Si la causa armada por Aníbal Fernández contra el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero fuese una operación que el Jefe de Gabinete de CFK hizo por su cuenta estaríamos, entonces, ante flor de conspiración del “duhaldista portador sano”, como se autodefinió Fernández, contra su propio gobierno. Tratándose, además, del candidato a primer senador del FPV, esa posibilidad es tan inverosímil como las “pruebas” presentadas por la “inteligencia” policial a la Justicia y que intentan culpar a Sobrero y a los ferroviarios de quemar vagones.

Más bien se demuestra que la prédica permanente de Cristina Kirchner contra el sindicalismo de base y la izquierda -que la presidenta volvió a repetir hace algunas semanas difamando a los delegados de subte-, es llevada de las palabras a los hechos por su propia tropa. Lo certifica que la operación haya sido difundida por el diario Tiempo Argentino, el vocero del núcleo duro de los K, y por los inefables periodistas de 678, los mismos que, apenas asesinado Mariano Ferreyra, divulgaron la teoría de “la conspiración duhaldista”. Otra prueba contundente es la denuncia de los periodistas de Télam sobre la orden de Abal Medina, una primera espada del cristinismo, de censurar en la agencia oficial la cobertura de la marcha por la liberación de Sobrero del pasado lunes. Con todo, la operación fue desbaratada, Sobrero liberado y el gobierno sufrió una importante derrota política. Sin embargo, el juez que trató de “infeliz” a la Policía Federal que nutrió la causa, mantiene imputados a Sobrero y al ex ferroviario Portorreal, y ahora propone pasarlos de la sartén al fuego pidiendo la intervención de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), un aparato montado para espiar a los luchadores sociales y opositores políticos que debería ser disuelto. Se necesita una comisión investigadora independiente con plenos poderes y encabezada por los ferroviarios que investigue hasta el final quién y cómo armó esta causa, que saque a luz las verdaderas relaciones entre el gobierno y la empresa concesionaria del Sarmiento, y termine de derrotar esta verdadera provocación con la que buscan desprestigiar y debilitar a las organizaciones de base como es el cuerpo de delegados del Sarmiento al que pertenece Sobrero.

La persecución por parte del gobierno y la Justicia contra el sindicalismo opositor a la burocracia debemos verla como un preparativo de la clase capitalista ante la crisis que viene. Cristina intenta mostrar que, a pesar de la crisis mundial, todo marcha bajo control y hasta se anima a proyectar un “plan estratégico industrial” para el 2020, prometiendo más empleo. En el anuncio, en una fábrica de motos en Venado Tuerto, estuvieron las representantes de “corporaciones” más importantes para Cristina, las de la patronales de la UIA: Miguel Acevedo de Acindar que acaba de anunciar un plan despidos y rebaja salarial de contratados en sus plantas; Federico Nicholson del monopolio agroindustrial Ledesma, patronal genocida del Apagón del ‘76 que volvió a aportar logística para asesinar a los que ocuparon tierras en Jujuy; Luis Betnaza de la poderosa Techint junto a los jefes industriales oficialistas como De Mendiguren, el empresario de la rama textil donde hoy ya campea la crisis como trascendió con las 1.300 suspensiones de Alpargatas. En tanto, el ultraoficialista Página/12 se ve obligado a consignar que “Del lado gremial, en cambio, apenas se registró el acompañamiento de dirigentes metalúrgicos (Antonio Caló y Naldo Brunelli) y del gremio de mecánicos (Mario Manrique y su sucesor a partir de diciembre, Ricardo Pignanelli), en un acto que tuvo claramente a ambos gremios ‘jugando de local’”. Es significativo que los dirigentes del SMATA hayan sido los voceros públicos del plan patronal de suspensiones de FIAT en Córdoba y que estos sean los “caballos del comisario” del oficialismo para reemplazar a Moyano en la CGT.

