En la primera entrega de esta serie, abordamos la subordinación política, militar y diplomática a los EE.UU. que se expresa en la llamada “lucha contra el narco”, así como las transformaciones operadas en los carteles mexicanos.

Descomposición del estado y cambio de régimen político

El proceso de “transición a la democracia” implicó un cambio del viejo priato al “régimen de la alternancia”, con un mayor peso de formas democráticas-burguesas expresada por ejemplo en el rol del Congreso de la Unión, y su articulación con el viejo bonapartismo expresado en el peso de la figura presidencial. La “alternancia” y la pérdida de la presidencia por parte del PRI, significó no sólo un mayor peso de la oposición burguesa en las instituciones, sino también una relativa fragmentación del poder político y la ruptura del monolitismo que caracterizó al régimen de partido-estado (el priato), expresado por ejemplo en el ascenso de la importancia de los gobernadores (donde en este nuevo régimen se expresó el poder político del PRI).

En las décadas previas la asociación entre los carteles y distintas instituciones asumía una forma más claramente establecida y “reglamentada”, lo cual respondía a la existencia de un régimen bonapartista con clara capacidad de dominio político y militar. Las transformaciones en el sistema político –que implicaron la ya citada debilidad y fragmentación respecto al monolitismo vertical del viejo bonapartismo mexicano– son el contexto en el que se da el ascenso del poder de los carteles y marcan la asociación, y la forma que ésta asume, entre aquellos y los mandos policiales, militares y políticos a distintos niveles de las estructuras del estado mexicano. Testimonio de esto es que se calcula que un tercio de los integrantes de los distintos carteles que han sido detenidos son ex militares y ex policías.

La llamada “infiltración” del estado –que como dijimos en la entrega anterior, tiene el carácter de una verdadera “asociación”–, la corrupción y la adopción de prácticas que la misma legislación burguesa ubica en el terreno de la “ilegalidad”, así como la utilización más abierta de las fuerzas militares, echa por tierra cualquier consideración de que México accedió a una “mayor democracia” en el año 2000, y es expresión del carácter profundamente degradado de la democracia burguesa mexicana, de la continuidad de las viejas prácticas del bonapartismo, y de su agravamiento y profundización, arrastrando así una creciente pérdida de legitimidad a los ojos de las más amplias masas.

Pero no sólo enseña las miserias del régimen político, sino que evidencia la profunda descomposición que corroe al estado burgués semicolonial. Como decíamos en EO 82, se muestra la subordinación creciente a los dictados del imperialismo estadounidense en el terreno político y militar, expresado, por ejemplo, tanto en la militarización como en la continuidad de la política prohibicionista. Esa subordinación –que como escribimos antes, condujo en los años ‘80 al crecimiento del poder de los señores del narco– es la base de la coexistencia y asociación del estado mexicano con el narcotráfico. La corrupción que corroe a las instituciones militares y políticas –donde militares y políticos se evidencian como verdaderos socios del narcotráfico– expresa la descomposición de las mismas, que ya no pueden ni siquiera mantener la apariencia de ser los pilares del estado burgués y los defensores de la legalidad. La consecuencia de esto es que las instituciones del estado son parte de la guerra entre carteles, ya no –como lo proclaman las leyes burguesas y los discursos presidenciales– como “salvaguarda del estado de derecho”, sino como parte interesada en el negocio, perdiendo capacidad de control territorial y minando así el principio del estado burgués que es el “monopolio de la violencia”. A la pregunta que se formulan muchos periodistas ¿El estado donde esta?, la respuesta es que el estado, a distintos niveles y a través de miles de sus funcionarios, está asociado a los diversos carteles adversarios y esa es la base de su implicación y participación en la “narcoguerra”.

Militarización y “guerra contra el narcotráfico”

La “guerra contra el narcotráfico” no es entonces un intento por “restablecer el estado de derecho” ni busca el “interés de los ciudadanos”. La militarización creciente es una estrategia gubernamental que tiene varios objetivos políticos, militares y sociales. Por una parte, es la forma de participar en la sangrienta guerra entre carteles, como respuesta “de contragolpe” al hecho de que los militares y políticos coludidos con determinadas facciones de narcotraficantes sufren los embates (ejecuciones, narcomantas, secuestros, etcétera) de las facciones contrarias. Las muertes por el narcotráfico entre los funcionarios públicos son el resultado de esta salvaje guerra entre carteles y de la incorporación, de sectores del propio estado, al negocio del tráfico ilegal de estupefacientes.

Es también una respuesta para disciplinar y limitar el descontrol de sangre y fuego desatados por los narcotraficantes, que como resultado de su carácter lumpen y delincuencial, responden a cada agresión de sus adversarios con un espiral de violencia, utilizando para ello los servicios de sicarios –en muchos casos provenientes de los grupos especiales del ejército mexicano, los kahibles centroamericanos o bandas lumpenes como las maras salvatruchas– que hacen uso de acciones de terror propagandístico, como el desmembramiento de cuerpos, las decapitaciones, etcétera. Los casos más sonados son los Zetas (inicialmente militares del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, fuerza contrainsurgente que fueron reclutados como sicarios por el Cartel del Golfo, que luego se “independizaron” y que se han reproducido como los hongos en la lluvia, reclutando jóvenes a los cuales entrenan) y la banda de Edgar “la Barbie” Villarreal, que rivalizaban en cuanto al salvajismo demencial puesto en práctica, que después terminaron asociándose coyunturalmente y finalmente volvieron a enfrentarse. El Ejército Mexicano ha utilizado métodos similares de carácter “propagandístico” como el escarnio público al cadáver del conocido narco “Barbas” Beltrán Leyva, cuyo cuerpo destrozado por las balas expansivas fue exhibido cubierto de billetes. Distintos periodistas e investigadores sostienen que la acción militar persigue no solo el objetivo de disciplinar, sino también de favorecer a un sector –concretamente la Federación o Cartel de Sinaloa, liderada por Chapo Guzmán– y aniquilar a sus enemigos.

