El 5 de noviembre en la región del Cauca, fue muerto a tiros Alfonso Cano, principal dirigente del Secretariado de las FARC. Junto a él cayeron muertos o heridos otros militantes guerrilleros en un asalto de tropas de élite transportadas en helicópteros con el que culminaron las acciones del “operativo Odiseo”. Este fue llevado a cabo con un gran despliegue de fuerzas combinadas -más de 6.000 efectivos- y con amplio apoyo de “inteligencia” detrás del cual están la CIA y el Pentágono. La caída de Cano fue saludada por toda la pensa burguesa e imperialista como un importante éxito táctico para el gobierno que preside Juan Manuel Santos y para el conjunto del régimen colombiano, firme aliado del imperialismo en América Latina. Es que a pesar de los avances en la ofensiva burguesa de la última década bajo el gobierno de Uribe, avanzando en el programa neoliberal, reforzando el Estado y potenciando a las Fuerzas militares con cuantiosa ayuda norteamericana, la persistencia del conflicto armado , aún con el debilitamiento de la guerrilla, sigue siendo uno de los factores importantes de la situación política colombiana.

Planes de Santos ante el “conflicto armado”

Santos necesitaba de un “espaldarazo” semejante, pues entre otras dificultades que enfrenta, la orientación dada a la estrategia contrainsurgente venía provocando fuertes discusiones en la clase dominante, al punto que amenazaban naufragar por las diferencias con el uribismo y otros sectores iniciativas parlamentarias claves para sus planes, como los proyectos legislativos de “reforma judicial” y del llamado “marco jurídico para la paz”.

La primera contempla entre otros aspectos, garantizar una virtual impunidad para los crímenes de militares y policías, como las torturas, desapariciones y asesinatos cometidos en el marco de la “guerra sucia” contra la guerrilla y la represión al movimiento obrero, campesino y popular. Según parlamentarios derechistas esa ley es “una necesidad de las Fuerzas Militares y una obligación del Congreso otorgarla” (Revista Semana, 9/11/11). Esto expresa la preocupación por dar “protección jurídica” a los uniformados ante las crecientes denuncias por violaciones a los DD.HH, escándalos como el de los miles de “falsos positivos” (civiles asesinados y presentados como bajas guerrilleras por las fuerzas represivas) y las inocultables lazos entre mandos policiales y militares y políticos derechistas con las bandas paramilitares.

Con la segunda iniciativa, el oficialismo busca establecer un “marco de justicia transicional” (es decir temporal, mientras se prolongue el conflicto armado) para alentar la deserción y desmovilización de las fuerzas guerrilleras, condicionado a que éstas dejen su accionar y se avengan a condiciones de virtual rendición. Así, ambos proyectos de ley se enmarcan en la estrategia contrainsurgente que impulsa Santos, y que deesde el punto de vista militar, desgastar, desarticular y debilitar la máximo a la guerrilla, para imponerle, desde el punto de vista político, condiciones de virtual rendición. Mientras Uribe privilegió el aspecto militar para acabar con lo que, a tono con la prédica antiterrorista de tiempos de Bush reducía al accionar de “terroristas”, Santos llegó a reconocer que hay un “conflicto armado interno” y buscando preparar el terreno para una eventual vía de negociaciones cuando “las condiciones sean propicias”, esto es, cuando la guerrilla esté suficientemente debilitada y desmoralizada por las derrotas militares y el descabezamiento de sus mandos (con la estrategia de “burbujas” adoptada desde 2008 por las FF.MM. Para liquidar a los principales jefes guerrilleros).

