Junto a la elección de Boudou como vice, la noticia del armado electoral de CFK fue la veintena de jóvenes funcionarios de La Cámpora en las listas de candidatos a diputados, que fue presentada como el pasaje “de la vieja a una nueva generación”. Más allá que las listas de la provincia de Buenos Aires fueron integradas junto a los hombres del viejo aparato de Scioli y los primeros puestos a diputado y senador nacional son para los duhaldistas “portador sano” Julián Domínguez y Aníbal Fernández, hoy con Cristina, el gobierno mostró la voluntad de contar con legisladores que le respondan plenamente como fuerza propia para un periodo donde arreciarán las disputas internas.

El ascenso de La Cámpora es anunciado como el reemplazo de los representantes del viejo pejotismo por un nuevo personal político, pero esto es solo una cara más superficial de la cuestión. La más significativa es la caída en la participación en los cargos públicos de la CGT y los movimientos sociales, como los de Pérsico y D’Elía, que el kirchnerismo supo integrar en puestos legislativos y ejecutivos cuando debía surfear sobre las últimas olas de las jornadas de diciembre de 2001. En este sentido, Cristina se postula como el cierre del ciclo que dio origen al kirchnerismo. La medida apunta al gusto de las clases medias, pero contiene un tiro por elevación contra la clase trabajadora. Mientras CFK aleja lo mas posible a los “impresentables” burócratas sindicales de los cargos públicos (aunque mantendrán impunidad y serán sostenidos desde arriba) en realidad, el gobierno busca sacarse de encima toda presión de compromisos políticos con las organizaciones del movimiento obrero, así esa fuerza sea distorsionada y traicionada por los burócratas y alcahuetes de las cúpulas gremiales. Los funcionarios de La Cámpora sin sindicatos ni organización territorial alguna a la que responder, serán insospechables de recibir alguna presión social que no sea la del Estado que paga sus funciones, para que actúen como una capa de comisarios políticos al servicio de la camarilla de los K. Es otra forma de garantizar gobernabilidad para la clase capitalista, mediante una burocracia estatal renovada, distinta a la del gesto de Lilita Carrió que, más fiel a su clase, directamente abrió la lista de la Coalición Cívica al jefe de la corporación sojera y ganadera Mario Llambías, uno de los cuatro jinetes de la Mesa de Enlace, como primer diputado. El mensaje de Cristina al establishment es que le dará menos poder político a los sindicatos en su alianza de gobierno en el segundo mandato. Esto confirmaría las versiones de que, entre las promesas de “ajustes del modelo” ante los empresarios, habrá menos margen de negociación en las paritarias, aún mas acotadas y con techos salariales más bajos, como parte de lo que se viene con CFK 2011.

Esto no significa que el gobierno dejará en banda a la burocracia sindical. Lo muestra el aval oficial del ministro de Trabajo y candidato Tomada a que la Lista Verde de la Unión Ferroviaria, los cómplices del asesino Pedraza, organice y se intente legitimar en las próximas elecciones del gremio en el Roca. La Cámpora, también, busca presentarse en una lista del gremio ferroviario (la Azul y Blanca), sin haber tenido nunca un trabajo sindical pero sostenidos desde la billetera oficial, para postularse como el recambio a Pedraza junto a sectores desplazados de la burocracia pedracista. En realidad para intentar impedir el triunfo de una genuina representación de la “nueva generación” de ferroviarios, el frente de las agrupaciones clasistas, donde participamos el PTS y el PO, junto a los luchadores que hicieron posible el fin de la tercerización pero a quienes no se les permite postularse como delegados en la “democracia sindical” bajo los K. Esta proscripción a los luchadores y al clasismo en el terreno sindical, va de la mano del intento de proscripción política para la izquierda en las elecciones de octubre y, en especial, de la persecución con causas penales para los que luchan como a quienes cortaron vías logrando la mayor conquista de la clase trabajadora en décadas.

El frente de oposición que se acaba de conformar en el sindicato ferroviario, con mas de 100 candidatos a delegados entre las listas Gris (del PO) y la histórica lista Bordó que impulsa el PTS y los clasistas del periódico Nuestra Lucha, ha dado un importante paso programático al proponer que los rentados sindicales ganen lo mismo que un ferroviario de su categoría, como forma de enfrentar los mecanismos de cooptación y burocratización en las organizaciones obreras (ver páginas centrales). Este principio que, en el terreno de la organización gremial, está inscripto en los estatutos clasistas del Sindicato Ceramista de Neuquén, fue levantado en la reciente campaña electoral a escala de la representación política de la clase trabajadora por los dirigentes de Zanon bajo control obrero, Alejandro López y Raúl Godoy, que fueron electos como primeros legisladores del Frente de Izquierda. Ante los discursos vacíos de la centroizquierda sobre una “nueva política”, en realidad fueron los candidatos obreros del FIT los que plantearon la única novedad: cobraran como diputados lo mismo que en la fábrica, rotarán en sus puestos con el resto de las fuerzas del frente y pondrán la banca y sus dietas al servicio de la lucha en las calles a la que someterán el control de su mandato. Esta bandera es levantada ahora, en todas las provincias y ciudades del país, por los candidatos del Frente de Izquierda: que en todos los cargos públicos se gane como un trabajador y sean revocables bajo el control de sus electores.