La mencionada “asociación” entre instancias gubernamentales y estatales y el narco no es una sociedad pacífica, armónica ni permanente. Puede cambiar en función de las alineaciones y las confrontaciones existentes entre los narcos, y también puede ser violentada por la acción de distintos sectores del propio estado. A lo largo de las últimas décadas, los distintos señores del narco han gozado de los privilegios de contar con el favor del estado, de la misma forma luego han caído del mismo. El hundimiento de los Beltrán Leyva es una muestra de ello: cuando comenzaron a ser competencia para el cartel de Sinaloa, rápidamente se convirtieron en “prioridad estratégica 1” para los servicios de inteligencia. De igual forma, los rumores que circulan en torno a la muerte de Juan Camilo Mouriño muestran en sí mismos –más allá de cuanto tengan de verdad– lo que no podía ser ni siquiera pensado bajo el viejo priato: la posibilidad de que el Secretario de Gobernación y “delfín” presidencial sufriese un atentado ordenado por el Mayo Zambada (socio de Guzmán Loera) en respuesta a una descoordinación entre las fuerzas militares que terminó con el encarcelamiento del hermano de aquel y la “violación” del supuesto acuerdo entre el cartel de Sinaloa y los altos funcionarios de la SSP. Reiteramos: sin hacernos eco de los rumores en torno a este hecho, la sola suposición –que realizan periodistas supuestamente documentados–, de que en el mismo puedan estar involucrados sectores del narco, es una muestra de hasta adonde podría llegar las consecuencias de la vinculación entre los barones del narcotráfico y las instancias gubernamentales y del poder de aquellos. Nos detuvimos previamente en el objetivo específico que la guerra contra el narco tiene en relación a limitar la acción de los carteles –tanto en lo que refiere a los enfrentamientos entre sí como a los ataques directos a sus socios, los funcionarios del estado.

La militarización tiene también un objetivo claro y evidente en relación al movimiento de masas, con el fin de atemorizar a los trabajadores y el pueblo, cercenar las libertades democráticas más elementales –generando en entidades enteras un verdadero estado de sitio–, y preparar las condiciones para la persecución, el aislamiento y el asesinato de luchadores sociales y de derechos humanos, así como de verdaderos juvenicidios y feminicidios, sembrando además sobre las víctimas de los mismos la calumnia de supuestas vinculaciones con el “crimen organizado”. La militarización golpea duramente sobre los trabajadores y el pueblo, y siembra un manto de terror que actúa contra cualquier intento de defender sus derechos más elementales, generando una situación abiertamente reaccionaria, cuando menos en las entidades más marcadas por este proceso (como el noroeste, el noreste y estados del centro del país), e intenta preparar las condiciones para establecer condiciones similares en los estados del centro y del sur del país. Aquellos se ven envueltos en el fuego cruzado entre los distintos carteles del narcotráfico y las fuerzas estatales, con la consecuencia de muertos y desaparecidos. Son víctimas de secuestros, violaciones y levantones, sea con el fin de obtener rescates, o de obligarlos compulsivamente a realizar distintas actividades vinculadas al narcotráfico. El ejemplo más sonado de esto ha sido el secuestro de migrantes centro y sudamericanos, realizados por bandas de narcotraficantes asociados con los agentes migratorios mexicanos. La dimensión de la muerte ha llegado al punto que se ha acuñado un nuevo término (juvenicidios) para describir los asesinatos de jóvenes que se han dado en determinados momentos de la “narco guerra”, y que activistas democráticos y derechos humanos han sido perseguidos y asesinados tanto por los narcotraficantes como por los militares, como es el caso de Maricela Escobedo o los jóvenes y universitarios activistas de Ciudad Juárez. La militarización ha significado un recorte sistemático de las libertades democráticas, con cientos de asesinados a manos del ejército, restricción al tránsito y la movilidad (como los retenes), generalización de las extorsiones a cualquier ciudadano, etcétera. Al cobijo de la misma crecen los feminicidios y los juvenicidios. Como denuncian valerosamente organizaciones de Ciudad Juárez y otros puntos del país, la militarización también sirve para evitar la movilización y acción de las organizaciones democráticas, obreras y populares, y es claramente funcional a garantizar la explotación, opresión y miseria de las masas mexicanas, y ponerlas indefensas ante las extorsiones y la violencia de narcos y militares.

En el próximo artículo, desarrollaremos algunas tesis sobre el carácter social del narcotráfico y la respuesta de los socialistas revolucionarios frente al mismo y a la reaccionaria militarización impulsada por el gobierno de Calderón.

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