La situación de la guerrilla

Es que a pesar de que los logros militares con el cambio de tácticas a partir de 2008, que alimentaron una olda triunfalista bajo el gobierno uribista y entre la cúpula militar, al punto que con la muerte de Raúl Reyes, los generales decían que había comenzado “el fin del fin” de las FARC en no más de un año, lo cierto es que este no se ha producido. Y esto, aunque en las operaciones militares el Estado colombiano esté haciendo un enorme esfuerzo, con unas Fuerzas Armadas y policiales de quizás 400.000 hombres, entrenadas y equipadas con generosa ayuda norteamericana y el alto más alto presupuesto militar (un 4% del PBI) de América latina, además de contar con legitimidad social y política a ojos de buena parte de la población. La guerrilla, debilitada militarmente (está muy lejos de los casi 20.000 integrantes que parece haber alcanzado hace una década), en decadencia política y moral, sufriendo numerosas deserciones, han logrado sin embargo mantener su presencia en amplias zonas del país, ha adecuado sus métodos y organización para responder a las nuevas tácticas ofensivas y el mayor poderío de las Fuerzas militares. Así, “las acciones de las FARC están caracterizadas por los golpes de mano, por la movilidad y por eludir choques prolongados. Esta nueva estrategia ha traído consigo el uso masivo de minas antipersonal, la utilización de francotiradores, y sobre todo, desde 2010, se observa un aumento acelerado de los hostigamientos como táctica militar.” señala un análisis de la ONG “Corporación Nuevo Arcoiris” (“La nueva realidad de las FARC”, en www.nuevoarcoiris.org.co). De esta manera ha logrado incluso cierta recomposición en algunas regiones, manteniéndose un importante nivel de bajas entre policías y militares como consecuencia de su actividad. Actualmente, las Farc agruparían unos 8.000 combatientes y el ELN, unos 2.500 (www.infobae.com, 21/07/11).

Evolución anual de las acciones de las FARC. 1997-2010

Fuente: Bases de datos del Observatorio del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco iris.

El estudio citado, con fecha de julio de este año, constata que “En algunas zonas, la población no ha sentido cambios significativos con el proceso de desmovilización paramilitar y, otra vez, se empiezan a manifestar nexos entre líderes políticos y miembros de la Fuerza Pública con grupos neoparamilitares o bandas criminales, lo que crea desconfianzas en la acción del Estado, dándole alas a las guerrillas.”

Es que a pesar de su equivocada estrategia, su programa limitadamente reformista y sus métodos contrarios a las necesidades de la movilización de masas (al punto de ejecutar represalias contra poblaciones y dirigentes, o minar áreas afectando gravemente a campesinos e indígenas), la guerrilla mantiene los rasgos de expresión distorsionada de la resistencia de sectores campesinos ante la constante presión de los terratenientes y las fuerzas estatales y paramilitares. Las razones de la persistencia por más de 4 décadas del “fenómeno guerrillero” en el país hay que buscarlas en última instancia en la situación estructural del agro colombiano, aignada por la violencia histórica contra las masas, el acaparamiento de tierras por los terratenientes mediante la bárbara represión estatal junto al auge de los paramilitares en la última década, la erradicación forzosa de cocales, la expulsión masiva de 3 o 4 millones de “desplazados” hacia las ciudades.

La clase dominante colombiana ha mostrado su incapacidad para imponer sus términos de “paz” en el campo pese a años de brutal “guerra sucia” con decenas de miles de víctimas y al gran apoyo imperialista económico, político y militar. Por otro lado, la guerrilla, aislada en sus bases rurales respecto a las grandes ciudades, que son los centros de la vida económica y política de Colombia, y a las amplias masas obreras y populares, ha mostrado sus limitaciones históricas y de clase, y la impotencia estratégica de su concepción de “guerra popular prolongada” en un país semicolonial con un 75% de su población urbana como es Colombia, tanto por sus métodos militares al margen de la movilización de masas y su desconfianza hacia la clase trabajadora, como por su programa de reformas dentro del capitalismo y su búsqueda de acuerdos con sectores de la burguesía nacional.

