Por Karina Rojas

La situación de violencia y hacinamiento en las cárceles, que ya son un clásico en Uruguay, suele estallar cada tanto poniendo en el tapete las condiciones degradantes e indignas de los presos y presas, el maltrato policial y hasta devela la complicidad de las fuerzas represivas con la delincuencia organizada y las redes de trata y de corrupción.
La calamitosa situación de las cárceles uruguayas es la demostración más descarnada y profunda del carácter de clase de este estado que protege los derechos de los poderosos y pisotea constantemente los de los más débiles. Esta situación constituye una cuestión estructural de este sistema de explotación capitalista.

Las cárceles en el sistema capitalista integran el aparato represivo del estado que ejerce el poder de una clase social, la burguesía. El revolucionario F. Engels lo llamaba “destacamentos especiales de hombres armados”[1] que ejercen el monopolio del poder público reproduciendo la dominación de clase.

El último conflicto desatado

En 2010 fue en la cárcel de Rocha donde hubo un incendio y los guardias se negaron a abrir las puertas. En aquel momento fueron 12 los reclusos que murieron calcinados. Pero el Frente Amplio no hizo nada, o mejor dicho, hizo eso.

El pasado 20 de abril un detenido hirió de bala a dos policías en el penal Libertad, lo que motivó la reacción del cuerpo policial de suspender las visitas. Esto desencadenó una verdadera crisis en el sistema carcelario. La medida de “solidaridad” se extendió al Centro Metropolitano de Rehabilitación (donde funciona una cárcel de mujeres) y al penal llamado Comcar. En una verdadera actitud de venganza y totalmente provocadora, estos asesinos a sueldo no tuvieron ningún problema en cortar las visitas una hora antes de la hora estipulada y de impedir el ingreso de paquetes (vitales para garantizar la ración diaria de comida, yerba y cigarrillos). A partir de ahí empezó la caza de brujas: en las requisas fueron destruyendo todo lo que veían a su paso y queriendo “ajustar cuentas” con los reclusos.

La respuesta no se hizo esperar: en la cárcel de mujeres comenzaron los reclamos para que rehabiliten las visitas de sus hijos y familiares. En el Comcar hubo motines que dejaron ver en imágenes las terribles condiciones de detención, el hacinamiento y la mugre, la precariedad edilicia, la dejadez completa, además de la prepotencia policial y el abuso de autoridad. Consignas tan mínimas como mantas, comida y mejores condiciones edilicias eran sus reclamos. No es algo nuevo: organismos internacionales han puesto la mira sobre el sistema penitenciario uruguayo por ser considerado uno de los más crueles e inhumanos, y donde la violación a los derechos humanos es sistemática.

Los motines derivaron en la inutilización de dos módulos en el Comcar producto de los incendios, lo que fue utilizado por las autoridades del Ministerio del Interior, nuevamente como castigo y venganza, para obligar a hacer dormir a más de 1200 presos en los patios del penal, expuestos a las bajas temperaturas actuales, a la espera de que sean realojados. Mientras tanto, el (ahora ex) Coordinador del Instituto de Rehabilitación, Eduardo Pereyra Cuadra (un militar retirado) acusaba a los “narcos” de generar los motines[2] desligándose de toda responsabilidad institucional.

Afuera del Comcar también había bronca: por los que estaban adentro, por la desinformación, por el manoseo, por el ninguneo, por el desprecio. Los familiares cortaron la ruta pero fueron nuevamente reprimidos por asesinos pertrechados y armados hasta los dientes. Otra vez las imágenes de mujeres en edad avanzada, muy probablemente madres de quienes estaban “adentro”, siendo corridas con palos y escudos por “robocops” entrenados para matar.

Los altos mandos políticos se desmarcaron de la medida policial, pero la dejaron correr, avalando en los hechos el accionar criminal de las fuerzas represivas. Para represtigiarse, realizaron algunos relevos de las autoridades carcelarias y del sistema penitenciario, pero no se puede evitar que los políticos tienen responsabilidad.
Fue muy palpable la postura del personal carcelario, de las autoridades y de los responsables políticos en ejercer un “castigo ejemplar” a quienes se encuentran privados de su libertad. El castigo de no ver a sus familiares ni de recibir paquetes parece que “educa” según las autoridades frenteamplistas. Y que las “represalias policiales” son justas.

El nefasto rol de los medios

Los medios de comunicación también hicieron lo suyo: las imágenes de los motines repetidas una y mil veces, mostrando cínicamente la bronca de los presos y presas y de sus familiares operaba como una justificación para la represión policial institucional. Han montado una campaña de demonización de la pobreza que genera esa delincuencia en este sistema capitalista, que a los ojos de la “gente bien” se traduce en un potencial peligro y por lo tanto el escarmiento debe ser ejemplificador. La dureza de esta campaña llega al límite de justificar el sacrificio de la vida de los hijos de la pobreza porque son material descartable, porque no valen nada, y pueden ser tratados como a perros, porque en definitiva son casi “animales”.
Son los mismos medios que fogonean con bajar la edad de imputabilidad de los menores infractores. Reproducen el pensamiento de derecha, el que considera que la receta para los males sociales es la represión, escondiendo las causas estructurales que generan la delincuencia y que se encuentran justamente en las políticas implementadas por los gobiernos blancos y colorados, y ahora también los frenteamplistas, quien, por su parte, no son una alternativa a este pensamiento, ya que le ceden todo el tiempo tratando de mantener a su electorado de clase media contento.

