Adolfo Gilly, La Jornada

1. Desde el fraude electoral de 1988, pasando por el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, hasta la manipulación de todo el proceso electoral de 2006, el neoliberalismo como orden económico-social no logra encontrar en México sus formas de legitimación política. Estamos hoy ante una ruptura de las reglas de reproducción del poder y, por lo tanto, ante una crisis de la relación de mando/obediencia consustancial al equilibrio de cualquier régimen político.

En otras palabras, estamos ante una situación de carencia de legitimidad y de fragmentación del poder político mexicano, que no hace a sus formas y ceremonias sino a su esencia como relación entre gobernantes y gobernados reconocida por todos. La tentación de resolver esta crisis mediante la violencia estatal es grande. Cada vez que en el pasado se cedió a ella los resultados fueron catastróficos.

2. La prueba indicial más cierta de la manipulación de los resultados electorales es, hasta el momento, el irremediable sinsentido jurídico del fallo dictado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las elecciones del 2 de julio. Este fallo ha sido desmontado, pieza por pieza, en un impecable escrito del ex consejero Jaime Cárdenas, "Once absurdos jurídicos sobre el Tribunal Electoral". Los argumentos del Tribunal debían conducir a un nuevo conteo de los votos o a la anulación de la elección. Llevaron en cambio a declarar presidente electo a Felipe Calderón. Un proceso así manipulado no puede dar origen a un mandato legítimo.

Ahora bien, esta ilegitimidad alcanza a los dos poderes surgidos de esas elecciones, el Ejecutivo y el Legislativo, ya que la manipulación afectó a todo el proceso electoral. En tal caso tanto el Presidente como la composición actual del Congreso de la Unión son ilegítimos. No es admisible que diputados y senadores del FAP digan que la silla presidencial es "espuria" y sus curules no. Este dato de la realidad, aunque nadie lo aduzca, configura una crisis de reproducción de todos los poderes de la Federación.

3. La fragmentación del poder hace que éste tienda a regresar a sus componentes originarios: los poderes locales de los gobernadores y los caciques. De ahí la impotencia de los llamados "Poderes de la Unión" frente a los despotismos de los gobernadores Ulises Ruiz, Mario Marín, Enrique Peña Nieto y otros, y la importancia adquirida por la Conago y sus solidaridades internas: el poder de cada gobernador, del partido que sea, no se toca. El llamado poder del narco prolifera en los intersticios de esta fragmentación, y si bien sus efectos son deletéreos, no es lícito exagerar su autonomía.

4. La fragmentación hace también que los otros centros de poder real sean empujados a representarse en primera persona, en lugar de recurrir a la tradicional mediación de los políticos. Cuatro pilares del poder real están hablando cada uno con su propia voz y sin mediaciones: el Consejo Coordinador Empresarial (y cada uno de los grandes empresarios y financistas); la Iglesia católica y sus jerarquías; el conglomerado PRI-PAN, nunca desmentido en casos graves desde 1939 en adelante; y Estados Unidos y su complejo militar-financiero en tanto potencia actuante en territorio mexicano. En medio de la crisis esos poderes deliberan en público, mientras relegan al personal político a un plano subordinado.

5. Por otro lado, la fragmentación ha desgarrado las redes imaginarias del poder político y desvalorizado sus símbolos y sus rituales. Esta fractura acrecienta la presencia y la importancia de una serie de movimientos. Podemos ubicar a los tres más notorios:

a) el obradorismo, que duplica por su cuenta los símbolos del poder, presiona desde las plazas para negociar dentro de las instituciones (incluido entre éstas el PRD) y reúne en el Zócalo de la capital a una enorme multitud de agraviados, empobrecidos, exasperados mexicanos y mexicanas despojados hasta de su voto;

b) la APPO, organizada como una red de organismos populares autónomos, y que desde esa posición de fuerza busca imponer a los poderes instituidos una negociación en condiciones favorables, sin declinar su propia autonomía;

c) el EZLN, con su Otra Campaña y el movimiento indígena, que desconoce en todo a esas instituciones (incluidos sus partidos) y no busca negociar ni tratar con ellas sino conectarse con los grupos subalternos organizados de múltiples maneras y hoy dispersos por todo el territorio nacional, para organizar a escala nacional una formación ajena a la institucionalidad y a cualquiera de sus fragmentos.

6. Las miradas de políticos, analistas y comentaristas se centran hoy sobre las peripecias de la política institucional, sus partidos, sus políticos de todos los colores, sus instituciones, sus querellas grandes y pequeñas. Es obsesiva la discusión sobre lo que ocurrirá o dejará de ocurrir en el Gran Escenario del Congreso de la Unión y alrededores.

Por el contrario, para una izquierda que no se subordine al universo institucional es esencial mirar y considerar lo que sucede en esas multitudes agraviadas e irritadas al extremo: quienes esperan de López Obrador; quienes se organizan por su cuenta en la APPO, en Oaxaca, en el Congreso Nacional Indígena; quienes van a decir su palabra en la Otra Campaña. Para entender y prever es preciso mirar allí y mirar desde allí. Lo demás es marea de espuma envenenada.

7. Oaxaca y la APPO no son un caso aislado. Son como la válvula por la cual escapa a toda fuerza el vapor contenido en una olla a presión. Como siempre, autoridades, fuerzas represivas y políticos quieren acabar con la válvula e ignorar la olla. En Oaxaca están aflorando la experiencia de organización, la violencia, la flexibilidad y la capacidad de negociación que es patrimonio de los explotados, ofendidos y despojados de México. No pelean el poder, sino una diversa relación no subordinada con el poder, y la consolidación de las relaciones autónomas internas al pueblo y a su movimiento. Piden lo que todo el país exige: respeto y justicia. Hoy la medida de la situación de la nación mexicana está en Oaxaca, no en el Congreso de la Unión y sus batallas en el desierto.