Discusiones

En este marco de conflicto crónico con profundas raíces económicas, sociales y políticas, golpes como la pérdida de Cano y otros jefes debilitan a las FARC y pueden minar aún más su moral y su estructura, pero no parecen ser suficientes estratégicamente para desarticular a la guerrilla ni asegurar su desaparición por medios puramente militares. A fin de cuentas, haría falta completar la presión militar con la trampa de los medios políticos, piensan los sectores más lúcidos de la clase dominante. Santos anunció la muerte de Cano reafirmando su estrategia y tomando el discurso de “diálogo” para afirmar en alusión a las FARC: “Si nos muestran real voluntad de llegar a un acuerdo, ese diálogo podría darse (…) Es el momento de desmovilizarse, de tomar la decisión de dejar las armas. La alternativa es una cárcel o una tumba. (...) A la base de las Farc: aquí hay una mano generosa que los recibe y los reincorpora a la sociedad" (llamándolos a desertar).

Bajo la dirección de Cano, las FARC venían por su parte insistiendo en la apertura de negociaciones. Como dice un comunicado del 12/08/11, al “Congreso por la paz” reclamaban un diálogo: “ante la disposición expresada por el señor Presidente para explorar ese camino, manifestamos ante ustedes nuestra voluntad política, para en los más inmediato, dar los pasos encaminados a crear el escenario propicio para iniciar el diálogo de cara al país, bajo el único condicionamiento que la firme disposición de encontrar los caminos que nos permitan crear el entorno para las profundas reformas económicas, sociales y políticas que garanticen la Paz con Justicia Social, con todos los sectores representativos del pueblo colombiano y la comunidad internacional dispuesta a acompañarnos.”

No parece haber condiciones para que se abrán vías de negociación en el corto plazo, y por otra parte, es claro que para Santos, el objetivo de la misma no sería otro que lograr la renuncia de las FARC a las armas y su integración al régimen burgués con sus elecciones y partidos. Pero más allá de cómo se reubiquen los distintos actores políticos una cosa es segura: el hipócrita discurso de Santos y los personeros de la la oligarquía colombiana no puede ocultar que los verdaderos responsables de la violencia son los empresarios, terratenienets y transnacionales que medran con la miseria y opresión del pueblo trabajador. La “paz” que proponen es mantener esta situación maquillando a esa “democracia para ricos” empapada en sangre a fin de consolidar y legitimar al régimen ante las agudas contradicciones que cruzan a la sociedad colombiana.

El gobierno de Santos y sus planes

Santos intenta avanzar en la consolidación y profundización del plan neoliberal heredado de Uribe, de quien fuera ministro de defnsa y “delfín” sucesor, pero aplicando una política de “lavada de cara” del régimen y de adecuación al contexto internacional de crisis económica y de declinación de la hegemonía norteamericana, más acorde con la retórica de Obama que el discurso ultraderechista de un Uribe, alineado estrechamente con Bush y los republicanos.

Con estos objetivos, ha presentado su gobierno como de “unidad nacional”, logrando el apoyo de sectores de centro, el Partido Verde y ciertos “progresistas” y ha alentado un cierto discurso de respeto a los DD.HH que toma alguna distancia de su antecesor, lo que le ha valido diversos choques con el uribismo. Como contracara en política exterior de esta orientación, a escala regional, donde priman los esfuerzos de “distensión” y un giro conservador de los gobiernos “progresistas”, Santos se ha abrazado con Chávez (obteniendo de éste hasta la vergonzosa entrega de colombianos exiliados, como Joaquín Pérez B. en abril de este año, por estar acusado de ser guerrillero). También viene mejorando las relaciones comerciales y políticas con Brasil, sin por eso dejar de ser un estrecho aliado de Washington con generosas facilidades para el movimiento de aviones y efectivos norteamericanos acordadas en aeropuertos y bases del país.

La reciente aprobación del TLC entre EE.UU. y Colombia por el congreso norteamericano es un paso muy importante en el camino de subordinación al imeprialismo, aunque tardío pues se da en una fase de crisis económica internacional y debilidad de la economía estadounidense. En el marco de esta orientación entreguista, y contando con “turbulencias” que pueden frenar a la economía nacional, el gobierno de Santos busca profundizar el programa privatista y de ataque a los trabajadores, con medidas contra la educación y salud pública entre otras.