Una demanda que, sabemos, no van poner en práctica los partidos del régimen de la democracia para ricos porque precisamente “son” una casta de políticos al servicio de los capitalistas, y son los capitalistas los que quieren tenerlos como empleados medianamente bien pagos, para defenderlos más fielmente, y lo más lejano posible del pueblo trabajador. Sólo los legisladores de los trabajadores, los que no quieren hacer “carrera política” sino ponerse al servicio de la liberación de los explotados, son capaces de ejercer su función política compartiendo el nivel de vida de los trabajadores y junto a sus luchas. Se suele argumentar la necesidad de sueldos altos para los funcionarios públicos porque, un buen pasar, vendría a ser “la garantía” para que no caigan en la tentación de ser comprados directamente por los lobbies empresarios. Pero esta posibilidad, que de todas formas no se evita con sueldos altos como se demostró en la Ley Banelco, entre tantas, solo demuestra que no hay una democracia efectiva de la gran mayoría explotada, que no sea corruptible, sin terminar con la clase corruptora, la de los capitalistas. Continuando con el ejemplo de ferroviarios, el primer golpe de muerte a los negocios de la mafia que integran los funcionarios públicos de la UGOFE junto a la burocracia de Pedraza, es terminar con el poder de los empresarios privados en el transporte público y nacionalizarlo plenamente bajo administración de sus trabajadores. A escala general, el autogobierno de los trabajadores y el pueblo pobre sólo podrá ser efectivo con la expropiación de los terratenientes, la banca y la gran industria.

Toda conquista en el parlamento de la democracia para ricos, como la banca de los trabajadores del Frente de Izquierda en Neuquén, debe ser puesta al servicio de agitar y propagandizar las ideas que ayuden a la lucha extraparlamentaria por esos objetivos.

Jueves 30 de junio de 2011

DE "EL ESTADO Y LA REVOLUCION"

Lenin y la Comuna de París

“En vez de instituciones especiales de una minoría privilegiada (la burocracia privilegiada, los jefes del ejército permanente), puede llevar a efecto esto directamente la mayoría, y cuanto más intervenga todo el pueblo en la ejecución de las funciones propias del Poder del Estado tanto menor es la necesidad de dicho Poder.

En este sentido, es singularmente notable una de las medidas decretadas por la Comuna, que Marx subraya: la abolición de todos los gastos de representación, de todos los privilegios pecuniarios de los funcionarios, la reducción de los sueldos de todos los funcionarios del Estado al nivel del “salario de un obrero”. Aquí es precisamente donde se expresa de un modo más evidente el viraje de la democracia burguesa a la democracia proletaria, de la democracia de la clase opresora a la democracia de las clases oprimidas, del Estado como “fuerza especial “ para la represión de una determinada clase a la represión de los opresores por la fuerza conjunta de la mayoría del pueblo, de los obreros y los campesinos. ¡Y es precisamente en este punto tan evidente – tal vez el más importante, en lo que se refiere a la cuestión del Estado – en el que las enseñanzas de Marx han sido más relegadas al olvido! En los comentarios de popularización – cuya cantidad es innumerable – no se habla de esto. “Es uso” guardar silencio acerca de esto, como si se tratase de una “ingenuidad” pasada de moda, algo así como cuando los cristianos, después de convertirse el cristianismo en religión del Estado, se “olvidaron” de las “ingenuidades” del cristianismo primitivo y de su espíritu democrático-revolucionario.

La reducción de los sueldos de los altos funcionarios del Estado parece “simplemente” la reivindicación de un democratismo ingenuo, primitivo. Uno de los “fundadores” del oportunismo moderno, el ex-socialdemócrata E. Bernstein, se ha dedicado más de una vez a repetir esas burlas burguesas triviales sobre el democratismo “primitivo”. Como todos los oportunistas, como los actuales kautskianos, no comprendía en absoluto, en primer lugar, que el paso del capitalismo al socialismo es imposible sin un cierto “retorno” al democratismo “primitivo” (pues ¿cómo, si no, pasar a la ejecución de las funciones del Estado por la mayoría de la población, por toda la población en bloque?); y, en segundo lugar, que este “democratismo primitivo”, basado en el capitalismo y en la cultura capitalista, no es el democratismo primitivo de los tiempos prehistóricos o de la época precapitalista. La cultura capitalista ha creado la gran producción, fábricas, ferrocarriles, el correo y el teléfono, etc., y sobre esta base, una enorme mayoría de las funciones del antiguo “Poder del Estado” se han simplificado tanto y pueden reducirse a operaciones tan sencillísimas de registro, contabilidad y control, que estas funciones son totalmente asequibles a todos los que saben leer y escribir, que pueden ejecutarse en absoluto por el “salario corriente de un obrero”, que se las puede (y se las debe) despojar de toda sombra de algo privilegiado y “jerárquico”.

La completa elegibilidad y la revocabilidad en cualquier momento de todos los funcionarios sin excepción; la reducción de su sueldo a los límites del “salario corriente de un obrero”: estas medidas democráticas, sencillas y “evidentes por sí mismas”, al mismo tiempo que unifican en absoluto los intereses de los obreros y de la mayoría de los campesinos, sirven de puente que conduce del capitalismo al socialismo. Estas medidas atañen a la reorganización del Estado, a la reorganización puramente política de la sociedad, pero es evidente que sólo adquieren su pleno sentido e importancia en conexión con la “expropiación de los expropiadores” ya en realización o en preparación, es decir, con la transformación de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción en propiedad social.

“Al suprimir las dos mayores partidas de gastos, el ejército y la burocracia, la Comuna – escribe Marx – convirtió en realidad la consigna de todas las revoluciones burguesas: un gobierno barato”.