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Por Fernando Rosso
La amplia votación a favor de la ley de expropiación de parte de las acciones de Repsol le dio un triunfo político al gobierno. Subordinó a la oposición, a excepción de los legisladores de Macri y un sector derechista del radicalismo. Al día siguiente, Cristina se encargó de aclarar el rumbo de la nueva YPF-REPSOL, designando a su frente a Miguel Galuccio, que fue parte de la menemista YPF-Estenssoro y recientemente un gerente de una multinacional de “servicios petroleros”, con sede en Londres. Toda una garantía de nuevos contratos entreguistas y una tranquilidad para las multinacionales e “inversores” (ver pag. 3). No habían cesado los encendidos discursos de “soberanía”, que ya se develaba la estafa de la “epopeya nacionalista”. Como un árbitro “imparcial”, ubicada por encima de las clases y en aparente defensa de los intereses de la Nación, en el acto de promulgación de la ley, Cristina “reprendió” a los empresarios y les pidió que reinviertieran porque hasta ahora “la juntaron con pala”. A los trabajadores petroleros los amenazó con que “no se puede perder un solo segundo en conflictos laborales”. En la misma línea, días antes reivindicó al ex–piquetero, hoy intendente de Cutral-Co, Ramón Rioseco, y condenó a las “patrullas perdidas” que siguen cortando rutas.
Las condiciones que le permitieron al gobierno avanzar con la medida también hay que buscarlas en las debilidades de los países imperialistas (en especial del Estado Español) agravadas por la crisis mundial, que ubican al país en mejores condiciones coyunturales (aprovechando, por ejemplo, los altos precios de la soja), producto de las “burbujas” que la misma crisis genera en las commodities.
El giro del gobierno es a la vez un reconocimiento de una relación de fuerzas que se remite a la crisis del 2001, y de la que es un componente la recomposición de las fuerzas de la clase obrera en la última década. Aunque el gobierno mantiene parcialmente la “sintonía fina”, suspendió el ajuste de tarifas luego de la Masacre de Once; intenta fijar un techo en las paritarias, pero evita, mientras puede y la economía no entra en zona de catástrofe, el enfrentamiento abierto con la clase trabajadora.
La popularidad de la expropiación de una parte de las acciones de Repsol muestra aspiraciones progresivas contra los saqueadores, que se mezclan con ilusiones de que con “más Estado” se favorecerán los intereses de las grandes mayorías.
Cristina utiliza el mismo método de “arbitraje” con los gobernadores, a quienes subordina con la “caja”, ante la apremiante situación financiera de sus provincias. Los “barones” del peronismo tampoco quieren romper su “lealtad” (una “virtud que sólo puede ser reclamada como primordial en un movimiento lleno de traidores”, como afirmó un viejo peronista), mientras siga la popularidad de Cristina, a quien “soportan” a la vez que arman sus camarillas preparándose para la sucesión.
Como “partido de la contención”, el peronismo (con el cristinismo como un componente), sigue basando su poder real en el control territorial de intendentes y gobernadores, en la burocracia sindical y las policías bravas. Cristina esconde a los “impresentables” de sus palcos e incluso utiliza peligrosamente su fortaleza política para desafiar al peronismo tradicional e imponer su continuidad o la de su camarilla en 2015. La “guerra de baja intensidad” en la Provincia de Buenos Aires contra Scioli es parte de esa estrategia, así como la apuesta a la división de la CGT.
Peronismo, cristinismo e izquierda
El triunfo político le permite al gobierno contener coyunturalmente la disidencia, que venía creciendo producto de su anterior giro a la derecha, y es una contratendencia a las contradicciones del ciclo económico y político; aunque no las suprime. La pelea por la sucesión que se da en el propio peronismo volvió a emerger, a pesar de que todos se sumaban al “éxito” de la expropiación parcial. Los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz enfrentan agudos rojos fiscales. La pulseada en las paritarias, con el gobierno tratando de imponer un techo, resurge en el paro de la UOM, la UTA de Córdoba o los petroleros. La inflación persistente es un motor para estos reclamos, cuando las patronales y el gobierno necesitan acuerdos a la baja. Pero estas contradicciones que tienden a desarrollarse no plantean por sí mismas y fatalmente la posibilidad del derrumbe del gobierno. Son una condición necesaria pero no suficiente para articular una salida de los trabajadores y el pueblo, es decir, por izquierda. Por derecha Macri y los gobernadores (juntos o separados) preparan sus alternativas a las posibles crisis del cristinismo.
Hay que extender el clasismo en el seno del movimiento obrero, y en ese sentido la batalla de la Alimentación contra Daer es un destacado ejemplo. El “sindicalismo de base” es un punto de partida, pero hacen falta revolucionarios conscientes en los centros estratégicos de la clase obrera, con un programa de alianza con los sectores empobrecidos que más tarde o más temprano harán su experiencia con el peronismo. En el movimiento estudiantil, como caja de resonancia del conjunto de las contradicciones sociales, el principio rector es la intransigencia programática y la delimitación de las corrientes reformistas y burocráticas. El frustrado Congreso de la FUBA muestra, por la negativa, lo que no hay que hacer (ver pág. 7). Hay que pelear en la juventud por construir una corriente que apueste a ganar a amplios sectores para la causa de los trabajadores y las ideas del marxismo revolucionario.
Este es el camino para construir una fuerza política de miles en las fábricas, empresas y en el movimiento estudiantil. Un partido revolucionario con la fuerza política y militante y la capacidad de acción para aprovechar las contradicciones que emergen de los límites del ciclo kirchnerista. El Frente de Izquierda es otro punto de partida para avanzar, pero se equivoca quien piense que una alternativa limitada al terreno electoral podrá enfrentar al peronismo como partido enraizado en todos los niveles del Estado capitalista.
09-05-2012
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