Por Eduardo Molina

El 3 de julio la represión policial se abatió sobre los manifestantes que protestaban contra el megaproyecto minero Conga y que habían tomado la municipalidad de Celendín, con el saldo de 4 muertos, una veintena de heridos y varios detenidos. Luego, el gobierno de Ollanta Humala recurrió por segunda vez al Estado de Emergencia, ahora en tres provincias del Departamento de Cajamarca, en un nuevo intento por derrotar la protesta de masas que ya lleva más de un mes de huelga y movilización regional y que logró la paralización temporal de las obras desde noviembre pasado. Desde que asumió Ollanta, varias personas han muerto a consecuencia de la reiterada represión a las movilizaciones contra la depredación de las transnacionales mineras como en Espinar-Cusco y otras áreas.
La empresa norteamericana Newmont es el principal inversor en el gigantesco proyecto de extracción de oro y cobre en Conga, con una inversión de unos 4.800 millones de dólares. El proyecto choca con la oposición campesina y popular de toda la región por las nefastas consecuencias ambientales de su tecnología altamente contaminante y del enorme volumen de agua que utilizará, afectando cultivos, pastos y salud de la población. En los últimos años el avance de la gran minería, utilizando métodos que crean escaso empleo pero envenenan las aguas y la tierra, ha despertado creciente oposición de las comunidades y pueblos afectados.

El “nacionalista” Ollanta Humala subió al gobierno en julio de 2011 tras imponerse en las elecciones con el apoyo de la izquierda reformista (PC, sectores maoístas, etc.). Su defensa del proyecto Conga y de Newmont y su giro represivo son coherentes con los pactos que ha mantenido con las transnacionales mineras y petroleras para mantener el “modelo” exportador, basado en la entrega y los bajos salarios, bajo el cual mientras los empresarios nacionales y extranjeros amasan enormes ganancias, obreros, campesinos y el pueblo pobre sufren bajos salarios, desempleo y pésimas condiciones de vida.

La lucha contra la depredación de las mineras se ha convertido en un eje importante de la experiencia con el gobierno “progresista” y “nacionalista” de Humala y sus vacías promesas. Las protestas contra Conga y otros megaproyectos, han conquistado simpatía y apoyo en diversos sectores populares y regiones, pese a la cínica campaña de los medios de derecha y del gobierno y a la línea conciliadora de las principales direcciones sindicales, como la CGTP, y de la izquierda, como el PC, que mantienen su apoyo político, más o menos “crítico”, a Humala.

Corresponde solidarizarse con la lucha de Cajamarca y denunciar la represión y el Estado de Emergencia de Humala y su gobierno. Proyectos mineros como el de Conga son en muchos casos promocionados y patrocinados directamente por los gobiernos "progresistas" de la región que, como en el caso de Argentina con la Barrick Gold y otras, ven una fuente de ingresos (ahora potenciada por los efectos de la crisis económica y los altos precios de los minerales). Así abren las puertas a las transnacionales mineras para saquear las riquezas del subsuelo con métodos depredatorios pensados para maximizar la ganancia y dejar a su paso la devastación ambiental, lo que despierta una creciente y legítima oposición popular. La nacionalización de la minería bajo control de los trabajadores para ponerla a funcionar según un plan que contemple los intereses de los campesinos y otros sectores afectados, es la única forma de ponerla al servicio de las necesidades populares y limitar sus efectos ambientales.

04-07-2012