Por Bruno Gilga y Diana Assunção

LER-QI

El 08/11 el campus de la Universidad de San Pablo (USP) amaneció completamente militarizada. Fueron más de 400 efectivos de la policía militar (PM), entre varios destacamentos de sus fuerzas especiales de enfrentamiento, la caballería, decenas y decenas de patrulleros, helicópteros, etc. El predio del rectorado y el de viviendas de los estudiantes fue cercado. Policías montaron guardia en varias facultades. Muchos dicen que desde la dictadura militar nunca hubo una militarización de tal envergadura en la USP, incluso en el 2009, cuando una huelga de los trabajadores provocó una brutal represión.

El operativo fue montado para terminar con la toma del rectorado que era protagonizada por estudiantes desde el día 01/11. Los estudiantes fueron arrestados cuando aún era de noche, a las 5hs mientras dormían. Después de pasar horas dentro del rectorado, sofriendo terror psicológico e agresiones físicas, fueron conducidos a la comisaría, en la cual quedaron detenidos hasta las 2 de la mañana del día siguiente. Fueron 73 presos políticos, entre los cuales se encontraban cuatro trabajadores de las USP, que estaban en el rectorado apoyando el movimiento de los estudiantes. Hasta ahora, están todos procesados por depredación de patrimonio público e desobediencia civil.

Los estudiantes tenían tomado el rectorado para protestar contra la presencia de la Policía Militar en la universidad, que el 27/10 ya había reprimido fuertemente a centenas de estudiantes que decidieron enfrentarse con ella para impedir el arresto de tres estudiantes que fumaban un cigarrillo de marihuana.

A pesar de toda la propaganda reaccionaria que viene siendo hecha por los medios burgueses, que trataban el movimiento como una minoría aislada y con objetivos mezquinos, la gran respuesta de los estudiantes y la alta moral de los presos políticos demostraron lo contrario. Desde la mañana del día de la represión, los cursos de Letras, Geografía, Historia, Arquitectura y Artes pararon total o parcialmente y fueron a concentrarse frente al rectorado para repudiar la acción de la PM. Luego marcharon hasta la comisaría en centenas y establecieron un acto permanente hasta que los presos fueron liberados. A la noche, 2.500 estudiantes realizaron una asamblea que aprobó huelga general estudiantil por el retiro de la PM de la universidad, por la libertad y el desprocesamiento de los presos políticos, además del fin de todos los procesos administrativos y judiciales con los cuales los estudiantes y trabajadores de vanguardia han sido perseguidos en los últimos años, como parte de una escalada represiva que busca quebrar la resistencia al proyecto de hacer una universidad aún más elitista y racista de lo que es hoy.

La lucha de los estudiantes de la USP abrió un debate nacional sobre la policía y el rol de la universidad. Los principales medios burgueses, el rectorado y el gobierno de la provincia y la intelectualidad del PSDB (el partido de FHC e José Serra, que gobierna el estado de San Pablo), al cual el mando de la USP se subordina, buscan transformar este conflicto en un ejemplo de disciplinamiento de toda forma de lucha en la universidad, buscando incluso fortalecer su relación con la base social más de derecha que siempre votó por ese partido. Los sectores más democráticos y reformistas ligados al PT, a pesar de defender la actuación de la policía en la universidad a los efectos de “seguridad pública” en contra de crímenes, tiene sectores que se oponen al uso de la misma para la represión política y social de los estudiantes. Y una intelectualidad más de izquierda, con un sentimiento republicano más consecuente, que se siente fortalecida por la lucha de los estudiantes de la USP para cuestionar la naturalización de la represión policial sistemática como un “mal necesario” frente a la violencia urbana generada por la enorme pobreza crónica del país, de los millones que viven en las favelas, que viven del trabajo precario, que mueren en las colas de los hospitales, que no tienen acceso a la educación, que pierden sus casas y familiares arrastrados por la lluvia todos los años, que son víctimas del “gatillo fácil” de la Policía Militar en contra de los pobres y negros. Esta intelectualidad vuelve a tener coraje de plantear la violencia urbana como un problema de raíces sociales, que sólo puede ser resuelto con empleo, vivienda, educación y salud para todos. Una vez más ponen la discusión de la autonomía universitaria no como una cuestión administrativa sino como un problema político, ligado a los grandes procesos nacionales de lucha de clases, del derecho de las universidades o parte de ellas a construirse como polos cuestionadores de valores más profundos en determinados momentos históricos.

La lucha de los estudiantes de la USP en contra de la policía aunque no tan conscientemente, cuestiona uno de los pilares fundamentales de un proyecto de país basado en una monstruosa desigualdad social estructural, con la naturalización de la policía como mecanismo de control permanente de las tensiones sociales. Para triunfar, los estudiantes en huelga necesitan desarrollar esta consciencia para masificar su lucha, conquistar fuertes aliados y extender su apoyo en la población. La campaña por el desprocesamiento de los 73 presos políticos de la USP debe transformarse en una gran lucha nacional, que sirva de referencia a todos los trabajadores y jóvenes que son perseguidos y reprimidos por luchar. La pelea por el retiro de la policía de la USP y el desprocesamiento de los luchadores debe ligarse a la lucha contra la violencia policial en las favelas, por encarar la solución de la violencia urbana como un problema de raíces sociales, por plantear la necesidad de que los hijos de la clase trabajadora y el pueblo pobre tengan ingreso libre y directo en la universidad y para que el conocimiento en ella producido esté al servicio de los intereses de la mayoría explotada y oprimida de la población. Esta debe ser la perspectiva del comando de delegados revocables electos en las asambleas de base de las facultades, tal como fue aprobado en la asamblea general que votó la huelga.

Para que esta perspectiva se concretice, será necesario combatir la estrategia política del PSOL y el PSTU (LIT), que desde el inicio del conflicto se han opuesto a su desarrollo, porque sus partidos defienden nacionalmente el programa de reforma de la policía, pero también por pragmatismo, en un momento de elecciones estudiantiles de centros de estudiantes, para no enfrentarse con el sentido común de amplios sectores de estudiantes que quieren la policía, pero imponiéndole limites a su accionar.

Desde la LER-QI, que tuvimos 13 de los presos políticos, hemos buscado aportar en este sentido, tanto a partir de la actuación de nuestros militantes en el movimiento estudiantil de la USP como a partir de nuestra actuación en el Sindicato de trabajadores de la USP (SINTUSP). Hemos destinado todos nuestros esfuerzos a rodear esta lucha de solidaridad, promoviendo huelgas estudiantiles de apoyo en otras universidades del interior de San Pablo, llevando caravanas de estudiantes para estar codo a codo con los estudiantes de la USP en lucha.

10-11-2011