Sin embargo, y a pesar de las encuestas de opinión pública favorables y de una economía que está “desacelerándose” pero aún crece, parece estarse produciendo un creciente malestar social que se expresa en importantes movilizaciones de distinto tipo. Entre ellas, cabe señalar la importante lucha de los 5.000 petroleros de la transnacional Pacific Rubiales por demandas laborales, enfrentando una dura represión durante el mes de octubre, y también, conflictos de trabajadores agrícolas del azúcar y de la palma, entre otros. Y por otra parte, un importante proceso de movilización universitaria, con los estudiantes marchando por miles en las calles de Bogotá y todo el país en un largo conflicto que en estos días desembocó en un paro general, jaqueando el proyecto gubernamental.

¿Qué estrategia y qué métodos?

La lucha estudiantil a nivel nacional, junto a los distintos conflictos obreros y populares, ponen sobre el tapete el problema de qaué estrategia y qué programa pueden unificar las luchas de los trabajadores y el pueblo, para hacer frente al gobierno de Santos y sus planes de privatización, represión, impunidad y entrega.

Los socialistas revolucionarios denunciamos la hipócrita política del gobierno derechista de Santos y la burguesía colombiana, así como del imperialismo que mientras catalogan a las FARC como “organización terrorista” y festejan el asesinato de sus líderes, como ocurrió ahora con Alfonso Cano, persiguen, encarcelan o asesinan a miles de campesinos, indígenas, dirigentes sindicales y sociales, etc., dejan correr a los grupos de asesinos paramilitares y las mafias del narcotráfico, etc. Los éxitos militares que hoy celebran Santos, Uribe y Obama no traerán ni paz ni tranquilidad al pueblo colombiano, sino que serán utilizados al servicio de los planes para fortalecer la opresión, la represión y la impunidad, así como la sumisión al imperialismo, con los planes Colombia y Patriota de “ayuda militar”, así como con el TLC, que profundiza la entrega a las transnacionales, norteamericanas en primer lugar.

Defendemos incondicionalmente a las organizaciones guerrilleras de los ataques del Estado burgués y el imperialismo, pero al mismo tiempo criticamos consecuentemente la política y los métodos de las FARC, con la que mantenemos enormes diferencias políticas, estratégicas, metodológicas y de todo tipo.

Es un engaño pensar, como los dirigentes guerrilleros, que en Colombia sea posible lograr las demandas de las masas pobres del campo y la ciudad mediante el “diálogo” y los acuerdos con la burguesía, sin atacar las bases de la propiedad de los latifundistas, los grandes empresarios y expulsar al imperialismo del país, empezando por derrotar el TLC y acabar con la injerencia norteamericana en el país. Las acciones armadas están al servicio de presionar al Estado burgués y la clase dominante para que acepten hacer concesiones. Esas concepciones reformistas de colaboración de clases, que pretende subordinar a los obreros y campesinos bajo su discurso de un gobierno “patriótico y democrático”, aunque apostando a la vía democrática de integración al régimen y no a la táctica guerrillera, son compartidas por el Partido Comunista y por el Polo Democrático Alternativo, además de la burocracia sindicales de la CUT, etc. El “reformismo armado” de las FARC y el ELN, no es alternativa al reformismo “tradicional” de estos sectores.

Hace falta otra estrategia, de movilización de masas y alianza obrera, campesina y popular, que apoueste a impulsar la unidad de la lucha de los trabajadores y campesinos, con la clase obrera a la cabeza, para derrotar al gobierno de Santos y sus planes, e imponga la realización íntegra y efectiva de las demandas de tierra, pan, trabajo, libertades y castigo a los represores, y liberación nacional, mediante los métodos de la movilización y autoorganización revolucionaria, hasta un gobierno obrero y popular basado en las organziaciones de lucha que se den las masas. Está planteada en Colombia la necesidad de forjar un partido obrero, socialista y revolucionario para pelear consecuentemente por este programa y esta estrategia.