Los ataques persecutorios al sindicalismo de izquierda son originados por denuncias de las patronales contra acciones de los trabajadores y sus delegados de base ejerciendo el derecho a huelga, como sucedió en Kraft o en Fate, o directamente por el Estado y su Justicia, en el caso de los cortes de vías por los que pretenden condenar a los dirigentes ferroviarios de La Bordó y las agrupaciones opositoras del Roca por luchar contra la tercerización, o en el de los cortes de rutas para impedir el cierre de fábrica, como las causas que pesan sobre más de 50 militantes del Sindicato Ceramista de Neuquén y, otra vez, sobre la comisión interna de Kraft que cortó la Panamericana en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra. El encarcelamiento en Santa Cruz del delegado petrolero Oñate de Las Heras y el reciente intento de meter preso a Sobrero, son saltos en estos ataques. La burocracia sindical también es parte activa de la persecución a los nuevos delegados combativos. Ni hablar en la UF que ahora debería estar sospechada de fogonear la operación contra Sobrero justo cuando va a cumplirse un año del asesinato de Barracas. Pero también las patotas de la UTA contra el subte y los choferes de la 60, o las de la UOCRA como en Santa Cruz contra los docentes en huelga, y los ataques a los fueros sindicales de los delegados opositores, mediante expulsiones y sanciones como hizo la directiva del SMATA Córdoba contra Hernán Puddu de FIAT-IVECO, o los de la UOM de Campana junto a la patronal de Siderca-Techint contra el delegado clasista Guillermo Bentancourt, ambos por llevar adelante decisiones de asambleas de trabajadores contra los acuerdos de la burocracia con las patronales. Hay que recordar al propio Moyano acusando de “ultraizquierdistas” a Poke Hermosilla y los delegados de Terrabusi en plena lucha contra los despidos masivos de la patronal yanqui, días antes que Scioli enviara la Bonaerense contra los obreros y obreras en lucha. Por todo esto, no es casual que el comunicado de la CGT rechazando la detención de Sobrero fuese visto como un reacomodamiento oportunista ante la ofensiva judicial contra sectores de la propia burocracia y, fundamentalmente, ante el corrimiento del eje de la alianza de gobierno de Cristina donde la burocracia aparece en un rol más subordinado y se menean planes oficiales para la sucesión de Moyano. No obstante, el giro táctico cegetista habilitó a la exigencia al paro nacional por la liberación de Sobrero que correctamente hicimos desde el importante acto unitario en Plaza de Mayo que protagonizaron los ferroviarios, el sindicalismo de base y la izquierda. Pero, sobre todo, la operación montada contra Sobrero muestra lo que pueden esperar los luchadores anti burocráticos y clasistas en el próximo gobierno de Cristina, y reafirma la necesidad de impulsar unitariamente la propuesta que desde el PTS venimos planteando a todas las fuerzas integrantes del Frente de Izquierda: una corriente de independencia de clase en los sindicatos, como la que ya se está organizando con el periódico Nuestra Lucha, que siente las bases para un partido de la clase trabajadora capaz de cambiar la relación de fuerzas y vencer a los capitalistas.

Este 20 de octubre, a un año del asesinato de Mariano Ferreyra, marcharemos nuevamente para que vayan a la cárcel todos los responsables del crimen: desde la patota de la UF de Pedraza hasta los cómplices de la administración de la UGOFE entre los funcionarios gubernamentales y los empresarios, incluyendo a la Policía Federal que, manejada por Aníbal Fernández, liberó la zona. En Plaza de Mayo pondremos en pie una tribuna que, luego de haber conseguido la liberación de Sobrero, reclamará su desprocesamiento y el de más de 4000 luchadores procesados por ejercer su legítimo derecho a la protesta en todo el país. La columna del PTS se prepara para marchar junto al Frente de Izquierda convocando, en cada lugar de trabajo y estudio, a la participación activa, en primer lugar, a todos los que apoyaron con su voto al FIT contra la proscripción del régimen así como a las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos, a movilizarse a Plaza de Mayo el 20 para defender a los luchadores obreros y de la izquierda que están siendo perseguidos por la justicia, las patronales y el gobierno.

05-10-2011