mostró su intención reconciliadora.
Es que si se elige gobernar para la burguesía, es claro que hay que preservar el propio aparato armado con que los capitalistas como clase explotadora defienden sus privilegios. El golpe cívico militar fue la respuesta de una clase amenazada por el ascenso obrero, y por eso es vital que quede impune. Ahora el FA y la burguesía necesitan de unas fuerzas represivas con impunidad y legitimidad ante el conjunto de la sociedad para usarlas en la campaña de criminalización de la pobreza con razzias en los barrios pobres, y cuando los intereses de la burguesía se vean amenazados por los reclamos de la clase trabajadora y sectores populares.

Cuando Mujica, Astori, Vázquez, Huidobro, Semproni hablan sin tapujos de perdonar a los asesinos, olvidar y mirar hacia adelante, es porque quieren cerrar este capítulo de la historia dejando intacta a una de las instituciones pilares del régimen democrático burgués (las FFAA). Con esta política, el FA sigue enviando muestras claras hacia la clase dominante de que como partido defiende cada vez más sus intereses y protege sus privilegios y a su estado, sus instituciones y su fuerza de choque.

El gobierno hoy hace agua frente a la contradicción entre el reclamo histórico de juicio y castigo contra los crímenes de la última dictadura y el objetivo de una reconciliación y “unidad” nacional que sea una base sólida para continuar y profundizar la explotación, la pobreza y la desigualdad. Las idas y vueltas de estos últimos meses son también evidente expresión de su viraje y alejamiento de los intereses de su base popular.

Es necesario sacar las conclusiones

Toda acción del Frente Amplio en el tema de los DDHH se basó en la falsa ilusión de que la simple presión institucional permitiría el juzgamiento. Primero legitimó la impunidad que se negoció en la transición pactada y luego llamó a confiar en las instituciones de la democracia burguesa, en sus mecanismos de dominación y sus vías para resolver los conflictos, como la trampa del plebiscito. Llamaron a confiar en políticos burgueses (como en la dictadura nos hicieron confiar en W. Ferreira Aldunate que después votó la caducidad), trataron de dejar el tema en el pasado y ahora proponen la reconciliación.

Hoy es claro que la única política eficaz para conseguir elementales derechos democráticos es la movilización popular y la lucha en las calles por verdadero juicio y castigo a todos los culpables.
Es necesario poner en pie un movimiento democrático independiente que imponga las demandas básicas de cárcel para todos los represores de todos los crímenes contra la clase obrera y el pueblo (la cárcel, la desaparición, la tortura, el exilio, los despidos, las persecuciones); así como para sus cómplices civiles.

A qué juega el PCU

Con superficiales roces el PCU sigue cerrando filas con Mujica y el FA, sosteniéndolo a éste y perpetuando el actual modelo económico.
Son ejemplos recientes la votación en la Cámara de Representantes de la Ley de Participación Público-Privada (con el voto de comunistas incluidos) -que habilita la privatización de las empresas públicas- y los ataques desde el gobierno municipal comunista contra las luchas sindicales, con militarización de los servicios incluida.
Avaló la política de reconciliación participando de esa garantía de impunidad que fue el Pacto del Club Naval e impulsando la desmovilización en los ‘90 para impedir el surgimiento de un masivo movimiento democrático y movilizado por los DDHH.
Hoy con su discurso de “conocer la verdad” y esporádicos llamados por “Justicia” se cuida de no levantar realmente las banderas de lucha por el Juicio y Castigo a los represores.

El Paro del 19 y la Marcha de Silencio del 20

El pasado 1° de mayo con el mismo Mujica (que festejó el Bicentenario brindando con los militares y la derecha) en la tribuna, la burocracia sindical del PIT-CNT alineada con el FA llamó a un paro “festivo” para el día de la votación. Lo hacía confiando en el Parlamento y los diputados frenteamplistas, pero cuando vieron que el FA se daba vuelta, intentaron hacer del Paro del 19 una presión in extremis. Con esto, la burocracia desvió todo el potencial de lucha obrera que se podría expresar en un paro general y depositó las energías de los trabajadores en la confianza en que la impunidad se terminaría por vía parlamentaria y confiando en las instituciones de este régimen.
Al día siguiente se realizó la tradicional Marcha de Silencio. La pasividad y la impotencia de decenas de miles de manifestantes expresaban también la bronca por el avance de la impunidad producto de una política de confiar en los partidos del régimen.

Juicio y castigo a TODOS los responsables, civiles y militares, por TODOS los crímenes!

Cárcel común y efectiva!

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!