Por Esteban Mercatante

Por estos días vemos que hasta la prensa oficialista acepta que “algunas variables [económicas] muestran signos de agotamiento” (Raul Dellatorre, Cash, 5/11/2011). Qué rumbo tomará el gobierno para los cambios que imponen las nuevas condiciones viene siendo materia de intensos debates. Las medidas tomadas en las últimas semanas -frente a la salida de dólares y los subsidios- con su carácter en muchos aspectos ambivalente, les han agregado fervor.

Medidas para todos los gustos

El gobierno anunció estas semanas medidas que confirman tanto a quienes esperan un nuevo mandato de “moderación”, como a quienes esperan un futuro de “radicalización”. Dando razón a los primeros, ayer fue la segunda tanda de anuncios de reducción a los subsidios. Para darles un tinte “progre” a las eliminaciones, se señaló que golpearán a grandes empresas o personas ricas. Esto, más que darle un tinte “progre” al anuncio fue un reconocimiento embarazoso de lo generosa que es la política de subsidios con los sectores pudientes. La medida en sí misma, aunque su alcance es bastante incierto –condicionado en principio a cuántos renuncien al subsidio-, representa un aggiornamiento hacia la ortodoxia en toda la línea.

Para enfrentar la fuga de dólares, en cambio, el gobierno impuso controles de la AFIP y eliminó privilegios de los sectores petrolero y minero, para este último extendidos por el propio Kirchner. Además, hubo pedidos informales a las multinacionales para que suspendan las remesas de utilidades al exterior. Aunque esto parece dar la razón a quienes anuncian una radicalización, más bien el gobierno -y los medios oficiales- han salido a dejar en claro lo poco que pueden hacer por los numerosos convenios internacionales que otorgan privilegios a la inversión extranjera. Como vimos en Kraft en 2009, el gobierno “nac&pop” se subordina al capital imperialista.

Por lo pronto, a fuerza de conseguir más dólares para seguir soportando el drenaje, trabar la operación del mercado de divisas y subir las tasas de interés locales, parecería que el gobierno podría ganar la pulseada por la cotización del dólar.

Distribución primaria y secundaria (o la ilusión del kirchnerismo como reformismo)

Para ver los rumbos que puede tomar la economía K, tenemos que partir de cuáles han sido los objetivos y lineamientos centrales que la caracterizaron durante estos años.

Es evidente que el kirchnerismo se caracteriza por el arbitraje estatal en la economía. Si en los ‘90 había un sentido común de que toda intervención del Estado era indeseable, alentado por el menemismo para imponer las privatizaciones que reclamaban el FMI y el Banco Mundial, esto cambió tras la bancarrota de la Convertibilidad. En tiempos recientes se fue afianzando el sentir contrario. Sobre esta base los “progres” K presentan la regulación del Estado como un contrapeso necesario al accionar del mercado.

La intervención estatal se identifica en general con una orientación “reformista”. Pero no puede ponderarse la intervención estatal con independencia de los fines que persigue.

Desde su origen, el kirchnerismo buscó la “pasivización” de los sectores que protagonizaron las jornadas de 2001, subordinándolos al Estado y atacando a los que resistieron la cooptación. Este carácter restaurador también signó su programa económico. De lo que se trataba, en este caso, era de armonizar la elevada participación de las ganancias en el ingreso -conquista de la ofensiva burguesa contra el trabajo de los ’90 y profundizada por la devaluación de 2002- con algunas respuestas –bastardeadas- a las demandas populares. El crecimiento económico -motorizado por las altas ganancias y las exportaciones de soja- hizo una parte de esta tarea, “derramando” sobre los trabajadores y sectores populares. Esto dio lugar a un patrón de reducción de la pobreza bastante parecido al de los primeros años de la Convertibilidad.

En este contexto, el kirchnerismo pudo tener gestos como los aumentos de salarios “no remunerativos”. La participación del salario había caído a un piso tan bajo que los empresarios podían aceptar algunas concesiones oponiendo una resistencia limitada. Mientras tanto, el kirchnerismo siguió con los planes Jefas y Jefes, administrándolos de acuerdo a las simpatías políticas de los distintos movimientos. Con el tiempo se sumarían otras políticas, aprovechando los recursos de ANSES luego de la nacionalización de las AFJP, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la extensión de la posibilidad de jubilarse.

Pero la lógica se mantiene inalterada. Estas políticas operan una redistribución “secundaria”, moderando lo que ocurre en la relación directa entre empresarios y trabajadores en las unidades productivas (la distribución “primaria”), sin modificarla. Utilizando los recursos fiscales, el kirchnerismo buscó preservar la rentabilidad. Por si cabe alguna duda, aunque una parte importante de los gastos estatales corresponden al gasto social, esta suma es irrisoria ante lo que el gobierno gasta en subsidios a empresarios.

En ningún terreno se muestra más este carácter restaurador que en las condiciones laborales. Las mejoras en el terreno de la distribución secundaria apuntaron a hacer más tolerable la descarada continuidad “noventista” en la relación capital/trabajo. La flexibilidad laboral siguió firme. A esto se suma que desde 2006 la burocracia sindical impuso un techo de aumento salarial igual o inferior que la inflación para la mayoría de los gremios -por encargo del gobierno. Considerando la importante creación de empleo en la última década, no es llamativo que haya aumentado la participación de los salarios en el ingreso desde 2003, más aún considerando los niveles bajos de los que se partía. Lo llamativo es que ésta participación haya tenido un techo bajo, y que la mayoría de los trabajadores no haya podido superar el poder adquisitivo que tenía su salario en 2001. Esto se explica por las divisiones en el movimiento obrero, por la precariedad laboral, y al accionar de la burocracia, ambos defendidos por el gobierno.

Hacia un ajuste “heterodoxo”

Si la fuga de dólares pierde vigor, podrían ganar tiempo para hacer el “service” al modelo. Es decir, bajar el aumento de los salarios a 18%, menos que la inflación, y reducir el gasto público en términos reales (pero manteniendo parte de los fondos que sostienen el “bonapartismo de caja”). Seguramente los retiros de subsidios, que aumentarán los costos de las empresas en varios rubros, serán trasladados a precios, impactando aún más fuerte en el costo de vida. Si el salario absorbe el impacto (es decir cae fuerte en términos reales), esto podría frenar la suba de precios y extender la vida del esquema. Esta parece ser la apuesta oficial, seguramente combinado con algún grado de devaluación del peso.

Si en tiempos de vacas gordas la intervención estatal limito la capacidad de los trabajadores para participar del “derrame”, ahora este ajuste que podríamos llamar “heterodoxo” (porque las variables aumentan, sólo bajan medidas por la inflación) tiene como principal variable a los salarios. No por nada vemos al gobierno cerca de los empresarios, y comentarios casi diarios de la presidenta contra las organizaciones obreras, incluso contra burócratas hasta hace poco cercanos. Por eso el protagonismo de este Estado (burgués) en la economía, no puede ser motivo de alegría para los trabajadores como lo es para los progres K con sus eternas ilusiones sobre la posibilidad de la conciliación de clases.

17-11-2011