“Nuestra revolución continúa”, esta fue una de las principales consignas del último “viernes de ira” el 8/7, que convocó cientos de miles de personas en Tahrir para exigir que se aceleren los juicios a Mubarak y sus funcionarios, especialmente los policías acusados por la muerte de casi 1.000 personas durante el levantamiento de enero-febrero de 2011.
Desde hace meses, crece la impaciencia frente al gobierno militar que ha incumplido muchas de sus promesas y, al contrario, ha mantenido en vigencia el estado de emergencia que restringe las libertades democráticas y ha promulgado nuevas leyes y decretos reaccionarios como la ley antihuelgas que prohíbe cualquier acción obrera que obstaculice la economía.
Luego de la masiva movilización del viernes 8/7 y las continuas protestas en Alejandría y Suez contra la policía, el Consejo Supremo debió dar a conocer algunas “concesiones” con respecto a los juicios. Sin embargo, muchas organizaciones denunciaron al mismo momento de los anuncios que solo se trataba de promesas para desactivar las protestas.

El clima de descontento en Suez se ve potenciado además por la larga lucha de los trabajadores de las empresas subsidiarias del Canal de Suez, que exigen iguales condiciones salariales y laborales que sus compañeros empleados en el canal. Durante el fin de semana, el ejército dispersó bloqueos cercanos al Canal disparando tiros al aire y reprimió los piquetes de los trabajadores. La huelga de Suez preocupa no solo al CSFA, ya que representa un cruce estratégico para el petróleo y cualquier interrupción generaría pérdidas millonarias. El canal representa uno de los principales ingresos del país: solo durante mayo de 2011 recaudó 436.600 millones de dólares. Por eso, el gobierno accedió a la intervención del Ejército, una institución que intenta preservar y evita que participe en la represión de protestas. A esta situación se suma el cuestionamiento a la venta de gas a Israel y los recientes ataques al gasoducto que conduce el gas a ese país (el último sucedió el lunes 11/7). A su vez, la lucha del pueblo palestino gana cada vez más simpatía entre la juventud y el pueblo de Egipto y la exigencia del fin de las relaciones con el Estado de Israel tiene creciente eco en las manifestaciones.

La huelga en Suez y la represión del ejército despertó la solidaridad de los jóvenes que acampaban en Tahrir desde el viernes, una unión que simboliza la alianza obrero-popular que motorizó las protestas de enero-febrero y a la vez destaca a los dos sectores que están a la vanguardia en enfrentar al gobierno de transición. Son cada vez más los sectores que critican al gobierno por su dura política represiva contra los activistas y trabajadores en huelga y su lentitud en juzgar a los políticos corruptos y la policía.

Cuestionamiento a la “transición democrática”

El retraso en responder a las expectativas democráticas y sociales, y la represión a los sectores de vanguardia vuelven cuestionar la propia “transición (cada vez menos) democrática” liderada por el Consejo Supremo de las FFAA. La represión a los familiares de las víctimas de la represión ha servido como disparador del descontento que existe entre varios sectores, especialmente jóvenes, estudiantes y trabajadores. El creciente descontento se filtra incluso en organizaciones como los Hermanos Musulmanes, que a pesar de su rol de garante de la estabilidad de la transición y su defensa del orden establecido, y aunque había adelantado que no se sumaría al nuevo “viernes de ira”, tuvo que participar a último momento por la masiva convocatoria.

El martes 12/7 una vez más miles marcharon a Tahrir, cantando consignas contra el Consejo Supremo de las FFAA; hubo sectores que incluso llegaron a corear “Que se vaya Tantawi” (Mohamed Hussein Tantawi, presidente interino). El momento actual muestra dos aspectos contradictorios del proceso revolucionario en curso. Por un lado, deja al descubierto los límites de las jornadas de enero-febrero que no llegaron a desarticular una institución clave del Estado como son las FFAA que, al contrario, se ubicó al frente de la transición “democrática”. Por el otro, las nuevas manifestaciones y la continuidad de las protestas muestran que el proceso, cuyo punto más alto fue la caída de Mubarak, continúa abierto y las demandas que lo motorizaron siguen más vigentes que nunca, generando una gran inestabilidad en el gobierno de “transición”.

Una vez más miles exigen el fin del estado de emergencia, juicio y castigo a los responsables de la represión y el respeto de las libertades básicas como el derecho a huelga, hoy restringido por las leyes antidemocráticas. Así como los trabajadores fueron protagonistas de las jornadas que culminaron en la caída del dictador Mubarak, vuelven a ser quienes, en alianza con la juventud y el pueblo pobre, pueden enfrentar la trampa de la transición democrática, las elecciones y la continuidad del régimen sin Mubarak.

13 de julio de 2011