La situación actual y la exigencia de la resolución de las demandas mínimas

Hoy el clima en las cárceles es muy tenso e inestable, hay presos durmiendo todavía en el patio del Comcar, hay presos en huelga de hambre y la situación se complica día a día. La ofensiva del gobierno sigue al reprimir cualquier intento de nuevo motín, y al impulsar causas penales contra quienes participaron de los motines. Los policías reclaman que se les aumenten las penas. Más escarmiento y venganza.
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones políticas, sociales y estudiantiles no comprometidas con el gobierno ni con ningún partido patronal debemos solidarizarnos con los reclamos de los presos y presas y de sus familiares y repudiar enérgicamente la represión. Exigimos un trato humano para todas las personas encarceladas. Por condiciones dignas de alojamiento, comida y esparcimiento, posibilidad de estudio y trabajo. Y para que se agilicen las causas de los presos y presas sin condena.

El carácter de clase del Frente Amplio

Pero el Frente Amplio no puede actuar de otra forma, porque su sentido de ser siempre fue el de constituirse como un freno para la radicalización de los trabajadores y la juventud. Su función fue la de una mediación que se proponga como alternativa al desgate de los partidos de la derecha pero sin cuestionar el régimen de dominación burguesa. Nunca quisieron ser una alternativa al capitalismo, y ahora que son gobierno menos que menos. Ahora lo que quieren es garantizar los buenos negocios de capitalistas tanto nacionales como extranjeros, y para ello utiliza las fuerzas que concentran el monopolio del ejercicio de la violencia, como todo estado burgués.
Los trabajadores y el pueblo uruguayo tienen que romper con el Frente Amplio y conquistar la verdadera independencia política respecto de cualquier variante patronal. En este camino, deberán construir su propia organización, un partido revolucionario que permita tomar las reivindicaciones más sentidas de los explotados y oprimidos y que pueda resolverlas bajo un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

Notas;
[1] Extraído de Lenin “El Estado y la Revolución” http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/estyrev/hoja2.htm
[2] “Policía: narcos provocaron el motín” en El País de 27/04/2012.

Anexo:

Mujica sigue reconciliándose con los militares: ahora les da el control de las cárceles

¿Actuó diferente el gobierno del Frente Amplio, de lo que lo hubieran hecho los gobiernos de la derecha blanca y colorada? En absoluto: en otra imagen detestable el presidente José Mujica, el ministro de defensa Eleuterio Fernández Huidobro y el ministro del interior Eduardo Bonomi debatían sueltos de cuerpo qué hacer para apagar esta “papa caliente”.
Allí se les ocurrió rescatar una ley de 2010 que permite el ingreso de los militares en los asuntos carcelarios. Los tres ministros, que saben bien el poder represivo de los militares, que sufrieron en carne propia la tortura y el encierro, son quienes ahora permiten que los militares se entrometan en los asuntos internos. Esta ley permite que los militares controlen la “guardia perimetral”[1] además del control de ingreso y egreso de personal, visitas y objetos. Aunque prometieron no “cachear” a los familiares sino solo a los reclusos, es claro que cada vez quieren darle más atribuciones a las fuerzas armadas. Los efectivos castrenses actuarán con pasamontañas para no ser identificados y no llevarán identificaciones de sus nombres sino que se manejarán con “números”, a propuesta del militarista Fernández Huidobro. ¿Qué tal? ¡Más impunidad que ésta no hay!

Esta política es totalmente coherente con la línea que vienen teniendo desde el gobierno: imponer la reconciliación con quienes asesinaron, torturaron e hicieron desaparecer en los 70, y que hoy siguen totalmente impunes más allá de alguna condena puntual que se cumple en cárceles vips, muy lejos de las pésimas condiciones de las cárceles para pobres. Con el verso de que “se acabó la impunidad” en el Uruguay, el FA quiere dar vuelta la página.
También es coherente con la política de seguridad que viene teniendo el FA: las mega razzias en los barrios más pobres, la violencia hacia tienen ya vulnerados todos sus derechos.

Por último, la feroz represión en el Liceo 70 donde estudiantes, padres y docentes en una acción unitaria cortaban la ruta en reclamo de cuestiones tan mínimas como baños y mejores condiciones edilicias, fue la demostración de lo que el gobierno de Mujica es capaz de hacer, cuando hay sectores que enfrentan sus políticas.

Notas:

[1] “Gobierno afirma que se dejará de controlar el ingreso de los familiares de reclusos” en El País de 27/04/2012.

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