8. En la política y los análisis de superficie, parece haberse puesto de moda ningunear o restar toda significación al periplo del Subcomandante Marcos y de la Otra Campaña; a las comunidades indígenas organizadas de Chiapas; a la tenaz resistencia de Atenco, sus presos y sus perseguidos; a las asambleas indígenas y populares que se van reuniendo y diciendo sus agravios, exilios, despojos, resistencias; al Congreso Nacional Indígena y a sus voceros y representantes. Las sorpresas pueden venir después para quienes dan por desvanecidos o secundarios a estos movimientos.

No tiene sentido proponer a esas fuerzas que se incluyan en la Convención Nacional Democrática, es decir, que se sumen a un movimiento en el cual no creen y se subordinen a su conducción y sus perspectivas, renunciando así a la razón de ser que han proclamado desde sus orígenes. Sería, sin más ni más, un suicidio ético, político y organizativo. Otra cosa es pedirles no ignorar, desde su propia autonomía, la magnitud y las razones de la movilización popular que apoya a López Obrador.

9. El movimiento electoral de masas que dio quince millones de votos a la coalición Por el Bien de Todos ha sido ahora reagrupado en la Convención Nacional Democrática, bajo la conducción de Andrés Manuel López Obrador. Por sus objetivos y sus estructuras, no es un movimiento social: darle tal nombre sería confundir las cosas.

Tal como se organizó la CND el 15 de septiembre, su dirección nominal fue plebiscitada a mano alzada en una asamblea multitudinaria. No hubo ninguna Convención con discusión política y delegados. La dirección real quedó concentrada en la persona y el mando de López Obrador. En ningún momento la CND ha llamado, convocado o propuesto impulsar cualquier forma de organización desde abajo, autónoma y no clientelar, para luchar por los objetivos ahora fijados.

Quienes se hayan afiliado a la CND son declarados "representantes" directos de López Obrador en su calidad de "Presidente Legítimo" y son investidos como tales mediante una credencial personal firmada por el mismo López Obrador. Es decir, un "Presidente legítimo" dará mandato con su firma a millones de sus representantes, que serán entonces sus mandatarios, en lugar de que millones de votantes designen como su mandatario a quien elijan como presidente. Esta inversión de papeles, más allá de lo que puedan haber creído o entendido quienes la establecieron, define una relación unipersonal totalitaria entre dirigente y masa. Vuelvo a remitirme aquí a Elías Canetti, en Masa y poder, o a los Cuadernos de la cárcel, de Antonio Gramsci.

La forma de conducción política personal (el "liderazgo") de López Obrador no es heredera directa de Benito Juárez sino de Tomás Garrido Canabal, político tabasqueño de los años 30. El movimiento electoral de masas centralizado en su mando y en su persona corresponde a una tipología definida y a una situación de fragmentación y de equilibrio catastrófico como la estudiada por Antonio Gramsci en la Italia de los años 30.

La escenografía de la "toma de posesión" en el Zócalo el 20 de noviembre, con el Presidente en figura solitaria que protesta con el brazo extendido, el águila inmensa detrás y toda la demás parafernalia ceremonial, parecía extraída de una película de aquellos tiempos. Los símbolos no son neutros: tienen sentido y mensaje, aunque sus diseñadores no lo sepan.

Grandes masas agraviadas y exasperadas pueden moverse tras tales direcciones y buscar por esa vía sentidas demandas que los desprestigiados politicastros dejan de lado. Es preciso tomarlas en serio y prestar atención a sus motivos y sus modos. Pero lo asombroso, y hasta desconcertante, es que tantos intelectuales y figuras políticas de la antigua izquierda se alineen deslumbrados y acríticos tras esa conducción.

10. La CND, el FAP y el PRD están en una situación intrínsecamente contradictoria. Por un lado dicen colocarse fuera de las instituciones existentes y en torno al "gobierno legítimo" de López Obrador. Por el otro, forman parte del Congreso de la Unión cuyos textos legales deberán pasar por la sanción del Poder Ejecutivo, es decir, de Felipe Calderón. Por más que se diga, esta es una disputa dentro de las instituciones existentes, que busca modificar la relación de fuerzas internas mediante la presión externa de las plazas movilizadas. Es decir, que esta presión y sus formas organizativas -la CND, en este caso- quedan subordinadas a la lógica de las instituciones declaradas "espurias". Para esta contradicción no hay escapatoria a la vista.

11. Quiero anotar aquí, a modo de conclusión, algunas premisas para la organización de una izquierda no subordinada a las vicisitudes de la presente implosión en cámara lenta de las instituciones y sus legitimidades:

a) Mirar desde el lugar y las demandas de los oprimidos, explotados y subalternos.

b) Pintar una nítida raya con la ideología de la izquierda institucional: donde ella dice "desigualdad", hay que escribir "explotación"; donde ella dice "pobreza", hay que escribir "despojo" y "racismo"; donde ella dice "política exterior", hay que escribir "alianza y unidad con América Latina" y "organización con los migrantes y los trabajadores en Estados Unidos".

c) Comprender los motivos y las experiencias por los cuales esas multitudes apoyan y siguen a López Obrador; y explicarlo sin subordinarse, sin crear ilusiones, sin confrontarse.

d) Conectar con ideas, acciones y razones lo que ya por todo el territorio en el pueblo está organizado o en vías de organizarse.

Mucho más de lo que suele pensarse, hay ya tantos y tantas que en sus hechos y en sus vidas, cada quien a su modo, están haciendo eso mismo. Estos son los otros fragmentos, aquellos que están buscando cómo unirse.